CE - 110010315000202201339011SENTENCIA20220729170416

Radicado: 11001-03-15-000-2022-01339-01

Demandante: JORGE OLARTE

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-01339-01

Demandante: JORGE OLARTE

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE L TOLIMA Y JUZGADO

TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho . Defecto sustantivo. Requisito general de la relevancia constitucional cuando se acude como instancia adicional

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por el accionante, quien actúa por intermed io de apoderado judicial, contra la sentencia de 4 de abril de 202 2, dictada por la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, en la que se declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

Subsección “B” del Consejo de Estado, en la que se declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El accionante relató que el 19 de diciembre de 2018, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Lérida, Tolima, con el fin de que se anulara el oficio de 9 de agosto de 2018, median te el cual se negó la solicitud de reajuste de las cesantías e intereses de cesantías reconocidas en la liquidación que efectuó la entidad territorial al culminar el vínculo laboral mediante Resolución No. 251 de 17 de mayo de 2017.

Afirmó que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Ibagué 1, en auto de 16 de diciembre de 2019, rechazó la demanda por configurarse la caducidad del medio de control, con sustento en que “el acto administrativo fue notificado personalmente al actor el 17 de mayo de 20 17, por lo que a partir del 18 de mayo de 2017, empezó a correr el plazo de 4 meses para demandarlo y venció el 18 de septiembre de 2017, pero la demanda se presentó solo hasta el 19 de diciembre de 2018, operando indiscutiblemente dice el Juzgado el fenóm eno jurídico de caducidad, pues entre la notificación del auto admisorio de reconocimiento y la presentación de la demanda, se superó ampliamente el término de 4 meses de que trata la ley 1437 de 2011 en su Art.164 numeral 2° Literal d). Ahora bien, dice

caducidad, pues entre la notificación del auto admisorio de reconocimiento y la presentación de la demanda, se superó ampliamente el término de 4 meses de que trata la ley 1437 de 2011 en su Art.164 numeral 2° Literal d). Ahora bien, dice el Juzgado, la parte actora pretende también la nulidad del oficio de fecha 9 de agosto de 2018, por medio de la cual el ente territorial niega la petición a través de la cual solicita el reajuste de las cesantías definitivas reconocidas en la resolución

1 El proceso en un primer momento se repartió al Juzgado Civil del Circuito de Lérida, sin embargo, en audiencia de audiencia de 26 de agosto de 2019, lo remitió a los Juzgados Administrativo de Ibagué por competencia.Radicado: 11001-03-15-000-2022-01339-01

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2 No. 251 del 17 de mayo de 2017, sin embargo, dice el Juzgado, es claro que dicha petición no es válida para revivir el término para demandar el acto definitivo”.

Finalmente, manifestó que contra la anterior decisión interpuso recurso de reposición y en subs idio de apelación, de los cuales solo se concedi ó el segundo porque el primero era improcedente. El Tribunal Administrativo del Tolima en proveído de 19 de agosto de 2021, confirmó íntegramente la decisión , bajo los mismos argumentos.

2. Fundamentos de la acción

porque el primero era improcedente. El Tribunal Administrativo del Tolima en proveído de 19 de agosto de 2021, confirmó íntegramente la decisión , bajo los mismos argumentos.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso , de acceso a la administración de justicia y a la igualdad, supuestamente vulnerados por el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Ibagué , con los autos de 19 de agosto de 2021 y de 16 de diciembre de 2019 , en su orden, en l os que se rechazó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho por configurarse la caducidad.

