CE - 110010315000202200646011SENTENCIA20220707144706

Demandante: Castañeda y Téllez Limitada Demandados: Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-00646-01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-00646-01

Demandante: CASTAÑEDA Y TÉLLEZ LIMITADA

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA, SALA

PRIMERA DE DECISIÓN Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – confirma improcedencia – subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelv e la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la sentencia proferida en primera instancia el 11 de marzo de 2022 por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado , que declaró la improcedencia de la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. La s ociedad Castañeda y Téllez Limitada, actuando por conducto de apoderado judicial, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. La s ociedad Castañeda y Téllez Limitada, actuando por conducto de apoderado judicial, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión y el Juzgado Séptimo Administra tivo del Circuito de Pereira 1, en procura de la defensa de su derecho fundamental al debido proceso.

2. En sentir de la parte actora , la transgresión de la citada garantía constitucional se consolidó con las providencias del 20 de mayo de 2020 y del 30 de septiembre de 2021, proferidas por las autoridades judiciales accionadas, dentro del medio de control de reparación directa con radicado N.° 66001-3333-751-2015-00322-012.

1 El escrito de tutela se remitió vía correo electrónico el 25 de enero de 2022 al buzón web apptutelasper@cendoj.ramajudicial.gov.co. 2 La demanda fue promovida por la sociedad tutelante contra el Municipio de Pereira.Demandante: Castañeda y Téllez Limitada Demandados: Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-00646-01

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1.2. Pretensiones

3. En concreto la parte actora solicitó:

Que se edifique una providencia que materialice el incumplimiento por parte del Municipio, al haber entregado un contrato ya celebrado, a una persona

1.2. Pretensiones

3. En concreto la parte actora solicitó:

Que se edifique una providencia que materialice el incumplimiento por parte del Municipio, al haber entregado un contrato ya celebrado, a una persona jurídica diferente.

1.3. Hechos

La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la referencia, de la siguiente manera:

4. Como respuesta a la ola invernal por la que atravesaba el país en el año 2006, el Gobierno Nacional realizó la apertura de postulaciones para acceder a subsidios familiares de vivienda. Para la destinación de estos recursos, el Municipio de Pereira destinó un lote de su propiedad y allí adelantó el proyecto de vivienda de interés social denominado “Ciudadela El Remanso”.

5. La Curaduría Urba na del ente municipal citado concedió la licencia urbanística de construcción de 774 viviendas. Seg ún la modalidad jurídica de ejecución del contrato, cada beneficiario tenía la facultad de suscribir a su elección el contrato de elaboración de la obra con la constructora de su preferencia.

6. Por lo anterior, la sociedad Castañeda y Téllez Limitada su scribió 1 4 contratos de ejecución de viviendas dentro del proyecto urbanístico ciudadela El Remanso. En la cláusula segunda del contrato se estipuló que la interventoría se llevaría a cabo por el Municipio de Pereira.

7. El 16 de febrero de 2012 se suscribió el acta de inicio de la construcción de 3 de las viviendas. No obstante, durante su eje cución, el 5 de marzo siguiente, la interventora suscribió un acta de suspensión de las obras sin que se indicara el

de las viviendas. No obstante, durante su eje cución, el 5 de marzo siguiente, la interventora suscribió un acta de suspensión de las obras sin que se indicara el motivo de la interrupción. En consecuencia, el 8 de noviembre del mismo año , el Municipio de Pereira solicitó la elaboración de una nueva acta en la que se precisaran los motivos de la decisión.

8. En la nueva acta de suspensión, se indicó que el terreno no contaba con acueducto ni alcantarillado dentro de los “lotes ubicados en la manzana 46 L3A y manzana 29 casa 13 y en los sectores B y C del Remanso (sic) pues no se ha terminado de construir la infraestructura de los servicios públicos”, y por ello, no se podían construir las 11 viviendas cuyas actas de inicio no se habían suscrito.

9. El 4 de julio de 2013 la sociedad accionante solicitó ante la Secretaría de Gestión Inmobiliaria de Pereira la reanudación de los contratos. Al respecto, le informaron que se estaban “realizando obras de descole de al cantarillado en el sector B y C del Remanso (sic), para habilitar la construcción de lasDemandante: Castañeda y Téllez Limitada Demandados: Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-00646-01

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viviendas…” y según el actor, el ente territorial no volvió a informarle nada.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

viviendas…” y según el actor, el ente territorial no volvió a informarle nada.

10. Con base en lo expuesto, presentó demanda de reparación directa contra el Municipio de Pereira con el fin de que se le declarara administrativamente responsable “por la falta de reanudación de las obras” y se le condenara al pago de los perjuicios ocasionados.

