CE - 110010315000202201080001SENTENCIA20220422135615

Radicado: 11001-03-15-000-2022-01080-00

Demandante: Edgar Valencia Marulanda

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-01080-00

Demandante: EDGAR VALENCIA MARULANDA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS

Temas: Tutela contra providencia judicial . Caducidad medio de control de reparación directa . Falta de cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta, en nombre propio, por el señor Edgar Valencia Marulanda, contra el Tribunal Administrativo de Caldas y el Juz gado Primero Admini strativo de Manizales, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

Primero Admini strativo de Manizales, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor Edgar Valencia Marulanda , por conducto de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Caldas y el Juzgado Primero Administrativo de Manizales , por estimar vulnerado s los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la buena fe. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERO: CONCEDER EL AMPARO TUTELAR en forma definitiva de mis derechos fundamentales, por no contar con otro medio de defensa judicial eficaz, eficiente al haberse agotado todos los medios ordinario s y extraordinarios, al debido proceso, acceso a la administración de justicia, a la igualdad, y demás que se hallen vulnerados por el operador jurídico constitucional en su abnegado estudio del tema en particular, violados por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTR ATIVO ORAL PERMANENTE DE MANIZALES Y EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS, SALA TERCERA DE DECISI ÓN con las decisiones tomadas en los auto N° 1225 de fecha once (11) de noviembre de 2020, notificado por Estado N°106 del catorce (14) de diciembre de 2020 y el auto interlocutorio No. 170 del 13 de agosto de 2021 que en su orden rechazan la demanda de reparación directa por privación injusta de la libertad y que confirma dicha decisión dentro del proceso con radicado 17-001-33-33-001-2020-00225-00 y así haber incurrido en violación de las causales

privación injusta de la libertad y que confirma dicha decisión dentro del proceso con radicado 17-001-33-33-001-2020-00225-00 y así haber incurrido en violación de las causales específicas de procedibilidad, en este caso las denominadas: defecto procedimental absoluto, y violación directa de la Constitución.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS los autos auto No 1225 de fecha once (11) de noviembre de 2020, notificado por Estado N°106 del catorce (14) de diciembre de 2020 y el auto interlocutorio No. 170 del 13 de agosto de 2021 que en suRadicado: 11001-03-15-000-2022-01080-00

Demandante: Edgar Valencia Marulanda

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electr ónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/d ocumentos/evalidador orden rechazan la demanda de reparación directa por privación injusta de la lib ertad y que confirma dicha decisión dentro del proceso con radicado 17-001-33-33-001-2020-00225-00.

TERCERO. - Como consecuencia de lo anterior y de forma principal, se solicita ORDENAR al EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS, SALA TERCERA DE DECISIÓN, se sirva dictar nueva providencia judicial en la cual se revoque la decisión que dejo en firme la decisión

al EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS, SALA TERCERA DE DECISIÓN, se sirva dictar nueva providencia judicial en la cual se revoque la decisión que dejo en firme la decisión del Juzgado primero administrativo oral permanente de Manizales y en su lugar DECRETE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJSUTA (sic) DE LA LIBERTAD en el asunto con radicado 17-001-33-33-001-2020-00225-00”.

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El señor Edgar Valencia Marulanda, el 8 de abril de 2012, fue capturado por presuntamente haber incurrido en el delito de concierto para delinquir, el 11 de abril de 2012, se llevó a cabo audiencia preliminar ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Manizales en la cual se formul ó imputación y se impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en centro carcelario

El 1 de octubre de 2014, se revocó la medida de aseguramiento y el Juez Penal del Circuito Especializado dictó el sentido del fallo absolutorio a favor del señor Edgar Valencia Marulanda el 7 de abril de 2015 . La sentencia fue apelada por la Fiscalía General de la Nación y Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de Manizales, en sentencia del 16 de marzo de 2018, la confirmó, en el sentido de absolver en virtud del “in dubio pro reo” al señor Edgar Valencia Marulanda.

El 7 de octubre de 2020, el señor Edgar Valencia Marulanda y otros ejercieron

virtud del “in dubio pro reo” al señor Edgar Valencia Marulanda.

El 7 de octubre de 2020, el señor Edgar Valencia Marulanda y otros ejercieron medio de control de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Seccional Manizales y la Fiscalía General de la Nación, por considerar injusta la privación de la libertad que enfrentó el señor Valencia Marulanda.

El Juzgado Primero Administrativo de Manizales, en auto del 11 de diciembre de 2020, rechazó la deman da porque operó la caducidad del medio de control, por considerar que: (i) la providencia que confirm ó la sentencia absolutoria qued ó ejecutoriada el 13 de abril de 2018; (ii) mediante Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020, se suspendieron los tér minos judiciales, desde el 16 de marzo y hasta el 30 de junio de 2020; (iii) los demandantes tenían plazo para formular la demanda hasta el 14 de abril de 2020; (iv) presentaron la solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación el 19 de agosto de 2020 y, (v) la demanda fue radicada el 7 de octubre de 2020, es decir, por fuera del término establecido en la ley. Precisó que no era posible acoger la tesis del demandante, según la cual, el defensor no le inform ó de la absolución y , en virtud de ello , solo hasta el 23 de agosto de 2018 conoció de tal decisión del Tribunal Superior de Manizales, porque la figura de la caducidad “no depende de la voluntad del interesado en enterarse o no del hecho que da origen al medio de control judicial”.

hasta el 23 de agosto de 2018 conoció de tal decisión del Tribunal Superior de Manizales, porque la figura de la caducidad “no depende de la voluntad del interesado en enterarse o no del hecho que da origen al medio de control judicial”.

La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que alegó argumentos relacionados con la falta o indebida notificación de la citación para lectura del fallo , con la sustitución que hiciera el abogado defe nsor a otro profesional del derecho para asistir a la audiencia de lectura de fallo, por lo que no tuvo conocimiento de laRadicado: 11001-03-15-000-2022-01080-00

Demandante: Edgar Valencia Marulanda

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electr ónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/d ocumentos/evalidador decisión e indicó, que, por iniciativa propia y al no tener información alguna sobre el proceso, solicitó ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales “...Copia auténtica de las sentencias (…) respectiva constancia de ejecutoria del cuaderno principal del folio 2 al 33 y del folio 88 al 88 (…)”, y que, por tanto, se debía como fecha efectiva de notificación del fallo penal el 23 de agosto de 2018.

En general , cuestionó el hecho de que, al presentar la solicitud de conciliación extrajudicial, ni la Procuraduría ni los convocados pus ieron de presente que a la

efectiva de notificación del fallo penal el 23 de agosto de 2018.

En general , cuestionó el hecho de que, al presentar la solicitud de conciliación extrajudicial, ni la Procuraduría ni los convocados pus ieron de presente que a la misma no debía dársele tramite por estar caducada la oportuni dad para hacerlo, consideró inadmisible el argumento del despacho, según el cual, el defensor público tuvo que cumplir con la gestión de notificar al demandante .

El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Tercera de Decisión, en auto del 13 de agosto de 2021, confirmó la decisión de primera instancia por las mismas razones y, en cuanto a los argumentos de apelación en los que el actor justificó la falta de interposición oportuna de la demanda, los despachó de manera negativa porque la caducidad como instituto procesal tiene fundamento y sustento en el artículo 228 de la Constitución Política , que busca garantizar el derecho de acceso administración de justicia dentr o de los límites de su ejercicio razonable y proporcional.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de l actor el Tribunal Administrativo de Caldas y el Juzgado Primero Administrativo de Manizales incurrieron en los defectos procedimental por exceso ritual manifiesto y violación directa de la Constitución, en cuanto considera que las providencias desbordaron la dis crecionalidad interpretativa en perjuicio de sus derechos fundamentales, al no admitir la demanda porque oper ó la caducidad.

Al efecto, sostuvo: “circunstancia que no se gener ó́ en las fechas que dicen los accionados si se tiene en cuenta las circunstancias que rodearon el enteramiento mío (sic)

Al efecto, sostuvo: “circunstancia que no se gener ó́ en las fechas que dicen los accionados si se tiene en cuenta las circunstancias que rodearon el enteramiento mío (sic) de la sentencia absolutoria, además de que olvidan los juzgadores que el mismo artículo 164 literal i inciso 1, trae consigo una circunstancia condicional que, para el caso en cuestión, me otorga la razón, como lo es el que dicha norma indica de manera clara que “...El término de caducidad para instaurar las demandas de reparación directa es de (2) años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo...”, aspectos que el juzgador debe analizar de manera global (…)”.

Consideró que se omitió aplicar, en lo pertinente, el inciso 1 del literal i) del artículo 164 del CPACA , pues, únicamente se refirió a “la parte genérica ” del literal correspondiente, insistió en que “la parte omitida” (sic) es de vital importancia porque en el caso objeto de estudio se cumplen las circunstancias descritas en la norma, porque tuvo conocimiento del fallo favorable de manera posterior y que la prueba sumaria de tal circunstancia es la petición enviad a y la respuesta ofrecida por el despacho de conocimiento el 23 de agosto de 2018.

Que el defensor público nunca le dio a conocer el contenido de la decisión absolutoria y que, hasta la fecha de presentación de la petición, esto es, el 23 de agosto de 2018, consideraba estar aún vinculado al proceso penal, es decir, asumía que para esa fecha todavía no se había resuelto su situación jurídica y , por ende,

agosto de 2018, consideraba estar aún vinculado al proceso penal, es decir, asumía que para esa fecha todavía no se había resuelto su situación jurídica y , por ende, no había recuperado plenamente su libertad.Radicado: 11001-03-15-000-2022-01080-00

Demandante: Edgar Valencia Marulanda

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Igualmente, señala que las autoridades judiciales demandadas pasaron por alto el análisis en conjunto que de las normas procesales penales en materia de notificación personal de las sentencias, al efecto, indicó que no podían tenerse por surtidas las notificaciones en su caso concreto porque la citación que le hicieron se hizo de manera indebida, por cuanto la sustitución de poder hecha por el apoderado principal de oficio fue realizada sin su conocimiento y a cargo de un abogado, que desconoce por completo, quien pasó por alto enterarlo de la decisión proferida en condición de interesado directo.

Hizo amplia referencia a la jurisprudencia de la Corte Constitucional frente al artículo 230 de la Constitución Política y a los conceptos de doctrina probable y al de precedente judicial.

Dijo que los funcionarios judiciales aplican los procedimientos con excesivo ritualismo que se han convertido en un obstáculo para la eficacia del derecho

artículo 230 de la Constitución Política y a los conceptos de doctrina probable y al de precedente judicial.

Dijo que los funcionarios judiciales aplican los procedimientos con excesivo ritualismo que se han convertido en un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial de los derechos y sus actuaciones devienen en una denegación de justicia, por no dar aplicación de normas procesales como las ya descritas en su integridad. Que, por las anteriores situaciones considera que se presenta la violación de l os derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

4. Trámite Previo

El despacho sustanciador, en auto del 17 de febrero de 2022, admitió la acción de tutela, ordenó notificar al demandante, al Tribunal Administrativo de Caldas –Sala Tercera de Decisión y al Juzgado Primero Administrativo de Manizales y vinculó a la Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Seccional Manizales, a la Fiscalía Gener al de la Nación y a los señores Sandra Lorena Soto Gutiérrez, Carlos Daniel Soto Gutiérrez, María Andrea Valencia, Lucero Valencia Marulanda y Floralba Gutiérrez Hernández, como terceros interesados en el resultado del proceso . Asimismo, notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

5. Oposición

El Juzgado Primero Administrativo de Manizales allegó escrito en el que indicó que informa que estará presto a cumplir la sentencia que adopte la Sala, en condición de juez constitucional de tutela, habida cuenta que no tiene interés alguno en el medio de control adelantado, ni en la acción de tutela interpuesta, más allá de

que informa que estará presto a cumplir la sentencia que adopte la Sala, en condición de juez constitucional de tutela, habida cuenta que no tiene interés alguno en el medio de control adelantado, ni en la acción de tutela interpuesta, más allá de haber cumplido con la función constitucional y legal que compete al juzgado.

El Tribunal Adminis trativo de Caldas –Sala Tercera de Decisión guardó silencio.

6. Intervención de los terceros interesados

La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación manifestó que la parte actora no logró identificar el tipo de error en el que presuntamente incurrió la providencia controvertida, por lo que considera que es improcedente el amparo solicitado, igualmente, señala que tampoco acreditó la configuración del defecto sustantivo, al no haber establecido que el juez haya efectuado unaRadicado: 11001-03-15-000-2022-01080-00

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electr ónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/d ocumentos/evalidador interpretación irregular de las normas aplicables .

Aduce que las providencias de primera y segunda instancia del Juzgado Primero Administrativo de Manizales y del Tribunal Administrativo de Caldas, dentro del proceso de reparación directa con radicado número 2020-00225-00, no pueden ser

Aduce que las providencias de primera y segunda instancia del Juzgado Primero Administrativo de Manizales y del Tribunal Administrativo de Caldas, dentro del proceso de reparación directa con radicado número 2020-00225-00, no pueden ser censuradas, más aún cuando las normas aplicadas por los operadores judiciales para dar solución al asunto tienen soporte legal y constitucional. Por el contrario, considera que dichas decisiones argumentaron de manera suficient e la razón de sus decisiones.

Sostuvo que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno al señor Edgar Valencia Marulanda y que, en todo caso, la tutela impetrada es improcedente, razón por la cual solicitó negar las pretensiones invocadas por la parte accionante, por cuanto no se cumplen las causales generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

La Nación – Rama JudicialDirección Ejecutiva de Administración Judicial – Seccional Manizales y los señores Sandra Lorena Soto Gutiérrez, Carlos Daniel Soto Gutiérrez, María Andrea Valencia, Lucero Valencia Marulanda y Floralba Gutiérrez Hernández no se pronunciaron sobre los hechos que dieron origen a la presente acción.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento pref erente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la

lugar, mediante un procedimiento pref erente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 1 , para

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechosRadicado: 11001-03-15-000-2022-01080-00

Demandante: Edgar Valencia Marulanda

fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechosRadicado: 11001-03-15-000-2022-01080-00

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electr ónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/d ocumentos/evalidador lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 2 y específicas 3 de procedencia de la acción de tutela.

Siendo así, a la Sala le corresponde establecer si en el presente caso se cumplen los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial descritos.

Problema jurídico

Mediante el ejercicio de la presente acción la parte actora pretende que se deje sin efecto los autos del 11 de diciembre de 2020 y del 13 de agosto de 2021, proferidos por el Juzgado Primero Administrativo de Manizales y el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Tercera de Decisión, mediante los que se rechazó la demanda porque operó la caducidad del medio de control de reparación directa acá cuestionado .

A juicio de la parte actora las autoridades judiciales demandadas incurrieron en los defectos procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto y por violación directa

operó la caducidad del medio de control de reparación directa acá cuestionado .

A juicio de la parte actora las autoridades judiciales demandadas incurrieron en los defectos procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto y por violación directa de la Constitución, en cuanto no aplicaron en debida forma la norma que regula lo concerniente a la caducidad del medio de control de reparación directa.

La Sala determinará si el presente asunto cumple con el requisito de relevancia constitucional y, solo en el evento en que se logre superar ese requisito de procedencia y los demás requis itos generales, descenderá con el estudio de la configuración del defecto sustantivo alegado por la parte actora.

Requisito de la relevancia constitucional como presupuesto general de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los

fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente . (Se destaca) 2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia

fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente . (Se destaca) 2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional ; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controve rtida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2022-01080-00

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que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2022-01080-00

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electr ónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/d ocumentos/evalidador derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, para que un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que

tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos

conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto

La parte actora sustentó las inconformidades del escrito de tutela en la indebida aplicación del inciso 1 del lite ral i) del artículo 164 del CPACA, en cuanto, señala que las autoridades judiciales demandadas pasaron por alto que, en calidad deRadicado: 11001-03-15-000-2022-01080-00

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Señor ciudadano este documento fue firmado electr ónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/d ocumentos/evalidador investigado en el proceso penal , tuvo conocimiento de la decisión absolutoria de manera posterior a la fecha en que quedó en firme, porque el abogado defensor no le notificó tal decisión y, por ende, el cómputo del término debió empezar desde que tuvo conocimiento, esto es, desde que obtuvo respuesta de la petición que ejerció ante el juzgado penal de conocimiento para obtener copia de las providencias penales absolutor