Sostuvo que las autoridades judiciales incurrieron en defecto fáctico, pues no se tuvo en cuenta que lo solicitado en la demanda eran derechos laborales, que están protegidos constitucionalmente y en el Código Sustantivo del Trabajo, por lo que “no se le p uede aplicar la caducidad administrativa, pues se debe tener en cuenta la prescripción de sus derechos laborales contenidos en la ley laboral que es de 3 años y no la caducidad que trae el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, ya que sería inconstitucional a la protección del derecho al trabajo, el derecho a los trabajadores y al debido proceso que es el aplicable en este caso en materia de prescripción en lo laboral y no de caducidad, pues las normas laborales son en este caso las que favorecen al trabajador y no las normas administrativas que lo desfavorecen, pues a pesar de que se está tramitando la reclamación de sus derechos laborales mediante el

no de caducidad, pues las normas laborales son en este caso las que favorecen al trabajador y no las normas administrativas que lo desfavorecen, pues a pesar de que se está tramitando la reclamación de sus derechos laborales mediante el procedimiento administrativo, las normas que se le deben aplicar favora blemente son las normas laborales en cuanto a la prescripción de sus derechos, (la demanda fue presentada dentro de los 3 años, es decir sin que estuviere prescrito los derechos laborales ni la acción para demandar)”.

Agregó que sus pretensiones tienen su stento en la sentencia C-745 de 1999 de la Corte Constitucional2, la cual establece que la prescripción de los derechos laborales de los servidores públicos es de 3 años.

Resaltó que el Departamento Administrativo de la Función Pública mediante concepto 86841 de 18 de marzo de 2019, dispuso que l a prescripción de los derechos de los empleados públicos es , por regla general, de tres años contados a partir de la fecha en que se haya hecho exigible la obligación.

De otro lado, indicó que la S ección S egunda del Consejo de Estado ha considerado que “los derechos laborales son imprescriptibles. No obstante, el legislador ha previsto la prescripción extintiva respecto de las acciones que emanan de esos derechos, con el propósito constitucional de salvaguardar la seguridad jurídica en relación con litigios que han de someterse a la jurisdicción”.

Por último, manifestó que en su caso se debieron aplicar las normas laborales con respecto a la prescripción que es de tres años y no a la caducidad administrativa.

Por último, manifestó que en su caso se debieron aplicar las normas laborales con respecto a la prescripción que es de tres años y no a la caducidad administrativa.

2 M.P.: Alejandro Martínez Caballero.Radicado: 11001-03-15-000-2022-01339-01

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3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formuló la siguiente:

“Solicito se ordene revocar las decisiones proferidas por el señor Juez Tercero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué y por el Tribunal Administrativo del Tolima dentro del proceso refer ido y en su lugar ordenar que se admita la demanda, tutelando los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, derechos laborales y demás derechos fundamentales que le están siendo vulnerados al demandante que represento”.

4. Pruebas relevantes

En correo electrónico de 4 de marzo de 2022, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Ibagué allegó el expediente digital No. 73001-33-33-003-201900337-01, que contiene las actuaciones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por el señor Jorge Olarte contra el municipio de Lérida.

5. Trámite procesal

Por auto de 1 de marzo de 2022, la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó n otificar a la parte demandante y a

de Lérida.

5. Trámite procesal

Por auto de 1 de marzo de 2022, la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó n otificar a la parte demandante y a las autoridades judiciales accionadas, así como al municipio de Lérida.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Ibagué

En escrito de 4 de marzo de 2022, la juez titular del despacho solicitó que negaran las pretensiones de la acción de tutela, al no evidenciarse los derechos fundamentales alegados por los demandantes.

Agregó que de acuerdo con lo plasmado en el auto que rechazó la demanda por caducidad del medio de control, se e videnció que la decisión no fue tomada arbitrariamente ni de manera caprichosa, sino que fue producto de un e studio juicioso de la demanda y sus anexos, así como las normas aplicables y los referentes jurisprudenciales que allí mismo fueron citados.

6.2. El Tribunal Administrativo del Tolima y el municipio de Lérida, guardaron silencio a un cuando fueron debidamente notificados del auto admisorio de la acción de tutela.

7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Est ado por sentencia de 4 de abril de 2022, declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional.

Afirmó que de la revisión del escrito de tutela comprobó que la parte actora no

abril de 2022, declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional.

Afirmó que de la revisión del escrito de tutela comprobó que la parte actora no cumplió con la carga argumentativa necesaria para determinar los motivos por los cuales este asunto tenía tra scendencia constitucional y, además , que pretendió revivir un debate propio del juez natural, tal como lo es el cómputo y aplicación de las reglas sobre la oportunidad de presentar demanda ante el juez de lo contencioso administrativo, esto es, la caducidad.

Indicó que el accionante no cumplió con la carga argumentativa mínima para encuadrar su reparo en una causal específica de tutela contra providencia judicial, ni d eterminar la vulneración de derechos fundamentales, pues en el escrito de tutela, no se evidencia explicación alguna sobre la relevancia de la controversiaRadicado: 11001-03-15-000-2022-01339-01

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4 para el juez de tutela, ni la justificación sobre la necesidad de que este interviniera en la controversia ya resuelta por el juez natural del asunto.

Finalmente, manifestó que la presentación simple de las discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia dicha decisión , no da por cumplido el requisito que se debe declarar , ad emás que lo solicitado en la

Finalmente, manifestó que la presentación simple de las discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia dicha decisión , no da por cumplido el requisito que se debe declarar , ad emás que lo solicitado en la demanda de tutela pretende es reabrir el debate jurídico y someterlo a una instancia adicional.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el accionante impugnó la sentencia de primera instancia y solicit ó que se revocara para que se accediera al amparo solicitado.

Afirmó que el presente asunto goza de importancia constitucional, pues el análisis que se hizo en la sentencia impugnada fue de carácter subjetivo, además que no tuvo en cuenta que de por medio estaban derechos fundamentales y normas de naturaleza laboral.

Agregó que en el escrito de tutela se explicó claramente las razones y argumentos jurídicos de relevancia de la controversia, con el fin de demostrar la vio lación de los derechos fundamentales del accionante, pues no se trata de asuntos de mera legalidad sino de trascendencia constitucional.

Resaltó que la solicitud de amparo se presentó con el fin de amparar derechos fundamentales al d ebido proceso y de acceso a la administración de justicia, que se violaron por la falta de aplicación de las normas laborales, “eso no implica que se esté convirtiendo en una instancia adicional, pues la acción de tutela con respecto a la protección al debido proceso y al acces o a la administración de justicia, es una acción constitucional y no puede el Juez constitucional en este

se esté convirtiendo en una instancia adicional, pues la acción de tutela con respecto a la protección al debido proceso y al acces o a la administración de justicia, es una acción constitucional y no puede el Juez constitucional en este caso el Consejo de Estado eludir el estudio de aplicación de las normas laborales con el pretexto de que se estaría desviando su naturaleza de la tute la convirtiéndola en una instancia adicional, pues este concepto no tiene ninguna respaldo legal ni jurídico y solo se trata de una interpretación de la sala que no soporta desvirtuar el amparo de los derechos fundamentales solicitados”.

Indicó que el sus tento de la acción de tutela que fue la aplicación de normas administrativas con respecto a la caducidad, cuando lo procedente era la verificación d el término de prescripción que consagra las normas laborales, se explicó jurídicamente para que se tutelara el debido proceso en el sentido de que aplicaran las normas del derecho laboral.

Insistió en que la solicitud de amparo cumplió con la carga argumentativa mínima para encuadrar su reparo en una causal específica de tutela contra providencia judicial y det erminó la vulneración de los derechos fundamentales que esa inconformidad generaba.

Por último, manifestó que las diferencias interpreta tivas entre el demandante y el juez natural si constituye la justificación para q ue el j uez de tu tela revise las decisiones del j uez ordinario, pues no se trata de la presentación de simples discrepancias, sino de la falta de aplicación de las normas de naturaleza laboral por parte de las autoridades judiciales accionadas lo que tiene trascendencia constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2022-01339-01

Demandante: JORGE OLARTE

por parte de las autoridades judiciales accionadas lo que tiene trascendencia constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2022-01339-01

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente p ara decidir la presente impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si debe revocar la sentencia de 4 de abril de 2022, dictada por la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción de tutela por falta de relevancia constitucional , y si verificado el cumplimiento de los restantes requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, el Tribunal Administrativo de l Tolima y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Ibagué, en los autos de 19 de agosto de 2021 y de 16 de diciembre de 2019, en su orden, vulner aron los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la admini stración de justicia y a la igualdad , al supuestamente no aplicar por favorabilidad el termino de tres años establecido

16 de diciembre de 2019, en su orden, vulner aron los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la admini stración de justicia y a la igualdad , al supuestamente no aplicar por favorabilidad el termino de tres años establecido para la prescripci ón de derechos labores, en vez de los cuatro meses dispuesto s en el numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonom ía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones3.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a definir cuándo un asunto pr esenta relevancia constitucional, partiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de 20054, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevancia constitucional qu e conlleva la improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C -590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisi ones judiciales, fijó las

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C -590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisi ones judiciales, fijó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional5.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, c omo criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

3 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 4 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa. 5 la Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.Radicado: 11001-03-15-000-2022-01339-01

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6 Esta Sala 6, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

1. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela

procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

1. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no pue de utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

1. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonab le la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales .

Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra pr ovidencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

1. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expecta tiva de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

1. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

1. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusad a. Por

proponerse ante el juez natural.

1. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusad a. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dic tan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si en cada caso concreto se cumple esta condición de ap licación, condiciones que, en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. A juicio del demandante, el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Ibagué, en los autos de 19 de agosto de 2021 y de 16 de diciembre de 2019, en su orden, vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad, al supuestamen te no aplicar por favorabilidad el termino de tres años

6 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 11001-03-15-000-2022-01339-01

igualdad, al supuestamen te no aplicar por favorabilidad el termino de tres años

6 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 11001-03-15-000-2022-01339-01

Demandante: JORGE OLARTE

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7 establecido para la prescripción de derechos labores, en vez de los cuatro meses dispuestos en el numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

La Sección Tercera, Subsección “B ” del Consejo de Estado en sentencia de 4 de abril de 2022, declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional, toda vez que no cumplió con la carga argumentativa mínima y se utilizó como una instancia adicional.

En el escr ito de impugnación el accionante afirmó que el asunto goza de relevancia constitucional, pues con las providencias objetadas se desconoció que en el presente caso estaban de por medio derechos laborales, razón por la cual al analizar la caducidad s e le debió aplicar el término de tres años establecida para la prescripción de derechos laborales y no la de cuatro meses prevista en el numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

4.2. Previo a cualquier análisis, la Sala coincide con la sentencia impugnada, en que en el presente asunto la acción de tutela se torna improcedente porque no cumple el requisito de la relevancia constitucional, tal como se expone a continuación:

que en el presente asunto la acción de tutela se torna improcedente porque no cumple el requisito de la relevancia constitucional, tal como se expone a continuación:

4.2.1. El señor Jorge Olarte presentó demanda ordinaria laboral contra el municipio de Lérida, con el fin de que se cancelara la totalidad de las cesantías definitivas que no fueron liquidadas por la entidad territorial en la Resolución No. 251 de 17 de mayo de 2017, además que se le pagaran los intereses moratorios correspondientes al 3 de febrero de 1992 hasta el 30 de marzo de 2017 , así como la indexación o corrección monetaria de los valores adeudados y la indemnización moratoria causada durante el mismo periodo.

El proceso, en un pri mer momento, se repartió al Juzgado Civil del Circuito de Lérida, que por auto dictado en audiencia de 26 de agosto de 2019, ordenó remitir por competencia el asunto a los Juzgados Administrativos de Ibagué.

En vista de lo anterior, el proceso le correspondió al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Ibagué, qu e por auto de 23 de septiembre de 2019, requirió al accionante para que en el término de cinco días adecuara la demanda y el poder otorgado a su abogado, sin embargo, la parte actora guardó silencio.

El Juzgado Tercero Administrati vo del Circuito de Ibagué en proveído de 15 de octubre de 2019, inadmitió la demanda, toda vez que no se adecu ó la demanda ni el poder, no aportó copia en archivo de datos ni informó la dirección de buzón de correo electrónico de las entidades demandadas. Por consiguiente, le otorgó al

octubre de 2019, inadmitió la demanda, toda vez que no se adecu ó la demanda ni el poder, no aportó copia en archivo de datos ni informó la dirección de buzón de correo electrónico de las entidades demandadas. Por consiguiente, le otorgó al actor el término de diez días para que corrigiera los defectos.

Por lo anterior, en escrito radicado el 30 de octubre de 2019, el demandante subsanó la demanda, sin embargo, e l Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Ibagué por auto de 16 de diciembre de 2019 la rechazó, al constatar que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho estaba caducado, pues i) el actor gozó de una vinculación legal y reglamentaria con la entidad territorial demandada, es d ecir, había certeza de que existió un vínculo laboral y ii) que la Resolución No. 251 de 17 de mayo de 2017 , mediante la cual se liquid aron las cesantías definitivas se notificó personalmente el 17 de mayo de 2017, por lo que el plazo de los cuatro (4) mes es culminó el 18 de septiembre de 2017 , mientras que el medio de control se presentó el 19 de diciembre de 2018.

Agregó que el demandante atacó la legalidad del oficio de 9 de agosto de 2018, por medio del cual la parte demandada negó la petición tendient e al reajuste deRadicado: 11001-03-15-000-2022-01339-01

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8 las cesantías definitivas reconocidas en la Resolución No. 251 de 17 de mayo de 2017, sin embargo, precisó que dicha solicitud no era válida para revivir términos.

El accionante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación . El primero se rechazó por improcedente y el segundo se concedió. En este último, expuso que no se le debió aplicar el término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que “lo que esta demandado son los derechos laborales del ex trabajador, que están protegidos constitucionalmente y en el Código Sustantivo Laboral Colombiano en armonía con el Código de Procedimiento Laboral, por tal circunstancia, la caducidad o prescripción de sus derechos laborales a aplicar so n los contenidos en la Ley Laboral que es de 3 años y no la caducidad que trae el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ya que sería inconstitucional a la protección del derecho al trabajo y a los trabajadores y al debi do proceso que es el aplicable en este caso en materia de caducidad las normas laborales que son las que lo favorecen y no las normas administrativas que lo desfavorecen, pues a pesar de que está tramitando la reclamación de sus derechos laborales mediante el procedimiento administrativo, las normas que se deben aplicar favorablemente son las normas laborales en cuanto a la caducidad de sus derechos”.

que está tramitando la reclamación de sus derechos laborales mediante el procedimiento administrativo, las normas que se deben aplicar favorablemente son las normas laborales en cuanto a la caducidad de sus derechos”.

Igualmente, manifestó que su alegato tiene respaldo en la sentencia C -745 de 1999 de la Corte Constitucion al y en el concepto No. 86841 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública.

El Tribunal Administrativo del Tolima por auto de 19 de agosto de 2021, confirmó la decisión de primera instancia. Inicialmente, explicó la diferencia entre caducidad y prescripción, en la que resaltó que aquella hace referencia a la oportunidad con la que cuenta el interesado para acudir a la jurisdicción, mientras que esta hace relación con el derecho que se pretende reclamar. En segundo lugar, al analizar el caso concreto, indicó que el actor pretendía la nulidad de la Resolución No. 251 de 17 de mayo de 2017 y del oficio de 9 de agosto de 2018 , para lo cual, precisó que el primero fue el acto administrativo que consolidó una situación jurídica al accionante.

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