CE - 110010315000202201504001SENTENCIA20220405202014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., primero (1°) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202201504-00

Actor: Javier Camilo Forero Rodríguez Demandados: Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura y

Fiscalía General de la Nación

Tema: Acción de tutela por registro de procesos judiciales en la página de la

Rama Judicial

Derechos Fundamentales Invocados: i) Buen nombre, ii) trabajo y iii) honra

Derecho Fundamental Amparado: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el actor contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación , porque, a su juicio, al encontrarse registrados en la página web de Consulta de Procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial “[…] procesos que parece (sic) en mi contra […]”, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.2

Núm. único de radicación: 110010315000202201504-00

Actor: Javier Camilo Forero Rodríguez

I.ANTECEDENTES La solicitud

1. El actor, en nombre propio , presentó solicitud de tutela contra la Nación –

Núm. único de radicación: 110010315000202201504-00

Actor: Javier Camilo Forero Rodríguez

I.ANTECEDENTES La solicitud

1. El actor, en nombre propio , presentó solicitud de tutela contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación, porque, a su juicio, al encontrarse registrados en la página web de Consulta de Procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial “[…] procesos que parece (sic) en mi contra […]”, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,

en síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que, “[…] tuve diferentes procesos de (sic) ante la rama y de los cuales ya se encuentran cerrados o archivados […]”, sin embargo, “[…] al consultar en la pagina (sic) de la rama judicial me aparecen los procesos […]”.

4. Expuso que, tiene un contrato laboral con la empresa IT-XPRESS S.A.S., no obstante, precisó que le inform aron por escrito que “[…] me es negado el ingreso al cliente que se me tiene delegado por solicitud del mismo cliente toda vez, que el cliente manifiesta que tengo antecedentes y procesos de los cuales fueron consultados en la página y que una vez no se borren no es permitido el ingreso

[…]”.

5. Advirtió que , “[…] producto de los (sic) mencionado con anterioridad la empresa me manifiesta que de no poder solucionar el problema esta se verá en la obligación de cancelación del contrato al no poder cumplir con las obligaciones para el (sic) cual (sic)fui contratado […]”.3

empresa me manifiesta que de no poder solucionar el problema esta se verá en la obligación de cancelación del contrato al no poder cumplir con las obligaciones para el (sic) cual (sic)fui contratado […]”.3

Núm. único de radicación: 110010315000202201504-00

Actor: Javier Camilo Forero Rodríguez

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela: “[…] Tutelar el derecho fundamental a la honra y al trabajo en consecuencia:

1. Ordenar a la rama judicial que de la pagina (sic) se borre los procesos que parece (sic) en mi contra.

2. Ordenar a la fiscalía y a los juzgados de los que aparece relacionado se expida certificado de que no se cuenta con antecedentes y que no cuento con procesos pendientes […]”.

7. Como fundamento de su solicitud el actor manifestó lo siguiente:

“[…] De acuerdo con lo anterior, ponen en grave riesgo mi trabajo y amenazan de manera grave mi derecho a la honra y al trabajo, consagrado por la Constitución Política de Colombia como un Derecho Fundamental […]”.

[…]

“[…] Por todo lo anterior considero que se está violando el DERECHO FUNDAMENTAL A LA HONRA, BUEN NOMBRE Y AL TRABAJO, de que trata el artículo 15,21 Y 25 de nuestra Carta Magna por medio del cual me está impidiendo realizar mi ejercicio laboral y está vuln erando mi buen nombre toda vez que a la fecha en ninguno de los procesos que aparece obtuvo fallo en mi contra […]”.

Actuación

8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 11 de marzo de 2022 , i)

fecha en ninguno de los procesos que aparece obtuvo fallo en mi contra […]”.

Actuación

8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 11 de marzo de 2022 , i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar al Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, al Director Ejecutivo de Administración Judicial – DEAJ, al Director de la Unidad Centro de Documentación Judicial – CENDOJ y al Fiscal General de la Nación ; y iii) vinculó, en calidad de terceros con inter és legítimo, al Juzgado 010 de Familia de Bogotá, al Juzgado 001 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, al Juzgado 002 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogot á y a IT -XPRESS S.A.S. , concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.4

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Actor: Javier Camilo Forero Rodríguez

Intervención de la parte demandada y de los terceros con interés legítimo

9. El Centro de Documentación Judicial – CENDOJ solicitó su desvinculación al considerar que “[…] no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por el accionante, toda vez que no adelantó los procesos judiciales ni realizo (sic) el registro de las actuaciones procesales en el sistema, que como ya se indico (sic) es competencia exclusiva de los despachos judiciales […]”.

9.1. Al respecto, señaló que:

“[…] El Centro de Documentación Judicial -CENDOJ, del Consejo Superior de la

sistema, que como ya se indico (sic) es competencia exclusiva de los despachos judiciales […]”.

