CE - 110010315000202201335021SENTENCIA20230313111510

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá D. C., dos (2) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de Tutela Radicación: 11001 03 15 000 2022 01335 02

Demandante: Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

Temas: Tutela contra providencia judicial / Contabilización del término de caducidad del medio de control de reparación directa

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandada contra la sentencia del 14 de diciembre de 2022 , mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Cuarta, accedió al amparo deprecado.

1. La acción de tutela

La señora Constanza Alfonsina Turbay Cote a través de apoderado, promueve acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la dignidad, al debido proceso, a la confianza legítima y a la propiedad.

1.1. Pretensiones

En protección de los derechos reclamados, solicita:

Con fundamento en lo expuesto anteriormente, respetuosamente solicito se sirva amparar los derechos constitucionales fundamentales de la señora CONSTANZA JUDITH ALFONSINA TURBAY COTE, al acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a

Con fundamento en lo expuesto anteriormente, respetuosamente solicito se sirva amparar los derechos constitucionales fundamentales de la señora CONSTANZA JUDITH ALFONSINA TURBAY COTE, al acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la igualdad, a la dignidad humana, a la confianza legítima, violados en el fallo emitido por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por incurrir en las causales de viol ación directa de la Constitución, desconocimiento del precedente, defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto, defecto fáctico, defecto material o sustantivo, al proferir la sentencia del 30 de julio de 2021 con ponencia de la consejera Mar ta Nubia Velásquez, dentro del proceso de radicación 18001233100020040010201 mediante la cual revocó la sentencia de primera instancia2

Radicado: 11001 03 15 000 2022 01335 02

Demandante: Constanza Judith Alfonsina Turbay

Cote

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del 18 de septiembre de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá.

En consecuencia, que se REVOQUE la sentencia de segunda instancia reseñada y se ordene que, dentro de los 20 días siguientes, la Sala proceda a expedir una nueva sentencia de fondo, en tanto proceda a estudiar el asunto de fondo propuesto en la apelación.

Honorables Magistrados en este orden de ideas y con estos presupuestos fácticos, jurídicos, probatorios, constitucionales, jurisprudenciales, amén del bloque de

apelación.

Honorables Magistrados en este orden de ideas y con estos presupuestos fácticos, jurídicos, probatorios, constitucionales, jurisprudenciales, amén del bloque de constitucionalidad, solicito muy comedidamente que se revoque en todas y cada una de sus partes el fallo de segunda Instancia del 30 de julio de 2021 y a contrario sensu se ampare el derecho a la verdad, a la justicia y reparación directa para que se resarza el detrimento patrimonial y moral causado con la ocupación arbitraria de la hacienda “La Estrella” y los demás bienes raíces que la conforman y el saqueo total de la GANADERÍA VACUNA Y EQUINA que hasta la fecha no ha habido ninguna reparación del Estado como víctima de los delitos de lesa humanidad y el magnicidio de la familia Turbay Cote a manos de la guerrilla de las FACR-EP en este conflicto armado interno a raíz de los cuales mi poderdante es víctima de desplazamiento forzado habida cuenta que aun reside en el exterior , y las acciones y omisiones de las autoridades demandadas que consolidaron el daño antijurídico que solicitó fuera resarcido.

1.2. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, la parte accionante señaló los siguientes:

1. El 20 de junio de 2001, estando vigente la zona de distensión las FARC ocuparon ilegalmente la hacienda La Estrella -predio de 816 hectáreasubicada en la inspección de Guacamayas, municipio de San Vicente del Caguán, y hurtaron 1.108 cabezas de ganado, la maquinaria y los equipos destinados a la explotación agropecuaria.

de Guacamayas, municipio de San Vicente del Caguán, y hurtaron 1.108 cabezas de ganado, la maquinaria y los equipos destinados a la explotación agropecuaria.

1. El 21 de junio de 2001, la señora Constanza Turbay Cote radicó derecho de petición al presidente de la República de la época con el fin de ponerle en conocimiento tal situación.

1. El 10 de julio de 2001, el presidente de la República en documento membretado «Andrés Pastrana Arango», dio respuesta a la solicitud elevada por la señora Cote.

1. El 17 de julio de 2001, presentó querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho contra los ocupantes ilegales ante la Alcaldía Municipal de San Vicente del Caguán, sin que dicha autoridad, hasta la fecha, se haya pronunciado.3

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Demandante: Constanza Judith Alfonsina Turbay

Cote

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co v) El Gobierno Nacional, mediante la Resolución 32 del 20 de febrero de 2002, puso fin a la zona de despeje y ordenó la retoma militar de la zona a través de la operación TH (Todo Honor).

1. El 12 de noviembre de 2003 , a través de apoderado la señora Constanza Judith Turbay Cote interpuso demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la Nación –Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa Nacional, con el propósito de que se declarara la responsabilidad patrimonial por falla

Turbay Cote interpuso demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la Nación –Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa Nacional, con el propósito de que se declarara la responsabilidad patrimonial por falla del servicio por omisión: i) ante la ausencia de medidas necesarias de protección a la población civil y sus bienes en la zona de distensión , pues los miembros de las FARC ocuparon ilegalmente la hacienda La Estrella, lo q ue le impidió obtener utilidades de su predio y, ii) por la falta de acción para recuperar la hacienda, pues a su juicio, dicha negligencia tuvo lugar desde el 10 de julio de 2001, fecha en la que el presidente de la República dio respuesta a la petición presentada.

1. El 1 8 de septiembre de 2014 , el Tribunal Administrativo del Caquetá, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. El 30 de julio de 2021, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, revocó la sentencia proferida p or el juez a quo y, en su lugar, negó las súplicas del medio de control de reparación directa, por haber operado el fenómeno de la caducidad.

1.3. Fundamentos jurídicos del accionante

Los centró en los siguientes defectos:

1.3.1 Violación directa de la Constitución

1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en la providencia objeto de litis inaplicó los artículos 13, 29 y 228 de la Constitución y, de esta manera, desconoció el principio de interpretación de la s normas legales conforme con los cánones

litis inaplicó los artículos 13, 29 y 228 de la Constitución y, de esta manera, desconoció el principio de interpretación de la s normas legales conforme con los cánones constitucionales, pues, a su juicio, dicha autoridad procedió a analizar el caso desde el presupuesto de la caducidad del medio de control de reparación directa, sin atender4

Radicado: 11001 03 15 000 2022 01335 02

Demandante: Constanza Judith Alfonsina Turbay

Cote

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el contexto de la época en la que se presentaron los hechos que ocasionaron el daño antijurídico.

1. Consideró omitidos los artículos 21, 22 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos que conminan a los Estados parte a garantizar a las personas los derechos a la propiedad, a la circulación y a la tutela judicial efectiva.

1. La Sección Tercera sometió a la acci onante a un a carga excesiva, desproporcionada e imposible de realizar, pues no podía «ingresar a la hacienda para verificar qué suerte habían tenido sus bienes, tampoco lo hicieron las autoridades como la Fiscalía, el Ejército etc., entes gubernamentales e instituciones judiciales y de control que no ejercieron sus funciones precisamente por la cesión que hizo el Gobierno de ese territorio a las FARC-EP».

1.3.2. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto

1. La autoridad judicial demandada incurrió en esta causal de procedibilidad por omitir

Gobierno de ese territorio a las FARC-EP».

1.3.2. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto

1. La autoridad judicial demandada incurrió en esta causal de procedibilidad por omitir valorar que la accionante al momento de la presentación del medio de cont rol de reparación directa tenía el estatus de «desplazada », lo cual constituía una excepción en cuanto a la aplicación del término de contabilización de la caducidad.

1. La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado1 ha reiterado que en presencia del delito de desplazamiento forzado se presenta un daño continuado y, en consecuencia, el término de caducidad de la acción de reparación directa «debe tener el mismo tratamiento al de la desaparición forzada, luego entonces, la forma de computar el plazo de caducidad en los eventos de daño continuado, sólo inicia su conteo a partir del momento en que se verifique la cesación de la conducta o hecho que dio lugar al mismo».

1. L a Sección Tercera aplicó con excesivo rigor el artículo 136 del C.C.A., cuando procedía flexibilizar el término de caducidad, dada la situación de desplazamiento por la que atravesaba -además de ser la única sobreviviente de su familia-, o en su lugar,

1 Consejo de Estado, Sección Tercera, del 26 de julio de 2022, Auto 08001 23 31 000 2010 00762 01.5

Radicado: 11001 03 15 000 2022 01335 02

Demandante: Constanza Judith Alfonsina Turbay

Cote

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Demandante: Constanza Judith Alfonsina Turbay

Cote

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co considerar la fecha de ocupación permanente del inmueble rural, esto es, 2 de abril de 2002

1. as anteriores situaciones y hechos notorios debieron ser tenidos en cuenta al momento de aplicar la regla de caducidad, a fin de evitarle una doble victimización, porque no solo tuvo que padecer todos los da ños y perjuicios fruto del fracaso de la política del Estado para lograr el acuerdo de paz con un grupo al margen de la ley, sino que, además, en aras de la seguridad jurídica, ahora se le impide obtener una verdadera reparación, la justicia material y el resarcimiento efectivo de los bienes e intereses legítimos, con detrimento de una interpretación más favorable y del principio pro damnato.

1.3.3. Defecto fáctico

La providencia objeto de estudio incurrió en una indebida valoración probatoria, pues llegó a una conclusión contraria a lo acreditado en el expediente, al inadvertir que:

1. La jurisprudencia de l Consejo de Estado, Sección Tercera ha considerado que los daños antijurídicos cometidos por los grupos armados al margen de la ley en vigencia de la zona de distensión, resultan imputables al Estado bien sea a título de daño especial o de riesgo excepcional; lo primero, bajo el entendido de que dicha decisión produjo un rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas porque impuso a los habitantes de los municipios despejados un sacrificio mayor, en términos

especial o de riesgo excepcional; lo primero, bajo el entendido de que dicha decisión produjo un rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas porque impuso a los habitantes de los municipios despejados un sacrificio mayor, en términos de seguridad, al que tuvieron que soportar el resto de colombianos; y, lo segundo, con apoyo en la idea de que la creación de la zona de distensión creó un riesgo extraordinario, al dejar a estos ciudadanos a merced del poder de facto ejercido por la guerrilla de las FARC.

1. Era un hecho notorio que la falta de presencia estatal en la zona de distensión fue aprovechada por el grupo disidente para fortalecerse militar y económicamente, y para continuar desarrollando su actividad delictiva.

1. No podía contabilizarse el término de caducidad desde el día en que el presidente de la República contestó la solicitud, cuando lo cierto es que no le respondió, pues el hecho de remitir por competencia a otra autoridad no significa que ofreció respuesta.6

Radicado: 11001 03 15 000 2022 01335 02

Demandante: Constanza Judith Alfonsina Turbay

Cote

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1. Tampoco podía la autoridad ju dicial demandada argumentar válidamente que la accionante confesó por apoderado judicial al indicar que «la omisión se remonta al 10 de julio de 2001 », pues resulta evidente que se aludió a esa fecha para señalar que era «a partir de la cual (el presidente ) se comprometió a los fines pertinentes según

de julio de 2001 », pues resulta evidente que se aludió a esa fecha para señalar que era «a partir de la cual (el presidente ) se comprometió a los fines pertinentes según consta en la comunicación del mismo », es decir, que le envió la petición a otra autoridad, que fue el Ministerio de Defensa.

1. Fue en el mes de abril de 2002 , cuando se materializaron los verdaderos hechos victimizantes de ocupación violenta y en forma permanente de la Hacienda La Estrella y los demás predios que la integran , ya que en es a fecha «invadieron y sacaron definitivamente toda la ganadería de la hacienda, representada en ganado vacuno, equino y especies menores, en número de más de 1000 reses, dejando desocupados los potreros , y prohibieron definitivamente el ingreso de los mayordomos y trabajadores y las propiedades quedaron bajo el mando y orden arbitrario de la Guerrilla de las FARC».

1.3.4. Desconocimiento del precedente

Contenido en las siguientes sentencias proferidas por la Corte Constitucional: T -156 de 2009, T-075 de 2014 y T-301 de 2019.

1. L a Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, se sustentó en pronunciamientos jurisprudenciales posteriores a la interposición de la demanda, que no son aplicables al caso concreto, con fundamento en el principio de irretroactividad de la jurisprudencia, por lo cual no podía invocar las sen tencias: i) de unificación del 29 de enero de 2020, expediente número61.033 y ii) del 31 de enero de 2019, expediente número 43.658.

de la jurisprudencia, por lo cual no podía invocar las sen tencias: i) de unificación del 29 de enero de 2020, expediente número61.033 y ii) del 31 de enero de 2019, expediente número 43.658.

1. La sentencia cuestionada no efectuó una interpretación del caso a la luz de la ratio decidendi señalada por la Corte C onstitucional, como también omitió efectuar una lectura de los derechos humanos desde los derroteros fijados por el Sistema Interamericano e inaplicó la Convención Americana de Derechos Humanos y la7

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Demandante: Constanza Judith Alfonsina Turbay

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co interpretación vinculante de la Corte Interamericana (CIDH) en materia de oportunidad y acceso a la administración de justicia.

1.4. Actuación procesal

1. La tutela de la referencia, admitida por auto del 15 de marzo de 2022 de la Sección Cuarta de esta corporación, ordenó notificar a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, como demandados y, como tercero s interesados, a los magistrados del Tribunal Administrativo del Caquetá, al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y al Ministro de Defensa Nacional , para que dentro del término de dos días, y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.

1. Esta Subsección a través de fallo de l 14 de julio de 2022 , confirmó el amparo

para que dentro del término de dos días, y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.

1. Esta Subsección a través de fallo de l 14 de julio de 2022 , confirmó el amparo concedido por el juez a quo de tutela a los derechos fundamentales invocados por la accionante.

1. El 6 de octubre de 2022, se declaró la nulidad de lo actuado al no haberse integrado debidamente el contradictorio, al omitir vincular al trámite al señor Luis Felipe Botero Aristizábal, quien fungió como conjuez de la Sección Tercera, Subsección A, e integró la Sala de Decisión que profirió la sentencia objeto de litis.

1. El 22 de noviembre de 2022, se ordenó notificar del auto admisorio de la acción de tutela al conjuez Luis Felipe Botero Aristizábal , a la parte demandante, demandada y a los terceros interesados relacionados en el auto del 15 de marzo de 2022.

1. El 14 de diciembre de 2022, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, resolvió:

1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la señora Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote, en consecuencia,

2. Ordenar al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A que, dentro de los veinte (20) d ías siguientes a la notificación de la presente providencia, profiera nueva decisión en la que tenga en cuenta las motivaciones aquí expuestas.8

Radicado: 11001 03 15 000 2022 01335 02

Demandante: Constanza Judith Alfonsina Turbay

Cote

decisión en la que tenga en cuenta las motivaciones aquí expuestas.8

Radicado: 11001 03 15 000 2022 01335 02

Demandante: Constanza Judith Alfonsina Turbay

Cote

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.5. Intervenciones

1.5.1. La magistrada del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Martha Nubia Velásquez Rico, ponente de la providencia objeto de estudio señaló que el análisis que se realizó respecto de la contabilización de la caducidad se hizo con suficiencia y con claridad, teniendo en cuenta la norma aplicable para tales efectos -el artículo 136 del CCA, numeral 8 .°-, el material probatorio recaudado y algunos pronunciamientos de la Sección Tercera de esta corporación.

Contextualizó que en la demanda de reparación directa que interpuso la señora Turbay Cote se hicieron dos imputaciones, a saber:

1. El Estado no tomó las medidas necesarias en la zona de despeje o de distensión para proteger la población civil y sus bienes, lo que condujo a que los miembros de las FARC ocuparan de hecho la hacienda La Estrella y se apropiaran de su maquinaria, de sus cabezas de ganado y demás semovientes.

Contrario a lo afirmado, la sentencia cuestionada tuvo en cuenta los testimonios practicados (Juan Pujana Motta y Óscar García Cast illo), quienes señalaron que en junio de 2001 los miembros de las FARC ocuparon y se apropiaron de la hacienda La

practicados (Juan Pujana Motta y Óscar García Cast illo), quienes señalaron que en junio de 2001 los miembros de las FARC ocuparon y se apropiaron de la hacienda La Estrella; además de estas pruebas, el fallo consideró la petición que Constanza Turbay Cote le hizo al presidente de la República de la época, de la cual se extrajo que conoció acerca de lo sucedido el 21 de junio de 2001, razones por las cuales, luego de tal valoración probatoria, se arribó a la conclusión de que la demanda de reparación directa se presentó por fuera de los dos años previstos e n el artículo 136 numeral 8.° del CCA, en tanto se interpuso el 12 de noviembre de 2003.

Lo anterior descarta lo señalado por la tutelante, al invocar el defecto fáctico y afirmar que la ocupación se materializó el 2 de abril de 2002, pues las pruebas recaudadas en el proceso de reparación directa dieron cuenta de que la señora Turbay Cote tuvo conocimiento de tal situación el 21 de junio de 2001.9

Radicado: 11001 03 15 000 2022 01335 02

Demandante: Constanza Judith Alfonsina Turbay

Cote

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Resaltó que en el análisis de caducidad que se hizo en el fallo atacado tampoco se pasó por alto el hecho de la abolición de la zona de despeje o de distensión, en tanto su contabilización fue soportado en la sentencia del 8 de junio de 2017, exped iente

pasó por alto el hecho de la abolición de la zona de despeje o de distensión, en tanto su contabilización fue soportado en la sentencia del 8 de junio de 2017, exped iente No. 41.307 de la Sección Tercera.

Manifestó que en la tutela la accionante hizo énfasis en su estatus de desplazada; sin embargo, aclaró que esa condición no se invocó en la demanda de reparación directa, ni se probó, como para haber contado la caducidad de manera distinta a como se hizo en el fallo atacado, máxime al no haberse advertido situaciones que hubiesen impedido el ejercicio del derecho de acción.

Respecto del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto aleg ó que, en razón a su condición de desplazada no podía contarse la caducidad como se hizo en el fallo cuestionado, porque al estar refugiada en el exterior tuvo que hacer múltiples llamadas telefónicas internacionales para encontrar un abogado que presentara la demanda de reparación directa. Sobre el particular, advirtió que si bien designó un apoderado para que adelantara una querella policiva, también pudo haber otorgado poder a otro para que presentara la respectiva demanda, de ahí que no se haya acreditado alguna situación que le hubiese imposibilitado ejercer el derecho de acción.

Agregó que aunque la señora Turbay Cote abandonó el país y se trasladó a Suizasin acreditar en qué época exacta-, lo cierto es que esa situación no le impidió conocer las circunstancias que le ocasionaron daños, ni tampoco le impos ibilitó demandar en ejercicio de la acción de reparación directa.

1. El Estado hizo caso omiso a la petición de la señora Constanza Judith Turbay

las circunstancias que le ocasionaron daños, ni tampoco le impos ibilitó demandar en ejercicio de la acción de reparación directa.

1. El Estado hizo caso omiso a la petición de la señora Constanza Judith Turbay Cote, en la cual le pidió al presidente de la República acciones contundentes para recuperar su predio las que, según advirtió no se llevaron a cabo. Respecto de esta objeción afirmó que para el respectivo conteo de caducidad, el fallo tuvo en cuenta la respuesta del presidente de la República frente a la petición de la señora Turbay Cote, así como también la c onfesión por apoderado judicial realizada en la demanda en relación con la fecha en que se concretó la omisión, aunado al criterio jurisprudencial, según el cual, aun cuando la omisión se mantenga en el tiempo, el término de caducidad no puede extenderse de manera indefinida.10

Radicado: 11001 03 15 000 2022 01335 02

Demandante: Constanza Judith Alfonsina Turbay

Cote

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Consideró, además, que el defecto fáctico invocado pretende reabrir el debate probatorio de cara al análisis de la caducidad en relación con la segunda imputación al cuestionar el valor de la confesión por apoderado judicial y el alcance de la respuesta que en su momento le brindó el presidente de la República, lo cual quedó suficientemente claro en el fallo cuestionado.

Respecto del argumento de l a tutelante relacionado con que la Subsección tuvo en

que en su momento le brindó el presidente de la República, lo cual quedó suficientemente claro en el fallo cuestionado.

Respecto del argumento de l a tutelante relacionado con que la Subsección tuvo en cuenta pronunciamientos jurisprude nciales posteriores a la interposición de la demanda de reparación directa, lo cual, a su juicio, no era posible con fundamento en el principio de irretroactividad de la jurisprudencia, señaló que aun cuando la demanda de reparación directa se interpuso en el año 2003, le resultaban aplicables las reglas jurisprudenciales de la sentencia de unificación dictada en el 2020 y de los otros fallos referidos en la providencia acusada, con fundamento en que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consej o de Estado, por regla general, ha dado aplicación al precedente en forma retrospectiva, tal como se sostuvo en la sentencia del 28 de agosto de 2018 con radicado No. 52001-23-33-000-2012-00143-01 (IJ).

1.5.2. El apoderado judicial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, 2 Óscar Mauricio Ceballos Martínez, al hacer referencia a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, señaló que la decisión tuvo en cuenta todo el material probatorio obrante en el expediente y por lo tanto, no quebrantó derechos de la accionante.

Consideró que la accionante pretende reabrir el debate mediante la acción de tutela, lo cual es abiertamente improcedente, pues tuvo a su alcance todos los mecanismos que ha dispuesto el legislador para que los extremos en controversia puedan solicitar,

Consideró que la accionante pretende reabrir el debate mediante la acción de tutela, lo cual es abiertamente improcedente, pues tuvo a su alcance todos los mecanismos que ha dispuesto el legislador para que los extremos en controversia puedan solicitar, controvertir, allegar pruebas, formular recursos. Inclusive, tuvo la oportunidad de solicitar dentro del término de ejecutoria de la decisión cuestionada la aclaración, adición y/o comple mentación de la sentencia que ahora por vía de tutela solicita revocar.

2 Expediente digital de tutela.11

Radicado: 11001 03 15 000 2022 01335 02

Demandante: Constanza Judith Alfonsina Turbay

Cote

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo la falta de legitimación en la causa por pasiva porque ninguna de las atribuciones del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República le permiten realizar las ac tuaciones que pretende la accionante para el amparo de los derechos fundamentales que invoca como transgredidos.

1.5.3. El señor Luis Felipe Botero Aristizábal ,3 centró su intervención conforme a los siguientes argumentos:

1. Consideró que en la providencia no se incurrió en la alegada existencia causal de exceso de ritual manifiesto, al efecto señaló que se aplicó el numeral 8.° del artículo 136 del CCA, norma vigente al momento de desatar la litis, así consideró que la disparidad interpretativa no era razón suficiente para sostener la inconformidad con la

Constitución.

136 del CCA, norma vigente al momento de desatar la litis, así consideró que la disparidad interpretativa no era razón suficiente para sostener la inconformidad con la Constitución.

Recordó que «la manifestación fundacional del amparo constitucional deprecado por la actora carece de verosimilitud, ya que ella no perdió la posibilidad de dirigir sus pretensiones contra los directamente responsables de los hechos que relató en su demanda o de procurar su tutela por otra vía v.gr. jurisdicción especial para la paz; y, en cualquier caso, no hay un cercenamiento de acceso a la justicia ni se redujeron las obligaciones internacionales del Estado Colombiano de perseguir a los responsables de los delitos que allí se describieron».

1. Sostuvo que la acción de tutela excede su objeto, pue s fue propuesta como una instancia adicional, en la que se incluyeron nuevos argumentos que jamás fueron alegados o probados en el expediente en sus instancias ordinarias , en relación con temas como: a) el desplazamiento forzado, b) la imposibilidad del ejercicio del derecho de acción, c) del título de imputación como daño especial.

Al efecto, refirió que existieron unas razones de hecho tales que le impiden físicamente reclamar lo que le corresponde ante los jueces y, que, esa imposibilidad no puede ser

3Expediente digital de tutela.12

Radicado: 11001 03 15 000 2022 01335 02

Demandante: Constanza Judith Alfonsina Turbay

Cote

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Constanza Judith Alfonsina Turbay

Cote

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co teórica o surgir de meras reflexiones personales, que, debe ser real y, su juicio, absoluta, para lo cual propuso como ejemplo el delito del secuestro.

Afirmó que la dificultad de acceder a la justicia no produce el mismo efecto, porque se relativizaría de tal manera el juicio de la oportunidad en el ejercicio del derecho de acción que se prestaría para un desequilibrio en los principios de seguridad jurídica y trato paritario que terminarían comprometiendo los principios de imparcialidad judicial y los derechos fundamentales de igualdad y debido proceso.

Consideró que, es precisamente esta la razón, por la cual el acceso a la administración de justicia tiene fronteras que hacen que el mismo no pueda ser catalogado como un derecho absoluto.

Adujo que, desde la demanda que inició el proceso de reparación directa, así́ como la que dio origen a esta acción constitucional, advirtió́ que:

«(i) La demandante reclam ó por escrito al Estado el hecho de la ocupación el 21 de junio de 2001 (hechos 4 de la demanda y sexto de la tutela). (ii) Otorgó poder a un profesional del derecho y formuló una querella que se presentó́ el 17 de julio de 2001(hecho 7 de la demanda). (iii) Afirmó no tener la posibilidad de administrar materialmente la finca, sin embargo, ello no le impidió́ ofrecerla en arrendamiento a la sociedad Acosta Solano en abril de 2002 (hecho 9 de la demanda).

(iii) A