CE - 110010315000202201249001SENTENCIA20220318164057

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01249-00

Referencia: Acción de tutela

Actor: EDÉN YAMITH JAIMES REINA

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO SOLICITADO EN

LO CONCERNIENTE A LA SUPUESTA AFECTACIÓN AL DERECHO

FUNDAMENTAL DE PETICIÓN . SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR,

SE ESTUDIA LA VULNERACIÓN AL DERECHO AL DEBIDO PROCESO

COMO CONSECUENCIA DE HABERSE INCURRIDO EN UNA

PRESUNTA MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA Y SE DECLARA LA

CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO.

DERECHO FUNDAMENTAL: DE PETICIÓN.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA5

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER1 y su SECRETARÍA, por estimar que vulneraron su derecho fundamental de petición.

1 En adelante el Tribunal2

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ACTOR: EDÉN YAMITH JAIMES REINA

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I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor EDÉN Y AMITH JAIMES REINA , actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su derecho fundamental de petición, el cual, a su juicio, le fue vulnerado por el TRIBUNAL y su SECRETARÍA, por cuanto no ha recibido una respuesta de fondo, clara y concreta a las solicitudes que les envió, vía electrónica, el 12 de octubre y 4 de noviembre de 2021, en las que requirió la expedición de copias auténticas de las sentencias proferidas dentro del medio de control de repara ción directa identificado con el número único de radicación 68 679-33-33-0012014-00380-01, así como sus respectivas constancias de ejecutoria.

I.2.- Hechos

Indicó que promovió demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra el MINISTERIO DE DEFENSA y la3

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POLICÍA NACIONAL , a la cual correspondió el número único de radicación 68679-33-33-001-2014-00380-01.

Sostuvo que el proceso fue conocido en primera instancia por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIV O ORAL DE SAN GIL 2 que, en sentencia de 5 de septiembre de 2016, declaró administrativamente responsable a la NACIÓN – MINISTERIO DE

DEFENSA – POLICÍA NACIONAL.

Señaló que la anterior decisión fue objeto de recurso de apelación, el cual fue resuelto media nte sentencia de 30 de septiembre de 2021, por medio de la cual el Tribunal confirmó parcialmente el fallo de primer grado.

Refirió que el 1 2 de o ctubre de 202 1, solicitó al Tribunal copia auténtica de la s sentencias de primera y segunda instancia y la constancia de ejecutoria, petición frente a la cual dicha autoridad judicial, le informó que tal y como constaba en las anotaciones del sistema de gestión judicial, el expediente había sido enviado al Juzgado de origen, por lo cual solicitó que se le enviara copia virtual

2 En adelante el Juzgado4

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2 En adelante el Juzgado4

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o un comprobante físico del envío del expediente, requerimiento que no fue contestado.

Resaltó que, por lo anterior, el 1 7 de enero de 202 2, reenvió la anterior petición mediante correo electrónico al Juzgado; sin embargo, a la fecha de la presentación de la acción de tutela de la referencia la misma no había sido resuelta.

Manifestó que el día 21 de febrero de 2022 , estableció comunicación telefónica con el Juzgado, en el cual le informaron la imposibilidad de expedir las c opias solicitada s, toda vez que el expediente aún no había sido enviado a ese despacho judicial.

I.3.- Pretensiones

El actor solicitó la protección de su derecho fundamental de petición invocado como violado y, en consecuencia:

“[…]Segundo: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINI STRATIVO DE SANTANDER – Magistrado ponente SOLANGE BLANCO VILLAMIZAR, que, en el término improrrogable de 3 días, siguientes a la notificación del fallo de tutela, de respuesta al derecho de petición radicado en su dependencia y otorgue las correspondientes copias auténticas, constancia ejecutoria […]”.5

siguientes a la notificación del fallo de tutela, de respuesta al derecho de petición radicado en su dependencia y otorgue las correspondientes copias auténticas, constancia ejecutoria […]”.5

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I.4.- Intervenciones

I.4.1.- El Tribunal, por intermedio de su Secretaría, informó que el expediente físico fue devuelto al Juzgado el día 7 de octubre de 2021, mediante O ficio núm. 521, conforme se evidenc ia a las anotaciones del aplicativo justicia siglo XXI.

