CE - 110010315000202202027031SENTENCIA20230316152000

Demandante: Nubia Milena Gomajoa Bastidas Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-02027-03

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado 11001-03-15-000-2022-02027-03

Demandante: NUBIA MILENA GOMAJOA BASTIDAS

Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS

Tema: Tutela contra acto administrativo – revoca y niega.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la Sala la impugnación presentada por la señora Nubia Milena Gomajoa Bastidas contra el fallo de 19 de enero de 2023, por medio del cual la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción, por encontrar que no se cumplió con el requisito de la subsidiariedad.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud

La señora Nubia Milena Gomajoa Bastidas, actuando en nombre propio, mediante mensaje de datos recibido el 28 de marzo de 2022 en el correo electrónico de la

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud

La señora Nubia Milena Gomajoa Bastidas, actuando en nombre propio, mediante mensaje de datos recibido el 28 de marzo de 2022 en el correo electrónico de la Rama Judicial1, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al «debido proceso, igualdad, acceso a cargos públicos y estabilidad laboral reforzada».

Las mencionadas garantías constitucionales las consideró transgredidas por: (i) la Resolución No. 006 de 26 de enero de 2022, por la cual se nombró a la señora Adelaida María Ibarra Padilla en propiedad para el cargo de profesional universitario de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, grado 18; (ii) el Oficio No. 022 de 4 de febrero de 2022 con el cual se respondió una solicitud de estabilidad laboral reforzada; (iii) la Resolución No. 017 de 25 de abril de 2022 en la que se hizo una adición a la Resolución No. 006 de 26 de enero de 2022 , y (iv) el Acta de Posesión de 29 de marzo de 2022 con la que se vinculó en propiedad a Adelaida María Ibarra Padilla al cargo de profesional universitario de la Sala de Justicia y Paz, grado 18, del Tribunal Superior de Bogotá, todas ellas proferidas por la presidencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.

1.2. Peticiones de amparo constitucional

Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:

Primero. Se protejan vía acción de tutela los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a cargos públicos y estabilidad laboral reforzada, que

Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:

Primero. Se protejan vía acción de tutela los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a cargos públicos y estabilidad laboral reforzada, que fueron protegidos vía precedente jurisprudencial por parte de la Sala de Conjueces

1 tutelaenlinea1@deaj.ramajudicial.gov.coDemandante: Nubia Milena Gomajoa Bastidas Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-02027-03

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 de la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia STL-8171 de 2020, y de la Corte Constitucional en sentencia T-084 de 2018.

Segundo. En razón a que cumplo con la condición establecida en las sentencias C333 de 2012, C-352 de 2013 y STL-8171 de 2020, y haciendo énfasis en la protección del derecho fundamental a la igualdad y la regla de extensión del precedente jurisprudencial antes reseñado, se acceda a lo siguiente:

• Se ordene a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, suspenda los actos de nombramiento y posesión de la elegible Adelaida María Ibarra Padilla, y se declare la protección laboral reforzada de la suscrita frente al cargo de profesional universitario, grado 18, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal

Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

María Ibarra Padilla, y se declare la protección laboral reforzada de la suscrita frente al cargo de profesional universitario, grado 18, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

• Lo anterior en atención a que cumple con las condiciones establecidas por la Corte Constitucional, en el entendido de que deben protegerse los derechos adquiridos y protegidos por la sentencias C-333 de 2012, C-532 de 2013 y STL-8171 de 2020; y en razón a que ya hay una situación jurídica consolidada, como es, que me encuentro laborando en la Sala de Justicia y Paz desde el año 2010, antes de la ejecutoria de la decisión de constitucionalidad reseñada y, por demás, qu e ostento la calidad de madre cabeza de familia.2

1.3. Hechos

De conformidad con lo narrado en el escrito inicial y los anexos aportados por las partes, la Sala resalta las siguientes premisas fácticas:

El 5 de abril de 2010 , Nubia Milena Gamajoa Bastidas fue nombrada como oficial mayor de la Secretaría de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.

Mediante la Resolución 033 de 10 de septiembre de 2018, el presidente de la referida Corporación aceptó la renuncia de la actora al cargo de oficial mayor y, simultáneamente, la nombró profesional universitaria, grado 18, de la Secretaría de la misma entidad.

Con las Resoluciones Nos. 006 de 26 de enero de 2022 y 017 de 25 de abril del mismo año, se nombró a la señora Adelai da María Ibarra Padilla en propiedad como

misma entidad.

Con las Resoluciones Nos. 006 de 26 de enero de 2022 y 017 de 25 de abril del mismo año, se nombró a la señora Adelai da María Ibarra Padilla en propiedad como profesional universitaria, grado 18, de la Secretaría de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá y, en consecuencia, se declaró la terminación de la vinculación en dicho cargo de la señora Nubia Milena Gamajoa Bastidas.

La actora aseguró que es madre cabeza de familia, toda vez que tiene una hija de 5 años, cuyo padre ha omitido sus deberes , lo que la llevó a denunciarlo por el punible de inasistencia alimentari a y que, dicha condición, fue puesta en conocimiento de la Unidad Administrativa de la Carrera Judicial y de la Presidencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, el 9 de diciembre de 2021.

Manifestó que el 15 de diciembre de 2021, el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad Administrativa de Carrera Judicial, le informó que no estaba en sus competencias resolver sobre la petición elevada.

Por su parte, el 4 de febrero de 2022, el presidente de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá le manifestó que no era posible mantener su vinculación

2 Transcripción literal del original incluyendo posibles errores.Demandante: Nubia Milena Gomajoa Bastidas Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-02027-03

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02027-03

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 en aquella institución, en tanto que , al haber renunciado al cargo de oficial mayor, perdió la estabilidad laboral otorgada en la sentencia C – 333 de 2012.

Adicionalmente, en d icho documento, la accionada afirmó que frente a la posible condición de madre cabeza de familia, la jurisprudencia constitucional es insistente en que esta debe ceder ante los derechos de carrera de quien se posesiona en propiedad.

1.4. Fundamentos de la solicitud

En el escrito inicial, la actora señaló que el cargo que ocupaba como profesional universitaria, grado 18, nunca debió proveerse en carrera judicial, en tanto que su vinculación debía entenderse en propiedad , de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia3.

Para el efecto, narró que la Corte Constitucional, en sentencia C – 333 de 2012 estudió la exequibilidad del artículo 674 de la Ley 975 de 20055, relativa a la forma de designar los magistrados y empleados de la Salas de Justicia y Paz.

Para el Órgano de Cierre de lo Constitucional la norma resultaba inconstitucional, por cuanto desconocía el derecho al mérito, toda vez que no estableció que el ingreso a dichos cargos fuera a través de un concurso público de méritos.

No obstante, ante el riesgo que implicaba para el funcionamiento de la justicia

cuanto desconocía el derecho al mérito, toda vez que no estableció que el ingreso a dichos cargos fuera a través de un concurso público de méritos.

No obstante, ante el riesgo que implicaba para el funcionamiento de la justicia transicional dejar sin efecto los nombramientos de las personas que ya se encontraban vinculadas la declaró exequible, pero aclarando que, a partir de la notificación de esa sentencia, «los empleos a los que se refieren los incisos mencionados, deberán ser provistos de la lista de elegibles vigente .», y, por lo tant o, esa solución solo afectaría «aquellos casos que ocurran una vez se encuentre en firme la presente sentencia.»

3 Refiere las sentencias C – 333 de 2012, C – 532 de 2013, el fallo de 20 de febrero de 2020 proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del proceso 76001-23-33-000-201900909-01 y la sentencia de tutela de 5 de octubre de 2020 dictada por los conjueces de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en el expediente de tutela 11001-02-30-000-2020-00508-00.

4 «Artículo 67. Los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito judicial, que se creen en virtud de la presente ley, serán elegidos por la Sala Plena de la Corte Suprema de justicia, de listas enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Los requisitos exigidos para ser Magistrado de estos Tribunales, serán los mismos exigidos para desempeñarse como Magistrado de los actuales Tribunales Superiores de Distrito Judicial.

por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Los requisitos exigidos para ser Magistrado de estos Tribunales, serán los mismos exigidos para desempeñarse como Magistrado de los actuales Tribunales Superiores de Distrito Judicial.

La Sala Admini strativa del Consejo Superior de la Judicatura, podr á conformar los grupos de apoyo administrativo y social para estos Tribunales. La nominaci ón de los empleados, estar á a cargo de los Magistrados de los Tribunales creados por la presente ley.»

5 «Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporaci ón de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.»Demandante: Nubia Milena Gomajoa Bastidas Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-02027-03

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Posteriormente, en la sentencia C – 532 de 2013, el Alto Tribunal estudió parcialmente el parágrafo del artículo 326 de la Ley 1592 de 20127, según el cual los puestos de magistrado de las Salas de Justicia y Paz debían proveerse de acuerdo con el artículo 53 de la Ley 270 de 1996, esto es, mediante la invitación pública que se u tiliza para nombrar magistrados como se estipuló para el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia.

En esa oportunidad, se resolvió que el trámite contemplado en el mencionado artículo

nombrar magistrados como se estipuló para el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia.

En esa oportunidad, se resolvió que el trámite contemplado en el mencionado artículo 53 se alejaba del procedimiento de un concurso de méritos, como debía ocurrir para casos de magistrados de nivel de tribunal, por lo que declaró inexequible la expresión «las cuales serán elaboradas de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 53 de la Ley 270 de 1996 » y condicionó la exequibilidad del resto del a parte demandado, «en el entendido que los empleos a los que se refier e dicho precepto legal, deberán ser provistos de la lista de elegibles vigente en materia penal. »

Adicionalmente, en el escrito inicial se mencionó la sentencia de 20 de febrero de 2020 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos , identificado con el número 76001-23-33-000-201900909-01 y que, a su juicio, dispuso que no era posible desvincular a las personas que hubieran ingresado a las Salas de Justicia y Paz con anterioridad al 9 de mayo de 20128.

Por otra parte, la actora resaltó que los conjueces de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia , en sentencia de 5 de octubre de 2020 proferida dentro del proceso de tutela con radicado 11001-02-30-000-2020-00508-00, consideraron que no todos los nombramientos en provisionalidad de las Salas de Justicia y Paz deben hacerse a partir de las listas de elegibles y que «los respectivos funcionarios

que no todos los nombramientos en provisionalidad de las Salas de Justicia y Paz deben hacerse a partir de las listas de elegibles y que «los respectivos funcionarios designados con anterioridad mediante los mecanismos previstos por la ley 975 artículo 67 y 1592 artículo 28 tienen un estatus análogo al de la vinculación en propiedad […]»

6 «Artículo 32 . Competencia funcional de los magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en materia de Justicia y la Paz. Además de las competencias establecidas en otras leyes, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial designados por el Consejo Superior de la Judicatura serán competentes para adelantar la etapa de juzgamiento de los procesos de los que trata la presente ley.

El juzgamiento en los procesos a los que se refiere la presente ley, en cada una de las fases d el procedimiento, se llevará a cabo por las siguientes autoridades judiciales:

1. Los Magistrados con funciones de control de garantías.

2. Los Magistrados con funciones de conocimiento de las salas de Justicia y Paz de los Tribunales

Superiores de Distrito Judicial.

3. Los jueces con funciones de ejecución de sentencias de las salas de Justicia y Paz de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, quienes estarán a cargo de vigilar el cumplimiento de las penas y de las obligaciones impuestas a los con denados, de acuerdo con la distribución de trabajo que disponga el Consejo Superior de la Judicatura en cada una de las salas de Justicia y Paz.

Parágrafo. El Consejo Superior de la Judicatura adoptará las decisiones conducentes y proveerá los cargos que sean necesarios para garantizar que las funciones de las autoridades judiciales mencionadas en el presente artículo, sean ejercidas por magistrados diferentes. La Sala Plena de la

cargos que sean necesarios para garantizar que las funciones de las autoridades judiciales mencionadas en el presente artículo, sean ejercidas por magistrados diferentes. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia proveerá los cargos de magistrados de Tribunal Su perior de Distrito Judicial a los que se refiere esta ley a partir de las listas enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, las cuales serán elaboradas de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 53 de la Ley 270 de 1996.» (Resaltado correspondiente al aparte estudiado en la sentencia C – 532 de 2013) 7 «Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios” y se dictan otras disposiciones.» 8 Es decir, antes de la ejecutoria de la sentencia C – 333 de 2012.Demandante: Nubia Milena Gomajoa Bastidas Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-02027-03

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

En virtud de lo anterior, consideró que la Sala de conjueces de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia estableció que las vinculaciones de las personas nombradas antes del 9 de mayo de 2012 habían sido elevadas a nombramientos en propiedad.