11. El 20 de mayo de 2020, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira negó las pretensiones con fundamento en que los 11 contratos que reclama la sociedad nunca fueron iniciados ni ejecutados, lo que impli ca que no puedan constituir fuente de responsabilidad del Estado o de daño antijurídico en la medida en que nunc a se celebró la elaboración de esos 11 proyectos de vivienda con el Municipio de Pereira. Adicionalmente, explicó que los beneficiarios tenían la liberalidad de contratar con el constructor que quisieran la elaboración de su vivienda, y en esa medida no pu ede “dársele un tinte de contrato estatal al presente”.

12. La sociedad presentó recurso de apelación en el que iteró que lo que perseguía con la demanda era la reparación de los perjuicios ocasionados con la falta de reanudación de las obras que conllev aron a que no se ejecutaran los contratos de vivienda de interés social que habían sido contratados con el Municipio de Pereira , pero “posteriormente, se demostró que la ejecución contractual no correspondió a la firma demandante sino a terceros que les pa gó

contratos de vivienda de interés social que habían sido contratados con el Municipio de Pereira , pero “posteriormente, se demostró que la ejecución contractual no correspondió a la firma demandante sino a terceros que les pa gó la Fiduprevisora” (sic). Lo anterior, sumado a que adquirió todas las pólizas y atendió lo requerido con el ente territorial, lo que implica que su contrato el contrato de las 11 viviendas sí fue celebrado con el Municipio de Pereira.

13. El Tribunal A dministrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión dictó sentencia del 30 de septiembre de 2021 en la que confirmó el fallo de a quo. Lo anterior, porque no encontró ninguna prueba de inicio de los contratos a cuya falta de ejecución les endilga la respo nsabilidad estatal, aunado a que no hay certeza sobre cuándo debieron iniciarse de tal forma que se pueda establecer un retraso a la ejecución y a partir de ahí edificar un daño.

1.4. Sustento de la vulneración

14. La parte actora m anifestó que tuvo cono cimiento de que los contratos ya habían sido ejecutados hasta la decisión de primera instancia, y de ese modo, determinó que si fue otro contratista el que culminó las obras, se debe “tener por sentado que existe un incumplimiento”.

15. Refirió que “el incumplimiento es patente, explícito, inexcusable, y así debía ser declarado” por las autoridades judiciales accionadas en el proceso de reparación directa.

16. Añadió que , el contrato sí fue celebrado con la administración municipal

ser declarado” por las autoridades judiciales accionadas en el proceso de reparación directa.

16. Añadió que , el contrato sí fue celebrado con la administración municipal porque “el proyecto era del Municipio (El Remanso), la licencia de la curaduríaDemandante: Castañeda y Téllez Limitada Demandados: Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-00646-01

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era del Municipio, todo, absolutamente todo lo que se desarrolló la interventoría, la adjudicación de subsidios, proviene de dicho ente municipal”.

1.4. Trámite de primera instancia

17. En auto del 28 de enero de 2022 , la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado admitió esta solicitud de amparo . En consecuencia, ordenó notificar en calidad de accionados al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira y al Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión. Adicionalmente, dispuso vincular en calidad de terceros con interés a todos los sujetos que conformaron el proceso de reparación directa con radicado N.° 6001-33-33-751-2015-00322-00/13.

18. Asimismo, ordenó oficiar a las autoridades judiciales accionadas para que allegaran la copia íntegra digital del referido proceso ordinario.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión

allegaran la copia íntegra digital del referido proceso ordinario.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión

19. A través del ponente de la decisión de segunda instancia manifestó que la acción de tutela es improcedente en aras de salvaguardar los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada y la prevalencia del derecho sustancial, o que se debe negar el amparo.

20. Expuso que no obra prueba alguna en e l expediente que certifique la fecha de inicio de los contratos cuyo incumplimiento se reclama, ni la fecha en la que presuntamente debían iniciarse.

21. Conforme a lo anterior, indicó que la parte actora no probó que efectivamente haya tenido que soporta r la suspensión de las obras de construcción y esa circunstancia hace inexistente el daño. Afirmó además , que el a quo sí valoró la totalidad de las pruebas aportadas al plenario.

1.6.2. Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira

22. Relató el trámite surtido dentro del proceso de reparación directa y luego afirmó que se debe declarar la improcedencia, con fundamento en que la parte

3 En el índice 11 del expediente electrónico de primera instancia dispuesto en la plataforma Samai, se encuentran las notificaciones realizadas al Municipio de Pereira (el cual fungió como accionado dentro del proceso ordinario), a la Previsora S.A. Compañía de Seguros (entidad llamada en garantía) y a los señores y señoras Diomedes de Jesús Agualimpia Benítez, Ana Myrian Moreno Asprilla, María del Carmen González Aguirre, Nibelson Carabali Loboa, María

llamada en garantía) y a los señores y señoras Diomedes de Jesús Agualimpia Benítez, Ana Myrian Moreno Asprilla, María del Carmen González Aguirre, Nibelson Carabali Loboa, María Cleofe Velásque z González, Derlin Clemente Palacios Mosquera, Sul Mery Lloreda Lloreda, Rosalina García, José Misael Arias Correa, María Lucely Pinilla Machado, Olga Patricia Castaño Ortiz, Abel Antonio Trejos Henao, Freisy Sirley Jiménez Magin y Jimy Machado Lloreda (qu ienes actuaron como terceros con interés dentro del proceso ordinario por ser quienes suscribieron los contratos de construcción de vivienda de interés social).Demandante: Castañeda y Téllez Limitada Demandados: Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-00646-01

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actora pretende encaminar el debate como un medio de control de controversias contractuales, cuando la demanda p resentada fue de reparación directa.

23. Añadió que lo que quiere la entidad accionante es que se realice un nuevo estudio en ambas instancias y que este debate carece de relevancia constitucional porque de los argumentos del escrito de tutela no se advie rte un conflicto legal con contenido constitucional.

1.6.3. Municipio de Pereira

24. Precisó que una vez analizado el fundamento de la vulneración, encontró que lo que persigue la sociedad es un nuevo estudio probatorio. Adicionó que

conflicto legal con contenido constitucional.

1.6.3. Municipio de Pereira

24. Precisó que una vez analizado el fundamento de la vulneración, encontró que lo que persigue la sociedad es un nuevo estudio probatorio. Adicionó que se encontró probado que no celebró ningún contrato con Castañeda y Téllez Limitada porque los que lo hicieron son los 11 beneficiarios de las viviendas de interés social de la ciudadela El Remanso.

1.6.4. La Previsora

25. Arguyó que se opone a las pretensiones de la tutela porque las autoridades judiciales accionadas no le vulneraron a la actora el derecho fundamental al debido proceso, aunado a que este instrumento constitucional no puede ser utilizado para reabrir estudios probatorios, y en ese sentido no es viable la modificación de las decisiones objeto de censura.

1.6.5. Los demás sujetos procesales pese a ser debidamente notificados, guardaron silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia

26. En proveído del 11 de marzo de 2022 la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela de la referencia , por considerar que no se cumplen los requisitos subsidiariedad ni relevancia constitucional.

27. Estableció que los argumentos propuestos ante el juez constitucional pretenden someter a consideración fórmulas que pudieron tenerse en cuenta en el proceso ordinario o reiterar las ya expuestas.

28. Infirió que la sociedad está planteando nuevamente sus argumentos del proceso ordinario, sin especificar los defectos o falencias en las que incurren las decisiones objetadas que presuntamente desconocen su derecho fundamental.

28. Infirió que la sociedad está planteando nuevamente sus argumentos del proceso ordinario, sin especificar los defectos o falencias en las que incurren las decisiones objetadas que presuntamente desconocen su derecho fundamental.

De ese modo, no se cumple con la relevancia constitucional que avale el estudio del caso en esta sede.

29. De otro lado, observó que lo que persiguió la sociedad en el proceso de reparación directa contraría lo que ahora propone , porque sus pretensiones noDemandante: Castañeda y Téllez Limitada Demandados: Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-00646-01

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van encaminadas a obtener un resarcimiento sino a que se declare un incumplimiento contractual , para lo cual no está diseñado el medio de control que propuso . P or ello, tampoco consideró satisfecho el requisito de la subsidiariedad.

1.8. Impugnación

30. La sociedad Castañeda y Téllez Limitada reiteró que hubo incumplimiento del contrato de las 11 viviendas por parte del Municipio de Pereira y que esto no tuvo ninguna consecuencia jurídica.

31. Señaló que la firma no tuvo las ganancias esperadas y que eso fue lo que le ocasionó los perjuicios que reclama y que “el incumplimiento se vino a detectar luego de que la juez conminó al Municipio, so pena de sanciones, y este arrinconado, mostró las cartas que habían de perjudicarlo”.

ocasionó los perjuicios que reclama y que “el incumplimiento se vino a detectar luego de que la juez conminó al Municipio, so pena de sanciones, y este arrinconado, mostró las cartas que habían de perjudicarlo”.

