CE - 110010315000202202343001SENTENCIA20220621161331

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-02343-00

Accionante: ANDRÉS HUMBERTO MESA CARDOZO

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Improcedencia / FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Tercera instancia porque se pretende reabrir el debate jurídico.

La Sala se pronuncia, en primera instancia, en relación con la demanda de tutela instaurada por el señor Andrés Humberto Mesa Cardozo, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 333 de 2021.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

Por escrito presentado el 26 de abril de 2022, el señor Andrés Humberto Mesa Cardozo, en nombre propio, instauró demanda de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado Primero Administrativo de Sogamoso, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la igualdad y a elegir y ser elegido.Radicación: 11001-03-15-000-2022-02343-00

Actor: Andrés Humberto Mesa Cardozo Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro

igualdad y a elegir y ser elegido.Radicación: 11001-03-15-000-2022-02343-00

Actor: Andrés Humberto Mesa Cardozo Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro Referencia: Acción de tutela

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2. Hechos relevantes

El accionante señaló que el Concejo Municipal de Aquitania realizó un concurso de méritos para seleccionar al personero municipal, proceso que se surtió de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1083 de 2015.

Una vez surtidas todas las etapas del concurso, mediante Resolución 49 del 23 de junio de 2021, se protocolizó la elección del señor Mesa Cardozo como Personero Municipal de Aquitania para el período 2020-2024.

En contra del anterior acto, el señor Iván Camilo Pérez Ochoa -segundo de la lista de aspirantespromovió una demanda de nulidad electoral.

El 16 de febrero de 2022, el Juzgado Primero Administrativo de Sogamoso accedió a las pretensiones de la demanda, decisión que fue confirmada, el 9 de abril de 2022, por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

3. Fundamentos de la demanda de tutela

La parte actora indicó que la decisión cuestionada incurrió en un defecto fáctico, en uno sustantivo, en un desconocimiento del precedente y en una violación a la Constitución Política, todos bajos una argumentación similar.

Al respecto, manifestó que tanto el material probatorio, como la jurisprudencia y la Ley le otorgaron a los Concejos Municipales la potestad de adelantar el concurso de méritos para elegir al Personero Municipal de manera directa con sus propios

Al respecto, manifestó que tanto el material probatorio, como la jurisprudencia y la Ley le otorgaron a los Concejos Municipales la potestad de adelantar el concurso de méritos para elegir al Personero Municipal de manera directa con sus propios recursos y sin necesidad de acudir a una institución de educación superior o terceros especializados, “ argumentos que fueron e xpuestos en la defensa de la primera instancia y reiterados en los argumentos de apelación y que no tuvieron eco en las sedes de decisión”.

Alegó que el contrato que celebró el Concejo Municipal de Aquitania con la empresa OLTED tenía como objeto “ prestar el servicio de Unidad de Apoyo Normativo al Concejo Municipal de Aquitania, Boyacá, a través de asesoría Jurídica”, razón por la que elaboró las preguntas pero no adelantó las etapas del concurso de mérito, situación que fue corroborada con el oficio expe dido por el mismo Concejo Municipal.Radicación: 11001-03-15-000-2022-02343-00

Actor: Andrés Humberto Mesa Cardozo Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro Referencia: Acción de tutela

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Adujo que todas las etapas se surtieron de acuerdo con el ordenamiento jurídico y se cumplieron con los protocolos de seguridad y confidencialidad, por lo que el acto administrativo cuestionado era legal, lo que se po día corroborar con el Acuerdo 018 de 2019, la Resolución 021 de 2021, el acta de informe del proceso de selección y el oficio del Concejo Municipal de Aquitania.

Indicó que en las providencias cuestionadas no se estableció la forma en que se infringió supuestamente las normas en que debía fundarse el acto y se interpretó

selección y el oficio del Concejo Municipal de Aquitania.

Indicó que en las providencias cuestionadas no se estableció la forma en que se infringió supuestamente las normas en que debía fundarse el acto y se interpretó de manera equivocada el Decreto 1083 de 2015 al considerar que “el concurso de méritos se debe adelantar únicamente a través de un tercero o una universidad ”, desconociendo que la Ley y la jurisprudencia han avalado la posibilidad de que el concurso se adelante de manera directa por el Concejo Municipal con sus propios recursos, razón por la que señaló lo siguiente (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

No existe norma alguna que proh íba que los concejos municipales puedan adelantar el concurso de manera directa con sus propios recursos, como tampoco desarrollo normativo que se ñale que las Oficinas Jur ídicas de los Concejos Municipales o Unidades de Apoyo Normativo no son un recurso propio de estas corporaciones. Razón por la cual en ningún momento puede predicarse una “infracción de las normas en que debían fundarse” como erradamente los se ñalaron las providencias accionadas, aparentemente las providencias accionada pretenden impon er una carga que nunca contemplo ni el legislador ni la jurisprudencia de las altas Cortes a los concursos adelantados directamente por los concejos municipales.

De otro lado, manifestó que el accionante indujo a error a los jueces de instancia al allegar al proceso ordinario pruebas que involucraban a uno de sus hermanos en un delito político y al otro en una inhabilidad por parentesco, hechos que eran

De otro lado, manifestó que el accionante indujo a error a los jueces de instancia al allegar al proceso ordinario pruebas que involucraban a uno de sus hermanos en un delito político y al otro en una inhabilidad por parentesco, hechos que eran ajenos al proceso y que lo único que buscaba era “predisponer al juzgador”.

El accionante señaló dif erentes providencias de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y un Concepto del Departamento de la Función Pública en el que, según él, se sostiene que los Concejos Municipales tienen la potestad de adelantar de manera directa el concurso de mérit o sin necesidad de acudir a un tercero, decisiones “ que igualmente fueron señaladas dentro de las diferentesRadicación: 11001-03-15-000-2022-02343-00

Actor: Andrés Humberto Mesa Cardozo Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro Referencia: Acción de tutela

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actuaciones procesales” del proceso ordinario. Al respecto indicó (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

Simplemente obviaron toda el desarrollo jurisprudencial que han adelantado las altas cortes respecto de las opciones dadas para adelantar este tr ámite, pues reitero únicamente se dedicaron a determinar la idoneidad de un tercero que NO fue contratado para que adelantara el trámite, asumiendo sin material probatorio alguno que se hab ía tomado la opci ón de adelantar el tramite a trav és de un tercero especializado, Hip ótesis basada únicamente en una interpretaci ón errada de la jurisprudencia y la norma.

adelantar el tramite a trav és de un tercero especializado, Hip ótesis basada únicamente en una interpretaci ón errada de la jurisprudencia y la norma.

En cambio, si se aportó abundante material probatorio con él se demostraba que el Concejo Municipal de Aquitania desde el primer momento acogi ó la opción de adelantar el trámite de manera directa con sus propios recursos, e igualmente obviaron que la las Unidades de apoyo normativo son un recurso propio de los concejos municipales (destacado del original).

Finalmente, expuso que existió una violación directa de la Constitución Política, pues no se cumplió con lo prescrito en su artículo 313 y las normas que lo desarrollaron.

Con base en lo anterior, la parte actora elevó las siguientes pretensiones (se transcribe de manera literal, con posibles errores incluidos):

Con fundamento en los hechos relacionados, solicito al se ñor Juez disponer y ordenar a favor mío lo siguiente:

1. Tutelar los derechos fundamentales actualmente vulnerados por la providencia EL DERECHO AL TRABAJO, AL M ÍNIMO VITAL, A LA IGUALDAD A ELEGIR Y SER ELEGIDO, en consonancia al bloque de constitucionalidad al derecho fundamental de ACC EDER A CARGOS PUBLICOS previsto en la declaración universal de los derechos humanos Art. 21 Num 2 y la convención interamericana de los derechos humanos Art. 23.

2. Acorde a lo anterior ordenar Revocar a la decisi ón tomada en las providencias accionad as y en consecuencia se ordene la suspensi ón definitiva de la ejecutoria de las providencias aquí enjuiciadas.

2. Acorde a lo anterior ordenar Revocar a la decisi ón tomada en las providencias accionad as y en consecuencia se ordene la suspensi ón definitiva de la ejecutoria de las providencias aquí enjuiciadas.

3. Por la violación a los derechos fundamentales aquí expuestos se ordene la protección de mi derecho al trabajo como personero municipal d e Aquitania hasta terminar el perido constitucional dispuesto para el cargo.