Laboral de la Corte Suprema de Justicia estableció que las vinculaciones de las personas nombradas antes del 9 de mayo de 2012 habían sido elevadas a nombramientos en propiedad.

En consecuencia, estimó que, si bien ella renunció al cargo de oficial mayor de la Secretaría de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, lo cierto es que no se retiró de la Corporación y, en atención a que su vinculación inicial fue anterior al 9 de mayo de 2012, debe entenderse que incluso, en el cargo de profesional universitaria, grado 18, sigue ostentando una vinculación en propiedad.

1.5. Trámite de la acción

A través de autos de 8 de abril y 3 de mayo de 2022 la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado inadmitió y rechazó, respectivamente, la acción de tutela por la ausencia del juramento relativo a que no se habían iniciado otras solicitudes de amparo por los mismos hechos, esta actuación fue revocada por la Sección Primera de esta Corporación que, en decisión de 8 de julio de 2022, ordenó proveer sobre la admisión de la demanda.

Posteriormente, el a quo, tras agotar el procedimiento respectivo, profirió sentencia de 1 de s eptiembre de 2022 en la que resolvió «rechazar» la acción de tutela por que encontró que no se cumplía con el requisito de procedencia de la subsidiariedad.

Frente a este fallo, en se gunda instancia, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con providencia de 8 de noviembre de 2022, declaró la nulidad de todo lo actuado desde la admisión de la tutela, inclusive, al evidenciar que faltaba

Consejo de Estado, con providencia de 8 de noviembre de 2022, declaró la nulidad de todo lo actuado desde la admisión de la tutela, inclusive, al evidenciar que faltaba vincular a quien actualmente se encontrara en propiedad en el cargo de profesional universitario, grado 18, de la Secretaría de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

En consecuencia, m ediante proveído de 29 de noviembre de 2022 , el magistrado ponente de la decisión de la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Consejo Superior de la JudicaturaUnidad Administrativa de la Carrera Judicial, al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y P az, como sujetos demandados.

Adicionalmente, vinculó, en calidad de tercer a con interés directo, a la señora Ginna Janeth Padilla Romero 9 o a quien al momento de recibir la notificación ostentara el cargo de profesional universitario, grado 18, en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en reemplazo de la señora Nubia Milena Gomajoa Bastidas. Finalmente, negó la medida provisional consistente en suspender provisionalmente los actos administrativos de nombramiento y posesión de quien llegaba en carrera judicial.

9 Esta persona se posesionó en carrera luego de que la señora Adelaida María Ibarra Padilla renunciara al cargo.Demandante: Nubia Milena Gomajoa Bastidas Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-02027-03

al cargo.Demandante: Nubia Milena Gomajoa Bastidas Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-02027-03

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá

Para esta autoridad, los hechos narrados por la actora no se relac ionan co n sus funciones. Para el efecto resaltó que, en lo atinente a los cargos a proveer en la Salas de Justicia y Paz, su labor se limita a remitir las listas de elegibles en la Jurisdicción Penal, sin que le corresponda resolver sobre las situaciones particulares de los empleados.

En ese orden de ideas, pidió que se niegue el amparo solicitado.

1.6.2. Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial

La entidad, manifestó que la presunta vulneración de derechos corresponde a circunstancias que deben ser atendidas por el empleador y por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, por lo que alegó una falta de legitimación por pasiva en la causa de su parte.

1.6.3. Los demás sujetos accionados y vinculados permanecieron en silencio; no

de la Judicatura de Bogotá, por lo que alegó una falta de legitimación por pasiva en la causa de su parte.

1.6.3. Los demás sujetos accionados y vinculados permanecieron en silencio; no obstante, la Presidencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá allegó los actos de nombramiento y desvinculación de la actora.

1.7. Fallo impugnado

Mediante sentencia de 19 de enero de 2023, la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado resolvió:

Primero. Rechazar la acción de tutela interpuesta por la señora Nubia Milena Gomajoa Bastidas contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa que antecede.

En la parte motiva manifestó que, en principio, la acción de tutela no es el mecanismo procedente para resolver este tipo de controversias en tanto que las personas cuentan con los medios de la justicia ordinaria.