32. Finalmente, afirmó que el acto antijurídico llevado a cabo por el ente territorial no le generó ninguna consecuencia, pese a haber actuado de forma deshonesta frente a un contrato válidamente celebrado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

33. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la sociedad Castañeda y Téllez Limitada contra la sentencia de primera instancia proferida por el Consejo de Esta do, Sección Tercera, Subsección C , el 11 de marzo de 2022. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Legitimación en la causa

34. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamental es cuando estos resulten amenazados o vulnerados , mediante un procedimiento preferente y sumario.

35. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí misma o por representante, o a través de un

sumario.

35. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí misma o por representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.

36. Desde que fue proferida la sentencia T-416 de 199 7, en ella se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto de laDemandante: Castañeda y Téllez Limitada Demandados: Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-00646-01

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sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela.

37. En la sentencia T-086 de 2010 , la Alta Corporación reiteró que “Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”.

38. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 2011, indicó que la legitimación en la causa por activa constituye un a garantía de que la persona que ejerce la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se

38. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 2011, indicó que la legitimación en la causa por activa constituye un a garantía de que la persona que ejerce la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al juez constitucional, “ de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.

39. En la sentencia T-435 de 2016 , la Corte estableció las condiciones que deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales hizo especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales reclamados, lo cual quedó reiterado en la SU-454 de 2016 , en la que, adicionalmente, señaló que el estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un presupuesto procesal de la demanda4.

40. Con fundamen to en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que la sociedad Castañeda y Téllez Limitada fungió como demandante dentro del medio de control de reparación directa identificado con el radicado N. º 6600133-33-751-2015-00322-01. P or tanto, es el titular del derecho fundamental al debido proceso que reclama. En consecuencia, goza de legitimación en la causa por activa, presupuesto procesal que al superarse permite el es tudio del núcleo esencial de la prerrogativa presuntamente transgredida.

41. Por otro lado, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión y el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira, se encuentra n legitimados en la causa por pasiva , debido a que

41. Por otro lado, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión y el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira, se encuentra n legitimados en la causa por pasiva , debido a que profirieron las providencias del 20 de mayo de 2020 y del 30 de septiembre de 2021, dentro del proceso ordinario referido.

2.3. Problema jurídico

42. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora, las pruebas incorporadas al expediente y las intervenciones alle gadas en el trámite del proceso, corresponde a esta Sala decidir si confirma, modifica o revoca el fallo del 11 de marzo de 2022 en el que la Sección Tercera,

4 Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T -511 de 2017; y Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-318 de 2018.Demandante: Castañeda y Téllez Limitada Demandados: Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-00646-01

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Subsección C de esta Corporación declaró la improcedencia de la acción constitucional de la referencia, con base en los siguientes cuestionamientos:

 ¿Se supera el estudio de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el sublite? De ser afirmativa esta respuesta, se deberá analizar si, ¿resultó vulnerado el derecho fundament al al debido

 ¿Se supera el estudio de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el sublite? De ser afirmativa esta respuesta, se deberá analizar si, ¿resultó vulnerado el derecho fundament al al debido proceso de la sociedad Castañeda y Téllez Limitada, con ocasión de la s providencias del 20 de mayo de 2020 y del 30 de septiembre de 2021, por medio de las cuales las autoridades judiciales accionadas negaron las pretensiones de reparación dir ecta dentro del proceso con radicado N.º 66001-33-33-751-2015-00322-01?

43. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) requisitos g enerales de procedibilidad de cara al sub-lite, y en caso de superarse, (iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

44. La Sala Plena de lo Con tencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios q ue esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 2012 5. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema6. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales7.

45. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providencia judicial fueron unif icados por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 8. En esta

45. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providencia judicial fueron unif icados por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 8. En esta

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 6 El recuento de eso s criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 7 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.” 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.Demandante: Castañeda y Téllez Limitada Demandados: Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-00646-01

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sentencia se establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia 9 y ocho defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial10.

46. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configura los defectos especiales, se determinará en este caso si se superan los

defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial10.

46. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configura los defectos especiales, se determinará en este caso si se superan los siguientes requisitos generales de procedencia i) que no se trate de tutela contra tutela, ii) inmediatez, iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado, iv) relevancia constitucional, v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) cuando se trate de una irre gularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

47. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la

9 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii)

9 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada, sa lvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la par te actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 10 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera

sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese e ngaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido qu e precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental