CE - 110010315000202200999001SENTENCIA20220303160159

Demandante: Mayra Zulay Gómez Guzmán Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia Rad: 11001-03-15-000-2022-00999-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-00999-00

Demandante: MAYRA ZULAY GÓMEZ GUZMÁN.

Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE

REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA

JUSTICIA.

Tema: Tutela de fondo – solicitud de reconocimiento de práctica jurídica establecida como requisito a lternativo para optar al título de Abogado - Carencia actual de objeto por hecho superado

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela ejercida por la señora Mayra Zulay Gómez Guzmán contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado al buzón web ofjudmed@cendoj.ramajudicial.gov.co el 8 de febrero del 202 2, l a señora Mayra Zulay Gómez Guzmán , actuando en nombre propio, promovió acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia . En la acción constitucional la parte actora pretende el amparo de su s derechos fundamentales de petición, al trabajo, a la educación y a la libertad de escoger profesión.

2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión de la omisión del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia de expedir el acto administrativo que acredita la práctica jurídica como requisito alternativo para optar por el título profesional de abogada, pese a haber presentado la solicitud el 20 de enero de 2022.Demandante: Mayra Zulay Gómez Guzmán Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia Rad: 11001-03-15-000-2022-00999-00

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3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

www.consejodeestado.gov.co

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

PRIMERO: SE ORDENE al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS, emitir la respectiva Resolución que acredite la Práctica Jurídica, documento que da respuesta al trámite iniciado ante la entidad, y que no ha sido resuelto de manera oportuna y lo envíe a mi correo electrónico de manera inmediata para poder aportarlo a los requisitos de grado antes descritos.

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, me permito solicitar que en el fallo por usted dictado se prevenga a la entidad accionada “para que en ningún caso vuelva a incurrir en las accione s u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo correspondiente de este decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido.”

TERCERO: Que se ordene el amparo de aquellos derechos fundamentales no invocados como amenazados, violados y/o vulnerados y que usted, en su función de guardián de la Constitución, pueda establecer como violados, amenazados y/o vulnerados.

Como medida provisional:

PRIMERO: Ordenar al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS que remita la Resolución de acreditación de Práctica Jurídica, en aras evitar un perjuicio irremediable y lo envíe por correo electrónico a mi mail personal de manera inmediata.

NACIONAL DE ABOGADOS que remita la Resolución de acreditación de Práctica Jurídica, en aras evitar un perjuicio irremediable y lo envíe por correo electrónico a mi mail personal de manera inmediata.

SEGUNDO: Ordenar a la FACULTAD DE DERECHO de la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA que me amplie el término de presentación de la Resolución de acreditación de Práctica Jurídica hasta que el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS emita respuesta a la solicitud o se resuelva la presente tutela.

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. La señora Mayra Zulay Gómez Guzmán cursó y aprobó las asignaturas teóricas y prácticas del plan de estudios del programa de derecho en la Universidad de

Antioquia.

5. La accionante desempeñó funciones jurídicas en la Sociedad Constru yendo Soluciones Jurídicas S.A.S. empresa sujeta a la inspección y vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, de conformidad con la Sentencia del 9 de julio deDemandante: Mayra Zulay Gómez Guzmán Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia Rad: 11001-03-15-000-2022-00999-00

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Rad: 11001-03-15-000-2022-00999-00

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2013 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, durante el tiempo comprendido entre el 10 de agosto del 2020 y el 18 de enero del 2022.

6. El 20 de enero de 2022 radicó la solicitud de reconocimiento de la práctica jurídica como requisito alternativo para optar por el título de abogada.

7. A la fecha de interposición de la presente acción constitucional, no se ha bía dado respuesta a su solicitud.

1.3. Fundamentos de la solicitud

8. La señora Mayra Zulay Gómez Guzmán expresó que el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de l a Justicia vulneró sus derechos fundamentales de petición, al trabajo, a la educación y a la libertad de escoger profesión , debido a la demora injustificada de la autoridad accionada en expedir el acto administrativo mediante el cual se apruebe la realización de la práctica jurídica como requisito de grado para obtener su título profesional de abogada, pese a haberlo solicitado desde el 20 de enero de 2022.

1.4. Trámite de la acción de tutela

9. El magistrado ponente mediante auto del 1 1 de febrero de 20 22, admitió la demanda y ordenó notificar a la parte actora, así como al Consejo Superior de la JudicaturaUnidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, en calidad de accionado.

demanda y ordenó notificar a la parte actora, así como al Consejo Superior de la JudicaturaUnidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, en calidad de accionado.

10. Asimismo, se dispuso la vinculación de la Univer sidad de Antioquia como tercero con interés jurídico en el resultado del proceso , toda vez que la actora, como medida provisional, solicitó que fuese ampliado el término de presentación de la resolución de acreditación de práctica jurídica hasta que el Consejo Superior de la JudicaturaRegistro Nacional De Abogados emitiese respuesta a la solicitud o se resuelva la presente tutela.

11. Del mismo modo, denegó la solicitud de la medida provisional pretendida por la accionante.

1.5. Intervenciones

12. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se present aron las siguientes

intervenciones:Demandante: Mayra Zulay Gómez Guzmán Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia Rad: 11001-03-15-000-2022-00999-00

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.5.1 Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia

13. Con escrito remitido el 1 6 de febrero de 202 2 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la directora de la Unidad solicitó que se niegue el

Abogados y Auxiliares de la Justicia

13. Con escrito remitido el 1 6 de febrero de 202 2 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la directora de la Unidad solicitó que se niegue el amparo deprecado por considerar que en el asunto sub examin e no se presenta vulneración de ningún derecho fundamental al tratarse de un hecho superado.

14. Lo anterior, teniendo en cuenta que, con todos los documentos e información allegada por la accionante, se procedió a expedir la Resolución número 1707 del 16 de febrero de 2022, por medio de la cual se le reconoció el cumplimiento de la práctica jurídica a la egresada Mayra Zulay Gómez Guzmán, cuya copia se adjuntó al trámite constitucional.

15. Agregó que lo anterior, se le informó a la señora Mayra Zulay Gómez Guzmán, a su correo electrónico, el 16 de febrero de 2022.

1.5.2 Universidad de Antioquia

16. Con escrito remitido el 1 8 de febrero de 202 2 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, Harrison Andrés Franco Montoya , apoderado de la Universidad de Antioquia, solicitó que se deniegue el amparo constitucional porque no vulneró los derechos fundamentales señalados, debido a que dicho trámite le corresponde a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia adscrita al Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con lo previsto en el artículo 85 numeral 20 de la Ley 270 de 1996.

17. Finalmente, solicitó su desvinculación comoquiera que las pretensiones no le son exigibles.

en el artículo 85 numeral 20 de la Ley 270 de 1996.

17. Finalmente, solicitó su desvinculación comoquiera que las pretensiones no le son exigibles.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

18. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por la señora Mayra Zulay Gómez Guzmán , de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 8° del art ículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019.

19. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia,Demandante: Mayra Zulay Gómez Guzmán Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia Rad: 11001-03-15-000-2022-00999-00

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y le corresponde al Consejo de Estado y a la Corte Suprema de Justicia conocer de las solicitudes de amparo que se presenten contra estas autoridades.

2.2. Cuestión previa

20. En relación con la solicitud de desvinculación real izada por la Universidad de Antioquia, esta Sala la negará porque la vinculación al proceso se hizo en calidad de

2.2. Cuestión previa

20. En relación con la solicitud de desvinculación real izada por la Universidad de Antioquia, esta Sala la negará porque la vinculación al proceso se hizo en calidad de tercero con interés y no como la entidad contra la cual se encuentra dirigido el reparo señalado por la parte actora.

