CE - 110010315000202201868001SENTENCIA20220509082500

Radicado: 11001-03-15-000-2022-01868-00

Demandante: Carlos Helí Moreno Pinzón y otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-01868-00

Demandante: CARLOS HELÍ MORENO PINZÓN Y LUZ MILA SANTAMARIA

TORRES

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, que denegó reconocimiento de pensión de sobrevivientes. Falta de relevancia constitucional, cuando se usa la acción de tutela para modificar los argumentos planteados en el proceso ordinario. No se probó la indebida aplicación de la sentencia de unificación del 18 de abril de 2018, dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por los señores Carlos Helí Moreno Pinzón y Luz Mila Santamaria Torres contra el Tribunal Administrativo del Meta.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

1.1. En ejercicio de la acción de tutela , mediante apoderada judicial, los señores Carlos

y Luz Mila Santamaria Torres contra el Tribunal Administrativo del Meta.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

1.1. En ejercicio de la acción de tutela , mediante apoderada judicial, los señores Carlos Helí Moreno Pinzón y Luz Mila Santamaria Torres pidieron la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración d e justicia y a la seguridad social, que estimaron vulnerados por la sentencia del 25 de noviembre de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo del Meta. En concreto, formularon la s siguientes pretensiones:

PRIMERA. Concédase a los accionantes el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y de acceso a la administración de justicia vulnerados por el Tribunal Administrativo del Meta dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 50001333300420170000101.

SEGUNDA. Déjese sin efectos la sentencia del 25 de noviembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta en dicho proceso, en cuanto confirmó la sentencia del Juzgado Cuarto Administrativo de Villavicencio, que negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a partir del día siguiente al fallecimiento del auxiliar de policía Carlos Moreno Santamaría.

TERCERA. En su lugar, ordénese al Tribunal Administrativo del Meta que, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación del fallo de tutela, revoque íntegramente la sentencia del 30 de septiembre de 2019 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Villavicencio en dicho proceso ordinario y, en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda, esto es , al reconocimiento pensional a partir del día siguiente a la muerte del auxiliar Moreno Santamaría.

Villavicencio en dicho proceso ordinario y, en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda, esto es , al reconocimiento pensional a partir del día siguiente a la muerte del auxiliar Moreno Santamaría.

2. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:Radicado: 11001-03-15-000-2022-01868-00

Demandante: Carlos Helí Moreno Pinzón y otro

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2.1. En mayo de 2014, el señor Carlos Moreno Santamaría ingresó como auxiliar de policía regular. El 25 de abril de 2015, falleció a causa de una herida de bala que le proporcionó otro conscripto mientras prestaban servicio de guardia en la Estación de Policía de Puerto Rico (Meta).

2.2. Los señores Carlos Helí Moreno y Lu z Mila Santamaría , padres del fallecido, solicitaron a la Policía Nacional el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. La entidad, mediante Oficio 73277 del 17 de junio de 2015, negó la solicitud porque el señor Moreno Santamaría no falleció en combate, sino en actos del servicio.

2.3. Por Resolución 572 del 2 de mayo de 2016, el Subdirector General de la Policía Nacional nuevamente negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, pero reconoció a favor de los demandantes el pago de la compensación por muerte.

2.4. Los señores Carlos Helí Moreno y Luz Mila Santamaría presentaron demanda de

Nacional nuevamente negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, pero reconoció a favor de los demandantes el pago de la compensación por muerte.

2.4. Los señores Carlos Helí Moreno y Luz Mila Santamaría presentaron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Policía Nacional para que se declarara la nulidad de los anteriores actos administrativos y se ordenar a el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, como beneficiarios de Carlos Moreno Santamaría.

2.5. La demanda correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo de Villavicencio, que, en fallo del 30 de septiembre de 2019, negó las pretensiones de la demanda. En concreto, estimó que si bien por favorabilidad debía aplicarse la Ley 100 de 1993 y no la norma especial, lo cierto era que no había lugar a reconocer la pensión de sobrevivientes, por cuanto el causante prestó sus servicios como auxiliar de Policía durante el término de 10 meses y 24 días, es decir, 43,4 semanas. Que, por lo tanto, no cumplía con el requisito de tiempo de afiliación de 50 semanas previsto en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, aplicable para el momento en que falleció el conscripto.