9.1. Al respecto, señaló que:

“[…] El Centro de Documentación Judicial -CENDOJ, del Consejo Superior de la Judicatura es administrador del portal Web www.ramajudicial.gov.co de la Rama Judicial y tiene la responsabilidad de garantizar el espacio para la publicación de la información administrativa y judicial producida por las diferentes dependencias de la Rama Judicia l, de conformidad con el Acuerdo PSAA11 -9109 de 2011.

De otra parte la Consulta Nacional Unificada de procesos , integra información de las versiones cliente servidor y web del sistema de información judicial Justicia XXI que es administrada por de (sic) la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de conformidad con los Acuerdos 15 91 del 2002 y PSAA1410215.

La información publicada en la Consulta de Procesos Nacional Unificada de la página Web www.ramajudicial.gov.co es un reflejo de lo incluido directamente por los despachos y corporaciones judiciales, que para el caso de los r egistros relacionados con el accionante se visualiza de la siguiente manera:

1. Al realizar la búsqueda con el nombre del accionante, señor JAVIER CAMILO FORERO RODRÍGUEZ, se generaron los siguientes resultados […]”.

[…]

“[…] 2. Dentro de lo cinco resultados que se refieren uno pertenece a la actual acción constitucional5

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Actor: Javier Camilo Forero Rodríguez

acción constitucional5

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Actor: Javier Camilo Forero Rodríguez

3. Ahora bien, en los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá al realizar la búsqueda con el número de identificación del accionante y su nombre, NO aparece registro alguno […]”.

[…]

“[…] Ahora bien, es preciso advertir que la información de consulta de procesos del sistema Justicia Siglo XXI, es un “ registro de actuaciones judiciales” que tiene como finalidad dar publicidad y facilitar la consulta de los usuarios de la administración de justicia, en cumplimiento del artículo 2281 de la Constitución Política y artículos 2 y 7 de la Ley 1712 de 2014 sobre la Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, y que de ninguna manera constituye antecedentes penales y/o disciplinarios , pues conforme el artículo 248 de la Constitución Política, únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de a ntecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales.

Al respecto, vale la pena citar la sentencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de Bogotá, radicado Tutela 2017 -01059, Magistrada ponente doctora Elka Venegas Ahumada:

“(…) el sistema de consulta de procesos no contiene una base de datos de información personal de sujetos, en la medida que se trata de un aplicativo que maneja referencias de expedientes judiciales, con la finalidad de que los us uarios de los distintos despachos puedan acceder al estado de aquellos.

(…)

información personal de sujetos, en la medida que se trata de un aplicativo que maneja referencias de expedientes judiciales, con la finalidad de que los us uarios de los distintos despachos puedan acceder al estado de aquellos.

(…)

Entonces el aplicativo de consulta de procesos tiene como función específica mantener informados a los usuarios de la Rama Judicial de las actuaciones que se producen en desarrol lo de la obligación del Estado de administrar justicia, sin que por ello pueda ser considerado como un medio de consulta de antecedentes penales de quienes intervienen en esos expedientes […]”.

[…]

“[…] Atendiéndose las disposiciones y jurisprudencia en cita, concluye esta Sala que la información que el actor pretende que se oculte no guarda relación alguna con una base de datos personal, pues el sistema de “consulta de procesos” tiene por objeto enterar a los usuarios de la administración de justicia sobre las distintas actuaciones y decisiones que se presentan en los diferentes expedientes judiciales, motivo por el cual no es posible concluir vulneración del derecho fundamental del habeas (sic) data ni de las garantías de autodeterminación informática y caducidad de la información negativa que de aquel surgen” […]”.

[…]

“[…] Vale la pena informar que en el Acuerdo PSAA14 -10279: “Por el cual se aprueban las políticas y procedimientos de Seguridad de la I nformación para la Rama Judicial” artículo 2 numeral 26; y la Circular DEAJC19 -9: “Cumplimiento política tratamiento de datos personales y de la información Ley 1581 de 2012”, se ha reglamentado sobre la protección de datos personales en la Rama Judicial […]”.

[…]6

Núm. único de radicación: 110010315000202201504-00

ha reglamentado sobre la protección de datos personales en la Rama Judicial […]”.

[…]6

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Actor: Javier Camilo Forero Rodríguez

“[…] No sobra indicar que el CENDOJ, no tiene usuario, permisos, facultad, ni competencia para registrar, diligenciar o modificar información en el sistema de gestión procesal en la consulta de procesos nacional unificada […]”.

10. La Fiscalía General de la Nación solicitó su desvinculación al considerar que “[…] las pretensiones del accionante fueron resueltas, configurándose la carencia de objeto por hecho superado […]”.

10.1. Señaló que: “[…] consultados los sistemas misionales de la Fiscalía General de la Nación SPOA y SIJUF a nivel nacional, con el nombre de JAVIER CAMILO FORERO RODRÍGUEZ, identificado (a) con cedula (sic) de ciudadanía No. 80.902.372, aparecen los siguientes registros […]”.

[…]

“[…] Ahora bien, en referencia a la solicitud de modificación/eliminación de datos en los sistemas misionales SPOA y SIJUF, que reposan en la entidad, no es posible predicar el “derecho al olvido” sobre los datos contenidos en la base de datos ya mencionada […]”.

[…]

“[…] En el sub lite, el accionante no cuestiona la veracidad y actualización de los datos reportados en el SPOA, pues, de acuerdo con su dicho y lo señalado con anterioridad, en éste aparece la anotación de que la actuación penal que se adelantó en su contra está inactiva.

datos reportados en el SPOA, pues, de acuerdo con su dicho y lo señalado con anterioridad, en éste aparece la anotación de que la actuación penal que se adelantó en su contra está inactiva.

Requiere, en cambio, que se elimine la totalidad del registro de la actuación, lo cual no es viable, pues, la conservación de esa información obedece a un fin constitucionalmente legítimo, esto es, mantener un repor te de todos los asuntos donde el Estado a través del órgano de persecución ha intervenido, que tiene efectos importantes no sólo a nivel estadístico, sino que son parte de los aspectos que indudablemente se tiene en cuenta al momento de establecerse la pol ítica criminal e incluso, inciden en la adopción de políticas por parte del Estado.

Adicionalmente, el buen nombre, el hábeas data y la honra, no son gracias absolutas, pues, no obstante, su protección constitucional, los ciudadanos no pueden evitar la recolección y el manejo de ese tipo de información de interés general, salvo que no sea veraz, completa o desactualizada, circunstancias estas últimas que no son cuestionadas por el demandante, ya que el mismo coincide con las entidades accionadas en que c iertamente la investigación que cursó en su contra precluyó a su favor.

6.3. Con esto, aunque es cierto que las anotaciones del SPOA representan datos negativos, pues, en su caso, permite asociarlo con la existencia de un proceso penal en calidad de indiciado, no puede perderse de vista que tal registro es veraz en el sentido de señalar que la investigación está inactiva y, además, no constituye un antecedente penal.”

Lo anterior se aplica también a las anotaciones incluidas en el SPOA y SIJUF, pues

en el sentido de señalar que la investigación está inactiva y, además, no constituye un antecedente penal.”

Lo anterior se aplica también a las anotaciones incluidas en el SPOA y SIJUF, pues en el cumplimiento de la misión de la Fiscalía General de la Nación tiene una especial relevancia la información de las investigaciones adelantadas e incluso de aquellas concluidas.7

Núm. único de radicación: 110010315000202201504-00

Actor: Javier Camilo Forero Rodríguez

Es de advertir que SAGITARIO es un documento interno de trabajo que maneja la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, respecto a WATSON es una herramienta tecnológica de inteligencia artificial que permite realizar búsquedas por patrones y parámetros determinados, en este orden de ideas es importante precisar que no es viable realizar consulta en Sagitario ni en WATSON ya que éstos no revisten las características de una base de datos que permita atender la naturaleza de su petición, como si (sic) ocurre con SPOA y SIJUF.

Así mismo, se indica que la información otorgada debe ser manejada de acuerdo con los principios rectores del artículo 4 del Título II de la Ley 1581 de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”, señalando que la Entidad no se hace responsable por el uso indebido que haga de la misma ante terceros […]”.

11. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá señaló que carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, “[…] Luego de haberse verificado los hechos que dan origen a la presente acción de

11. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá señaló que carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, “[…] Luego de haberse verificado los hechos que dan origen a la presente acción de tutela se encuentra que no es injerencia de esta Seccional pronunciarse sobre los hechos de la misma teniendo en cuenta que la (sic) accionante NO laboró en ninguna dependencia a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de

Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas DESAJ […]”.

11.1. Manifestó que:

“[…] Ahora bien, es preciso reiterar que la información de consulta de procesos del sistema Justicia XXI, es un “registro de actuaciones judiciales” que tiene como finalidad dar publicidad y facilitar la consulta de los usuarios de la administración de justicia, en cumplimiento del artículo 2281 de la Constitución Política y artículos 2 y 7 de la Ley 1712 de 2014 sobre la Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, y que de ninguna manera constituye antecedentes penales y/o disciplinarios, pues conforme el artículo 248 de la Constitución Política, únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales […]”.

12. El Presidente del Consejo Superior de la Judicatura , el Director Ejecutivo de Administración Judicial – DEAJ, el Juzgado 010 de Familia de Bogotá, el Juzgado 001 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, el Juzgado 002 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y la sociedad ITAdministración Judicial – DEAJ, el Juzgado 010 de Familia de Bogotá, el Juzgado 001 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, el Juzgado 002 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y la sociedad ITXPRESS S.A.S. guardaron silencio en esta oportunidad procesal.8

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Actor: Javier Camilo Forero Rodríguez

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19911, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 2021 2 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de di ciembre de 20183 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 4, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

14. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

15. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

16. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 2 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 3 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 4 Reglamento Interno del Consejo de Estado.9

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Actor: Javier Camilo Forero Rodríguez

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su au torización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”.

17. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T -1001 de 30 de noviembre de 20065, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva

en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se q uiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[6]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, baj o ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es

5 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es

5 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería. 6 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562 de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.10

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Actor: Javier Camilo Forero Rodríguez

el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”.

18. La Sala advierte que el Centro de Documentación Judicial – CENDOJ, la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá solicitaron su desvinculación, por cuanto, a su juicio, carece n de legitimación en la causa por pasiva.

19. Al respecto, es preciso indicar que el Centro de Documentación Judicial – CENDOJ y la Fiscalía General de la Nación fueron notificados en calidad de demandados, en la medida en que constituyen las entidades responsables de las bases de datos frente a las cuales el actor presentó la solicitud de amparo, razón por la cual, resulta necesario q ue frente a ellas se efectué un estudio de fondo de la acción de tutela de la referencia.

20. Ahora bien, en cuanto a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, la Sala advierte que dicha entidad fue vinculada al proceso de

la acción de tutela de la referencia.

20. Ahora bien, en cuanto a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, la Sala advierte que dicha entidad fue vinculada al proceso de tutela de la referencia como tercero con interés, en la medida en que de los anexos allegados con el escrito de tutela, se observa que uno de los registros que cuestiona el actor realizados en el sistema de Consulta de Procesos Nacional Unificada de la Rama Judic ial corresponde a esa entidad , es decir que a dicha entidad le asiste interés en el resultado del proceso de la referencia.

21. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que al Centro de Documentación Judicial – CENDOJ, a la Fiscalía General de la Nación y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá les asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala profiera.

22. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva alegada respecto de l Centro de Documentación Judicial – CENDOJ, de la Fiscalía General de la Nación y de la

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá.11

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Actor: Javier Camilo Forero Rodríguez

Problema jurídico

23. En el caso sub examine , corresponde a la Sala establecer si se debe n proteger los derechos fundamentales al b uen nombre, al trabajo y a la honra invocados por el actor , los cuales considera vulnerado s por la Nación – Rama

23. En el caso sub examine , corresponde a la Sala establecer si se debe n proteger los derechos fundamentales al b uen nombre, al trabajo y a la honra invocados por el actor , los cuales considera vulnerado s por la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación , con ocasión del regis tro que aparece en el sistema de Consulta de Procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial de procesos iniciados en su contra.

24. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al buen nombre, ii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo, iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la honra ; procediendo posteriormente a iv) resolver el caso concreto.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al buen nombre

25. Visto el inciso primero del artículo 15 de la Constitució n Política de

Colombia de 1991, que establece que:

“[…] Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre e llas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas […]”.

26. Atendiendo a que la Corte Constitucional7 ha entendido que el derecho al buen nombre es “[…] un derecho personalísimo toda vez que hace referencia directa a las valoraciones qu e tanto individual como colectivamente se hagan de una persona. Este derecho está atado a todos los actos y hechos que una persona realice para que a través de ellos la sociedad haga un juicio de valor

directa a las valoraciones qu e tanto individual como colectivamente se hagan de una persona. Este derecho está atado a todos los actos y hechos que una persona realice para que a través de ellos la sociedad haga un juicio de valor sobre la real dimensión de bondades, virtudes y defect os los cuales a través de su existencia muestra como crédito una persona […]”.

7 Corte Constitucional, Sentencia T-482 de 20 de mayo de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.12

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Actor: Javier Camilo Forero Rodríguez

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo

27. Visto el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que

establece que:

“[…] El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas […]”.

28. Ahora bien, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental al trabajo

ha dicho lo siguiente8:

“[…] En repetidas ocasiones la Corte ha sostenido que el derecho al trabajo es un derecho fundamental consagrado como principio rector del Estado social de derecho y como objetivo primordial de la organización política. Al ser fundamental el derecho al trabajo debe ser reconocido como un atributo inalienable de la personalidad jurídica; un derecho inherente al ser humano que lo dignifica en la medida en que a través de él la persona y la sociedad en la que el la se desenvuelve logran su perfeccionamiento. Sin el ejercicio de ese derecho el individuo no podría existir dignamente, pues es con el trabajo que se proporciona los medios indispensables para su congrua subsistencia y además desarrolla su

desenvuelve logran su perfeccionamiento. Sin el ejercicio de ese derecho el individuo