CE - 110010315000202201952011SENTENCIA20231018101328

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01952-01

Accionante: Olga Lucía Ávila Benavides Accionado: Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y otro Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Instancia adicional – la parte actora pretende reabrir el debate probatorio al no estar de acuerdo con lo decidido por el juez natural.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora, en contra de la sentencia proferida el 15 de mayo de 2023, por la Sección Segunda – Subsección B – del Consejo de Estado, mediante la cual se negó la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 29 de marzo de 2022 , Olga Lucía Ávila Benavides , actuando a través de apoderado judicial , presentó acción de tutela contra el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva y el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina1 (en adelante Tribunal Administrativo de San Andrés),

apoderado judicial , presentó acción de tutela contra el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva y el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina1 (en adelante Tribunal Administrativo de San Andrés), con el fin de que se dejaran sin efectos las sentencias de 1° de noviembre de 2019 y 29 de octubre de 2021 2 proferidas por dichas autoridades judiciales en el marco del medio de control de reparación directa que promovió, junto a su núcleo familiar, en contra de la E. S. E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, la sociedad Instituto Cardiovascular del Huila S. A. en Liquidación, Comfamiliar Huila E.P.S., Humana Vivir S. A. E.P.S. y Carlos Alberto Celis Victoria3.

2.- Dicho proceso se inició c on el propósito de que declarara a los demandados como responsables por los perjuicios causados con ocasión de la muerte de Sonia

1 Corporación que asumió el conocimiento del asunto en segunda instancia, en atención a lo dispuesto en materia de descongestión en el artículo 2º del Acuerdo No. PCSJA21 -11814 del 16 de julio de 2021, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura. 2 Notificada el 28 de enero de 2022. 3 Identificado con el número radicado: 41001-33-31-006-2010-00195-00/01.Radicación: 11001-03-15-000-2022-01952-01 Demandante Olga Lucía Ávila Benavides Demandado: Tribunal Administrativo de San Andrés Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

2

Patricia Ávila Benavides, ocurrida el 11 de abril de 2008, “(...) como consecuencia

Demandado: Tribunal Administrativo de San Andrés Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

2

Patricia Ávila Benavides, ocurrida el 11 de abril de 2008, “(...) como consecuencia directa de la implantación de un catéter peritoneal por parte del médico CARLOS ALBERTO CELIS VICTORIA, representante legal de la Sociedad Instituto Cardiovascular del Huila, en las instalaciones de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO, estando afiliada al régimen subsidiado COMFAMILIAR HUILA, a quienes HUMANA VIVIR había traslad[ado] su responsabilidad en la atención de sus usuarios de conformidad con la Ley 100 de 1993 y demás decretos reglamentarios (…)”.

3.- Mediante sentencia de 1° de noviembre de 2019 , el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva negó las pretensiones de la demanda al considerar que la parte actora no logró demostrar que la muerte hubiese ocurrido a causa de la deficiente o irregular prestación del servicio médico

4.- Esa decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de San Andrés en sentencia de 29 de octubre de 2021, al considerar que en el caso objeto de estudio no se configuraban los elementos necesarios para declarar la responsabilidad de las entidades demandadas. Al respecto señaló que, no se demostró la existencia de alguna falla en la prestación del servicio médico, en tanto que los medios de prueba aportados permitían concluir que la atenci ón brindada fue diligente, oportuna, adecuada y conforme a la lex artis, a pesar del efecto adverso que comprometió la vida de la paciente.

aportados permitían concluir que la atenci ón brindada fue diligente, oportuna, adecuada y conforme a la lex artis, a pesar del efecto adverso que comprometió la vida de la paciente.

5.- La parte actora sostiene que la s autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, al incurrir en un defecto fáctico y un defecto por desconocimiento del precedente.

6.- Sobre el defecto fáctico, indicó que el Tribunal concluyó que el Dr. Carlos Alberto Celis Victoria, hacía parte del equipo médico de la Sociedad Cardiovascular del Huila S.A., por lo que consideró que no era relevante si este se encontraba habilitado como profesional independiente de salud, dado que el p restador del servicio, es decir, el Instituto Cardiovascular y Oftalmológico s í lo estaba, sin tener en cuenta en su valoración que: “de acuerdo con los Decretos del Ministerio de Salud y Protección Social, tanto profesional independiente como los prestado res de salud deben estar debidamente HABILITADOS ante la secretaria de Salud del Departamento del Huila y no lo estaban”. Por lo que precisó que, ni el Dr. Carlos Alberto Celis Victoria, ni la IPS estaban habilitados para realizar el procedimiento que culminó con la muerte de Sonia Patricia Ávila.

