CE - 110010315000202200718001SENTENCIA20230927102211

Radicado: 11001-03-15-000-2022-00718-00

Recurrente: José Alonso Ramírez Giraldo

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CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA ESPECIAL DE DECISIÓN N° 16

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-15-000-2022-00718-00

Recurrente: JOSÉ ALONSO RAMÍREZ GIRALDO Asunto: Causal de nulidad originada en la sentencia

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala Especial de Decisión N° 16 decide en única instancia el recurso extraordinario de revisión formulado por José Alonso Ramírez Giraldo contra la sentencia proferida el seis (6) de noviembre dos mil veinte (2020) por la Subsección B de la Sección Segu nda del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho N° 17001-23-33-000-2016-00858-01.

I. ANTECEDENTES

1. Antecedentes relevantes del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho N° 17001-23-33-000-2016-00858-01.

1.1. El treinta (30) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) 1, a través de apoderado judicial, el señor José Alonso Ramírez Giraldo presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho solicitando la anulación del Oficio SEMUAF

apoderado judicial, el señor José Alonso Ramírez Giraldo presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho solicitando la anulación del Oficio SEMUAF 2063 de dieciocho (18) de julio de dos mil dieciséis (2016), a través del cual, según adujo, el municipio de Manizales negó el reconocimiento de intereses moratorios en el pago del retroactivo derivado de un proceso de homologación salarial.

1 Folio 25 del PDF denominado “ CUADERNO PRINCIPAL ”, archivo ZIP “RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_4_57202 2” del índice 31 de SAMAI.Radicado: 11001-03-15-000-2022-00718-00

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Como sustento fáctico de su reclamación, la parte actora indicó que mediante Resolución 2451 de 29 de octubre de 2002 se certificó al municipio de Manizales para la administración del servicio educativo, por lo que a través del Decreto 011 de 20 de enero de 2004 la citada entidad territorial adoptó la planta de cargos y personal al servicio del departamento de Caldas.

Señaló que, posteriormente y en respuesta a una pregunta elevada por el Ministerio de Educación Nacional, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado emitió el Concepto 1607 de nueve (9) de diciembre de dos mil cuatro (2004), en el que advirtió que la incorporación de personal a la planta de los mu nicipios había generado desigualdad entre esos funcionarios y los que seguían siendo remunerados con el Sistema General de Participaciones pues, pese a desempeñar las mismas funciones, los primeros devengaban menos emolumentos que los

generado desigualdad entre esos funcionarios y los que seguían siendo remunerados con el Sistema General de Participaciones pues, pese a desempeñar las mismas funciones, los primeros devengaban menos emolumentos que los segundos. Por tal razón, allí se indicó que resultaba necesario que las entidades territoriales realizaran una nivelación salarial, cuya diferencia debía ser asumida por la Nación.

Sostuvo que el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación de Manizales iniciaron un procedimiento conjunto para realizar esa homologación y nivelación salarial, para lo cual se expidieron los Decretos 083 de 11 de marzo de 2008 y 388 de 12 de octubre de 20122, en tanto mediante Resolución 552 de 11 de abril de 2014 se reconoció que el accionante, como funcionari o administrativo al servicio de la Secretaría de Educación, tenía derecho a percibir un pago retroactivo por ese concepto, el cual fue efectivamente cancelado en el mes de mayo de dos mil catorce (2014)3.

Sin embargo, para el demandante, de conformidad con los artículos 1608, 1617 y 1649 del Código Civil y demás normas concordantes, el municipio debió reconocer intereses moratorios sobre esa suma, generados desde la fecha de exigibilidad de

2 Según se afirmó en la demanda, mientras con el primero de esos decretos se realizó la homologación y nivelación de los cargos administrativos de la Secretaría de Educación de Manizales, con el segundo se modificó y ajustó esa decisión. 3 Resolución “[p]or la cual se reconoce y ordena un pago por concepto de ajuste de la homologación y nivelación salarial del personal administrativo adscrito a la Secretaría de Educación de Manizales”.