2.6. A instancias del recurso de apela ción presentado por l os demandantes, el Tribunal Administrativo del Meta, por sentencia del 25 de noviembre de 2021, confirmó la decisión de primera instancia, básicamente por las mismas razones del a quo.

3. Argumentos de la acción de tutela

3.1. De manera preliminar, l os señores Carlos Helí Moreno y Luz Mila Santamaría

de primera instancia, básicamente por las mismas razones del a quo.

3. Argumentos de la acción de tutela

3.1. De manera preliminar, l os señores Carlos Helí Moreno y Luz Mila Santamaría explicaron que la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

3.2. En cuanto al fondo del asunto, alegaron que la sentencia del 25 de noviembre de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo del Meta, vulneró los derechos fundamentales invocados por las siguientes razones:

3.2.1. Que no había lugar a aplicar el régimen general para analizar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, porque resultó menos favorable que el régimen especial para la Fuerza Pública, que está previsto justamente para casos en los que la muerte se concreta en el riesgo propio de ser soldado o policía.

3.2.2. Que, por otra parte, se transgrede el derecho fundamental a la igualdad, por el trato diferencial entre las prestaciones previstas en el Decreto 2728 de 1968 a favor de los familiares de los soldados muertos en desarrollo de actos propios del servicio y por acción del enemigo y las prestaciones previstas por el Decreto 4433 de 2004 a favor de los familiares de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares muertos en las mismas circunstancias.

3.2.3. Que ambos grupos (personal voluntario y personal conscripto) cumplen “exactamente el mismo fin constitucional y legal, y, además, sus muertes se califican con los mismos raseros (por acción directa del enemigo, en servicio y en simple actividad) ”.Radicado: 11001-03-15-000-2022-01868-00

“exactamente el mismo fin constitucional y legal, y, además, sus muertes se califican con los mismos raseros (por acción directa del enemigo, en servicio y en simple actividad) ”.Radicado: 11001-03-15-000-2022-01868-00

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Que, por tanto, no existe ninguna razón que justifique el trato discriminatorio en materia de pensión de sobrevivientes. En ese sentido, consideraron que si la muerte de un uniformado voluntario se da en misión del servicio, genera para sus beneficiarios el derecho a la pensión de sobrevivientes, sin importar el tiempo de servicio.

3.2.4. Que también resulta discriminatorio el trato que el legislador le dio a las muertes de los conscriptos ocurridas por acción directa del enemigo y las ocurridas en misión del servicio, pues mientras en el primer caso los beneficiarios tienen derecho a la pensión de sobrevivientes, en el segundo no hay lugar a dicho reconocimiento.

3.2.5. Que el tribunal “debió reconocer el derecho pensional conforme a las reglas que rigen la pensión de sobrevivientes del personal conscripto muerto por acción directa del enemigo, le corresponde al juez, de conformidad con el art. 4 CP, inaplicar el parágrafo 1 del art. 5 de la Ley 447 de 1998, en cuanto condiciona el pago de la pensión de los beneficiarios del conscripto que fallece por acción directa del enemigo hasta tanto éstos

del art. 5 de la Ley 447 de 1998, en cuanto condiciona el pago de la pensión de los beneficiarios del conscripto que fallece por acción directa del enemigo hasta tanto éstos cumplan 50 años de edad y, en su lugar, aplique, en virtud del principio constitucional de igualdad material, los arts. 27, 28 y 29 del Decreto 4433, que sí reconocen la citada prestación pensional a favor de los beneficiarios de los oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública, a partir del día siguiente de su muerte”.

3.2.6. Que, además, la providencia cuestio nada aplicó indebidamente la sentencia de unificación del 18 de abril de 2018, dictada por el Consejo de Estado, ya que el ámbito de aplicación no incluye a los conscriptos de la Policía que mueren en simple actividad, en misión del servicio y por acción directa del enemigo.

