CE - 110010315000202202099001SENTENCIA20220607180528

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., tres (03) de junio de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02099-00

Accionante: Octavio Arcángel Vidal Flórez Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - Falta de carga argumentativatercera instancia.

Surtido el trámite de ley 1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que invalide lo actuado, pro cede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del recurso de amparo constitucional formulado por el señor Octavio Arcángel Vidal Flórez contra el Juzgado 12 Administrativo Oral de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 6 de abril de 2022, el señor Octavio Arcángel Vidal Flórez, presentó acción de tutela contra el Juzgado 12 Administrativo Oral de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, con el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,

tutela contra el Juzgado 12 Administrativo Oral de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, con el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados, al proferir las providencias de 16 de julio de 2021 y 23 de marzo de 2022, respectivamente, que rechazaron la demanda dentro del proceso de reparación directa Rad. 05001-33-33-012-2021-00205-01 que promovió contra el municipio de Medellín.

2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen a lo siguiente:2

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 2 Expediente digital, folios 17 y 18 del escrito de demanda.Radicación: 11001-03-15-000-2022-02099-00

Accionante: Octavio Arcángel Vidal Flórez Accionado:Tribunal Administrativo de Antioquia y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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<< PRIMERO: Se ordene al TRIBUNAL A DMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA REVOCAR y dejar sin efectos los autos proferidos en lo concerniente a rechazar la demanda por caducidad.

SEGUNDO: Se ordene al JUZGADO DOCE (12) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD

REVOCAR y dejar sin efectos los autos proferidos en lo concerniente a rechazar la demanda por caducidad.

SEGUNDO: Se ordene al JUZGADO DOCE (12) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE MEDELLÍN, ANTIOQUIA AVOCAR conocimiento del presente asunto, e impartírsele el trámite respectivo a que haya lugar. >> (Negrilla del texto original).

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico y probatorio que respaldan la protección invocada, sostiene el actor, que3:

3.1.- El 27 de septiembre d e 2017, el accionante sufrió un accidente de tránsito en la ciudad de Medellín que fue ocasionado por el mal estado de la vía, pues en ella había un hueco de considerables dimensiones.

3.2.- El día 13 de julio de 2018, el accionante acudió a la junta médi co laboral, IPS de calificación y reintegro laboral, antes Grupo SEMEDIC, con la finalidad de determinar la disminución de su capacidad laboral. Sin embargo, dicho dictamen no se pudo realizar porque para esa fecha no había alcanzado su “mejoría máxima médica”.

3.3.- El 19 de febrero de 2021, el ciudadano Vidal Flórez fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 11.60 % y se fijó como fecha de estructuración ese mismo día.

3.4.- Por los hechos narrados, el día 13 de julio de 2021, el señor Octavio Arcángel Vidal Flórez presentó demanda de reparación directa en contra del municipio de Medellín.

mismo día.

3.4.- Por los hechos narrados, el día 13 de julio de 2021, el señor Octavio Arcángel Vidal Flórez presentó demanda de reparación directa en contra del municipio de Medellín.

3.5.- El 16 de julio de 2021, el Juzgado 12 Administrativo Oral de Medellín declaró la caducidad del medio de control, al considerar que el demandante tuvo certeza del daño desde el mismo día del accidente, es decir, el 27 de septiembre de 2017 y no en la fecha en que se realizó el dictamen de pérdida de capacidad laboral, comoquiera que este dictamen es un diagnóstico de la enfermedad.

3.6.- Inconforme con lo anterior, el demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación.

3.7.- El 21 de agosto de 2021, el Juzgado 12 Administrativo Oral de Medellín, resolvió no reponer dicha decisión. Al respecto, indicó que “el demandante tu vo certeza del daño, en el momento que ocurrió el accidente de tránsito, puesto que en esa misma fecha se le diagnosticó: “fractura de otras partes y de las no especificadas

3 Expediente digital, folios 1 - 7 del escrito de demanda.Radicación: 11001-03-15-000-2022-02099-00

Accionante: Octavio Arcángel Vidal Flórez Accionado:Tribunal Administrativo de Antioquia y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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de la muñeca y de la mano” y “contusión del tobillo”, razón por la cual, se considera

Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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de la muñeca y de la mano” y “contusión del tobillo”, razón por la cual, se considera pertinente precisar que el dictamen realizado por la JUNTA MÉDICO LABORAL, IPS DE CALIFICACION Y REINTEGRO LABORAL no comporta un diagnóstico de la enfermedad o de la lesión padecida por el señor OCTAVIO ARCANGEL VIDAL FLOREZ, su función es evaluar, de terminar y calificar la disminución de la pérdida de capacidad laboral, circunstancia que no constituye criterio que determine el conocimiento del daño, elemento que importa para el cómputo del término de la caducidad”. Además, concedió, en efecto suspensivo, el recurso de apelación.

3.8.- El 23 de marzo de 2022, el Tribunal Administrativo de Antioquia, resolvió la apelación confirmando en su integridad el auto proferido por el Juzgado 12 Administrativo Oral de Medellín.

4.- Según la parte actora, las ent idades judiciales accionadas vulneraron sus derechos, al desconocer que se está en presencia de un daño continuado y no consolidado.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

5.- Mediante auto de 26 de abril de 2022, el despacho admitió la acción de tutela, ordenó notificar a las autoridades judiciales demandadas y vinculó a la señora Yuri Patricia Castro Aguirre, al señor Harol Andrés Arango Castro y al Municipio de Medellín, en calidad de terceros interesados en el proceso. Igualmente requ irió al

ordenó notificar a las autoridades judiciales demandadas y vinculó a la señora Yuri Patricia Castro Aguirre, al señor Harol Andrés Arango Castro y al Municipio de Medellín, en calidad de terceros interesados en el proceso. Igualmente requ irió al Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Primera de Oralidad para que remitiera, en calidad de préstamo, el expediente identificado con el radicado número 0500133-33-012-2021-00205-00/01.

(i) Municipio de Medellín4

6.- El 9 de mayo de 2022, el municipio de Medellín, se opuso a la acción interpuesta. Para tal efecto manifestó que las autoridades judiciales accionadas cumplieron con lo señalado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Además, señaló que el hecho de que se tengan que hacer cirugías o terapias como consecuencia del daño, no significa que este sea de carácter continuo, sino que estas son consecuencias del daño que se causó en una única fecha cierta.

(ii) Tribunal Administrativo de Antioquia5

7.- El 9 de mayo de 2022, la entidad accionada señaló que no se puede confundir el daño con los medios de prueba para demostrarlo, de modo que no hay lugar a decir que solo hasta la fecha de la expedición del dictamen se estructuró su certeza, sobre

4 Expediente digital, intervención contenida en 5 folios. 5 Expediente digital, intervención contenida en 6 folios.Radicación: 11001-03-15-000-2022-02099-00

Accionante: Octavio Arcángel Vidal Flórez Accionado:Tribunal Administrativo de Antioquia y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

Accionante: Octavio Arcángel Vidal Flórez Accionado:Tribunal Administrativo de Antioquia y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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todo cuando los padecimientos se hicieron presentes d esde el momento del accidente6.

(iii) Yuri Patricia Castro Aguirre7

8. Afirmó que debido al accidente de tránsito tanto ella como su hijo se han visto afectados “económica y anímicamente, pues no sólo se han reducido los ingresos del hogar como consecuencia de la Pérdida de Capacidad Laboral de mi compañero de vida, sino que la aflicción que hemos sentido al verlo en ese estado nos ha causado un dolor y un sufrimiento interno que es incalculable (…) En ese sentido, la negativa de las autoridades judiciales para conocer de nuestro caso nos hace sentir revictimizados, y nos hace perder toda fe y confianza de la justicia colombiana, razón por la cual también hemos visto lesionados nuestros derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y a al acc eso a la administración de justicia como consecuencia de las omisiones presentadas por parte del TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA y del JUZGADO DOCE (12) ADMINISTRATIVO

DE ORALIDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA”8.

Por lo anterior, solicitó que se conceda e l recurso de amparo reiterando los argumentos propuestos por el accionante.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. De la acción de tutela contra providencias judiciales

9.- La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo del 31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción

C. De la acción de tutela contra providencias judiciales

9.- La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo del 31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales9.

9.1.- Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de la Corporación adoptó los crit erios expuestos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia del mecanismo de amparo constitucional contra providencias judiciales y reiteró que dicha acción es apenas un instrumento de carácter residual y subsid iario para la protección de los derechos fundamentales, tal y como lo señala el artículo 86 Superior10.

6 Expediente digital, folio 4, intervención del Tribunal Administrativo de Antioqu ia. 7 Expediente digital, intervención contenida en 10 folios. 8 Expediente digital, folio 2, intervención de Yuri Patricia Castro Aguirre. 9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).Radicación: 11001-03-15-000-2022-02099-00

Accionante: Octavio Arcángel Vidal Flórez Accionado:Tribunal Administrativo de Antioquia y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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9.2.- Así entonces, esta Corporación no ha vacilado en reiterar que los requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son los siguientes11:

• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.

• Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

• Que se cumpla el requisito de inmediatez.

• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

• Que la accionante identifique, de manera razona ble, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y,

• Que no se trate de sentencias de tutela.

9.3.- Ahora bien, interesa destacar que la relevancia constitucional, como requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, supone la presentación de un conflicto que trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no

supone la presentación de un conflicto que trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho constitucional12.

En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito, sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito de hacer cesar la presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.

9.4.- Lo anterior, comoquiera que con dicho requisito se persiguen al menos tres finalidades: (i) preservar los principios de autonomía e independencia judicial de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional 13 y, en ese sentido, evitar

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC). 12 Sentencia T-079 de 2010 de la Corte Constitucional. 13 Con relación a este aspecto, se indica en la sen tencia hito en la materia (C -590 de 2005), lo siguiente: “En este sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un mecanismo que sirva para que el juez constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión

de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no puede el juez de tutela convertirse en el máximoRadicación: 11001-03-15-000-2022-02099-00

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que la acción de tutela se utilice para debatir asuntos de mera legalidad 14; (ii) restringir el ejercicio del recurso de amparo a cuestiones con clar a y marcada relevancia desde la óptica constitucional por afectar derechos fundamentales15; e (iii) impedir que la interposición de la acción de tutela se transmute en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de las autoridades jurisdiccionales16.

9.5.- A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha decantado la jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C -590 de 2005, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, hacen relación a los denominados defecto s materiales, identificados y definidos como las fuentes de vulneración de derechos fundamentales17: (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

9.6.- En resumidas cuentas, los criterios generales y específicos de procedencia suponen pautas metodológicas que limitan la competencia del juez constitucional al abordar el escrutinio de una acción de tutela promovida en contra de una providencia

9.6.- En resumidas cuentas, los criterios generales y específicos de procedencia suponen pautas metodológicas que limitan la competencia del juez constitucional al abordar el escrutinio de una acción de tutela promovida en contra de una providencia judicial. Tanto unos como otros confluyen en el propósito de realizar el mandato de

intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en su función esencial como juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia”. 14 Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a la constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan afectaciones o vulneraciones de derechos fundamentales. Tal como se ha reiterado en la jurisprudencia constitucional, “la definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la jurisdicción constitucional” . Cfr, Sentencias T1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014 de la Corte Constitucional. 15 Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C -590 de 2005), “los