7.- En relación al defecto por desconocimiento del precedente , señaló que las autoridades judiciales accionadas desconocieron el precedente fijado en sentencia del 31 d e agosto de 2006 (Radicado 15772 C.P. Ruth Stella Palacio Correa ) en relación a la responsabilidad del Estado derivada de los daños ocasionados en laRadicación: 11001-03-15-000-2022-01952-01

del 31 d e agosto de 2006 (Radicado 15772 C.P. Ruth Stella Palacio Correa ) en relación a la responsabilidad del Estado derivada de los daños ocasionados en laRadicación: 11001-03-15-000-2022-01952-01 Demandante Olga Lucía Ávila Benavides Demandado: Tribunal Administrativo de San Andrés Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

3

prestación de servicios médicos y hospitalarios . Al respecto, afirmó que las autoridades accionadas incurrieron en un error al aplicar el régimen subjetivo de la falla probada del servicio y no la presunción de la falla del servicio, pues a su parecer, el régimen general de falla probada no deb e aplicarse de manera genérica, sino a partir de cada situación esp ecífica, por lo que en el caso objeto de estudio las autoridades judiciales accionadas estaban obligadas a determinar cuál de las partes se encontraba en la mejor posición para demostrar su diligencia y cuidado y/o la falla del servicio. De acuerdo a lo anterior, se debió tener en cuenta que la pa rte accionante se encontraba en desventaja probatoria con respecto al profesional de la Salud y las entidades prestadoras de servicios de salud.

B. Sentencia de primera instancia4

8.- Mediante sentencia del 15 de mayo de 2023, la Sección Segunda – Subsección B – del Consejo de Estado resolvió negar el amparo solicitado en razón a que : (i) desde 2006, la Sección Tercera de esta Corporación acogió el régi men de falla probada en litigios relacionados con la responsabilidad médica, en virtud del cual al demandante le asiste el deber de demostrar las irregularidades en la prestación del

desde 2006, la Sección Tercera de esta Corporación acogió el régi men de falla probada en litigios relacionados con la responsabilidad médica, en virtud del cual al demandante le asiste el deber de demostrar las irregularidades en la prestación del servicio de salud ; (ii) de los medios de convicción allegados al proceso se evidenciaba que a Sonia Patricia Ávila Benavides se le prestó una atención médica adecuada, tanto es así que fue valorada por diferentes especialistas (cirujano general, médico interno y nefrólogo), quienes hicieron una estricto seguimiento de la evolución de su estado de s alud y adelantaron las actuaciones necesarias para salvaguardar su vida, pese a que el resultado no fue el esperado, toda vez que falleció; y (iii) el certificado que habilitaba a la Sociedad Instituto Cardiovascular del Huila S.A. para prestar servicios de salud, fue aportado en debida forma al proceso de reparación directa, por lo que el alegato relacionado con la configuración de un defecto fáctico carecía de fundamento.

C. La impugnación

9.- En desacuerdo con lo anterior, la parte accionante interpuso impugnación, insistiendo en los argumentos propuestos en el escrito de demanda y señalando que: (i) El señor Carlos Alberto Celis Victoria, como profesional independiente , y la Sociedad Instituto Cardiovascular del Huila S.A. omitieron demostrar que se encontraban inscritos en el Registro Especial de Prestadores del Servicio de Salud “REPS”; (ii) a partir del material probatorio aportado al proceso era posible establecer que el médico Celis Victoria , no realizó la prueba de funcionamiento del catéter percutáneo para diálisis, hecho que podía corroborarse a partir del testimonio del

“REPS”; (ii) a partir del material probatorio aportado al proceso era posible establecer que el médico Celis Victoria , no realizó la prueba de funcionamiento del catéter percutáneo para diálisis, hecho que podía corroborarse a partir del testimonio del médico tratante Justo Germán Olaya Ramírez, quien no encontró una nota médica

4 Inicialmente el asunto fue resuelto en sentencia del 20 de mayo de 2022, no obstante, por auto del 17 de abril de 2023 se declaró la nulidad de lo actuado desde el auto admisorio de la demanda, a efectos de que se integrara el contradictorio en debida forma.Radicación: 11001-03-15-000-2022-01952-01 Demandante Olga Lucía Ávila Benavides Demandado: Tribunal Administrativo de San Andrés Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

4

en la historia clínica sobre la mencionada prueba, procedimiento que hubiera evitado la peritonitis en la paciente ; y (iii) en relación a la configuración de un defecto por desconocimiento del precedente reiteró que, si bien es cierto desde el año 2006, el Consejo de Estado varió la línea jurisprudencial sobre la aplicación del régimen de falla presunta en la prestación del servicio médico por el de falla probada, en el caso sub judice, la paciente falleció, por tal motivo, de manera excepcional debió trasladarse la carga de la prueba a las entidades demandadas y no a la parte actora.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Competencia

10.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Competencia

10.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

E. Análisis del caso concreto

11.- La Sala anticipa que modificará el fallo impugnado y declarará improcedente la solicitud de amparo, pues una revisión de los planteamientos aducidos en la demanda de tutela, que se reiteran en la impugnación, permite advertir que a través de los alegatos propuestos la parte ac tora pretende convertir el mecanismo de amparo constitucional en una instancia adicional o complementaria al litigio contencioso administrativo tramitado y concluido, al pretender reabrir un debate jurídico ya zanjado por el juez natural de la causa por no estar de acuerdo con la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de San Andrés.

12.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que para determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos5: (i) Que el actor motive con suficiencia argumentativa dicha relevancia constitucional, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; y (ii) Que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada.

fuente es la providencia judicial censurada; y (ii) Que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada.

13.- En lo que se refiere al defecto fáctico, l a parte actora alega que se configuró en tanto el Tribunal omitió valorar: (i) que el médico Carlos Alberto Celis Victoria, no realizó la prueba de funcionamiento del catéter percutáneo para diálisis y (ii) que el

5 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).Radicación: 11001-03-15-000-2022-01952-01 Demandante Olga Lucía Ávila Benavides Demandado: Tribunal Administrativo de San Andrés Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

5

referido profesional y la Sociedad Instituto Cardiovascular d el Huila S.A. omitieron demostrar su inscripción al Registro Especial de Prestadores del Servicio de Salud.

14.- Al realizar una lectura de la sentencia de 29 de octubre de 2022, se tiene que en el título de “hechos jurídicamente demostrados”, el Tribunal señaló que a partir del certificado que obraba en el folio 832 del Cuaderno No. 5, del expediente radicado bajo el número 41001 -33-31-006-2010-00195-00/01, suscrito por el Secretario de Salud Departamental del Huila, se hacía constar que para la fecha de los hechos el prestador del servicio de salud “Instituto Cardiovascular y Oftalmológico”, se encontraba habilitado para realizar el procedimiento médico

Secretario de Salud Departamental del Huila, se hacía constar que para la fecha de los hechos el prestador del servicio de salud “Instituto Cardiovascular y Oftalmológico”, se encontraba habilitado para realizar el procedimiento médico objeto del proceso de reparación directa. Además, precisó que, en el Contrato de Concesión No. 057 -0466 suscrito entre la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo y el Instituto Cardiovascular y Oftalmológico de Neiva, se determinó que “el Hospital concedente entregaba en concesión al concesionario la explotación con exclusividad del servicio de medicina cardiovascular del hospital concedente a excepción de los servicios que se están prestando actualmente en la empresa concedente. (…) La explotación que se concede se realizará físicamente en las salas de cirugía y en el segundo piso del hospital concedente (…)”. Además, el Tribunal indicó que “se hac[ia] constar que no figura[ba] ni en el registro actual ni en el histórico el nombre del Dr. Carlos Alberto Celis Victoria”.

15.- Teniendo en cuenta lo anterior , la autoridad judicial accionada concluyó que: “El Dr. Carlos Alberto Celis Victoria, hacía parte del equipo médico de la Sociedad Cardiovascular del Huila S.A. Entonces, si bien es cierto que no estaba registrado en la Secretaría de Salud Departamental del Huila como prestador del Servicio de salud, sí se encontraba habilitado el prestador del servicio “Instituto Cardiovascular y Oftalmológico”.

