CE - 110010315000202202264001SENTENCIASENTENCIA20230830110603

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA 8 ESPECIAL DE DECISIÓN

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN Número único de radicación: 110010315000202202264-00

Actor: CUELLAR SERRANO GÓMEZ S.A.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la sociedad CUELLAR SERRANO GÓMEZ S.A. con fundamento en el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, contra la sentencia proferida el 17 de marzo de 2021 por la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que confirmó el fallo de 7 de abril de 2011 , dictado por la Subsección “A” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I.- ANTECEDENTES

1.1 Refirió que entre el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y el Consorcio Estación San Victorino1, se celebró el contrato de Obra

1 integrado por las sociedades Cuellar Serrano Gómez S.A., Esgamo Limitada Ingenieros Constructores, y Construcciones Técnicas de Ingeniería Ltda. – Contein Ltda. También lo suscribió la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.2

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Actora: CUELLAR SERRANO GÓMEZ S.A.

Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.2

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Actora: CUELLAR SERRANO GÓMEZ S.A.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

IDU043-2003, de fecha 4 de abril de 2003, cuyo objeto fue la realización de los “Ajustes de Diseño, construcción y mantenimiento de la Estación Intermedia de San Victorino, localizada en la Avenida Jiménez por Troncal Caracas para el Sistema Transmilenio en Bogotá D.C.”.

2.1 Aludió que el plazo convenido para su ejecución fue de 66 meses. El contrato se inició el 25 de abril de 2003 y concluyó el 5 de febrero de 2009. Su valor se estimó en $8.359.414.619.

3.1 Indicó que según la cláusula 38 del contrato “todas” las diferencias relacionadas con su ejecución se resolverían a través de la Amigable Composición2, decisión que tenía fuerza vinculante para las partes, conforme lo prevé la cláusula 38.1.2.4.

4.1 Señaló que mediante Otrosí núm. 05 de 12 de noviembre de 2004, las partes designaron a la Universidad Militar Nueva Granada como amigable componedor para la solución de todas las diferencias surgidas con ocasión del contrato.

5.1 Aseguró que ante el amigable componedor se presentaron por el IDU para resolución 11 multas por presuntos incumplimientos al contrato, l as que luego de agotar el trámite correspondiente se

5.1 Aseguró que ante el amigable componedor se presentaron por el IDU para resolución 11 multas por presuntos incumplimientos al contrato, l as que luego de agotar el trámite correspondiente se

2 De conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley 446 de 1998, el Decreto 1818 de 1998, o las normas que los reemplazaran, modificaran, o adicionaran.3

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desestimaron según el Reporte de Conclusiones de Amigable Composición IDU SV1, de 16 de agosto de 2005.

6.1 Afirmó que en desarrollo del contrato se presentaron múltiples eventos y situaciones que afectaron su ejecución. Enlistó algunas de ellas, la que catálogo de abusivas, tales como: i) alteración indebida de la distribución de los riesgos, ii) indebida determinación del plazo de las obras por parte del IDU, iii) la exigencia de obras y actividades no previstas en el contrato y iv) llamado a multas no establecidas en el contrato, todos los cuales repercutieron en i mprevistos en la ejecución del c ontrato con serias consecuencias en cuanto a las responsabilidades a cargo de cada uno de los extremos contractuales y el desequilibrio financiero.

7.1 En razón al mencionado desequilibrio presentó reclamación al IDU el 18 de noviembre de 2005, la cual fue negada por la entidad, lo que permitió trasladar al Amigable Componedor, bajo la siguiente petición principal:

“A. PRINCIPALES

IDU el 18 de noviembre de 2005, la cual fue negada por la entidad, lo que permitió trasladar al Amigable Componedor, bajo la siguiente petición principal:

“A. PRINCIPALES

1. Que con fundamento en las razones de hecho y de derecho que se consignan en la presente reclamación se declare la nulidad absoluta del contrato IDU -43-2003, suscrito entre el

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, la EMPRESA DE

TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A. y EL

CONSORCIO ESTACION SAN VICTORINO.

2. Que como consecuencia de la declaración anterior se condene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, y a la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A., a pagar al CONSORCIO ESTACION SAN VICTORINO y a las sociedades que lo integran, todos los costos y gastos en que estas4

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incurrieron para la ejecución de las obras objeto del contrato, al igual que todos los daños y perjuicios causados con ocasión del mismo, en la cuantía que se indica en los numerales 5.1 a 5.18 del literal B de estas peticiones.

3. Que como consecuencia de las declaraciones anteriores se condene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, y a la

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO

3. Que como consecuencia de las declaraciones anteriores se condene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, y a la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A., a pagar al CONSORCIO ESTACION SAN VICTORINO y a las sociedades que lo integran, los conceptos que se indican en los numerales 6, 7 y 8, del literal B de estas peticiones […]”.

8.1 Luego de adelantado el proceso administrativo, el Amigable Componedor le reconoció al contratista la suma de $1.308.656.962, por concepto de la reclamación económica presentada, e hizo la siguiente precisión: “Lo aquí consignado corresponde al pronunciamiento del amigable componedor a la solicitud elevada por el CONSORCIO ESTACION SAN VICTORINO, respecto de las causales de reclamación de este a su contratante, en desarrollo del contrato número 43 de 2003 de abril 4 de 2003”.

9.1 Aclaró que en atención a los pronunciamientos y precisiones3 del Amigable Componedor, las sociedades integrantes del CONSORCIO ESTACION SAN VICTORINO formularon demanda contractual contra el Instituto de Desarrollo Urbano, a fin de obtener la nulidad del contrato IDU-043-2003, y las consiguientes restituciones y el

3 Al respecto se tiene que las razones, fueron las siguientes: “[…] 4. Por último, es claro que el AC no puede hacer nada distinto de fijar la “forma de cumplimiento de un negocio jurídico particular” (Art. 130 Ley 446/98) y por tanto no puede , como arriba se indicó, hacer

puede hacer nada distinto de fijar la “forma de cumplimiento de un negocio jurídico particular” (Art. 130 Ley 446/98) y por tanto no puede , como arriba se indicó, hacer pronunciamientos de tipo jurisdiccional, sino hacer una composición con base en las estipulaciones contractuales y las disposiciones del ordenamiento jurídico, correspondientes. Por lo anteriormente expuesto, el presente pronunciamiento s e circunscribirá a las obligaciones a cargo de la entidad contratante, IDU, las cuales llegado el caso concluirán en la obligación de emitir una orden o solicitud para que TRANSMILENIO pague al CONSORCIO, tal y como está previsto en el contrato, para todo tipo de pagos. En cuanto a las denominadas PETICIONES PRINCIPALES, el amigable componedor llama la atención del solicitante en cuanto a que el asunto a que ellas se refieren es del resorte exclusivo del juez del contrato, por lo que no le es dado al Amigab le Componedor juzgarlo en uno u otro sentido […]”5

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establecimiento integral del equilibrio financiero, alterado, según lo invocado, por los eventos relacionados en los hechos de la demanda.

10.1 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia el 7 de abril de 2011, por medio de la cual denegó las pretensiones de la demanda.

11.1 Contra la anterior decisión las sociedades demandantes interpusieron recurso de apelación4.

II.- SENTENCIA RECURRIDA EN REVISIÓN

demanda.

11.1 Contra la anterior decisión las sociedades demandantes interpusieron recurso de apelación4.

II.- SENTENCIA RECURRIDA EN REVISIÓN

Mediante sentencia de 17 de marzo de 2021, la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la sentencia proferida por el Tribunal . A demás, la adicionó en el sentido de denegar la pretensión subsidiaria tercera. Para llegar a estas conclusiones, adujo:

Que el problema jurídico a resolver era el de determinar si existió o no nulidad total o parcial del contrato por abuso o desviación de poder, como consecuencia de las diferencias entre la minuta del contrato que era parte del pliego de condiciones y el contrato ,

4 Entre las razones alegadas la sociedad recurrente indicó: “En cumplimiento del trámite previsto en la cláusula 38 del Contrato No. IDU-043-2003, la totalidad de los cargos por incumplimiento, formulados por la Interventoría y avalados por el IDU, fueron sometidos por ésta entidad a valoración y resolución a través del mecanismo de la amigable composición, por parte de la Universidad Militar Nueva Granada, institución que no halló mérito alguno para imponer una sanción económica en contra del contratista, según se evidencia en el reporte de conclusiones fechado el 15 de agosto de 2005, que obra en el proceso en copia auténtica a folios 358 a 381 del cuaderno 6 del expediente, que permite concluir, de una par te, que todas los imputaciones hechas al Consorcio por la Interventoría, fueron desestimadas, como amigable componedor, por la

expediente, que permite concluir, de una par te, que todas los imputaciones hechas al Consorcio por la Interventoría, fueron desestimadas, como amigable componedor, por la Universidad Militar, y, de otra, que el pretendido incumplimiento atribuido por el Tribunal al Consorcio ESTACIÓN SAN VICTORINO, carece de soporte probatorio en el expediente”.6

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planteamiento que resolvió negativamente sustentado en los siguientes argumentos:

Aclaró que s i bien es cierto que se acreditó la existencia de diferencias entre el texto de la minuta que se publicó como anexo 1 de los pliegos de condiciones 5 y el contrato suscrito por las partes, también lo es que tales alteraciones no configuraron un abuso o desviación de poder.

No aceptó el argumento relativo a que la recurrente suscribió el contrato sin haber leído su contenido, pues recalcó que el contratista se encuentra obligado en los términos del contrato a conocer el documento que suscribe y su omisión no le resta carácter vinculante, tan solo evidencia el incumplimiento de los deberes derivados de las cargas de la autonomía de la voluntad.

Indicó que no obraban pruebas en el expediente de las cuales se infiera que las modificaciones en la minuta del contrato hayan tenido por finalidad favorecer a los servidores públicos involucrados en la celebración del contrato o a un tercero 6. Tampoco que se hubiese demostrado que las modificaciones alteraron el objeto, las

por finalidad favorecer a los servidores públicos involucrados en la celebración del contrato o a un tercero 6. Tampoco que se hubiese demostrado que las modificaciones alteraron el objeto, las obligaciones, las finalidades de interés general que caracteriza n el ejercicio de la función administrativa.

5 Se refirió al folio 196-319 del cuaderno 13 de pruebas, anexo 6 de la demanda. 6 Para el efecto, citó al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 22 de marzo de 2007, Exp. 28010.7

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Afirmó que e l Consejo de Estado ha reconocido en diversas oportunidades, específicamente e n los casos de ambivalencia, la subregla de prevalencia del pliego sobre el texto del contrato 7, lo que de ninguna manera significa que la minuta consignada en el pliego tenga el carácter de inmodificable y deba ser idéntica en cada una de las cláusulas del contrato suscrito por las partes8.

Agregó que en los procedimientos de selección permiten la recepción de “ comentarios y observaciones ”, y en virtud de ello, y por la materialización de la autonomía de la voluntad, puede que después de la adjudicación se ajusten las cláusulas de l contrato sin desnaturalizar su objeto. Así, pese a estas diferencias, el contrato o sus cláusulas no resultan inválidas.

Reafirmó la posición del Tribunal en cuanto concluyó que las cláusulas alteradas dieron desarrollo al objeto del contrato que había

desnaturalizar su objeto. Así, pese a estas diferencias, el contrato o sus cláusulas no resultan inválidas.

Reafirmó la posición del Tribunal en cuanto concluyó que las cláusulas alteradas dieron desarrollo al objeto del contrato que había sido publicado desde la apertura de la licitación, y en razón a que “no modificaron el tipo de contrato de obra, pues siempre se trató de un contrato de obra a precio global ”, señaló que era im posible acceder al argumento de modificación que planteó la parte actora, si se tiene en cuenta que la asignación de riesgos es propia del contrato suscrito y no se alteró con las modificaciones introducidas.

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 29 de enero de 2004, Exp . 10779; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 24 de julio de 2013, Exp. 25642. 8 Citó para el efecto al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 10 de diciembre 2018, Exp. 61431.8

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De manera específica refirió que el objeto del contrato en la Resolución de Apertura era “ contratar los ajustes de diseño, construcción, y mantenimiento de la estación intermedia de San Victorino localizada en la Avenida Jiménez por Troncal Caracas para el sistema de transporte, en Bogotá D.C.”9 , motivo por el cual

construcción, y mantenimiento de la estación intermedia de San Victorino localizada en la Avenida Jiménez por Troncal Caracas para el sistema de transporte, en Bogotá D.C.”9 , motivo por el cual rechazó los argumentos de reproche en el sentido de que con la inclusión de cláusulas relativas a los “ajustes de diseño”, contenidas en las cláusula 1.73 a 1.76, no se desnaturalizó el contrato sino que se dio desarrollo al mismo.

Respecto de las modificaciones en las cláusulas de multas y garantías, y con ocasión de las observaciones al pliego, señaló que tampoco se observó reparo alguno “relacionado con la modificación del objeto del contrato”.

Así, concluyó que no existía mérito para acceder a las pretensiones de nulidad absoluta del contrato, total o parcial , por abuso o desviación de poder y, en consecuencia, confirmó la sentencia.

Finalmente, respecto de la pretensión tercera subsidiaria, el ad quem adicionó la sentencia en cuanto consideró que no era consecuencial de las nulidades alegadas y la denegó sustentada en que “las partes suscribieron al menos 7 modificaciones al contrato inicial, incluidas 3 prorrogas en las cuales las partes acordaron claro que estas que

9 Folios 7 Y 8 del cuaderno 13 de pruebas, anexo 1 de la demanda.9

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no generarían costos adicionales para la entidad ”. También agregó

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no generarían costos adicionales para la entidad ”. También agregó que en el “Acta de Terminación de la Etapa de Construcción” 10, no se consignó salvedad o constancia por parte del contratista 11 sobre la no realización de los supuestos e hipótesis en que se fundó el modelo contractual.

III.- EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La sociedad recurrente invocó como causal la prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CAPCA, la que fundó en los siguientes reproches:

3.1 OMISIÓN DE LAS AMIGABLES COMPOSICIONES ADELANTADAS

POR LAS PARTES

Aseguró que se desconoció el proceso administrativo en el cual se resolvió respecto de la imposición de 11 multas por parte del IDU a la contratista, fundado en presuntos incumplimientos al contrato. Tal conclusión, po rque conforme consta en el Reporte de Conclusiones de la Amigable Composición IDU SV1 de 16 de agosto de 2005, se fijaron criterios de interpretación frente a las obligaciones que cobijaron la contratista y, en específico, se dispuso la invalidez de las variaciones que unilateralmente introdujo

10 El 5 de febrero de 2004. F. 176, cuaderno 11 de pruebas. 11 De manera especifica se refirió a “la supuesta alteración que hizo el IDU a la página 13 del Acta de terminación de la etapa de construcción porque, incluso en la versión allegada por el contratista 11 de su propio archivo, no se observa salvedad o constancia alguna relacionada con la pretensión que aquí se estudia”.10

terminación de la etapa de construcción porque, incluso en la versión allegada por el contratista 11 de su propio archivo, no se observa salvedad o constancia alguna relacionada con la pretensión que aquí se estudia”.10

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el IDU , para lo cual transcribió el siguiente aparte que, en lo relevante para el análisis de esta cuestión, dice:

“[…] En contravía con lo anotado y pese a que no existe adendo, la cláusula 32.1 del contrato firmado por el contratista contiene una modificación que varía sustancialmente la original, por lo que no se sujeta a las reglas del Pliego de condiciones tal como ellas claramente lo establecieron. Es más, dicha modificación no se introdujo precisamente en beneficio del contratista, sino todo lo contrario, en perjuicio suyo. Ahora, si todo el pliego de condiciones – y específicamente su numeral 2.11 – fue un acto propio de la administración, tampoco puede ella obrar en contravía de éste, por estarle claramente proscrito de acuerdo con lo preceptuado por el inciso segundo del artículo 1624 del Código Civil, inserto en el título relativo a la interpretación de los contratos, conforme al cual:

“ARTICULO 1624. INTERPRETACION A FAVOR DEL DEUDOR. No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor.

Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se

interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor.

Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella”.

Debe además considerarse que tratándose de normas punitivas (multas) resulta dudoso que pueda aplicarse una disposición que apareció prácticamente por generación espontánea sin ningún trámite, ni sustento, ni aceptación del afectado.

Como quiera que la administración no sustentó y por lo tanto no demostró en debida forma (adendo) los cambios introducidos en el contrato presentado al contratista para su suscripción, diferente del contenido en el Anexo “A” de los pliegos de su propia licitación pública, será en su contra que se interprete dicha cláusula y, en tal orden de ideas, se aplique la previsión contenida en el numeral 2.11 ya citado” (Negrillas fuera de texto).

Como se lee, para el Amigable Componedor las modificaciones introducidas al contrato con posterioridad a su adjudicación y antes de su firma, corroboradas dentro del trámite de amigable composición, resultan abusivas y contrarias a los principios que rigen la contratación estatal , por lo que constituyen un alegato sustentado en la propia culpa, que no facultaban a la administración para reclamar del contratista su cumplimiento. […]”12

12 La transcripción es parcial y se destacó lo más relevante en cuanto a la descripción que hizo la parte recurrente en su escrito.11

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cumplimiento. […]”12

12 La transcripción es parcial y se destacó lo más relevante en cuanto a la descripción que hizo la parte recurrente en su escrito.11

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Con fundamento en lo anterior, aseveró que en las dos amigables composiciones que se realizaron se pudo concluir que el contrato no podía ser modificado unilateralmente , lo que desestimó que el argumento de que la firma del contrato por parte del contratista comportaba una aceptación irrestricta del contenido del documento.

Por tal motivo, afirmó que la sentencia que le confirió soporte a las actuaciones del Instituto de Desarrollo Urbano, anteriores al contrato y durante su ejecución, es infundada y contraria a la interpretación efectuada por las propias partes . Básicamente aludió al siguiente aparte:

[…] la Sala rechaza todos los argumentos que se sustentan en que el demandante suscribió el contrato sin haber leído su contenido. De la autonomía de la voluntad se derivan cargas que deben observar los sujetos, entre otros, para lograr que los negocios jurídicos tengan la finalidad que ellos persiguen. Uno de los deberes fundamentales que se deriva de la carga de diligencia es leer el contrato que se suscribe, pues en este se encuentra el régimen obligacional al cual se someten las partes. Además, en desarrollo de las cargas de claridad, precisión y sagacidad, las partes d eben asegurarse de que el texto del contrato concrete efectivamente su voluntad. Por ello, el contratista se encuentra obligado en los términos del

partes. Además, en desarrollo de las cargas de claridad, precisión y sagacidad, las partes d eben asegurarse de que el texto del contrato concrete efectivamente su voluntad. Por ello, el contratista se encuentra obligado en los términos del contrato, ya que no haber leído su texto no le resta a este carácter vinculante y solo revela el incumplimie nto de los deberes derivados de las cargas de la autonomía de la voluntad […]”.

Aseguró, que este planteamiento contraviene la calificación y las consecuencias de orden jurídico que las partes le otorgaron a dicha conducta, por conducto de la transacción que acordaron adelantar, lo cual representa una grave vulneración al debido proceso, por12

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hacer caso omiso a un punto que ya había sido objeto de transacción en dos ocasiones entre las partes, haciendo tránsito a cosa juzgada.

Que la sentencia 13 desafió el ordenamiento jurídico frente al entendido de que fue por voluntad de las partes que se llegó a las presuntas modificaciones al contrato.

Indicó que el fallo recurrido al ignorar las motivaciones de las transacciones celebradas por las partes en las amigables composiciones vulneró de manera flagrante la premisa que constituyó la columna central de los dos convenios de composición, toda vez que las consideraciones consignad as en dichos acuerdos constituyen lo que la doctrina denomina la “interpretación auténtica”, figura que apoyó en el siguiente aparte:

constituyó la columna central de los dos convenios de composición, toda vez que las consideraciones consignad as en dichos acuerdos constituyen lo que la doctrina denomina la “interpretación auténtica”, figura que apoyó en el siguiente aparte:

“[…] Antes de que el intérprete haga uso de estos preceptos, deberá asegurarse de que las partes no hayan interpretado por sí mismas la voluntad propia . LA INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA, en efecto, aun en materia de convenios, es la reina de todas las interpretaciones, y no hay que creer a aquellos tratadistas que rechazan esa especie de interpretación en materia contractual. Tal error nace de la mala aplicación de un principio muy verdadero, el cual dice que después de concluido el contrato, ninguna de las partes tiene libertad para modificar a su capricho la voluntad ya declarada e interpretarla a su guisa. Pero este principio no es, ciertamente, atacado, si las dos partes se ponen de acuerdo para interpretar su voluntad. Del mismo modo que en materia de leyes prevalece la interpretación del legislador sobre la doctrinal, así en la hermenéutica de los contratos,

13 Tal alegación la predica del siguiente aparte: “[…] Por tanto, se rechazarán todos los argumentos en el sentido de que con la inclusión de cláusulas relativas a los “ajustes de diseño”, las definiciones de la cláusula 1.73 a 1.76, o la etapa de revisión de estudios, la entidad hubiera desnaturalizado el contrato, trasformado fundamentalmente el régimen obligacional, o actuado con abuso o desviación de poder puesto que, como lo señaló el Tribunal, estas obligaciones daban desarrollo al objeto del contrato tal y como fue originalmente concebido […]”.13

trasformado fundamentalmente el régimen obligacional, o actuado con abuso o desviación de poder puesto que, como lo señaló el Tribunal, estas obligaciones daban desarrollo al objeto del contrato tal y como fue originalmente concebido […]”.13

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la inteligencia, el sentido que le dan los contratantes es el faro más seguro para conocer la voluntad […].”14 (Subrayas fuera del texto)

De allí que insistió en que “[…] l as partes de común acuerdo interpretaron el clausulado contractual en su conjunto, señalando que las modificaciones introducidas al mismo con posterioridad a su adjudicación y antes de su firma, resultaban inoponibles, por configurar una conducta abusiva, puesto que no le es dado a la administración pública proceder al margen de las facultades que la ley expresamente establece”.

Aseguró que el fallo 15 pugnó con lo decidido en la amigable composición IDU SV1, como en la IDU SV2, porque en la primera se dijo que “haberse introducido variaciones al contrato en la forma en que se hizo por parte de la administración, no le es dado a ésta exigir de su contratista que se pliegue a ellas, ya que él no conoció por los mecanismos legalmente establecidos dichos cambios y le fueron impuestos cuando se dio aplicación a las obligaciones que mediante ellos le fueron exigidas […]”.

Así las cosas, concluyó que el fallo recurrido se apartó de la interpretación que las “partes” hicieron del clausulado contractual

impuestos cuando se dio aplicación a las obligaciones que mediante ellos le fueron exigidas […]”.

Así las cosas, concluyó que el fallo recurrido se apartó de la interpretación que las “partes” hicieron del clausulado contractual y de la condu cta del IDU, hecho que identificó como violatorio del

14 Según el texto del recurso esta transcripción se tomó de: “[…] Jorge Giorgi, Teoría de las Obligaciones en el Derecho Moderno, Segunda Edición, Volumen IV, Fuentes de las Obligaciones, Madrid, Editorial REUS 1930. Página 186 […]” 15 Específicamente se refiere al siguiente apartado: “[…] De otra parte, como lo corroboró el Tribunal, las cláusulas alteradas dieron desarrollo al objeto del contrato que había sido publicado desde la apertura de la licitación. De las pruebas que obran en el expediente se puede ver que no se modificó el tipo de contrato de obra, pues siempre se trató de un contrato de obra a precio global. Tampoco es cierto que se haya modificado la asignación de riesgos, pues desde la minuta del contrato publicada con los pliegos puede advertirse que la asignación de riesgos es la propia de un contrato de obra o precio global y esto no se alteró con las variaciones introducidas […]”.14

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debido proceso, por cuanto, a su juicio, debió acogerse la interpretación auténtica del contrato, pues un actuar diferente desconoce el principio de congruencia previsto en el artículo 281 del CGP.

3.2 NULIDAD POR QUEBRANTAMIENTO DEL PRINCIPIO DE

CONGRUENCIA

interpretación auténtica del contrato, pues un actuar diferente desconoce el principio de congruencia previsto en el artículo 281 del CGP.

3.2 NULIDAD POR QUEBRANTAMIENTO DEL PRINCIPIO DE

CONGRUENCIA

Indicó que, con apoyo en el artículo 281 del CGP y la jurisprudencia de esta Corporación16, admitió el desconocimiento de este principio como constitutivo de la causal alegada 17 que “la sentencia que no observa el principio de congruencia no puede tener vocación de permanencia” porque incumple las formalidades sustanciales que debe reunir esta decisión judicial.

Descendiendo al caso bajo examen, señaló que la sentencia recurrida incumplió la congruencia interna, por cuanto : i) rechazó los argumentos relativos a que la contratista suscribió el contrato sin haberlo leído, ii) concluyó que no obran pruebas que permitan inferir que las modificaciones a la minuta del contrato tuvieron por finalidad favorecer a los servidores públicos involucrados en la celebración del contrato o a un tercero, iii) indicó que no se configuró la causal de nulidad respecto de la subregla de prevalencia del pliego sobre el

16 Se trata del fallo dictado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de 7 de abril de 2015. C.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro 17 También aludió a la sentencia de e