Sin embargo, procedió a estudiar la manifestación realizada por la actora relativa a que tiene una condición de madre cabeza de familia y estimó que:

[…] la accionante acredita i) que tiene a cargo a su hija de cinco años de edad, de acuerdo con el registro civil aportado al plenario; ii) que dicha obligación es permanente, según lo sentado en declaración extraprocesal; iii) que el progenitor de la menor se sustrajo de sus obligaciones para con ella, de lo cual da cuenta con la

acuerdo con el registro civil aportado al plenario; ii) que dicha obligación es permanente, según lo sentado en declaración extraprocesal; iii) que el progenitor de la menor se sustrajo de sus obligaciones para con ella, de lo cual da cuenta con la denuncia por inasistencia alimentaria interpuesta el 28 de noviembre de 2019 contra el señor Edward Aníbal González Rodríguez, que cursa en la Fiscalía 243 Local deDemandante: Nubia Milena Gomajoa Bastidas Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-02027-03

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Bogotá, y el proceso de pérdida de patria potestad iniciado el 26 de febrero de 2020 y que actualmente se tramita ante el Juzgado 29 de Familia de Bogotá, con el radicado 11001-31-10-029-2020-00104-00; y iv) que de su salario atiende sus gastos y los de su hija, según declaración extraproceso aportada al plenario. […]

No obstante, concluyó que no se acreditó que «la señora Nubia Milena Gomajoa demostrara que no cuenta con ingresos diferentes al de su salario para suplir sus gastos mensuales y que, en su entorno familiar, no existen personas que puedan ayudar a sufragarlos.».

En consecuencia, tuvo por no probada su condición de madre cabeza de familia, por lo que , ante la falta de un perjuicio irremediable, concluyó que la tutela resultaba improcedente.

ayudar a sufragarlos.».

En consecuencia, tuvo por no probada su condición de madre cabeza de familia, por lo que , ante la falta de un perjuicio irremediable, concluyó que la tutela resultaba improcedente.

1.8. Impugnación

En su escrito, la actora manifestó que la acción de tutela, en primera instancia, superó por meses el término de 10 días en que debía resolverse, en ese sentido, no era posible que se declarara la improcedencia por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad, en tanto que, a causa de la mora del a quo ya no era posible acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Posteriormente, insistió en los argumentos presentados en la demanda.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de 19 de enero de 2023 , proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

Ya que en la primera instancia no hubo pronunciamiento sobre la manifestación del Consejo Superior de la Judi catura – Unidad Administrativa de la Carrera Judicial relativa a una presunta falta de legitimación en la causa por pasiva, la Sala procederá a resolver al respecto.

Para el efecto, se recuerda que entre los hechos de la tutela se narr ó que la actora

relativa a una presunta falta de legitimación en la causa por pasiva, la Sala procederá a resolver al respecto.

Para el efecto, se recuerda que entre los hechos de la tutela se narr ó que la actora elevó una petición a dicha entidad, en la que le puso en conocimiento sobre su condición de madre cabeza de familia y el riesgo de ser desvinculada del cargo que ocupaba en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.

En ese sentido, ya que en la narración del escrito inicial se explicó el motivo por el cual se dirigió el medio constitucional en su contra, se configura la legitimación formal en la causa por pasiva y no será desvinculada de este proceso.Demandante: Nubia Milena Gomajoa Bastidas Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-02027-03

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la decisión de primera instancia de 19 de enero de 2023, a través de la cual la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la improcedencia del amparo.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la naturaleza de la acción de tutela; (ii) la condición subsidiaria de la acción de tutela y su excepcionalísima procedencia frente a actos administrativos; (iii) el estudio de procedibilidad frente a los actos administrativos cuestionados y, de superarse lo

de la acción de tutela; (ii) la condición subsidiaria de la acción de tutela y su excepcionalísima procedencia frente a actos administrativos; (iii) el estudio de procedibilidad frente a los actos administrativos cuestionados y, de superarse lo anterior, y (iv) el caso en concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera suplet iva, es decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, sa lvo que se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable10.

2.5. La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y su excepcionalísima procedencia frente a actos administrativos

El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagr a el requisito de subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la ac ción de tutela y determina que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia11.

10 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010. 11 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivoDemandante: Nubia Milena Gomajoa Bastidas Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-02027-03

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia w