CE - 110010315000202202197001SENTENCIA20220802112915

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”

Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02197-00

Accionante: PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – PA-FFIE –

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B Tema: Acción de tutela contra providencia judicial / medio de control de controversias contractuales / auto que resuelve recusación / defecto procedimental / decisión sin motivación

Acción de tutela - sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el Patrimonio Autónomo Fondo de Infraestructura Educativa – PA-FFIE – contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 333 de 2021 y demás normas concordantes.

I. ANTECEDENTES

El Patrimonio Autónomo Fondo de Infraestructura Educativa – PA-FFIE –, actuando por conducto de apoderado 1, invoca la protección de los

normas concordantes.

I. ANTECEDENTES

El Patrimonio Autónomo Fondo de Infraestructura Educativa – PA-FFIE –, actuando por conducto de apoderado 1, invoca la protección de los

1 Marcel Tangarife Torres.ACC IÓN DE TUT EL A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -02197 -00

Accionante: Patr im onio Autónomo Fondo de Infr aestructura Educativa – PA -FFIE –

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 2 derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, con fundamento en los siguientes:

1. HECHOS

El Patrimonio Autónomo del Fondo de Infraestructura Educativa – FFIE (en adelante PA FFIE), a través del representante legal de ALIANZA FIDUCIARIA, sociedad que a su vez actuó en nombre y representación del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, vocero del PA FFIE, por una parte; y, por la otra, el CONSORCIO SINERGIA, suscribieron una serie de contratos de obra cuya finalidad era la elaboración de diseños y la ejecución de obras de infraestructura educativa en el departamento de Antioquia.

Con ocasión de diferentes circunstancias que dieron lugar a la declaratoria de incumplimiento de los contratos por parte del Consorcio Sinergia y la aplicación de las correspondientes cláusulas penales, el 8 de agosto de 2021, los integrantes del Consorcio interpusieron el medio

declaratoria de incumplimiento de los contratos por parte del Consorcio Sinergia y la aplicación de las correspondientes cláusulas penales, el 8 de agosto de 2021, los integrantes del Consorcio interpusieron el medio de control de controversias contractuales contra el Ministerio de Educación Naciona l y el Patrimonio Autónomo del Fondo de Infraestructura Educativa – FFIE, cuyo vocero y administrador es el

CONSORCIO FFIE ALIANZA – BBVA integrado por ALIANZA FIDUCIARIA

SA y BBVA ASSET MANAGEMENT SA SOCIEDAD FIDUCIARIA; y el

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA INT ERCON, conformado por

INTERCONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS, y COSULTORES DE

OCCIDENTE SAS.

El 18 de noviembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B admitió la demanda y corrió traslado de las medidas cautelares s olicitadas por la parte demandante, auto contra el que el PA FIFE interpuso recurso deACC IÓN DE TUT EL A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -02197 -00

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 reposición, aduciendo, en síntesis, (i) la falta de jurisdicción para conocer de la demanda por cuanto el patrimonio autónomo contratante

Bogotá D.C. – Colombia 3 reposición, aduciendo, en síntesis, (i) la falta de jurisdicción para conocer de la demanda por cuanto el patrimonio autónomo contratante no es una entidad pública ni forma parte de la estructura orgánica del Ministerio de Educación Nacional – MEN; (ii) que no se agotó el requisito de conciliación prejudicial pese a que las medidas cautelares solicitadas no eran de carácter patrimonial como lo exige el numeral 1.º del artículo 161 del CPACA modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021; (iii) que se pretendió la liquidación judicial de los contratos sin haber agotado ni el plazo de liquidación de mutuo acuerdo ni el procedimiento de liquidación pactado en el contrato; y (iv) que se efectuó una indebida acumulación de pretensiones al formularse algunas relacionadas con la responsabilidad contractual y otras con la responsabilidad extracontractual del Estado, pues estas son excluyentes entre sí.

Dicho recurso fue negado a través de auto del 10 de diciembre de 2021, en el que el magistrado sustanciador “ terminó extralimitándose del objeto propio del auto que profirió y prejuzgando”.

Como consecuencia de las afirmaciones realizadas en el mencionado auto, el PA FIFE recusó al magistrado sustanciador del proceso Henry Aldemar Barreto Mogollón , con fundamento en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso, frente a lo que el togado se pronunció el 4 de febrero de 2022.

A través de providencia del 4 de ma rzo de 2022, la Sala negó la recusación formulada, al considerar que las afirmaciones efectuadas

se pronunció el 4 de febrero de 2022.

A través de providencia del 4 de ma rzo de 2022, la Sala negó la recusación formulada, al considerar que las afirmaciones efectuadas por el magistrado sustanciador en el auto del 10 de diciembre de 2021 se hicieron en el marco de sus deberes.ACC IÓN DE TUT EL A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -02197 -00

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2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

Manifiesta que el auto del 4 de marzo de 2022 , mediante el cual se declaró infundada la recusación formulada contra el magistrado sustanciador del proceso adolece de defecto procedimental y carece de motivación, toda vez que desconoció que dicho togado, al admitir la demanda, no actuó conforme al prin cipio de imparcialidad que debe gobernar las actuaciones judiciales, en tanto realizó ciertas manifestaciones prejuiciosas y parcializadas en contra de la parte demandada.

En ese sentido, manifiesta que no era dable que el magistrado hiciera señalamientos relacionados con el trámite sancionatorio iniciado por la administración contra el contratista, algunas falencias por parte de la administración y de la interventoría que supuestamente evidenciaron un actuar irregular en los contratos , pues además de innecesarios,

señalamientos relacionados con el trámite sancionatorio iniciado por la administración contra el contratista, algunas falencias por parte de la administración y de la interventoría que supuestamente evidenciaron un actuar irregular en los contratos , pues además de innecesarios, estaban fuera del objeto de la providencia, lo que implica que el funcionario incurrió, con ocasión de sus funciones, en pronunciamientos anticipados acerca de aspectos sustanciales que no est án vinculados con lo que era objeto de su conocimiento en esa etapa procesal.

Asimismo, sostiene que la causal de recusación prevista en el numeral 12 del artículo 141 del CGP puede extenderse o entenderse configurada cuando el conductor del proceso hace pronunciamientos en una providencia judicial siem pre y cuando estén fuera de lugar, como ocurrió en el proveído del 10 de diciembre de 2021.

No obstante, los magistrados de la Sala negaron la recusación formulada argumentando que se trataba de una simple disconformidad del PA FFIE con la decisión de n o reponer el auto admisorio de laACC IÓN DE TUT EL A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -02197 -00

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Bogotá D.C. – Colombia 5 demanda y que el magistrado solamente cumplió con sus “deberes y facultades legales”, cuando, en su entender, este sí prejuzgó en una etapa procesal en la cual ni siquiera había empezado a correr el término para que los demandados contestaran el escrito que dio inicio a dicho proceso.

Finalmente, señala que e l auto que resolvió la recusación carece de motivación y “lamentablemente parece más bien una maniobra elusiva del debate propuesto. Debe reflexionarse profundamente sobre el ejercicio de la función judicial y sobre la necesidad de este país de una justicia que, además de decidir con independencia y libertad de interpretación legal, decidan también con método y sustento”.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior, solicita:

«1.1. Que se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso por vulneración de la garantía de imparcialidad del juez y acceso efectivo a la administración de justicia del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – PA-FFIE que están siend o conculcados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN TERCERA ORAL – SUBSECCIÓN B dentro del proceso iniciado por el Consorcio Sinergia contra el Ministerio de Educación Nacional, Consorcio FFIE Alianza – BBVA en calidad de vocero del Patrimonio Autónomo del Fondo de Infraestructura Educativa – FFIE y el Consorcio Infraestructura INTERCON. Vinculado: Aseguradora Seguros del Estado S.A.

1.2. Que, para la tutela efectiva de los derechos del PA FFIE se ordene al Tribunal

el Consorcio Infraestructura INTERCON. Vinculado: Aseguradora Seguros del Estado S.A.

1.2. Que, para la tutela efectiva de los derechos del PA FFIE se ordene al Tribunal Administrativo de Cu ndinamarca que revoque el auto del 04 de marzo de 2022 proferido por la Sección Tercera Subsección B con ponencia del Magistrado Franklin Pérez Camargo; y, en su lugar, se le ordene que dicte un auto donde se respondan de manera directa y completa cada uno de los argumentos presentados por el apoderado del PA-FFIE».ACC IÓN DE TUT EL A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -02197 -00

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4. TRÁMITE PROCESAL

4.1. Mediante proveído del 13 de mayo de 2022, el magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas manifestó encontrarse incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral 1.º del artículo 56 del CPP para conocer del presente asunto, toda vez que su hermana, la doctora Clara Cecilia Vargas Suárez, en su condición de magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, suscribió la providencia objeto de la presente acción de tutela.

4.2. En atención a ello, la Sala de Subsección declaró fundado el

Administrativo de Cundinamarca, suscribió la providencia objeto de la presente acción de tutela.

4.2. En atención a ello, la Sala de Subsección declaró fundado el impedimento manifestado, a través de providencia del 26 de mayo de 2022.

4.3. Posteriormente, mediante auto del 5 de julio de 2022 se admitió la acción de tutela de la referencia y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B como accionado y al Consorcio Sinergia, a los señores Luis Fernando Romero Sandoval y David Adolfo Ahcar Betts, al Ministerio de Educación Nacional, al Consorcio Infraestructura Intercon y a la Aseguradora Seguros del Estado S.A. como terceros interesados en las resultas del proceso.

5. INFORMES

5.1. El apoderado de las empresas que conforman el Consorcio Sinergia, es decir, OMICRON DEL LLANO SAS, manifestó que el presente asunto no reviste relevancia constitucional, en la medida en que la parte accionante no especificó cómo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha vulnerado sus derechos fundamentales con laACC IÓN DE TUT EL A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -02197 -00

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 7 decisión de decretar las medidas cautelares en el auto admisorio de la demanda.

5.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través del magistrado sustanciador del proceso cuestionado, pidió que se declare la improcedencia de la presente acción de tutela , toda vez que el reproche formulado por la parte accionante en realidad se dirige contra el auto que admitió la demanda y decretó medidas cautelares, frente al que se interpusieron varios recursos de reposición y otras solicitudes y que fueron resueltos a través de auto del 27 de abril de 2022, este último que también ha sido objeto de recursos que no han sido desatados en tanto fue objeto, igualmente, de una acción de tutela que no ha sido resuelta.

Por tanto, no se acredita el requisito de subsidiariedad, puesto que las decisiones objeto de reproche aún no han cobrado firmeza.

5.3. El Ministerio de Educación Nacional pidió que se declare la falta de legitimación pasiva de dicha entidad, toda vez que la presunta violación de derechos se le atribuye a una autoridad judicial sobre la cual no tiene injerencia alguna ese ministerio.

5.4. No se rindieron más informes.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:ACC IÓN DE TUT EL A

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:ACC IÓN DE TUT EL A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -02197 -00

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 8 • ¿La presente solic itud de amparo cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se determinará:

• ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, al proferir la providencia del 4 de marzo de 2 022 que negó la recusación formulada contra el magistrado Herny Aldemar Barreto Mogollón para tramitar el proceso de controversias contractuales adolece de defecto procedimental y carece de motivación?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar i) el marco conceptual de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia; iii) el marco conceptual de los defectos procedimental y de decisión sin motivación; y iv) el caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

de procedencia; iii) el marco conceptual de los defectos procedimental y de decisión sin motivación; y iv) el caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional vigente2 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los

2 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05. 3 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 1100 1-03-15-0002009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.ACC IÓN DE TUT EL A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -02197 -00

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 9 valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese

Bogotá D.C. – Colombia 9 valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cum plimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judicia les, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia const itucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la p resentación de la acción cumpla con el

extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la p resentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en laACC IÓN DE TUT EL A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -02197 -00

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En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales especiales, indicando que la acción constitucional resulta procedente únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fun damentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.

sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.

2.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.

2.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaro n la vulneración como los derechos vulnerados se encuentran plenamente individualizados.

2.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional, en tanto, de acuerdo con el artículo 143 del CGP, las providencias que se dicten en el trámite de la recusación no son susceptibles de recurso alguno.

2.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», contado desde la fecha de expedición de la providencia cuestionada (4 de marzoACC IÓN DE TUT EL A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -02197 -00

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 11 de 202 2) hasta la radicación de la acción de tutela ( 19 de abril de 2022).

2.1.4. Finalmente, el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como consecuencia de los defectos procedimental y por decisión sin motivación en que presuntame nte incurrió la autoridad judicial demandada.

2.2. Del defecto procedimental

En aspectos generales, el defecto procedimental se origina cuando el juez o la autoridad que ejerce funciones jurisdiccionales actúa completamente al margen del procedimiento judicial establecido 4. La jurisprudencia constitucional ha precisado que este defecto puede configurarse bajo dos modalidades: (i) defecto procedimental absoluto, y (ii) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto5.

En lo que refier e al defecto procedimental absoluto, ha di cho la Corte Constitucional que este se materializa cuando el o los administrador(es) de justicia: «[…] “se aparta[n] por completo del procedimiento establecido legalmente para el trámite de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe[n] a un trámite completamente ajeno al pertinente –desvía[n] el cauce del asunto-, o ii) omite[n] etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho de defensa

porque: i) se ciñe[n] a un trámite completamente ajeno al pertinente –desvía[n] el cauce del asunto-, o ii) omite[n] etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso” 6 o porque iii) “pasa[n] por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos

4 Corte Constitucional. Sentencias C-590 de 2005 y T-367 de 2018. 5 Corte Constitucional, Sentencia SU-770 de 2014. 6 Corte Constitucional, Sentencias T-327 de 2011, T-352 de 2012, T-398 de 2017 y T-367 de 2018.ACC IÓN DE TUT EL A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -02197 -00

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En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto , este ocurre cuando la autoridad judicial utiliza o concibe los procedimientos como obstáculo para la eficiencia del derecho sustancial, de tal manera

fundamentales”7 […]».

En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto , este ocurre cuando la autoridad judicial utiliza o concibe los procedimientos como obstáculo para la eficiencia del derecho sustancial, de tal manera que sus actuaciones generan una denegación de la justicia 8. Este defecto procedimental puede llegar afectar la prevalencia del derecho sustancial y el derecho a acceder a la administración de justicia cuando: i) se inaplican normas procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales de cada caso en concreto, ii) se exige cumplir requisitos formales de manera irracional, a pesar de que pueda tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre y cuando dicha circunstancia sea comprobada, iii) se incurre en un exceso de severidad procedimental en la apreciación de las pruebas, iv) o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar9.

Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto para el defecto procedimental absoluto como el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en todos sus supuestos fácticos, también requieren: i) que trate de un error procedimental grave y trascendente que influya de manera cierta y directa con el fondo de la decisión; ii) que dicha deficiencia no pueda imputarse directa ni indirectamente a la persona que alega la vulneración al debido proceso; iii) que no se pueda corregir la irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya alegado la irregularidad dentro del proceso, a no ser que ello hubiere sido

7 Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013. 8 Corte Constitucional, Sentencia T-053 de 2012.,

la irregularidad dentro del proceso, a no ser que ello hubiere sido

7 Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013. 8 Corte Constitucional, Sentencia T-053 de 2012., 9 Corte Constitucional, Sentencias, T-1306 de 2001, T-1323 de 2002, T-950 de 2003, T-973 de 2004, T-289 de 2005 y T-053 de 2012.ACC IÓN DE TUT EL A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -02197 -00

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2.3. Decisión sin motivación

La jurisprudencia constitucional11 ha señalado que la falta de motivación de una providencia como causal de procedencia de una tutela contra providencia judicial, surge cuando la sentencia o auto atacado carece de legitimación, deb ido a que el funcionario judicial encargado de adoptar determinada decisión incumplió su obligación de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos que la soportan , lo cual deriva en una decisión arbitraria que desconoce derechos fundamentales.

En desarrollo de lo anterior, la Corte Constitucional12 ha establecido los criterios que se deben tener en cuenta para establecer si existió un

cual deriva en una decisión arbitraria que desconoce derechos fundamentales.

En desarrollo de lo anterior, la Corte Constitucional12 ha establecido los criterios que se deben tener en cuenta para establecer si existió un defecto por falta de motivación, ya que dicha ausencia no puede estructurarse en cualquier descuerdo que exista con la justificación de la providencia atacada. Para ello y con el fin de respetar el principio de autonomía y razonamiento del juez, su configuración procederá cuando la argumentación sea defectuosa, insuficiente o inexistente y “se activa únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del juez, es decir en una arbitrariedad13”.

Finalmente, ha insistido la Corte Constitucional14 que cuando se estipule que una providencia judicial incurrió en falta de motivación debido a la

10 Corte Constitucional, Sentencias, C -590 de 2005, T -214 y T-053 de 2012, T -160 de 2013 y SU -770 de 2014. 11 Sentencia C-590 de 2005. 12 Sentencia T-233 de 2007. 13 Sentencia T-709 de 2010. 14 Sentencia T-041 de 2018.ACC IÓN DE TUT EL A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -02197 -00

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 14 ausencia de razonamientos que sustenten lo decidido el juez constitucional debe salvaguardar el derecho de los accionantes a obtener respuestas razonadas que además le permitan ejercer su derecho de contradicción, ya que aceptar una decisión que no sustente las razones fácticas y jurídicas iría en contravía de la función judicial que ostentan los administradores de justicia, situación que además conllevaría a una flagrante violación del derecho al debido proceso.

3. Caso concreto

En el presente asunto, el Patrimonio Autónomo Fondo de Infraestructura Educativa – PA-FFIE – reprocha la providencia del 4 de marzo de 2022 mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B declaró infundada la recusación formulada contra el magistrado sustanciador del proceso de controversias contractuales interpuesto por el Consorcio Sinergia contra el hoy accionante y el Ministerio de Educación Nacional.

Manifiesta, en síntesis, que dicha providencia carece de motivación y adolece de defecto procedimental, toda vez que no resolvió todos los argumentos expuestos que permitían encontrar debidamente sustentada y fundada la recusación formulada, relaciona dos con el prejuzgamiento efectuado en la etapa de admisión de la demanda y decreto de medidas cautelares que permite evidenciar un a conducta parcializada en contra de los demandados.

prejuzgamiento efectuado en la etapa de admisión de la demanda y decreto de medidas cautelares que permite evidenciar un a conducta parcializada en contra de los demandados.

Ahora bien, en la prov