con el segundo se modificó y ajustó esa decisión. 3 Resolución “[p]or la cual se reconoce y ordena un pago por concepto de ajuste de la homologación y nivelación salarial del personal administrativo adscrito a la Secretaría de Educación de Manizales”. Específicamente, en el numeral 1° de dicho acto se dispu so: “ARTÍCULO 1° Liquidar y reconocer el valor adeudado a favor del (la) señor (a) RAMÍREZ GIRALDO JOSÉ ALONSO (…), por concepto de pago de ajuste de homologación y nivel salarial del periodo comprendido a partir del 01 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2011 de acuerdo con los siguientes conceptos (…)”. Folios 36 a 40 del PDF denominado “ CUADERNO PRINCIPAL ”, archivo ZIP “RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_4_572022” del índice 31 de SAMAI.Radicado: 11001-03-15-000-2022-00718-00

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la obligación —que señaló como el primero (1) de enero de dos mil tres (2003), cuando, según afirma, se realizó la incorporación del señor Ramírez Giraldo a la planta de personal del municipio — y la fecha en la que ésta finalmente se hizo efectiva —mayo de dos mil catorce (2014) —, por lo que, en conjunto con otros servidores, elevó derecho de petición en ese sentido ante la Secretaría de Educación de Manizal es, el cual fue resuelto desfavorablemente mediante Oficio SEM-UAF-2063 de dieciocho (18) de julio de dos mil dieciséis (2016).

En consecuencia, en la demanda se solicitó la anulación de ese Oficio y el

SEM-UAF-2063 de dieciocho (18) de julio de dos mil dieciséis (2016).

En consecuencia, en la demanda se solicitó la anulación de ese Oficio y el reconocimiento de los intereses moratorios por el alegado pago tardío de la homologación salarial4.

1.2. Mediante sentencia del tres (3) de mayo de dos mil diecinueve (2019), el Tribunal Administrativo de Caldas negó las pretensiones de la demanda.

Como sustento de esta decisión, el Tribunal explicó que no hubo retardo en el pago de la homologación salarial, debido a que la obligación surgió, únicamente, con la expedición de Resolución 552 de 11 de abril de 2014, en tanto antes de esa fecha no existía pronunciamiento alguno que permitiera predicar la exigibilidad de un derecho que solo se concretó con la expedición de dicho acto administrativo. Así las cosas, señaló que el reclamo del actor parte de una confusión entre el momento en que se causó el derecho y aquél en el que este se reconoció, siendo claro que lo segundo solo ocurrió con la expedición del citado acto.

Por lo demás, indicó que, de un lado, no existe fundamento legal para reclamar intereses moratorios, pues dada su naturaleza sancionatoria resultaba necesario que aquellos estuvier an expresamente contemplados en alguna disposición para su reconocimiento y, del otro, que no e s posible entender que estos se causaban automáticamente con la incorporación del demandante a la planta de personal del municipio, máxime cuando quedó acreditado que las sumas pagadas estuvieron debidamente indexadas5.

4 Demanda visible en los folios 6 a 24 del PDF denominado “CUADERNO PRINCIPAL”, archivo ZIP

municipio, máxime cuando quedó acreditado que las sumas pagadas estuvieron debidamente indexadas5.

4 Demanda visible en los folios 6 a 24 del PDF denominado “CUADERNO PRINCIPAL”, archivo ZIP “RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_4_572022” del índice 31 de SAMAI. 5 Folios 278 a 304 del PDF “CUADERNO PRINCIPAL ”, archivo ZIP “RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_4_572022” del índice 31 de SAMAI.Radicado: 11001-03-15-000-2022-00718-00

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1.3. Inconforme con lo anterior, el entonces demandante f ormuló recurso de apelación en el que, en términos generales, insistió en los argumentos de su escrito introductorio, alegando que sí era posible reconocer los intereses moratorios en tanto, de acuerdo con lo reglado en el Código Civil , estos se configuran automáticamente ante el retardo en el cumplimiento de la obligación. De ahí que, a su juicio, la negativa no podía sustentarse en la ausencia de una norma expresa que contemplara el pago de intereses moratorios en los procesos de homologación salarial, en especial, cuando, según su criterio, sí estaba acreditada la mora en el pago de dicha obligación6.

1.4. El seis (6) de noviembre dos mil veinte (2020), la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera instancia7.

Como sustento de lo anterior, la Sala Laboral explicó el procedimiento que se surtió para adelantar el trámite de homologación de los servidores que se incorporaron a

Segunda del Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera instancia7.

Como sustento de lo anterior, la Sala Laboral explicó el procedimiento que se surtió para adelantar el trámite de homologación de los servidores que se incorporaron a las plantas de las entidades territoriales y concluyó que, para el caso concreto, solo fue con la expedición de la Resolución 552 de 11 de abril de 2014 que se generó la obligación en favor del señor Ramírez Giraldo, obligación que se satisfizo dentro del mes siguiente a la fecha de su promulgación, razón por la que no puede predicarse tardanza o mora en el cumplimiento de la misma.

Además, señaló que, aunque se demostró que el accionante fue incorporado a la planta de personal del municipio desde el año dos mil tres (2003) y que desde esa fecha tenía derecho a que su salario se pagara correcta mente, lo cierto es que las sumas reconocidas por la entidad fueron debidamente indexadas para evitar la pérdida del poder adquisitivo.

Finalmente, indicó que el reconocimiento de intereses moratorios resulta incompatible con la figura de la indexación 8 y que, en todo caso, como lo ha

6 Folios 305 a 33 del PDF ibidem. 7 Tal y como consta en el folio 4 del PDF denominado “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_H009JOSEALONSOR”, visible a índice 8 de SAMAI, dicha sentencia se notificó personalmente a las partes el veintiséis (26) de enero de dos mil veintiuno (2021), quedando ejecutoriada al finalizar el veintinueve (29) de ese mismo mes y año. Teniendo en cuenta que para esa fecha no se tenía certeza de l a aplicación de lo reglado en el

mil veintiuno (2021), quedando ejecutoriada al finalizar el veintinueve (29) de ese mismo mes y año. Teniendo en cuenta que para esa fecha no se tenía certeza de l a aplicación de lo reglado en el numeral 2° del artículo 205 del CPACA con la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021 para la notificación de las sentencias. 8 Folios 356 a 368 del PDF CUADERNO PRINCIPAL ”, archivo ZIP “RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_4_572022” del índice 31 de SAMAI.Radicado: 11001-03-15-000-2022-00718-00

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señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado, no existe disposición legal que autorice a reconocer las sumas solicitadas en estos específicos casos.

2. El recurso extraordinario de revisión

El veintiséis (26) de enero de dos mil veintidós (2022) 9, a través de apoderado judicial, el señor José Alonso Ramírez Giraldo formuló recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida el seis (6) de noviembre dos mil veinte (2020) por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho N° 17001-23-33-000-201600858-01 alegando la causal de revisión prevista en el numeral 5° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), esto es, “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), esto es, “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

Como sustento de su recurso, la parte actora, además de presentar varios reproches contra afirmaciones específicas contenidas en el fallo objeto de recurso que califica como tesis y “posiciones acomodadas”, alega que en dicha providencia: i) no se analizó su caso en particular, vulnerando así su derecho al debido proceso; ii) se desconoció el principio de congruencia, y iii) no se juzgó su situación conforme con las normas preexistentes, sino que se acuñaron tesis irrazonables.

Respecto a lo primero, el recurrente sostiene que la sentencia debe infirmarse toda vez que la Sala no analizó las particularidades de su caso concreto, sino que expidió una sentencia “plantilla” o “formato”, con la cual ha resuelto de manera idéntica todos los casos que sobre este asunto —pago de intereses en el proceso de homologación— fueron puestos a su consideración.

En segundo lugar, afirma que la sentencia es incongruente, pues no falló conforme a lo alegado en los hechos y pretensiones de la demanda.

En este sentido, señala que la providencia resolvió “citra petita”, pues aunque en las pretensiones de la demanda se indicó con toda claridad que el periodo respecto del cual se reclamaba la mora era el comprendido entre el año dos mil tres (2003) ꟷcuando supuestamente surgió el derecho a ser homologadoꟷ y el dos mil catorce

cual se reclamaba la mora era el comprendido entre el año dos mil tres (2003) ꟷcuando supuestamente surgió el derecho a ser homologadoꟷ y el dos mil catorce

9 PDF denominado “ED_CORREO_DIEGOMARIO” visible en el índice 2 de SAMAI.Radicado: 11001-03-15-000-2022-00718-00

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(2014) ꟷcuando finalmente se procedió al pago del derecho ꟷ, en la sentencia acusada únicamente se analizó el lapso comprendido entre la expedición de la Resolución 552 de 11 de abril de 2014 y la fecha en la que se pagó la suma ahí reconocida ⎯mayo de ese mismo año ⎯, encontrando que dicho término fue razonable para proceder con el pago.

En consecuencia, afirma que lo decidido por el fallador de segunda instancia no guarda relación con lo pedido en el escrito introductorio o en el recurso de apelación, pues el ad quem se pronunció sobre un periodo que no fue objeto de debate en el curso del proceso.

Finalmente, sostiene que la sentencia acusada desconoció las normas prexistentes que eran aplicables al caso concreto y acuñó tesis irrazonables, pues atenta “contra toda lógica jurídica” exigir que el interés moratorio derivado del retardo en el pago de la homologación deba estar contemplado en una norma expresa para proceder a su reconocimiento, cuando esta figura tiene su génesis misma en el derecho de las obligaciones. En este contexto , afirma que la Ley 715 de 2001 concedió un término perentorio para proceder con la homologación salarial, el cual fue

a su reconocimiento, cuando esta figura tiene su génesis misma en el derecho de las obligaciones. En este contexto , afirma que la Ley 715 de 2001 concedió un término perentorio para proceder con la homologación salarial, el cual fue ampliamente desconocido por la administración, por lo que, a través del interés moratorio, debe reconocerse la tardanza en la que incurrió el Estado.

En ese sentido, aduce que esa exigencia contenida en la sentencia atacada corresponde a “ una mera interpretación argumentativa, que no se encuentra soportada en la ley, por lo tanto, es válido reconocer que mi representado(a) no fue juzgada, conforme a las normas preexistentes; única y exclusivamente se dijo que en el proceso de homologación se agotaron las etapas necesarias, sin embargo, al tratarse de los intereses de mora, la decisión no tuvo un análisis normativo concreto al caso”, con el agravante, según su dicho, de que se confundieron los conceptos de indexación e interés moratorio.

3. Trámite del recurso y oposición

3.1. Por auto de veintitrés (23) de febrero de dos mil veintidós (2022), el Despacho inadmitió el recurso y le concedió a la parte actora el término de cinco (5) días para que, de considerarlo del caso, procediera a su subsanación10.

10 Índice 4 de SAMAI.Radicado: 11001-03-15-000-2022-00718-00

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3.2. Habiéndose efectuado las correcciones pertinentes, por auto de veintiséis (26)

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3.2. Habiéndose efectuado las correcciones pertinentes, por auto de veintiséis (26) de abril de dos mil veintidós (2022) el Despacho admitió el recurso y ordenó la notificación personal del Ministerio de Educación Nacional, del municipio de Manizales, de la Agencia Nacional de D efensa Jurídica del Estado (ANDJE) y del Ministerio Público11.

Dentro del término de ley, se presentaron las siguientes intervenciones12:

3.2.1. El Ministerio de Educación Nacional , por escrito del diez (10) de mayo de dos mil veintidós (2022), se opuso a la prosperidad del recurso bajo la consideración de que lo que se pretende es reabrir el debate ya concluido. Al efecto, aseguró que la sentencia acusada sí se pronunció sobre lo solicitado, solo que no en el sentido en el que lo pretendía la parte actora. En cualquier caso, explicó que no podía predicarse incumplimiento o retardo en el pago pues entre el reconocimiento del derecho, a través del acto administrativo correspondiente, y el pago efectivo transcurrió un lapso razonable, al tiempo que la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado ha establecido que los inter eses moratorios y la indexación son figuras incompatibles13.

3.2.2. Mediante memorial de doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022), el municipio de Manizales señaló que no existen elementos que permitan desvirtuar las conclusiones a las que arribaron las autoridades judiciales en las instancias del proceso ordinario, ni mucho menos reputar como nula la

el municipio de Manizales señaló que no existen elementos que permitan desvirtuar las conclusiones a las que arribaron las autoridades judiciales en las instancias del proceso ordinario, ni mucho menos reputar como nula la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado14.