2014 de la Corte Constitucional. 15 Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C -590 de 2005), “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdad - de los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho”. 16 En este sentido, la Corte ha exigido que, “ teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una ter cera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental”. Cfr. Sentencia T-102 de 2006 de la Corte Constitucional. 17 Es de anotar q ue la jurisprudencia constitucional en torno a las vías de hecho evolucionó para comprender situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún llevaban a un desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió e l vocablo de vía de hecho por causal específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005 de

llevaban a un desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió e l vocablo de vía de hecho por causal específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005 de la Corte Constitucional.Radicación: 11001-03-15-000-2022-02099-00

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efectividad de los derechos fundamentales en un escenario de respeto por el valor de la cosa juzgada, la garantía de seguridad jurídica y los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial. De ahí que la autoridad judicial a cargo de esta labor carezca de competencia para reemplazar al juez de la causa en la interpretación del derecho legislado o en la evaluación detenida de las pruebas del caso o para imponer su criterio en debates de orden legal que corresponden a otras autoridades judiciales, ya que su rol “se reduce a asegurar de manera residual y excepcional la protecció n de los derechos fundamentales en los trámites judiciales”18.

9.7.- Precisado lo anterior, le corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera que, una vez superado ese examen formal, pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser adecuadamente formulados por el interesado19.

D. Análisis del caso concreto

10.- En los términos precedentes, esta Sala se ocupará de verificar si las circunstancias que se alegan en la presente causa acreditan los requisitos de

interesado19.

D. Análisis del caso concreto

10.- En los términos precedentes, esta Sala se ocupará de verificar si las circunstancias que se alegan en la presente causa acreditan los requisitos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, particularmente, si cumple el requisito de relevancia constitucional . Solo en el evento de acreditarse, pasará a abordar el estudio de los demás criterios con el propósito de establecer si el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en el yerro invocado por el accionante y si se justifica la adopción de medidas de protección frente a los mismos.

F. Estudio sobre el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

11.- Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que para determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional es necesario entrar a examinar dos elementos, a saber20:

• Que el actor cumpla su carga argumentativa de motivar la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, escenario en el que no basta enunciar los derechos presuntamente vulnerados, sino que tal vulneración

18 Sentencia T-297 de 2020 de la Corte Constitucional. 19 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016 00134-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016 -02213-01; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp. 2016-02568-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Quinta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016 -02213-01; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp. 2016-02568-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2016, entre otras. Cfr. Sentencias de la Corte Constitucional SU-556 de 2016, SU-542 de 2016 y SU-490 de 2016. 20 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).Radicación: 11001-03-15-000-2022-02099-00

Accionante: Octavio Arcángel Vidal Flórez Accionado:Tribunal Administrativo de Antioquia y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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ha de estar justificada, esto es, desde la carga argumentativa, debe expresar con suficiencia las razones y motivos de índ ole constitucional que revelan un juicio de desvalor frente a los derechos fundamentales de quien promueve la acción de tutela, de cara a la definición que ha adoptado el juez, encargado por mandato constitucional de definir el derecho, bajo la sacramental fórmula de administrar justicia por mandato de la Constitución y la ley. En este caso, tal ejercicio debe permitir una acción valorativa de la justeza de la decisión, asunto que se superpone aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que se basa la sentencia.

• Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada , en la medida en que

aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que se basa la sentencia.

• Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada , en la medida en que este mecanismo constitucional fue instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir toda discrepancia que el actor tenga frente a una decisión judicial, aspecto que se vincula en perfecta armonía con el anterior elemento, en tanto la acción de tutela no se presenta como garantía para la confrontación entre la decisión del juez y la opinión, criterio, dicho y aún raciocinio de quien con la determinación contenida en la sentencia no se ve favorecido, pues sin lugar a dudas de lo que se trata es de verificar la justeza constitucional de la decisión judicial.

12.- Revisados los planteamientos de la demanda de tutela, se advierte que los alegatos y las pretensiones que se alegan en el escrito de amparo no están llamados a prosperar, en la medida en que la parte actora se limitó a reiterar los argumentos presentados en el referido proceso de reparación directa ante el juez natural, particularmente, en los escritos de reposición y apelación. Así mismo, porque se limitó a aducir, en términos generales, la existencia de una transgresión a sus derechos fundamentales, sin remitirse de forma explícita a la configuración de una de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Así pues, se observa que esta acción constitucional tiene como propósito reabrir un debate ya zanjado por no estar de acuerdo con la decisión allí adoptada.

12.1.- Específicamente, el accionante fundamenta sus pretensiones en que en su

como propósito reabrir un debate ya zanjado por no estar de acuerdo con la decisión allí adoptada.

12.1.- Específicamente, el accionante fundamenta sus pretensiones en que en su caso no operó el fenómeno de la caducidad porque el daño reclamado aún no se ha consolidado, pues aún se encuentra sometido a revisiones médicas para establecer el daño real generado por el accidente, de modo que, al tratarse de un evento continuado no es posible declarar la caducidad del medio de control de reparación directa. Para sustentar lo anterior, acude a trans cribir apartes de las Sentencias T301 de 2019 de la Corte Constitucional y (Rad. 76001233300020140083901) y (Rad. 19001233100020 080025401), sin explicar por qué considera que dichas providencias constituyen un precedente aplicable a su caso, ni cuál es l a regla que ha sido desconocida.

13. En la Sentencia T -301 de 2019, la Corte Constitucional estudió una acción de tutela en la que se alegaba la vulneración al debido proceso por parte de unasRadicación: 11001-03-15-000-2022-02099-00

Accionante: Octavio Arcángel Vidal Flórez Accionado:Tribunal Administrativo de Antioquia y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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autoridades judiciales que en criterio de los demandantes, hab ían incurrido en un defecto fáctico y en el desconocimiento del precedente establecido por la Corte Constitucional, al aplicar taxativamente lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 dentro de un proceso de reparación directa. En tal ocasión, el accionante

Constitucional, al aplicar taxativamente lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 dentro de un proceso de reparación directa. En tal ocasión, el accionante señaló que las autoridades judiciales omitieron valorar de manera integral y objetiva los dictámenes médicos obrantes en el proceso que evidenciaban la causación de padecimientos que no eran inmediatos al accidente laboral. En concreto, se al egó que los daños psicofísicos causados al accionante solo fueron conocidos por éste a partir del concepto emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Por consiguiente, se afirmaba que el término de caducidad debía contabilizarse a partir de ese momento y no de manera previa, a partir de la fecha de ocurrencia del hecho dañoso.

13.1. La Corte consideró que el término de caducidad de la acción de reparación directa debía realizarse desde la ocurrencia del hecho dañoso, pues se presume que es en ese momento en el que el afectado tiene conocimiento del daño. Pese a esto, precisó que, en aras de garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia y la reparación integral de las víctimas, en aquellos casos en los que, a través del medio de control de reparación directa, se reclame una afectación del derecho a la salud y el afectado demuestre que, debido a las circunstancias particulares del caso solo pudo conocer o identificar con certeza la configuración o manifestación del daño, su gravedad, magnitud o sus efectos, en un momento posterior a aquél en el que se produjo la acción u omisión administrativa, corresponde a la autoridad judicial competente, efectuar una interpretación razonable del instante a partir del cual debe

su gravedad, magnitud o sus efectos, en un momento posterior a aquél en el que se produjo la acción u omisión administrativa, corresponde a la autoridad judicial competente, efectuar una interpretación razonable del instante a partir del cual debe iniciarse la c ontabilización del término de la caducidad de la acción, siempre y cuando se allegue al proceso el material probatorio necesario para justificar la flexibilización del conteo del término de caducidad.

13.2. En virtud de lo anterior, la Corte concluyó que, aunque el daño alegado por el accionante no había sido causado de manera inmediata, no era posible contabilizar el término de caducidad de la acción a partir del dictamen de pérdida de la capacidad laboral puesto que el perjuicio causado al accionante se generó en el procedimiento quirúrgico al cual fue sometido el accionante , momento en el