2.3. Legitimación en la causa

21. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.

22. Igualmente, el artículo 10 ° del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí m isma o por intermedio de representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.

23. Desde el proferimiento por parte de la Corte Constitucional de la sentencia T-416 de 1997 1, se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el pr oceso de tutela.

24. En la sentencia T-086 de 2010 2, la Alta Corporación reiteró que “Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se opone a

24. En la sentencia T-086 de 2010 2, la Alta Corporación reiteró que “Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de representante legal, apoderado judicial o agente oficioso”.

25. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 20113, se indicó que la legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que ejerce la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se

1 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T -416, 28.08.97., M.P. Antonio Barrera Carbonell. 2 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T -083, 15.02.10., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 3 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T -176, 14.03.11., M.P. Jorge Ignacio

Pretelt Chaljub.Demandante: Mayra Zulay Gómez Guzmán Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia Rad: 11001-03-15-000-2022-00999-00

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.

www.consejodeestado.gov.co solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.

26. En la sentencia T-435 de 2016 4, la Corte estableció las condiciones que deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales hizo especial énfasis en la titularidad de los derechos fundament ales reclamados, lo cual quedó reiterado en la SU-454 de 20165, en la que, adicionalmente, señaló que el estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un presupuesto procesal de la demanda.6

27. Con fundamento en el marco conceptual expuesto 7, la Sala advierte que la señora Mayra Zulay Gómez Guzmán es la titular de los derechos fundamentales que reclama, en consideración a que fue quien elevó la petición del 20 de enero de 2022, que alega como desatendida.

28. Por otro lado, se observa que el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia está igualmente legitimado en la causa por pasiva, por ser la autoridad judicial a la que le corresp onde pronunciarse sobre la referida petición.

2.4. Problema jurídico

29. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora y las respectivas pretensiones elevadas, el material probatorio recaudado, los informes y argumentos esgr imidos por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia , corresponde a esta Sala resolver el siguiente problema jurídico que subyace al caso en concreto:

argumentos esgr imidos por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia , corresponde a esta Sala resolver el siguiente problema jurídico que subyace al caso en concreto:

 ¿Resultaron vulnerados los derechos fundamentales de petición, al trabajo, a la educación y a la libertad de escoger profesión de la señora Mayra Zulay Gómez Guzmán debido a la omisión , por parte del Consejo Superior de la

4 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T -435, 12.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado 5 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-454, 25.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 6 Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T -511, 08.08.17., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Así mismo, Corte Constitucional, Sala Tercera d e Revisión, Sentencia T-318, 19.09.18., M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, en la cual se señaló: “En el marco de los procesos de amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez constitucional debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor del artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la instauración del recurso de pr otección de manera oportuna (inmediatez); y (iii) el agotamiento de los mecanismos judiciales existentes, salvo

legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la instauración del recurso de pr otección de manera oportuna (inmediatez); y (iii) el agotamiento de los mecanismos judiciales existentes, salvo que tales vías no sean eficaces o idóneas, o en su defecto se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad)”. 7 Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentenc ia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00.Demandante: Mayra Zulay Gómez Guzmán Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia Rad: 11001-03-15-000-2022-00999-00

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, de expedir el acto administrativo que reconociera su práctica jurídica para optar por el título profesional de abogada?

30. Para resolver el interrogante planteado , se analizarán los siguientes temas: i) la naturaleza de la acción de tutela; ii) la carencia actual de objeto por hecho superado; iii) la regulación especial de la práctica jurídica y iv) el análisis del caso concreto.

2.5. Naturaleza de la acción de tutela

naturaleza de la acción de tutela; ii) la carencia actual de objeto por hecho superado; iii) la regulación especial de la práctica jurídica y iv) el análisis del caso concreto.

2.5. Naturaleza de la acción de tutela

31. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ej ercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

32. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoqu e y demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo transitorio.

2.6. De la carencia actual de objeto

33. La Sala ha explicado en varias ocasiones 8 que la acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e inminente.

34. No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental desaparece en el trascu rso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el instrumento pierde efectividad, lo que torna inane la intervención del juez constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los derechos fundamentales.

fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el instrumento pierde efectividad, lo que torna inane la intervención del juez constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los derechos fundamentales.

35. En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos: i) hecho superado; ii) daño consumado y iii) una situación sobreviniente.

8 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencias del 15.11.17, M.P. Alberto Yepes Barreiro , Rad. 2017 -00085-01 y del 19.10.17 ., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 2017-2365-00.Demandante: Mayra Zulay Gómez Guzmán Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia Rad: 11001-03-15-000-2022-00999-00

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

36. Al respecto, la Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 20169, señaló que:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los

los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez constituciona l, cualquier determinación que se pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta acción.10

A partir de los anteriores razonamientos, en sente ncia T -494 de 1993 se destacó sobre este respecto, que:

La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su amenaza parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido o que simplemente -como en el caso sub examine - que se hubiese presentado un peligro ya subsanado” (negrillas inexistentes en el texto original)

Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que

Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “sit uación sobreviniente11 (Negrita propia del texto).

37. Con base en el anterior marco referencial, el Tribunal Constitucional ha sostenido que el hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de los derechos fundamentales.12

38. En palabras de la Cor te Constitucional, la “(…) primera de estas figuras [hecho superado], regulada en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, comprende el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de

9 Corte Constitucional, Sentencia T-481 1.09.2016, M.P. Carlos Bernal Pulido 10 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual

9 Corte Constitucional, Sentencia T-481 1.09.2016, M.P. Carlos Bernal Pulido 10 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual se transcribe literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”». 11 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual se transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”». 12 Corte Constitucional. Sentencia T-038 del 01.02.19. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.Demandante: Mayra Zulay Gómez Guzmán Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia Rad: 11001-03-15-000-2022-00999-00

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co amparo y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua cual quier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer (…)”13.

39. En concordancia con lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta irrelevante determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos

ha dejado de desconocer (…)”13.

39. En concordancia con lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta irrelevante determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta esta Sección), lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo la conducta de la autoridad demand ada, para determinar si en todo caso se vulneraron o no los derechos fundamentales.

40. En efecto, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos casos en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre l uego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el trámite de revisión ante ese Tribunal.14

41. En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segund a instancia, se ha destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la conducta desplegada por la autoridad demandada para formular un juicio de reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la conducta lesiva de los derechos afectados. Así lo ha indicado la Corte Constitucional:

En estos casos, “no es perentorio para los jueces de instancia, aunque sí para Corte en sede de Revisión, 15 incluir en la argumentación de su fallo el análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales planteada en la demanda . Sin embargo puede hacerlo, sobre todo si considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de conf ormidad constitucional de la situación que originó la

Sin embargo puede hacerlo, sobre todo si considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de conf ormidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera”. 16 Según la jurisprudencia de la Corte, lo que sí resulta i neludible en estos casos, es que la providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del momento del fallo, es decir que se demuestre el hecho superado 17.18 (Negrita y subrayado fuera de texto).

13 Sentencia T-481 del 1.09.16 M.P. Carlos Bernal Pulido 14 A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 del 29.11.16. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado 15 «El pasaje bajo transcripción pres enta la siguiente nota de pie de página, con el número 45, la cual se transcribe literalmente: “Esto se debe a que la Corte Constitucional, como Juez de máxima jerarquía de la Jurisdicción Constitucional tiene el deber de determinar el alcance de los derec hos fundamentales cuya protección se solicita». 16 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 46, la cual se transcribe literalmente: “Ver sentencia T-612 de 2009». 17 «El pasaje bajo transcripción presenta la si guiente nota de pie de página, con el número 47, la cual se transcribe literalmente: “Sentencia T-170/09».Demandante: M