3.3. Por auto de veintidós (22) de junio de dos mil veintidós (2022) , el Despacho decretó las pruebas del proceso, teniendo como tales las documentales aportadas con el recurso 15. Además, en atención a la solicitud probatoria formulada por el

11 Índice 11 de SAMAI. 12 Ni el Ministerio Público ni la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado intervinieron en este trámite. 13 Índice 20 de SAMAI. 14 Índice 21 de SAMAI. 15 Índice 23 de SAMAI. Estas fueron: i) las sentencias proferidas en las instancias respectivas, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas el 3 de mayo de 2019 y la expedida el 6 de noviembre de 2020 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y ii) el recursoRadicado: 11001-03-15-000-2022-00718-00

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Ministerio de Educación Nacional, se ordenó la remisión íntegra del expediente de nulidad y restablecimiento No. 17001-23-33-000-2016-00858-01, el cual fue enviado por el Tribunal Administrativo de Caldas16.

Dicha decisión no fue objeto de recurso alguno.

nulidad y restablecimiento No. 17001-23-33-000-2016-00858-01, el cual fue enviado por el Tribunal Administrativo de Caldas16.

Dicha decisión no fue objeto de recurso alguno.

3.4. Agotada la etapa probatoria, el trece (13) de julio de dos mil veintidós (2022) el expediente entró al Despacho para adoptar la decisión que en derecho corresponda17.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala Especial de Decisión N° 16 es competente para decidir el presente recurso extraordinario de revisión, en los términos del inciso primero del artículo 249 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)18 y del numeral 1° del artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019 ꟷReglamento Interno del Consejo de Estado19ꟷ, por tratarse de un recurso contra una sentencia dictada por una subsección de esta Corporación.

2. Problema jurídico

Conforme con lo anteriormente expuesto, corresponde a la Sala Especial de Decisión N° 16 establecer si la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado el seis (6) de noviembre dos mil veinte (2020), dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho N° 17001-23de apelación presentado 4 de junio de 2019 contra la sentencia de primera instancia del proceso ordinario. 16 Índice 31 de SAMAI. Tal y como consta a índice 32 del aplicativo SAMAI, d e dicho expediente se corrió traslado a las partes por el término de 3 días. 17 Índice 34 de SAMAI.

ordinario. 16 Índice 31 de SAMAI. Tal y como consta a índice 32 del aplicativo SAMAI, d e dicho expediente se corrió traslado a las partes por el término de 3 días. 17 Índice 34 de SAMAI. 18 “ARTÍCULO 249. COMPETENCIA. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión.” 19 “ARTÍCULO 29. Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los recursos extraordin arios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado (…).Radicado: 11001-03-15-000-2022-00718-00

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33-000-2016-00858-01, se encuentra incursa en la causal de revisión contemplada en el numeral 5° del artículo 250 del CPACA.

Para tales efectos, la Sala planteará algunas consideraciones generales relacionadas con el recurso extraordinario de revisión y las causales señaladas por la parte recurrente, a partir de lo cual se dará solución al asunto sub examine.

3. Generalidades del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión es una herramienta cuyo propósito es despojar del carácter inmutable y de cosa juzgada que por regla general tienen las decisiones judiciales, ante el acaecimiento de circunstancias excepcionales que permiten sostener que determinada sentencia es contraria a derecho. Así lo definió la Corte

del carácter inmutable y de cosa juzgada que por regla general tienen las decisiones judiciales, ante el acaecimiento de circunstancias excepcionales que permiten sostener que determinada sentencia es contraria a derecho. Así lo definió la Corte Constitucional en sentencia C-090 de 1998 al concluir que se trata de un mecanismo para evitar “que persistan dentro del ordenamiento jurídico sentencias que vulneren el debido proceso, o que no se ajusten al derecho y a la Constitución”.

En la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el recurso extraordinario de revisión se consagró en el artículo 185 del Decreto 01 de 1984 y se mantuvo en la Ley 1437 de 2011, con el propósito de permit ir a los jueces reexaminar determinadas sentencias a efectos de establecer si estas son contrarias al ordenamiento jurídico 20, siempre que se configure alguna de las causales taxativamente previstas en la ley21. De acuerdo con lo consagrado en el artículo 248 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este recurso procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones del Consejo de Estado, por los tribunales administrativos y por los jueces administrativos.

20 Sobre el punto, la Corte Constitucional en sentencia C-871 de 2003 señaló: “Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absolu to pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede

en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio ‘res iudicata pro veritate habertur’ para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado”. 21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de 2013, radicación 11001-03-15-000-2012-00231-00.Radicado: 11001-03-15-000-2022-00718-00

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Se trata de un proceso independiente y autónomo del que dio origen a la sentencia cuya revisión se precisa, de forma que no puede entenderse como una instancia adicional, pues este recurso no es la vía para corregir los yerros probatorio s de las partes, ni para reconducir el proceso en hechos, pruebas o argumentos, revivir términos o reabrir el debate surtido en el trámite ordinario22.

Adicionalmente, como se trata de un mecanismo excepcional y extraordinario, el análisis de este recurs o tiene interpretación restrictiva. En este sentido, esta Subsección ha señalado que “[c]omo dicho recurso afecta el carácter de inmutable de la sentencia judicial ejecutoriada, las decisiones que se producen, con ocasión de su interposición, son de carácter excepcional, restrictivo y están sometidas

Subsección ha señalado que “[c]omo dicho recurso afecta el carácter de inmutable de la sentencia judicial ejecutoriada, las decisiones que se producen, con ocasión de su interposición, son de carácter excepcional, restrictivo y están sometidas a las causales taxativamente previstas en la ley, con el fin de evitar que se convierta en una tercera instancia.”23 (Se resalta).

De allí entonces que este solo proceda en los precisos y estrictos casos previstos en la ley, sin que sea viable para el juez flexibilizar las exigencias para su procedencia o crear unos requisitos o causales distintas, dado que ello no solo desnaturalizaría la excepcionalidad del recurso, sino que atentaría directamente contra la seguridad jurídica.

4. La nulidad originada en la sentencia como causal del recurso extraordinario de revisión

El numeral 5° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contempla como causal de revisión la de “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.”

De la lectura de la norma se desprende que la configuración de la causal demanda, de un lado, que haya tenido lugar una nulidad originada en la sentencia y, del otro, que contra ella no proceda el recurso de apelación. Sin embargo, debido a qu e el legislador no determinó cuáles son los eventos en los que se considera que se ha

22 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 27, sentencia de 3 de diciembre de 2019, radicado 11001-03-15-000-2018-03791-00.

22 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 27, sentencia de 3 de diciembre de 2019, radicado 11001-03-15-000-2018-03791-00. 23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de diciembre de 2020, radicación 08001-23-31-000-2011-00639-01 (52456).Radicado: 11001-03-15-000-2022-00718-00

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configurado una “nulidad originada en la sentencia” , ha sido la jurisprudencia del Consejo de Estado la que ha dotado de contenido esta disposición24.

Así, esta Corporación ha señalado que esa condición se refiere a situaciones “originadas en la misma sentencia recurrida o en circunstancias sobrevinientes con influencia en la decisión, por desconocimiento grave o insaneable de alguna ritualidad sustantiva propia de la actuación”25.

En ese sentido, de acuerdo con la posición pacífica del Consejo de Estado, esto implica corroborar: i) que el vicio alegado se originó en la sentencia, es decir, que se materializó con la adopción misma del fallo y no antes, y ii) que la anomalía es de tal magnitud que configura un defecto insanable de la actuación, al punto que, de no presentarse ese yerro, la decisión adoptada hubiese sido distinta26.

Sobre lo primero, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que, por regla general, no es posible “alegar como fundamento del recurso, alguna causa de nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia, ya que ‘la proposición de

Sobre lo primero, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que, por regla general, no es posible “alegar como fundamento del recurso, alguna causa de nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia, ya que ‘la proposición de nulidades proce sales se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y legitimación previstas en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil [hoy, artículo 134 del Código General del Proceso], sin perjuicio del deber que el artículo 145 ibídem, impone al juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que observe antes de dictar sentencia’” 27. Sin embargo, en algunos casos se ha aceptado la proposición de la nulidad procesal ocurrida antes de la expedición de la sentencia, siempre y cuando esta no haya podido ser advertida por el recurrente, evento en el que la parte actora debe probar que efectivamente no tuvo la posibilidad de proponer la nulidad en el curso del proceso.

En cuanto a la segunda exigencia, este órgano de cierre ha señalado que son dos los grupos de anomalías que pueden dar lugar a un defecto insaneable derivado de

24 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 16, sentencia del 5 de mayo de 2020, radicado 11001-03-15-000-2017-02519-00. 25 Consejo de Estado, Sección Tercera, S