I.4.2.- El Juzgado allegó informe en el que aportó copia del correo electrónico que le remitió al tutelante durante el trámite de la presente solicitud de amparo y la constancia de entrega del mismo, en el cual le enviaron un link para descargar las copias electrónicas auténticas de las piezas procesales solicitadas, esto es, las sentencias de primera y segunda instancia y la constancia de ejecutoria de las mismas, firmadas electrónicamente por la Secretaria del Juzgado , informándole que dicho documento cuenta con plena validez jurídica conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 18 de agosto de 19993 y el Decreto reglamentario 2364 de 22 de noviembre de 20124.

Secretaria del Juzgado , informándole que dicho documento cuenta con plena validez jurídica conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 18 de agosto de 19993 y el Decreto reglamentario 2364 de 22 de noviembre de 20124.

3 “Por medio de la cua l se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones”.

4 “Por medio del cual se reglamenta el artículo 7° de l a Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones”.6

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Caso concreto

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Caso concreto

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo7

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42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991 5. Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.

En el presente caso, el actor instauró acción de tutela con el fin de obtener el amparo de su derecho fundamental de petición, el cual, a su juicio, le fue vulnerado por el Tribunal y su Secretaría al omitir dar respuesta a las peticiones presentadas vía electrónica el 12 de octubre y el 4 de noviembre d e 2021, en la s que requirió la expedición de copias auténticas de las sentencias proferidas dentro del me dio de control de repara ción directa identificado con el

octubre y el 4 de noviembre d e 2021, en la s que requirió la expedición de copias auténticas de las sentencias proferidas dentro del me dio de control de repara ción directa identificado con el número único de radicación 68 679-33-33-001-2014-00380-01, así como sus respectivas constancias de ejecutoria.

En ese orden de ideas, la Sala procede a determinar si la autoridad judicial accionada v ulneró el derecho fundamental de petición del actor.

5 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».8

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Antes de abordar el estudio del caso concreto, resulta pertinente hacer algunas precisiones respecto del derecho de petición ejercido ante autoridades judiciales y en, especial, la solicitud de copias.

En relación con el derecho de petición que se ejerce ante autoridades judiciales, la Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no resulta procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se pretende es obtener pronunciamientos por parte de u n juez durante el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el

que se pretende es obtener pronunciamientos por parte de u n juez durante el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el contenido de la solicitud persigue cuestiones n etamente judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el segundo evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.

Así la Sala lo precisó en sentencia de 17 de julio de 20086, proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el número 2008-0051700, en la que se indicó lo siguiente:

“[…] En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar que el criterio mayoritario de la Sala ha sido el de que no es procedente el ejercicio del derecho de petición como tal

6 Consejero ponente Marco Antonio Velilla Moreno.9

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frente a autoridades judiciales en el curso de un proceso, por cuanto para ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos; y que acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos a la administración de justicia, pues implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la de la actora en detrimento de la actividad judicial.

de derechos de petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos a la administración de justicia, pues implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la de la actora en detrimento de la actividad judicial.

En efecto, en sentencia d e 11 de agosto de 2005 (Expediente núm. AC -2005-00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya, Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso) 7, la Sala sostuvo:

“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata precisamente del ejercicio del d erecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política sino de un derecho de petición en el caso de un proceso judicial.

Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a autoridades judiciales en el curso de un proceso, l a Corte

Constitucional ha expresado:

“El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición. Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden distinguirse dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos administrativos. Respecto de éstos últimos se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, las peticiones en relación con act uaciones judiciales no pueden ser resueltas bajo los lineamientos propios de las

últimos se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, las peticiones en relación con act uaciones judiciales no pueden ser resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en

7 Criterio que contó con salvamento de voto de los señores Consejeros doctores Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Camilo Arciniegas Andrade.10

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asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso”. (Sentencia

T-377 de 2000 MP ALEJANDRO MARTINEZ

CABALLERO)

Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto de asuntos que no se encuentran bajo su estudio y decisión y otra muy d istinta es el juez como autoridad judicial dentro del trámite de un proceso a su cargo.

En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de petición como tal, pues para ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos. Acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos de la administración de justicia pues implicaría destinar gran parte

establecido los procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos. Acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos de la administración de justicia pues implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la del accionante en detrimento de la actividad judicial.

Así lo ha reiterado la Corte Constitucional:

“Desde luego, como ya lo ha señalado la Corte, esto no es aplicable a las autoridades judiciales en el curso de lo s procesos, ya que éstos se rigen por las normas legales propias de cada uno, sin que sea lo adecuado impulsarlos mediante la formulación de peticiones en cada uno de los momentos procesales.”

(Sentencia T -178-00. MP JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ

GALINDO) [...]”.

La Corte Constitucional en relación con la solicitud de copias de actuaciones surtidas al interior de un proceso judicial, en sentencia T-192 de 15 de marzo de 2007 8, precisó que dicho trámite se encuentra previsto en el artículo 115 del Código de Proc edimiento Civil -CPC-, lo que indica que la decisión de expedir copias está

8 Magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis.11

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regulada por el ordenamiento procesal y, por ende, no se reduce a cuestiones meramente administrativas, de suerte que sobre tales cuestiones no resulta procedente el amparo del der echo de petición9.

La referida sentencia señaló lo siguiente:

“[…] 4. El derecho de petición de copias dentro de un proceso judicial, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia

Ahora bien, si la petición versa sobre la entrega de copi a de documentos, la respuesta no puede ser otra que la entrega de las copias solicitadas, salvo que se trate de documentos que tengan reserva, caso en el cual se entiende la negativa motivada a su entrega, por el carácter reservado de esos documentos. Claro está que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 57 de 1985, las autoridades administrativas y judiciales pueden obtener la información que requieran en desarrollo de sus competencias, asumiendo la obligación de mantener la reserva d e los documentos que lleguen a conocer en virtud de esta prerrogativa.

En lo que respecta al derecho de petición ante las autoridades judiciales, la Corte precisó que si bien es cierto el derecho de petición puede ejercerse ante los jueces y en consecuenc ia éstos se hallan obligados a tramitar y responder las solicitudes que se les presenten, en los términos que la ley señale y que, de no hacerlo desconocen esta garantía fundamental, también lo es que “el juez o magistrado que conduce un proceso judicial

éstos se hallan obligados a tramitar y responder las solicitudes que se les presenten, en los términos que la ley señale y que, de no hacerlo desconocen esta garantía fundamental, también lo es que “el juez o magistrado que conduce un proceso judicial está sometido -como también las partes y los intervinientes - a las reglas del mismo, fijadas por la ley, lo que significa que las disposiciones legales contempladas para las actuaciones administrativas no son necesariamente las mismas que debe

9 Sentencia de 18 de junio de 2015, expediente nro. 2015 -01196-00, Consejera ponente María Elizabeth García González.12

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observar el juez cuando le son presentadas peticiones relativas a puntos que habrán de ser resueltos en su oportunidad procesal y con arreglo a las normas propias de cada juicio (artículo 29 C.P.).”

Por lo tanto, la Corte advirtió que “debe distinguirse con claridad e ntre aquellos actos de carácter estrictamente judicial y los administrativos que pueda tener a su cargo el juez. Respecto de estos últimos son aplicables las normas que rigen la actividad de la administración pública, es decir, en la materia bajo análisis, las establecidas en el Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).”

el juez. Respecto de estos últimos son aplicables las normas que rigen la actividad de la administración pública, es decir, en la materia bajo análisis, las establecidas en el Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).”

Sin embargo, dijo la Corte “las actuaciones del juez dentro del proceso están gobernadas por la normatividad correspondiente, por lo cual las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso.” Así, la solicitud de pruebas, acumulación de procesos, de denuncia del pleito, etc., se deben tramitar conforme a las reglas señaladas por los respectivos ordenamientos procesales.

En ese orden de ideas, la Corporación estableció que la omisión del funcionario judicial en resolver las solicitudes formuladas por las partes o sus apoderados, propias de la actividad ju risdiccional, no configura una violación del derecho fundamental de petición, sino al debido proceso y al acceso de la administración de justicia, en la medida en que dicha conducta, al desconocer los términos de ley sin motivo probado y razonable, implica una dilación injustificada al interior del proceso judicial, la cual está proscrita por el ordenamiento constitucional (C.P., Arts. 29 y 229).

[…]

Sobre el particular, es decir, respecto a las solicitudes de copias en actuaciones judiciales, el numeral 7º del artículo 115 del C.P.C. establece que “las copias auténticas requerirán auto que las ordene y la firma del secretario”, por lo tanto, la decisión de expedir las copias al estar regulada por el

en actuaciones judiciales, el numeral 7º del artículo 115 del C.P.C. establece que “las copias auténticas requerirán auto que las ordene y la firma del secretario”, por lo tanto, la decisión de expedir las copias al estar regulada por el ordenamiento procesal, no es posible asimilarla a aquellas en las cuales su resolución se contrae a la13

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aplicación de las normas propias de los actos de la administración.

Además, el numeral 2º de la misma norma señala que “si la copia pedida es de una sentencia o de otra providencia ejecutoriada que ponga fin al proceso (…) o imponga condenas, se ordenará de oficio agregar las piezas que acrediten su cumplimiento, si lo hubiere.”

Por lo tanto, desde ya, se descarta la violación al derecho de petición, no porque este derecho no pueda ejercerse ante los funcionarios judiciales, sino porque la solicitud de expedición de copias que formuló la accionante se debió tramitar de conformidad con las normas antes citadas, por ser un trámite específicamente regulado, para garantizar el debido proceso y el acceso a la administración de justicia de la demandante […].” (Negrillas fuera del texto original).

Por las consideraciones expuestas en precedencia, es dable concluir que la solicitud de las copias que requiere el actor se encuentra

el acceso a la administración de justicia de la demandante […].” (Negrillas fuera del texto original).

Por las consideraciones expuestas en precedencia, es dable concluir que la solicitud de las copias que requiere el actor se encuentra sometida al ordenamiento procesal, est o es, a lo dispuesto en el artículo 114 del Código General del Proceso 10 -CGP-, antes artículo 115 del CPC.

10 “ARTÍCULO 114. COPIAS DE ACTUACIONES JUDICIALES. Salvo que exista reserva, del expediente se podrá solicitar y obtener la expedición y entrega de copias, con observancia de las reglas siguientes:

1. A petición verbal el secretario expedirá copias sin necesidad de auto que las autorice.

2. Las copias de las providencias que se pretendan utilizar como título ejecutivo requerirán constancia de su ejecutoria.

3. Las copias que expida el secretario se autenticarán cuando lo exija la ley o lo pida el interesado.

4. Siempre que sea necesario reproducir todo o parte del expediente para el trámite de un recurso o de cualquiera ot ra actuación, se utilizarán los medios técnicos disponibles. Si careciere de ellos, será de cargo de la parte interesada pagar el valor de la reproducción dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la providencia que lo ordene, so pena de que se declare desierto el recurso o terminada la respectiva actuación.

5. Cuando deban expedirse copias por solicitud de otra autoridad, podrán ser adicionadas de oficio o a solicitud de parte”. (Negrillas fuera del texto original).14

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Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el amparo en lo concerniente a la presunta afectación del derecho fundamental de petición , pues como quedó visto, la expedición de las copias de las sentencias y su respectiva constancia de ejecutoria que requería el actor a través de las peticiones presentadas vía electrónica el 1 2 de octubre y el 4 de noviembre de 2021, corresponde a un trámite judicial.

Sin perjuicio de lo anterior , la Sala determinará si la parte demandada incurrió en una mora injustificada en la entrega de las copias solicitadas o, si se configura una carencia actual de objeto por hecho superado, según se desprende de la contestación de la demanda.

Lo anterior, por cuanto de acuerdo con el criterio adoptado por esta Sala en sentencia de 17 de noviembre de 2017 11 -según el cual en estos eventos el juez deberá abordar el estudio de la acción de tutela bajo la égida de una p osible afectación al derecho fundamental al debido proceso como consecuencia de haberse

11 Consejo de Estado, Sección Primera; M.P.: María Elizabeth García González; Núm. único de radicación: 11001 -03-15-000-2017-02583-00; Actor: María Eugenia Hernández Valenzuela; Demandado: Sala Cuarta de Oralidad d el Tribunal Administrativo del Huila.15

de radicación: 11001 -03-15-000-2017-02583-00; Actor: María Eugenia Hernández Valenzuela; Demandado: Sala Cuarta de Oralidad d el Tribunal Administrativo del Huila.15

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incurrido en una mora judicial - procede la Sala a analizar si en el sub examine se acreditó la mora judicial injustificada.

En efecto, la Sala advierte que, de acuerd o con el informe allegado a la acción de tutela de la referencia por parte del Juzgado, las solicitudes de 12 de octubre y el 4 de noviembre de 2021 ya fueron resueltas, toda vez que mediante correo electrónico 12 de 28 de febrero de 202 2, dicha autoridad ju dicial remitió al actor copia auténtica de las sentencias de primera y segunda instancia, así como de la constancia de ejecutoria, en la que hizo constar, lo siguiente:

“[…] JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

JUDICIAL DE SAN GIL

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO PRIMERO

ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE SAN GIL

(SANTANDER)

H A C E C O N S T A R:

[…]

-Que la Sentencia de Primera Instancia de fecha cinco (05) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), fue notificada vía correo

(SANTANDER)

H A C E C O N S T A R:

[…]

-Que la Sentencia de Primera Instancia de fecha cinco (05) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), fue notificada vía correo electrónico a las partes el día ocho (08) de septiembre de dos mil dieciséis (2016) y contra la misma se interpuso recurso de apelación.

-Que la Sentencia de Segunda Instancia de fecha treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), fue notificada vía correo electrónico a las partes el día cinco (05) de octubre de dos mil

12 Índice 9 del expediente digital de la acción de tutela de la referencia.16

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veintiuno (2021) y no existe solicitud de aclaración o corrección pendiente de ser resuelta, por lo que la misma adquirió ejecutoria el día once (11) de octubre de dos mil veintiuno (2021).

[…]

Link de las copias auténticas: https://etbcsjmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/adm01sgil_cendoj_ramajudicia

l_gov_co/ElFQWQMJasxBrqMxysZKAzkBhNy1HHGNwoC3y8QRyRo4g?e=FuvL2m […]”.

En ese entendido, para la Sala es evidente que el Juzgado atendió la solicitud del actor, remitiéndole copia auténtica de las sentencias de primera y segunda i nstancia, así como de la constancia de ejecutoria, a través de l correo electrónico eden_yamith@hotmail.com el 28 de febrero de 202 2, razón por la que se configura una carencia actual de objeto por hecho supera do, respecto de la pretensión encaminada a obtener las copias solicitadas, por cuanto las circunstancias fácticas que generaron la presunta vulneración desaparecieron.

Sobre el particular, cabe traer a colación el concepto de la carencia actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en la sentencia T -653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que17

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-01249-00

ACTOR: EDÉN YAMITH JAIMES REINA

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le han sido enco mendados»13. Y en la misma sentencia se precisó que el fenómeno previamente descrito puede materializarse a través de las siguientes figuras:

“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la

le han sido enco mendados»13. Y en la misma sentencia se precisó que el fenómeno previamente descrito puede materializarse a través de las siguientes figuras:

“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la vulneración que venía ejecutándose, se ha consumado el da ño o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez constitucional dé una orden al respecto.

El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la violación o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan solo es procedente el resarcimiento del daño originado por la violación del derecho. Cuando