16.- Al referirse a la presunta falla en la prestación del servicio médico originada por la falta de realización de la prueba del catéter el Tribunal indicó que la parte actora “manifestó que no se verificó si el catéter estaba funcionando bien o no, habiendo

16.- Al referirse a la presunta falla en la prestación del servicio médico originada por la falta de realización de la prueba del catéter el Tribunal indicó que la parte actora “manifestó que no se verificó si el catéter estaba funcionando bien o no, habiendo podido hacerlo, por lo que se presentó una falla por error en el diagnóstico. Luego de analizar las pruebas aportadas al proceso, el apoderado de la parte demandante concluyó que la paciente Sonia Patricia Ávila Benavides no presentó ninguna complicación en su tratamiento en la Cruz Roja de Neiva, que en los últimos cinco (5) años no necesitó diálisis peritoneal, al punto que el 26 de enero de 2008 le fue retirado el catéter. Pero dos meses después – 26 de marzo de 2008 - ingresó por urgencias al Hospital Universitario de Neiva, con vómito, diarrea, decaimiento y leve dolor abdominal. Expone que ese cuadro clínico se complicó al día siguiente luego de la colocación del catéter por parte del Dr. Carlos Alberto Celis, de quien afirma no estaba habilitado por el servicio de salud para prestar ese servicio médico”.Radicación: 11001-03-15-000-2022-01952-01 Demandante Olga Lucía Ávila Benavides Demandado: Tribunal Administrativo de San Andrés Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

6

17.- La autoridad accionada precisó que a partir de las pruebas aportadas al proceso era posible establecer que: (i) en el expediente se observa el consentimiento informado suscrito por Sonia Patricia Ávila Benavides el 27 de marzo de 2008 para la colocación de catéter peritone al, documento en el cual se dejó

proceso era posible establecer que: (i) en el expediente se observa el consentimiento informado suscrito por Sonia Patricia Ávila Benavides el 27 de marzo de 2008 para la colocación de catéter peritone al, documento en el cual se dejó constancia de los riesgos: “sangrado, hematoma, infección, perforación intestinal y muerte”; (ii) de acuerdo con lo indicado en el consentimiento informado, la perforación intestinal era uno de los riesgos que podían concretarse al momento de la colocación del catéter peritoneal; y (iii) luego de la colocación del catéter por parte de Carlos Alberto Celis Victoria , quien actuó como médico de la Sociedad Cardiovascular del Huila S.A., la atención de la paciente quedó completamente en manos del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva.

18.- A partir de la valoración del material probatorio referido, el Tribunal estableció que una eventual responsabilidad no podía derivar de la concreción de uno de los riesgos previstos por la colocación del catéter peritoneal sino de la atención médica subsiguiente que se le prodigó a la paciente. Ello debido a que la señora Sonia Patricia Ávila Benavides siguió hospitalizada en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva . Además, al realizar una valoración del material probatorio allegado al proceso era posible concluir que Carlos Alberto Celis Victoria fue el médico encargado de colocar catéter a la víctima y que como complicación secundaria al mencionado procedimiento se presentó una perforación de un asa de intestino delgado o yeyuno que ocasionó una peritonitis, no obstante no existía un prueba que permitiera a la Sala inferir que el mencionado acto médico hubiese sido

secundaria al mencionado procedimiento se presentó una perforación de un asa de intestino delgado o yeyuno que ocasionó una peritonitis, no obstante no existía un prueba que permitiera a la Sala inferir que el mencionado acto médico hubiese sido ejecutado desconociendo la lex artis. Sobre este punto señaló que:

<<Análisis de la responsabilidad extracontractual del Estado en el caso concreto

De conformidad con lo expuesto en el acápite anterior, a juicio de esta Sala una eventual responsabilidad no derivaría de la concreción de uno de los riesgos previstos por la colocación del catéter peritoneal sino de la atención médica subsiguiente que se le prodigó a la paciente. Ello debido a que la paciente siguió hospitalizada en el HUN. En este punto es importante recordar que la jurisp rudencia del Consejo de Estado ha sido reiterativa en indicar que:

La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sido uniforme y pacífica en sostener que, cuando los procedimientos quirúrgicos o médicos se practican bajo una adecuada práctica profesional y no se demuestra ningún tipo de falla en la intervención, pero que, a pesar de ello, el paciente fallece o su cuadro clínico empeora, la entidad prestadora del servicio de salud quedará exonerada de responsabilidad extracontractual si al paciente o a su representante se le informó, de manera ade cuada, sobre los riesgos que tenía la intervención y estos se materializaron. (…)Radicación: 11001-03-15-000-2022-01952-01 Demandante Olga Lucía Ávila Benavides Demandado: Tribunal Administrativo de San Andrés Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

7

Demandante Olga Lucía Ávila Benavides Demandado: Tribunal Administrativo de San Andrés Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

7

En una sentencia más reciente, proferida el 27 de agosto de 2020, esta Sección dejó en evidencia, una vez más, que, en tanto no haya falla en la prestación del servicio médico y se haya cumplido con la obligación de informar al paciente de los riesgos de una intervención quirúrgica, no hay responsabilidad del prestador del servicio si dicho riesgo se materializa.

