CE - 110010315000202200987001SENTENCIA20220502121839

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C. veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-00987-00

Accionante: ANGÉLICA MARÍA MOLANO RAMOS

Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD

DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y

AUXILIARES DE LA JUSTICIA

Tema: Tutela por presunta mora en el reconocimiento de práctica jurídica para optar al título profesional de abogado / Derechos fundamentales de petición, trabajo, acceso a la administración de justicia / Principio constitucional de eficacia / Carencia actual de objeto por hecho superado

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por la señora Angélica María Molano Ramos, actuando en nombre propio, en contra del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia po r la presunta vulneración de derechos fundamentales ocurrida con ocasión a la faltaAC CI ÓN DE TUTE L A

contra del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia po r la presunta vulneración de derechos fundamentales ocurrida con ocasión a la faltaAC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 110010315000 -2022-0098700

Accionante: Angélica María Molano Ramos

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 2 de respuesta a la petición instaurada el 17 de enero de 2022, con la finalidad de obtener la certificación de su práctica jurídica.

I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección de los derechos fundamentales de petición, trabajo, acceso a la administración de justicia, y del principio constitucional de eficacia se fundamenta en los siguientes:

1. HECHOS

El 17 de enero de 2022, la parte accionante envió al correo electrónico habilitado por el Consejo Superior de la Judicatura los documentos necesarios para obtener la acreditación de la práctica jurídica para optar por el título profesional de abogada.

Transcurrido el término para contestar la petición, la entidad accionada no ha emitido ningún tipo de respuesta de fondo a la solicitud realizada el 17 de enero del 2021, únicamente el 24 de enero del mismo año mediante correo electrónico se acusa recibido.

2. PRETENSIONES

Solicita la parte accionante lo siguiente:

«PRIMERO: TUTELAR a mi favor los derechos constitucionales

del mismo año mediante correo electrónico se acusa recibido.

2. PRETENSIONES

Solicita la parte accionante lo siguiente:

«PRIMERO: TUTELAR a mi favor los derechos constitucionales fundamentales invocados como amenazados, violados y vulnerados por parte del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA , como es de su conocimiento se me está vulnerando el Derecho de Petición (Art 23 Constitución Política de Colombia), el Derecho al Trabajo (Art 25 Constitución Política de Colombia), el Derecho a la Administración de Justicia (Art 229 Constitución Política de Colombia) y el Principio de Eficacia (Artículo 3 - numeral 11 de la Ley 1437 del 2011). Al no darAC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 110010315000 -2022-0098700

Accionante: Angélica María Molano Ramos

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 respuesta a mi solicitud elevada y NO certificar la aprobación de la práctica jurídica correspondiente a la judicatura en un tiempo prudente.

SEGUNDO: Ordenar el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA que en el término de 48 horas se sirva expedir la certificación de la aprobación de mi judicatura».

3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

Sostiene la parte accionante que la omisión en la que ha incurrido la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia

aprobación de mi judicatura».

3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

Sostiene la parte accionante que la omisión en la que ha incurrido la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia vulnera sus derechos fundamentales de petición, trabajo y acceso a la administración de justicia, así como el principio constitucional de eficacia de la ley.

Indica, además, que se encuentra en la imposibilidad de allegar los documentos exigidos por la Universidad del Cauca para obtener el título de abogada como quiera que los grados fueron programados por la institución para el 25 de marzo del 2022 con la exigencia de entregar la totalidad de documentos respectivos el 7 de febrero del 2022 como fecha máxima.

4. TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto de 24 de febrero de 2022, el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia como accionado, para que ejercieran su derecho de defensa.

Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el presente asunto.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 110010315000 -2022-0098700

Accionante: Angélica María Molano Ramos

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5. INTERVENCIONES

5.1. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados , a través de su directora, señaló que en el presente asunto estamos en presencia de un hecho superado, por cuanto mediante Resolución No. 1915 de 2022 se le reconoció el cumplimiento de la práctica jurídica a la egresada Angélica María Molano Ramos, decisión que fue notificada a la misma a través de Oficio No. 1915 de 2022.

Indicó que debido al aumento desmesurado de solicitudes de reconocimiento de prácticas jurídicas, expedición de tarjetas profesionales de abogados y licencias temporales, que sobrepasan en gran medida la capacidad operativa con los recursos disponibles hasta el momento, así como en razón de las medidas administrativas adoptadas para mitigar los efectos nocivos de la pandemia por el COVID-19, la Unidad gestiona el trámite de las solicitudes en orden de llegada al correo institucional designado para el efecto y en el caso de las tarjetas profesionales de abogado y licencias temporales, las mismas son enviadas al domicilio registrado por el solicitante y las prácticas jurídicas notificadas al correo registrado por el usuario.

5.2. Las demás partes guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de

5.2. Las demás partes guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del DecretoAC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 110010315000 -2022-0098700

Accionante: Angélica María Molano Ramos

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 5 2591 de 1991 , reglamentario del artículo 86 de la Constitución

Política:

«Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto». 1

Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o vulneración de los derechos fundamentales, por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos.

2. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el problema jurídico se circunscribe a responder si:



2. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el problema jurídico se circunscribe a responder si:

 ¿El Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, durante el trámite de la solicitud presentada por la señora Angélica María Molano Ramos el 17 de enero de 2022, vulneró sus derechos fundamentales de petición, trabajo y acceso a la administración de justicia, y el principio constitucional de eficacia de la ley?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: i) la carencia actual de objeto en la acción de tutela y ii) el estudio del caso concreto.

1 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.AC CI ÓN DE TUTE L A Rad icado: 11001 -03 -15 -000 -202 2-00987 -00

Acci onan te: Angélica María Molano Ramos

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3. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

3.1. CARENCIA ACTUAL DE OBJETO EN LA ACCIÓN DE TUTELA

La figura de la carencia actual de objeto opera cuando la orden del juez de tutela, relacionada con las pretensiones de la demanda, no generaría ningún efecto en el plano jurídico, ni surtiría ninguna consecuencia. Generalmente, este fenómeno se produce a partir de

La figura de la carencia actual de objeto opera cuando la orden del juez de tutela, relacionada con las pretensiones de la demanda, no generaría ningún efecto en el plano jurídico, ni surtiría ninguna consecuencia. Generalmente, este fenómeno se produce a partir de dos eventos: el hecho superado y el daño consumado.

En primer lugar, la carencia actual de objeto por hecho superado tiene lugar cuando al momento de dictar la sentencia de tutela, los supuestos fá cticos que originaban la vulneración o amenaza de derechos fundamentales, ya se han superado.

«La carencia actual de objeto por hecho superado se da cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo -verbi gratia se ordena la práctica de la cirugía cuya realización se negaba o se reintegra a la persona despedida sin justa causa-, razón por la cual cualquier orden judicial en tal sentido se torn a innecesaria. En otras palabras, aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna.»2

Cuando se produzca este evento, se debe demostrar que el hecho que generaba la amenaza o vulner ación de los derechos fundamentales del accionante en un caso concreto ya cesó, es decir, que se pruebe la satisfacción completa de lo que se pretendía con la acción de tutela, tal como lo ha establecido la Corte Constitucional:

2 Corte Constitucional. Sentencia T 358 de 2014. Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.AC CI ÓN DE TUTE L A Rad icado: 11001 -03 -15 -000 -202 2-00987 -00

2 Corte Constitucional. Sentencia T 358 de 2014. Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.AC CI ÓN DE TUTE L A Rad icado: 11001 -03 -15 -000 -202 2-00987 -00

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 7 «En estos casos, se debe d emostrar que en realidad se ha satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela, esto es, que se demuestre el hecho superado, lo que autoriza a declarar en la parte resolutiva de la sentencia la carencia actual de objeto y a prescindir de orden alguna, con independencia de aquellas que se dirijan a prevenir al demandado sobre la inconstitucionalidad de su conducta y a advertirle de las sanciones a las que se hará acreedor en caso de que la misma se repita, al tenor del artículo 24 de l Decreto 2591 de 1991.»3

En segundo lugar, la carencia actual de objeto por daño consumado se presenta cuando lo que se pretendía evitar con la interposición de la acción de tutela ya sucedió, lo cual genera que no sea posible cesar el perjuicio o impedi r que se concrete el peligro, con lo cual la vulneración o amenaza del derecho fundamental generó el daño y lo procedente es su resarcimiento.

«(…) en este orden de ideas, en caso de que presente un daño consumado, cualquier orden judicial resultaría ino cua, lo que es lo

vulneración o amenaza del derecho fundamental generó el daño y lo procedente es su resarcimiento.

«(…) en este orden de ideas, en caso de que presente un daño consumado, cualquier orden judicial resultaría ino cua, lo que es lo mismo, caería en el vacío pues no se puede impedir que se siga presentando la violación o que acaezca la amenaza. La única opción posible es entonces la indemnización del perjuicio producido por causa de la violación del derecho fundament al, la cual, en principio, no es posible obtener mediante la mencionada vía procesal.»4

No obstante, la Corte Constitucional advirtió que hay eventos en los cuales es posible que la carencia actual de objeto no se derive de la presencia de un daño consu mado o de un hecho superado sino de alguna otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto quede en el vacío. Por ejemplo, en los casos en los cuales, por una modificación en los hechos que originaron la acción de tutela, el tutelante pierda el interés en la

3 Ibídem. 4 Ibídem.AC CI ÓN DE TUTE L A Rad icado: 11001 -03 -15 -000 -202 2-00987 -00

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Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 8 satisfacción de la pretensión solicitada o ésta fuera imposible de llevar a cabo.5

4. CASO CONCRETO

En el presente asunto se resuelve la acción de tutela interpuesta por la señora Angélica María Molano Ramos , actuando en nombre propio, en contra del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales de petición, trabajo y acceso a la administración de justicia, y el principio constitucional de eficacia de la ley , ocurrida con ocasión a la falta de respuesta a la petición instaurada el 17 de enero de 2022 con la finalidad de obtener la certificación de su práctica jurídica.

4.1. En primer lugar, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se advierte que:

1. Mediante Resolución No. 1915 de 21 de febrero de 2022, el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad Registro Nacional de Abogados y

Auxiliares de la Justicia, resolvió:

«ARTÍCULO 1°: Reconocer la práctica jurídica establecida como requisito alternativo para optar al título de Abogado a ANGÉLICA MARIA MOLANO RAMOS , quién se identifica con cédula de ciudadanía […], y acredita que egresó de la UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

ARTÍCULO 2°: Notifíquese esta Resolución a la interesada de conformidad con el Decreto Legislativo No 491 del 28 de marzo de 2020.

CAUCA.

ARTÍCULO 2°: Notifíquese esta Resolución a la interesada de conformidad con el Decreto Legislativo No 491 del 28 de marzo de 2020.

5 Corte Constitucional. Sentencia T 585 de 2010. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra PortoAC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 110010315000 -2022-0098700

Accionante: Angélica María Molano Ramos

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 9 ARTÍCULO 3°: La presente Resolución rige a partir de la fecha de s u expedición».

1. Dicho acto administrativo fue puesto en conocimiento de la parte accionante mediante Oficio No. 1915 de 21 de febrero de 2022, notificación acorde con el Decreto Legislativo No. 491 del 28 de marzo de 2020.

Así las cosas, si bien existe una tardanza en el plazo para resolver esta solicitud, estamos en presencia de un evento en el cual la acción de amparo carece de objeto, por existir una circunstancia que hace inocua la orden de satisfacer la pretensión de la tutela, puesto que los hechos que originaron la supuesta vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante ya cesaron, haciendo imposible cualquier orden contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.

En ese sentido, es importante indicar que un hecho superado puede

fundamentales de la parte accionante ya cesaron, haciendo imposible cualquier orden contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.

En ese sentido, es importante indicar que un hecho superado puede presentarse cuando la circunstancia que reporta la conculcación del derecho desaparece, frente a lo cual, cualquier decisión emitida carece de efecto, pues nada contrariaría más la lógica que proferir una decisión frente a un supuesto que en la actualidad se torna en inexistente.

Señalado lo anterior, esta Sala de Subsección considera que los supuestos fácticos que originaban la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales cuya protección solicita la parte accionante, ya se han superado y se ha satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la demanda de la referencia.

Por ello, se configura una situación en la cual el amparo constitucional sería inocuo, razón por la que en el presente asunto se declarará laAC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 110010315000 -2022-0098700

Accionante: Angélica María Molano Ramos

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 10 carencia actual de objeto en la acción de tutela presentada por la señora Angélica María Molano Ramos, a nombre propio, en contra del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.

10 carencia actual de objeto en la acción de tutela presentada por la señora Angélica María Molano Ramos, a nombre propio, en contra del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.

4.2. En segundo lugar, en el informe rendido por el Consejo Superior de la Judicatura su directora indica que la entidad «en lo que va corrido del año» ha tramitado 23.334 solicitudes de reconocimiento de práctica jurídica, 4.516 tarjetas profesionales de abogado y 741 licencias temporales, lo cual supone un aumento desmesurado de las peticiones. Esta situación, según señala, sobrepasa la capacidad operativa de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, por lo que se presentan el incumplimiento de los plazos reglamentariamente fijados para dichos trámites.

No obstante lo anterior, la administración de justicia viene advirtiendo que de esa demora en la que incurre la parte accionada se deriva una vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos, quienes ante la mora en el procedimiento regular han interpuesto múltiples acciones de tutela con el fin de proteger su debido proceso. Situación que ocasiona que la herramienta constitucional sea utilizada como un mecanismo de activación del aparato administrativo y no como la figura de carácter residual y subsidiario para la cual fue concebida en la Constitución Política de 1991.

Sobre este punto, la Corte Constitucional ha considerado al derecho al debido proceso como una garantía fundamental que constituye un contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que se desarrollen contra los particulares, teniendo este que sujetarse a las reglas

Sobre este punto, la Corte Constitucional ha considerado al derecho al debido proceso como una garantía fundamental que constituye un contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que se desarrollen contra los particulares, teniendo este que sujetarse a las reglas definidas en el ordenamiento jurídico y cumpliendo a plenitud las formas propias de cada procedimiento.AC CI ÓN DE TUTE L A Rad icado: 11001 -03 -15 -000 -202 2-00987 -00

Acci onan te: Angélica María Molano Ramos

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 11 En efecto, el máximo tribunal constitucional dijo sobre este tema lo siguiente:

«El debido proceso en los asuntos administrativos implica que el Estado se sujete a las reglas definidas en el ordenamiento jurídico, no solamente en las actuaciones que se adelanten contra los particulares para deducir responsabilidades de carácter disciplinario o aquellas relativas al control y vigilancia de su actividad, sino en los trámites que ellos inician para ejercer un derecho ante la administración o con el objeto de cumplir una obligación.

El artículo 29 de la Constitución señala que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, e incluye como elemento básico del mismo la observancia "de la plenitud de las formas propias de cada juicio", lo que en materia administrativa significa el pleno cumplimiento de lo prescrito en la ley y en las reglas especiales sobre el asunto en trámite6».

incluye como elemento básico del mismo la observancia "de la plenitud de las formas propias de cada juicio", lo que en materia administrativa significa el pleno cumplimiento de lo prescrito en la ley y en las reglas especiales sobre el asunto en trámite6».

Es por ello que, dentro de un Estado Social de Derecho, se debe evitar que la administración realice su propia voluntad al momento de seguir los procedimientos establecidos porque ello implica una violación de las prerrogativas constitucionales. Más aún cuando los errores y tardanzas en las actuaciones se convi erten en una carga procesal adicional que debe ser soportada por los administrados, porque tal evento supone un quebranto del límite material a la acción de las entidades estatales, las cuales no pueden reclamar para sí ningún poder general para condiciona r o coartar los derechos de los ciudadanos so pretexto de buscar un fin loable.

Lo descrito previamente cobra mayor relevancia al tratarse de trámites relacionados con la práctica de la judicatura, puesto que es una actividad cuya validez constitucional 7 radica en la existencia de una relación inescindible entre el desempeño idóneo del abogado y la

6 Corte Constitucional. Sentencia T-1083 de 2004. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño. 7 Corte Constitucional. Sentencia C-749 de 2009. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 110010315000 -2022-0098700

Accionante: Angélica María Molano Ramos w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o

Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350-6700

Accionante: Angélica María Molano Ramos w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o

Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 12 posibilidad de acceder a una experiencia jurídica que sirva de escenario para la aplicación de los conocimientos adquiridos en las distintas asignaturas que integran el pensum universitario correspondiente, a través del ejercicio de cargos o funciones que impliquen el desarrollo de tareas propias de la disciplina del Derecho y de su ejercicio profesional. En este orden de ideas, esta Sala de Subsección considera necesario exhortar al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia para que cumpla con los plazos previstos dentro del ordenamiento jurídico para efectos de expedir los actos administrativos de reconocimiento de práctica jurídica, por cuanto el principio de efectividad de los derechos fundamentales vincula a todas las autoridades y por ende estas no pueden liberarse de su respeto y protección. Porque de no ser así, como lo ha establecido la Corte Constitucional 8, las relaciones jurídicas entre el Estado y el administrado en ningún caso podrían lograr un equilibrio, lo cual resulta contrario a los postulados básicos de justicia. En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, III. FALLA PRIMERO.- PRIMERO.- DECLÁRASE LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO en la acción de tutela presentada por la señora Angélica María Molano Ramos , a nombre propio, en contra del Consejo

III. FALLA PRIMERO.- PRIMERO.- DECLÁRASE LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO en la acción de tutela presentada por la señora Angélica María Molano Ramos , a nombre propio, en contra del Consejo 8 Corte Constitucional. Sentencia T-1083 de 2004. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 110010315000 -2022-0098700

Accionante: Angélica María Molano Ramos w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o

Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 13 Superior de la Judicatura – Unidad Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO.- EXHÓRTASE al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia para que cumpla con los plazos previstos dentro del ordenamiento jurídico para efectos de expedir los actos administrativos de reconocimiento de práctica jurídica, con base en el principio de efectividad del derecho fundamental al debido proceso. TE RCERO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados. C UARTO.- De no ser impugnada la decisión, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. QUIN TO.- REGÍSTRASE la providencia en la plataforma SAMAI. NOTI

FÍQUESE Y CÚMPLASE

L

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. QUIN TO.- REGÍSTRASE la providencia en la plataforma SAMAI. NOTI FÍQUESE Y CÚMPLASE L a anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

GABRIEL V

ALBUENA HERNÁNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WI

LLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

EN COMISIÓN FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE