CE - 110010315000202202310001SENTENCIA20220617120438

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02310-00

Actor: SANDRA IULDANA LADINEZ CÁRDENAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-02310-00

Demandante: SANDRA IULDANA LADINEZ CÁRDENAS

Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA Y TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

Temas: Tutela contra providencia judicial . Medio de control de nulidad electoral. Requisito general de la relevancia constitucional cuando se acude como instancia adicional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por la señora Sandra Iuldana Ladinez Cárdenas , quien actúa en nombre p ropio, contra la Sección Quinta del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la que pide el amparo constitucional de sus derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados con las decisiones de 18 de noviembre de

Administrativo de Antioquia, en la que pide el amparo constitucional de sus derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados con las decisiones de 18 de noviembre de 2021 y de 30 de agosto de 2021, en su orden, por medio de las cuales se declaró la nulidad de la elección como Contralora Municipal de Rionegro.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La actora relató que durante el año 2020 suscribió 2 contratos de prestación de servicios con el municipio de Rionegro, Antioquia, por lo que no se configuró una relación laboral ni prestacional con esa entidad territorial.

Sostuvo que mediante Resolución No. 086 de 3 d e diciembre de 2020, el Concejo Municipal de Rionegro realizó la apertura de la convocatoria pública para proveer el cargo de Controlar Municipal para el año 2021.

Indicó que agotadas las etapas de la convocatoria, el Concejo Municipal de Rionegro en Acta No. 02 de 22 de enero de 2021 la eligió como Contralora Municipal de Rionegro, cargo del que tomó posesión el 27 de enero de 2021.

Afirmó que los señores Oscar Ignacio Castaño Correa y John Fredy Osorio Pemberty, en ejercicio del medio de control de nuli dad ele ctoral pre sentaron demanda contra el Concejo Municipal de Rionegro y la señora Sandra Iuldana Ladinez Cárdenas, con el fin de que se anul ara la elección como Contralora

Pemberty, en ejercicio del medio de control de nuli dad ele ctoral pre sentaron demanda contra el Concejo Municipal de Rionegro y la señora Sandra Iuldana Ladinez Cárdenas, con el fin de que se anul ara la elección como Contralora Municipal de Rionegro contenida en el Acta No. 02 de 22 de enero de 2021.Radicado: 11001-03-15-000-2022-02310-00

Actor: SANDRA IULDANA LADINEZ CÁRDENAS

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Señaló que el Tribunal Administrativo de Antioquia por auto de 28 de marzo de 2021 admitió la demanda y decretó la medida cautelar de suspensión provisional del acto administrativo demandado, decisión que confirmó la Sección Quinta del Consejo de Estado en pro veído d e 13 de ma yo de 2021. Posteriormente, el tribunal dictó sentencia de 30 de agosto de 2021 1 , mediante la cual declaró la nulidad del acto de elección de la señora Sandra Iuldana Landinez Cárdenas como Contralora Municipal de Rionegro , al encontrarse probada la causal de inhabilidad de celebración de contratos un año antes de la elección prevista en el artículo 95, numeral 3 de la Ley 136 de 1994.

Finalmente, manifestó que contra la anterior decesión interpuso recurso de apelación que fue resuelto por la Sec ción Quint a del Consejo de Estado , en sentencia de 18 de noviembre de 2021, en el sentido de confirmar íntegramente el fallo de primera instancia.

apelación que fue resuelto por la Sec ción Quint a del Consejo de Estado , en sentencia de 18 de noviembre de 2021, en el sentido de confirmar íntegramente el fallo de primera instancia.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se ampar en l os derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia , supuestamente vulnerados por la Sección Quinta del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Antioquia con la s decisiones de 18 de noviembre de 2021 y de 30 de agosto de 2021, respectivamente, por medio de las cuales se declaró la nulidad de la elección de la señora Sandra Iuldana Landinez Cárdenas como Contralora Municipal de Rionegro.

Afirmó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en des conocimiento del precedente judicial contenido en la sentencia de 8 de febrero de 2011 2 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado , en la que se indica que las inhabilidades no son taxativas.

Sostuvo que en las providencias ob jetadas se incurr ió en una imprecisión, al considerar que las inhabilidades de los alcaldes se aplican al contralor municipal, más aun cuando no es claro c ómo una persona que ejecuta un contrato de prestación de servicios obtiene alguna ventaja frente a lo s demás concursantes al cargo antes mencionado.

Indicó que la parte accionada al aplicar de manera directa el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, desconoció que la Corte Constitucional en la sentencia C -126 de 2018 3 , indicó que dicha norma solo regula “en lo que es aplicable”.

136 de 1994, desconoció que la Corte Constitucional en la sentencia C -126 de 2018 3 , indicó que dicha norma solo regula “en lo que es aplicable”.

Resaltó que de las tres inhabilidades que se encuentran previstas en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, específicamente la del numeral tercero no le es aplicable, pues por analogía las autoridades judiciales debieron estudiar el actuar de la señora Ladinez Cárdenas a partir d el artículo 6 de la Ley 330 de 1996, que regula las inhabilidades para los contralores departamentales.

Señaló que “[l]os fallos de primera y segunda instancia que hoy se reprochan, optaron por la comprensión más restrictiva de los derechos fundamentales para la suscrita servidora pública, con lo cual se infringe la regla de “la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho”, prevista como un principio fundamental, supremo y prevalente en el artículo 53 de la Constitución Política”.

1 Decisión que fue corregida en auto de 8 de septiembre de 2021, en el sentido de que no se trataba de la Concejal a del Municipio de Rionegro, sino de la Contralora Municipal de Rionegro. 2 Radicado No. 11001-03-15-000-2010-00990-00, C.P.: Ruth Stella Correa Palacio. 3

M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.Radicado: 11001-03-15-000-2022-02310-00

Actor: SANDRA IULDANA LADINEZ CÁRDENAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Actor: SANDRA IULDANA LADINEZ CÁRDENAS

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Afirmó que la elección del alcalde municipal no es similar a la del contralor, en uno se accede al cargo por elección popular , mientras que en el otro por elección del concejo municipal después de un proceso de convocatoria en donde se selecciona una terna.

Sostuvo que el inciso 7 del artículo 272 de la Constitución Política facultó al legislador para señalar las calidades o requisitos adicionales para ocup ar el cargo de contralor departamental, distrital o municipal, caso contrario a lo establecido en el inciso 8 del mismo artículo, en donde no se otorga facultades al legislativo para establecer inhabilidades adicionales a las señaladas por la C arta Política, por lo que su interpretación debe ser restrictiva.

Indicó que es válida la posición planteada en el proceso de nulidad electoral , en donde se indicó que la inhabilidad establecida en el numeral 3 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 es inexequible o que fue derogada por el Acto Legislativo 04 de 2019, máxime que en el inciso 7 del mencionado artículo no existe la posibilidad de ampliar las inhabilidades para ocupar el cargo de contralor municipal, tan solo se pueden adicionar las calidades.

Mencionó que la S ección Quinta del Consejo de Estado señaló que la anulación de la elección es por una causal de tipo subjetivo, sin embargo, la Corte Constitucional en las sentencias C -393 de 2019 4

Mencionó que la S ección Quinta del Consejo de Estado señaló que la anulación de la elección es por una causal de tipo subjetivo, sin embargo, la Corte Constitucional en las sentencias C -393 de 2019 4 , C -544 de 2005 5 y C -1062 de 2003 6 , explic ó que las inhabilidades subjetivas consisten en una condena o una sanción disciplinaria causada por un comportamiento, pero a la fecha la accionante resaltó que ha desempeñado en el ejercicio de su profesión de manera intachable sin ninguna sanción disciplinaria, penal o contravencional.

Finalmente, manifestó que desde la medida cautelar hasta la decisión final que declaró la nulidad de su elección como Contralora Municipal de Rionegro no podía disponer de otro trabajo, pues seguía siendo empleada pública, sin embargo, no recibió remuneración alguna durante ese tiempo.

3. Pretensiones

La parte accionante formuló las siguientes:

“PRIMERA. Tutelar el derecho fundamental a la igualdad (art. 13), al trabajo (art. 25), al debido proceso o legalidad (art. 29) y a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos (art. 40 numeral 7) de la Constitución Política, en concordancia con el literal c) del art. 23.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos, por la vulneración de mis derechos con la emisión de la sentencia de fecha 30 de a gosto de 2021, emitida con el Tribunal Administrativo de Antioquia, confirmada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado el 18 de noviembre de 2021.

2021, emitida con el Tribunal Administrativo de Antioquia, confirmada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado el 18 de noviembre de 2021.

SEGUNDA. Como consecuencia de lo anterior, se ordene REVOCA R o dejar sin EFECTOS las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 30 de agosto de 2021, confirmada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado del 18 de noviembre de 2021.

TERCERO. Declarar que la suscrita en virtud de la convocatoria pública realizada por el Concejo Municipal de Rionegro, ejerci ó el cargo de Contralora Municipal desde el momento”.

4

M.P.: Carlos Bernal Pulido.

5

M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.

6

M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.Radicado: 11001-03-15-000-2022-02310-00

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4. Pruebas relevantes

En correo electrónico de 5 de mayo de 2022, la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Antioquia remitió copia digital del expediente N° 05001-23-33000-2021-00312-01, correspondiente al medio de control de nulidad electoral que adelantó los señores Oscar Ignacio Castaño Correa y John Fredy Osorio Pemberty contra el Con cejo Municipal de Rionegro y la señora Sandra Iuldana

000-2021-00312-01, correspondiente al medio de control de nulidad electoral que adelantó los señores Oscar Ignacio Castaño Correa y John Fredy Osorio Pemberty contra el Con cejo Municipal de Rionegro y la señora Sandra Iuldana Landinez Cárdenas.

5. Trámite procesal

Por auto de 29 de abril de 202 2, el despacho de la Magistrada Sustanciadora admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la s autoridades judiciales demandadas, así como al Concejo Municipal de Rionegro y a los señores Óscar Ignacio Castaño Correa y John Fredy Osorio Pemberty y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 49101 a 49106 de 3 de mayo de 2022 7 , con el fin de notificar a las partes.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Quinta

En escrito de 5 de mayo de 2022, el consejero ponente pidió que se negaran las pretensiones de la acción de tute la, al considerar que no se observa la configuración de ningún defecto, sino tan solo un desacuerdo de la accionante con lo decidido.

Afirmó que contrario a lo manifestado por la demandante, emitió un pronunciamiento relacionado con la causal de inhabilid ad alegada en la demanda de nulidad electoral y el alcance de la expresión “en lo que sea aplicable”, para lo cual indicó que “la Sección mantuvo la tesis según la cual el hecho de que el artículo 272 de la Carta Política contenga causales de inhabilidad d e rango

de nulidad electoral y el alcance de la expresión “en lo que sea aplicable”, para lo cual indicó que “la Sección mantuvo la tesis según la cual el hecho de que el artículo 272 de la Carta Política contenga causales de inhabilidad d e rango constitucional respecto de los contralores no es incompatible con la existencia de situaciones de inelegibilidad de tipo legal, como las previstas en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, (modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000). Es de cir, el régimen d e inhabilidades para los contralores no solo es de carácter constitucional, sino también legal”.

Agregó que en la sentencia objetada se verificó si era procedente extender la inhabilidad endilgada bajo la remisión del artículo 163 literal c) de la Ley 136 de 1994 y se concluyó que “la norma resulta útil en tanto propende por la protección eficaz de dichos principios, de modo que se cumple el parámetro que habilita la remisión que hace el literal c) del artículo 163 de la Ley 136 de 1994 al artículo 95.3 idem, pues la expresión “en lo que sea aplicable” supone la compatibilidad de la inhabilidad para ser alcalde, con la finalidad de la regla en cuestión respecto del cargo de contralor, lo cual ya se evidenció”.

Sostuvo que la demandante uti liza la solicitud de amparo para reabrir un debate que ya se desarrolló en las dos instancias del proceso ordinario, con el fin de generar una tercera instancia.

7 La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes

que ya se desarrolló en las dos instancias del proceso ordinario, con el fin de generar una tercera instancia.

7 La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes direcciones de correo electrónico: iuldy@yahoo.com, notiflalvarezp@consejodee stado.gov.co; acardenasr@consejodeestado.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, Concejo@rionegro.gov.co; atencionusuario@rionegro.gov.co, osicasta@gmail.com; osicasta@hotmail.com; pembertyfredy@hotmail.com; pembertyfredy@gmail.com; fredy.pemberty@lawyer-company.com y sectribant@cendoj.ramajudicial.gov.co.Radicado: 11001-03-15-000-2022-02310-00

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Finalmente, resaltó que la demandante confunde las tipos de causales de nulidad (subjetivas y objetivas) y las inhabilidades propiamente dichas, pues las sentencias que invoca de la Corte Constitucional se circunscriben al estudio de las inhabilidades que el legislador estructuró mientras que en la sentencia objetada se desarrolló a partir de la ca sual subjetiva de nulidad contemplada en el numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 y que la inhabilidad se acreditó fue la establecida en el artículo 93.3 de la Ley 136 de 1994, consistente en la existencia

del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 y que la inhabilidad se acreditó fue la establecida en el artículo 93.3 de la Ley 136 de 1994, consistente en la existencia de un vínculo contractual anterior a l a elecc ión, mas n o a la imposición de condena alguna.

6.2. Respuesta del señor Oscar Ignacio Castaño Correa

En escrito de 5 de mayo de 2022, el tercero con interés pidió que se negaran las pretensiones de la acción de tutela, bajo el argumento de que la s autor idades judiciales accionadas no vulneraron los derechos fundamentales de la demandante.

Al respecto, hizo un relato de los hechos que rodearon la elección de la Contralora Municipal de Rionegro, así como el proceso de nulidad electoral que se adela ntó contra la men cionada elección. Igualmente, informó que presentó demanda de simple nulidad contra la Resolución No. 02 de 28 de enero de 2021, mediante la cual la contralora sin competencia cre ó la planta de cargos de la Contraloría Municipal de Rionegr o y que el Juzgad o Tercero Administrativo de l Circuito de Medellín en fallo de 12 de enero de 2022, anuló el mencionado acto administrativo, decisión que no fue apelada.

6.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia, el Concejo Municipal de Rionegro y el señor John Fredy Osorio Pemberty, guardaron silencio a pesar de que se notificaron en debida firma del auto admisorio de la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

que se notificaron en debida firma del auto admisorio de la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitu ción Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala verificar si la acción de tutela cumple con el requisito de la relevancia constitucional, en atención a que fue puesto de presente por la Sección Quinta del Consejo de Estado en el escrito de oposición.

En caso de que la respuesta se afirmativa y se cumplan los restantes requisitos de procedencia de la acción de tutela , se determinará si la Sección Quinta del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Antioquia con las decisiones de 18 de noviembre de 2021 y 30 de agosto de 2021 , respectivamente, por medio de las c uales se declaró la nulidad de la elección de la Contralora Municipal de Rionegro, vulneraron los derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia , y si incurrió en el defecto por desconocimiento del pr ecedente j udicial, pues no tuvo en cuenta que las casuales de inhabilidad establecidas en el artículo 95 numeral 3 de la Ley 136 deRadicado: 11001-03-15-000-2022-02310-00

Actor: SANDRA IULDANA LADINEZ CÁRDENAS

casuales de inhabilidad establecidas en el artículo 95 numeral 3 de la Ley 136 deRadicado: 11001-03-15-000-2022-02310-00

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1994 no son taxativas de acuerdo con lo desarrollado por la Corte Constitucional en la sentencia C-126 de 2018 8 .

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones9.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a definir cuándo un asunto present a relevancia constitucional, partiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de 200510, la Corte indicó que cuan do se acuda al mecanismo de amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que con lleva l a improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los

que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que con lleva l a improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C -590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional11.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio de selecc ión en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala 12, de conformidad con lo a nterior ha precis ado que este requisito de procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

1. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales . En principio, la acción de tutela no puede ut ilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

1. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia const itucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra provide ncias

relevancia const itucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra provide ncias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

8

M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.

9 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 10 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa. 11 la Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01. 12 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 11001-03-15-000-2022-02310-00

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1. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de

las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

1. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

1. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más i nformal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan p revio agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario.

Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicac ión, condiciones que, en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía judicial.

en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicac ión, condiciones que, en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La accionante manif estó que la Sección Quinta del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Antioquia con las decisiones de 18 de noviembre de 2021 y 30 de agosto de 2021, en su orden, por medio de las cuales se declaró la nulidad de su elección como Contralora Municipal de Rionegro, vulner aron los derechos fundamentales al trab ajo, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, y si incurrió en el defecto por desconocimiento del precedente judicial, pues no tuvo en cuenta que las casuales de inhabilidades establecidas en el artículo 95 numeral 3 de la Ley 136 de 1994 no son taxativas de acuerdo a lo desarrollado por la Corte Constitucional en la sentencia C-126 de 2018.

4.2. La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción de tutela porque no cumple el requisito de la relevancia constitucional, en tanto se acude a ella con la intención de dar continuidad al debate legal que fue resuelto en dos instancias.

Los señores Oscar Ignacio Castaño Correa y John Fredy Osorio Pemberty presentaron demanda de nulidad electoral contra el Concejo Municipal de Rionegro, en la q ue solicit aron la nulidad de la elección de la señora Sandra Iuldana Landinez Cárdenas como Contralora Municipal de esa entidad territorial , por están inmersa en la causal de inhabilidad prevista en el artículo 95, numeral 3

Rionegro, en la q ue solicit aron la nulidad de la elección de la señora Sandra Iuldana Landinez Cárdenas como Contralora Municipal de esa entidad territorial , por están inmersa en la causal de inhabilidad prevista en el artículo 95, numeral 3 de la Ley 136 de 1994, t oda vez que tuvo vínculo contractual con entidades públicas del municipio de Rionegro dentro del año anterior a su elección.Radicado: 11001-03-15-000-2022-02310-00

Actor: SANDRA IULDANA LADINEZ CÁRDENAS

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La señora Sandra Iuldana Landinez Cárdenas en ejercicio de su derecho a la defensa y contradicción presentó escrito de contestació n de la demanda, en el que manifestó que los diferentes contratos celebrados con las entidades públicas pertenecientes al municipio de Rionegro , se rigen por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, razón por la cual son objeto de exclusión para inhabilitarla por las previsiones contenidas en el artículo 272 de la Constitución Política, de acuerdo con las modificaciones introducidas por el Acto Legislativo 04 de 2019.

Destacó que la norma aplicable en su caso no es el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, en conc ordancia con el a rtículo 163 , literal c ) de dicha normativa, sino el artículo 272 de la Constitución Política , modificado por el Acto Legislativo 04 de 2019, que unificó las causales de inhabilidad para el cargo de contralor en el

artículo 272 de la Constitución Política , modificado por el Acto Legislativo 04 de 2019, que unificó las causales de inhabilidad para el cargo de contralor en el orden territorial y derog ó expresamente la s disposiciones contrari as a esta , señalando que no podrá ser elegido como tal, en los términos de la Sentencia C126 de 2018, quien ocupe el cargo en propiedad (prohibición de reelección) o quien en el año anterior a la designación: (i) s ea o ha ya sido mi embro de la Asamblea o Concejo competente para llevarla a cabo o (ii) haya ocupado cargo público en la rama ejecutiva del orden departamental, distrital o municipal.

El Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia de 30 de agosto de 2021, declaró la nulidad del acto de elección de la señora Sandra Iuldana Landinez Cárdenas como Contralora Municipal de Rionegro, para lo cual precisó que se aplica una causal de inhabilidad que está expresa en la ley, lo que no significa que se esté haciendo una interpretación extensiva de una norma que la inhabilita, toda vez que el Acto Legislativo 04 de 2019 que subrogó el artículo 272 de la Constitución no modificó la jurisprudencia del Consejo de Estado que supone la coexistencia de la inhabilidad co nstitucional, con la dispuesta en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994 para los contralores.

Así mismo, destacó que la señora Landinez Cárdenas suscribió diferentes contratos de prestación de servicios, los cuales fueron ejecutados en el municipio de Rionegro y dentro del año anterior a su designación como Contralora Municipal

Así mismo, destacó que la señora Landinez Cárdenas suscribió diferentes contratos de prestación de servicios, los cuales fueron ejecutados en el municipio de Rionegro y dentro del año anterior a su designación como Contralora Municipal de Rionegro el 22 de enero de 2021, específicamente los contratos: (i) No. 034 celebrado el 31 de enero de 2020 con la Empresa de Desarrollo Sostenible de Oriente, EDESO y (ii) No