Y es que precisamente el consentimiento informado es una obligación legal para los médicos porque, de un lado, busca proteger los derechos fundamentales a la dignidad, autonomía, integridad, al acceso a la información y a la libertad que tiene el paciente de disponer de su propio cuerpo; pero del otro, libera de responsabilidad al profesional de la salud, mientras la intervención se haga de conformidad con la lex artis, comoquiera que los procedimientos médicos implican riesgos de complicaciones que en muchos casos son inevitables o imprevisibles, así los procedimientos se hagan con la diligencia debida. Es por ello que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido reiterativa en que las obligaciones médicas son de medio y no de resultado.

En el proceso que nos ocupa se demostró que se efectuó la colocación del catéter por parte del Dr. Carlos Alberto Celis Victoria quien actuó como médico de la Sociedad Cardiovascular del Huila S.A. y que como complicación secundaria al mencionado procedimiento se presentó una perforación de un asa de intestino delgado o yeyuno que ocasionó una peritonitis. No obstante, no existe ninguna prueba a partir de la cual

Cardiovascular del Huila S.A. y que como complicación secundaria al mencionado procedimiento se presentó una perforación de un asa de intestino delgado o yeyuno que ocasionó una peritonitis. No obstante, no existe ninguna prueba a partir de la cual se pueda deducir que el mencionado acto médico hubiera sido ejecutado desconociendo la lex artis. Entonces, puede concluirse que se trató de un riesgo asumido por la pacient e quien fue debidamente informada sobre los riesgos y complicaciones que podían derivarse de la realización del procedimiento de colocación del catéter, el cual – de acuerdo con el abundante material probatorioera requerido por la Sra. Sonia Patricia Ávi la Benavides dadas las condiciones de su función renal.

Adicionalmente a lo expuesto, a juicio de esta Sala la atención subsiguiente de la paciente persistía en manos del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva. Respecto de tal atención la Sala debe señalar que de conformidad con el dictamen pericial rendido, con fundamento en la historia clínica, se llegó a la conclusión que “ (…) En este caso de manera diligente se sospecha una complicación de la diálisis peritoneal por lo cual de man era diligente se hospitaliza y se inicia el tratamiento antibiótico indicado, sin embargo, por la mala evolución se decide llevar a cirugía para tratamiento quirúrgico de la peritonitis y retiro del catéter, lo cual estaba indicado, sin embargo, por la sev eridad de la infección del abdomen o peritonitis se presenta la falla o insuficiencia de órganos y sistemas, lo cual finalmente ocasiona la muerte.

Luego del análisis de la historia clínica no se encuentran fallas en las atenciones

presenta la falla o insuficiencia de órganos y sistemas, lo cual finalmente ocasiona la muerte.

Luego del análisis de la historia clínica no se encuentran fallas en las atenciones médicas, quirúrgicas y hospitalarias, se presenta una complicación que se considera dentro de los riesgos esperados del procedimiento, la cual se diagnostica y se trata de acuerdo a la lex artis ad hoc.”Radicación: 11001-03-15-000-2022-01952-01 Demandante Olga Lucía Ávila Benavides Demandado: Tribunal Administrativo de San Andrés Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

8

La historia clínica da cuenta que la paciente fue atendida por médicos de diferentes especialidades, a saber: cirugía general, medicina interna y nefrología quienes estuvieron haciéndole estricto seguimiento a la evolución de su estado de salud y tomando las decisiones médicas de acuerdo con lo que resultaba necesario de acuerdo con la lex artis. En este punto la Sala debe indicar que no se pasa por alto que la paciente al ser valorada por nefrología se solicitó la valoració n por cirugía general por sospecha de peritonitis, valoración que fue debidamente efectuada, sin que el especialista hubiera llegado a la misma conclusión respecto de la posible peritonitis. No obstante, la paciente permaneció hospitalizada y se inició el tratamiento antibiótico indicado. La paciente siguió bajo estricto control médico y luego, ya para el día 30 de marzo y de acuerdo a la mala evolución que presentaba fue llevada a cirugía en donde se hizo el hallazgo de la perforación del yeyuno, que como ya se indicó, se trataba de una complicación estimada o posible por la colocación del catéter. Se

en donde se hizo el hallazgo de la perforación del yeyuno, que como ya se indicó, se trataba de una complicación estimada o posible por la colocación del catéter. Se trataba de un riesgo inherente al procedimiento. Se itera, la atención médica subsiguiente a la paciente no fue negligente ni descuidada, fue ajustada a la lex artis a pesar de lo cual la paciente falleció.

La Sala debe indicar que si bien quedó demostrado que se causó una perforación intestinal y que de acuerdo con el dictamen pericial la vida de la Sra. Sonia Patricia Ávila Benavides (q.e.p.d) se vio comprom etida en razón de la infección abdominal severa que padeció por la perforación intestinal ocasionada con la inserción del catéter, tampoco puede pasarse por alto que la paciente cursaba una condición de salud muy delicada – insuficiencia renal crónica – reagudizada. Esta circunstancia también tuvo efectos sobre el estado de salud de la paciente, que tuvo falla de múltiples órganos y sistemas, entre otros, el renal. A ese respecto, debe precisarse que en la entidad hospitalaria demandada se tomaron las medidas para los efectos de la diálisis que requería la paciente>>.

19.- Así, al examinar el contenido de la decisión cuestionada, en virtud del principio de la libre apreciación de la prueba que rige en materia procesal, se tiene que el Tribunal Administrativo de San Andrés estudió en conjunto los supuestos fácticos y el material probatorio obrante en el expediente ordinario, particularmente, valoró: (i) el dictamen pericial elaborado por Andrés Felipe Acevedo Betancur, quien luego de revisar la historia clínica de la señora Sonia Patricia Ávila Benavides (q. e. p. d.),

el dictamen pericial elaborado por Andrés Felipe Acevedo Betancur, quien luego de revisar la historia clínica de la señora Sonia Patricia Ávila Benavides (q. e. p. d.), indicó que no fue posible identificar fallas en las atenciones médicas, quirúrgicas y hospitalarias y que en el caso objeto de estudio se presentó una complicación que era podía ubicarse dentro de los riesgos esperados del procedimiento que se realizó a la paciente, la cual fue diagnosticada y recibió tratamiento de acuerdo a la lex artis ad hoc; (ii) el consentimiento informado suscrito por Sonia Patricia Ávila Benavides (q. e. p. d.) el 27 de marzo de 2008, en el cual se le indicaron los riesgos que implicaba la colocación de catéter peritoneal, entre los que se señalaron perforación intestinal y muerte; y ( Iii) los testimonios de los doctores Justo Germán Olaya Ramírez y Tomás de Paul Serrato Fajardo, especialistas en cirugía general y nefrología, respectivamente, quienes la valoraron y expresaron que era una paciente que ingresó en un estado crítico por insuficiencia renal crónica reagudizada, a loRadicación: 11001-03-15-000-2022-01952-01 Demandante Olga Lucía Ávila Benavides Demandado: Tribunal Administrativo de San Andrés Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

9

cual se le asocia el proceso de peritonitis o sepsis abdominal, que conllevó su deceso.

20.- De esta manera, la Sala co nsidera que las circunstancias fácticas que dieron paso a la decisión sometida a estudio, y de los fundamentos jurídicos que expuso el

deceso.

20.- De esta manera, la Sala co nsidera que las circunstancias fácticas que dieron paso a la decisión sometida a estudio, y de los fundamentos jurídicos que expuso el Tribunal accionado, no se deduce que dicha autoridad hubiere valorado indebidamente los medios de prueba. Por el contrari o, la decisión cuestionada, en esta sede, encuentra claro sustento en el principio de libre valoración judicial y, antes de configurar una actuación subjetiva o arbitraria es, en realidad, el resultado de una interpretación razonable del material probatori o aportado al proceso, a su vez, confrontado con las preceptivas legales que lo delimitan y que resultaban aplicables al caso.

21.- Por otra parte, frente al defecto por desconocimiento del precedente , la parte actora adujo que, si bien es cierto desde el año 2006, el Consejo de Estado varió la línea jurisprudencial sobre la aplicación del régimen de falla presunta en la prestación del servicio médico por el de falla probada, en el caso sub judice, la paciente falleció, por tal motivo, de manera excepciona