3.2.7. Que, “ pese a la claridad del alcance de la SU -010-S2, el tribunal, en Sala Plena, decidió, acogerla para resolver casos que no encajan en los supuestos fácticos de ésta (pensión de sobrevivientes de los conscriptos de la fuerza pública que fallecen en servicio) y desechó la Ley especial que regula una situación semejante (pensión de sobrevivientes de los miembros de la fuerza pública que fallecen en servicio o por acción directa del enemigo), para, en su lugar, aplicar la ley general que regula asuntos muy diferentes al caso concreto (pensión de sobrevivientes de los civiles que no pertenecen a un régimen especial) y que, expresamente, exceptuó en su alcance a las Fuerza Pública”.

4. Trámite procesal

caso concreto (pensión de sobrevivientes de los civiles que no pertenecen a un régimen especial) y que, expresamente, exceptuó en su alcance a las Fuerza Pública”.

4. Trámite procesal

4.1. Por auto del 29 de marzo de 2022, el Despacho Sustanciador admitió la demanda de tutela y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados del Tribunal Administrativo del Meta y, como tercero con interés, al Director General de la Policía Nacional.

4.2. En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría de esta Corporación practicó las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 6 de abril de 20221.

5. Intervenciones

5.1. El Jefe del Área Jurídica de la Policía Nacional solicitó que se denegaran las pretensiones, pues no se advierte la vulneración de ningún derecho fundamental de los demandantes.

5.1.1. Luego de realizar un recuento de los antecedentes que originaron la acción de tutela, señaló que los demandantes pretenden de manera equivocada que se les reconozca la pensión de sobreviviente con fundamento en la Ley 447 de 1998, porque su hijo falleció en misión del servicio, pretensión que no es procedente, habida cuenta de que esa norma solo permite el reconocimiento de dicha prestación, cuando el fallecimiento del causante fue en actos especiales del servicio, esto es, (i) en actos meritorios del servicio,

1 Índice 7 de Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2022-01868-00

Demandante: Carlos Helí Moreno Pinzón y otro

1 Índice 7 de Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2022-01868-00

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(ii) en combate o (iii) como consecuencia de la acción del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en el mantenimiento o restablecimiento del orden público.

5.1.2. Advirtió que, para superar el presunto trato discriminatorio, la jurisprudencia permitió analizar el reconocimiento de la pensión de sobreviviente a los familiares de una persona fallecida en la prestación del servicio militar obligatorio , cuando la muerte f ue en simpl e actividad o en misión del servicio, aplicando la Ley 100 de 1993.

5.1.3. Que, en ese sentido la decisión del tribunal se ajust ó a la posición jurisprudencial aplicable al caso y, por tanto, la tutela es improcedente.

5.2. El Tribunal Administrativo del Meta no intervino, pese a que, como se vio, fue notificado de la admisión de la demanda de tutela.

CONSIDERACIONES

1. De la acción de tutela contra providencias judiciales

1.1. A partir del año 2012 2, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20143, se precisó que la acción de tutela, incluso, es procedente para c uestionar providencias judiciales dictadas por el

De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20143, se precisó que la acción de tutela, incluso, es procedente para c uestionar providencias judiciales dictadas por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad.

1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una sentencia de tutela.

1.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivació n, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa de la Constitución.

1.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.

en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.

1.5. Ahora, tratándose d e tutela contra providencias judiciales proferidas por el Consejo de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de órganos de cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido un requisito adicional, consistente en « la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional»4.

2. Planteamiento y solución del problema jurídico

2.1. En los términos de la demanda de tutela, la Sala advierte que los demandantes proponen dos discusiones. Por un lado, el régimen pensional aplicable al caso de los auxiliares de policía que fallecen en actos de servicio y, de otro, la indebida aplicación de la sentencia de unificación del 12 de abril de 2018, dictada por la Sección Segunda del

2 Ver sentencia del 31 de julio de 2012. 3 Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01. 4 SU-573 de 2017.Radicado: 11001-03-15-000-2022-01868-00

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Consejo de Estado.

2.1.1. Respecto al primer asunto, la Sala advierte que no se cumple con el requisito de

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Consejo de Estado.

2.1.1. Respecto al primer asunto, la Sala advierte que no se cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues, como se verá, se trata de un argumento que no fue planteado en el proceso ordinario. El segundo argumento sí será analizado de fondo.

3. Del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto

3.1. El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

3.1.1. En ese sentido, la Corte Constitucional5 ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para d iscutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

3.1.2. De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 6, para que un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para

asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales»7. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias jud iciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar, mejorar o modificar los argumentos propuestos ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea

o modificar los argumentos propuestos ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes

5 Al respecto, ver sentencias C-590 de 2005, T-335 de 2000, T-102 de 2006, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014. 6 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 7 Ibidem.Radicado: 11001-03-15-000-2022-01868-00

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argumentos para derriba r las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

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argumentos para derriba r las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

3.1.3. En el caso concreto, la Sala advierte que, en lo que tiene que ver con el régimen pensional aplicable para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, la tutela no cumple el requisito de relevancia constitucional, por cuanto los demandantes modifican la discusión planteada en el proceso ordinario.

3.1.4. En efecto, según el recurso de apelación, la parte actora “ Manifestó que de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política, se debe inaplicar el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 447 de 1998 únicamente en cuanto condiciona el pago de la pensión de los beneficiarios del conscripto que fallece por acción directa del enemigo-que es aplicable por analogía al caso concreto en los demás requisitos -, hasta tanto, estos cumplan 50 años de edad y, en su lugar, se aplique, en virtud del principio constitucional de igualdad material, el artículo 185 del Decreto 1211 de 1990”.

3.1.5. Mientras que en el escrito de tutela señalaron que : “(…) en caso de que se reconozca el derecho pensional conforme a las reglas que rigen la pensión de

3.1.5. Mientras que en el escrito de tutela señalaron que : “(…) en caso de que se reconozca el derecho pensional conforme a las reglas que rigen la pensión de sobrevivientes del personal conscripto muerto por acción directa del enemigo, le corresponde al juez, de conformidad con el art. 4 CP, inaplicar el parágrafo 1 del art. 5 de la Ley 447 de 1998, en cuanto condiciona el pago de la pensión de los beneficiarios del conscripto que fallece por acción directa del enemigo hasta tanto éstos cumplan 50 años de edad y, en su lugar, aplique, en virtud del principio constitucional de igualdad material, los arts. 27, 28 y 29 del Decreto 4433, que sí reconocen la citada prestación pensional a favor de los beneficiarios de los oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública, a partir del día siguiente de su muerte”.

3.1.6. Como se ve, en la acción de tutela se formula una discusión diferente a la propuesta en el proceso ordinario, pues mientras en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se solicitó la aplicación del Decreto 1211, en la acción de tutela alegan que la autoridad judicial debió aplicar el Decreto 4443. Dicha situación no permite que el juez de tutela pueda intervenir y analizar de fondo el asunto, pues se trata de argumentos jurídicos distintos.

3.1.7. Lo anterior, hace improcedente la acción de tutela, pues, como se dijo al inicio de las consideraciones, no es permitido traer argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario.

4. De la presunta aplicación indebida de la sentencia de unificación del 12 de abril de 2018

las consideraciones, no es permitido traer argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario.

4. De la presunta aplicación indebida de la sentencia de unificación del 12 de abril de 2018

4.1. Los demandantes alegan que la providencia objeto de tutela vulneró los derechos fundamentales al aplicar indebidamente la sentencia de unificación del 12 de abril de 2018, dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado. Que en dicha providencia se determinó que, para el caso de las personas vinculadas a las Fuerzas Militares para prestar el servicio militar y que fallecieran en servicio, era procedente para efectos del reconocimiento de la pensión de sobreviviente aplicar el régimen general contenido en la Ley 100 de 1993, por favorabilidad.

4.1.1. Que, sin embargo, en esa sentencia no se establecieron reglas específicas respecto de los conscriptos que ingresan a la Policía Nacional, que era la condición del hijo de los demandantes, y que, por lo tanto, no debió aplicarse para resolver sobre el reconocimiento o no de la pensión de sobrevivientes.Radicado: 11001-03-15-000-2022-01868-00

Demandante: Carlos Helí Moreno Pinzón y otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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4.1.2. A efectos de establecer si el Tribunal Administrativo del Meta aplicó indebidamente la sentencia de unificación del 12 de abril de 2018, la Sala traerá a estudio las reglas de unificación que estableció dicha providencia:

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4.1.2. A efectos de establecer si el Tribunal Administrativo del Meta aplicó indebidamente la sentencia de unificación del 12 de abril de 2018, la Sala traerá a estudio las reglas de unificación que estableció dicha providencia:

1. De todo lo expuesto se extraen las siguientes reglas de unificación de la jurisprudencia:

2. En materia pensional, por tratarse de un derecho fundamental, irrenunciable y de aplicación inmediata, el juez contencioso administrativo no está limitado para conocer del fondo del asunto a la luz del régimen pensional que invoque la parte que reclama el reconocimiento de la prestación, sino que tiene la obligación de aplicar el derecho y de resolver los conflicto s sometidos a su conocimiento conforme la normativa pensional que corresponda y a los supuestos fácticos de la litis, de conformidad con el artículo 103 de la Ley 1437 de 2011.

3. Con fundamento en la regla de favorabilidad contenida en el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, los beneficiarios de las personas vinculadas a las Fuerzas Militares, en cumplimiento de la obligación constitucional de prestar el servicio militar, que fallezcan simplemente en actividad y con posterioridad a la vigencia de la Ley 1 00 de 1993, pueden beneficiarse de la pensión de sobrevivientes prevista por el régimen general contenido en la Ley 100 de 1993, artículos 46, 47 y 48, el cual deberá aplicarse en su integridad para efectos del reconocimiento de la prestación, esto es, lo relativo al monto de la pensión, el ingreso base de liquidación y el orden de beneficiarios.

4. Como consecuencia de lo anterior y en atención al principio de inescindibilidad normativa,

de la prestación, esto es, lo relativo al monto de la pensión, el ingreso base de liquidación y el orden de beneficiarios.

4. Como consecuencia de lo anterior y en atención al principio de inescindibilidad normativa, de la suma adeudada por concepto de pensión de sobrevivientes en virtud de la aplicación de la Ley 100 de 1993, deberá descontarse, debidamente indexado, lo pagado como compensación por muerte simplemente en actividad, en atención a la incompatibilidad de los dos regímenes y a que la contingencia que cobija tal prestación es cubierta con el reconocimiento pensional.

5. Para efectos del descuento al que hace alusión el numeral anterior, la entidad solo podrá descontar el valor efectivamente recibido por concepto de compensación por muerte debidamente indexado. En aquellos casos donde el valor actualizado de la compensación por muerte a descontar supere el monto del retroactivo pensional que debe pagar la entidad, será necesario realizar un acuerdo de pago con el fin de que el beneficiario de la pensión cubra la diferencia sin que se afecte su mínimo vital.

6. Al hacer extensivo el régimen general para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a los beneficiarios de los conscriptos fallecidos simplemente en actividad en vigencia de la Ley 100 de 1993, el término p rescriptivo que debe atenderse en relación con las mesadas pensionales, es el trienal, previsto en el régimen general.

7. En ningún caso habrá prescripción a favor de los beneficiarios que tengan derecho a la pensión en los términos de la presente providencia, de los valores pagados por concepto de compensación por muerte. Esto por cuanto el derecho a compensar o deducir lo pagado surge solo a partir de la sentencia que reconoce el derecho pensional.

pensión en los términos de la presente providencia, de los valores pagados por concepto de compensación por muerte. Esto por cuanto el derecho a compensar o deducir lo pagado surge solo a partir de la sentencia que reconoce el derecho pensional.

4.1.3. Ahora, corresponde analizar los argumentos expu estos por el Tribunal Administrativo del Meta sobre la aludida sentencia de unificación. En lo pertinente, el tribunal expuso:

(iii) Antecedente jurisprudencial

Sobre el tema objeto de estudio, es menester indicar que el Consejo de Estado, contrario a lo sucedido en otros eventos de reconocimiento de pensión de sobreviviente del personal de las Fuerzas Militares, no