4.- La oposición

4.1. Mediante auto del 3 de mayo de 2022, se admitió la demanda de tutela, se ordenó notificar a las autoridades judiciales accionadas, se vinculó al señor IvánRadicación: 11001-03-15-000-2022-02343-00

Actor: Andrés Humberto Mesa Cardozo Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro Referencia: Acción de tutela

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Camilo Pérez Ochoa como tercero con interés y se le comunicó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

4.2. El Tribunal Administrativo de Boyacá manifestó, contrario a lo indicado por el accionante, que en la sentencia cuestionada sí se tuvo en cuenta que el concurso de méritos se adelantó de manera directa por el Concejo Municipal; sin e mbargo, se estudió si OLTED, al realizar el cuestionario, cumplió con lo establecido en el Decreto 1083 de 2015 y estableció que el personal de dicha empresa no contaban con los “conocimientos y competencias laborales que permitan de manera objetiva evaluar la idoneidad de los aspirantes para el ejercicio de las funciones del cargo de personero que fue convocado”.

con los “conocimientos y competencias laborales que permitan de manera objetiva evaluar la idoneidad de los aspirantes para el ejercicio de las funciones del cargo de personero que fue convocado”.

II.- C O N S I D E R A C I O N E S

1.- La acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de 31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales1.

Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características2.

1 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 31 de julio de 2012, exp. 2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González. 2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp. 2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicación: 11001-03-15-000-2022-02343-00

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Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha s ostenido que los requisitos generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son3:

• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, dado que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.

• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.

• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.

• Que no se trate de sentencias de tutela.

A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la sentencia C -590 de 2005, acogida por la Sala

• Que no se trate de sentencias de tutela.

A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la sentencia C -590 de 2005, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, son los siguientes:

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 23 de febrero de 2017, exp. 2016-03336-00 (AC), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, entre muchas otras providencias.Radicación: 11001-03-15-000-2022-02343-00

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• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

• El defecto material o sustantivo, como son los casos en q ue se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte d e terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores

engaño por parte d e terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisione s en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

• La violación directa de la Constitución Política.

Así pues, la Corporación ha determinado que le corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por loRadicación: 11001-03-15-000-2022-02343-00

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menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser alegados por el interesado4.

2. Caso concreto

La Sala considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el presente asunto, dado que no se cumple con el requisito de la relevancia constitucional, tal como pasa a explicarse.

La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la releva ncia

La Sala considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el presente asunto, dado que no se cumple con el requisito de la relevancia constitucional, tal como pasa a explicarse.

La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la releva ncia constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de competencia del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos fundamentales e c) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

En ese sentido, ese alto tribunal expuso (transcripción literal):

Por un lado, la relevancia constitucional tiene como finalidad que el juez constitucional no entre a estudiar cuestiones que carezcan de una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos cuya definición es competencia exclusiva del juez ordinario . De esta manera, se garantiza ‘la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones’ 5 y, de contera, se erige en garantía misma de la independencia de los jueces ordinarios.

Por otra parte, el requisito de la relevancia constitucional busca evitar que, por medio de la acción de tutela contra providencias judiciales, se discutan asuntos l egales que, por definición, no le compete resolver al juez de tutela, cuya competencia se limita a aquellos casos en que existan afectaciones o vulneraciones de derechos fundamentales. En otras palabras, este requisito garantiza que la tutela en contra de decisiones

juez de tutela, cuya competencia se limita a aquellos casos en que existan afectaciones o vulneraciones de derechos fundamentales. En otras palabras, este requisito garantiza que la tutela en contra de decisiones judiciales no se convierta en un escenario para controvertir y ‘discutir asuntos de mera legalidad ’6. La Corte ha sostenido al unísono que ‘la definición de

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 7 de diciembre de 2016, exp. 2016-00134-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 7 de diciembre de 2016, exp. 2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 201 6, exp. 2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, entre otras. Corte Constitucional, sentencias SU -556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU -542 de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos. 5 Original de la cita: “Sentencia T-137 de 2017”. 6 Original de la cita: “Sentencias T-173 de 1993 y T-102 de 2006”.Radicación: 11001-03-15-000-2022-02343-00

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asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación

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asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación directa con los d erechos fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la jurisdicción constitucional’7.

Igualmente, el requisito de relevancia constitucional tiene como objetivo evitar que este mecanismo se convierta en una instancia o en un recurso judicial adicional. En este sentido, la Corte ha exigido que ‘teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental’8. Solo así, la intervención del juez de tutela, por definición excepcional, no se convierte en una instancia más dentro de los procesos ordinarios9 (se destaca).

Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional es necesario examinar dos elementos, a saber10:

• Que el actor cumpla su carga argumentativa de justificar suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues no basta aducir la vulneración de estos derechos.

• Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, dado que este mecanismo especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no discutir la discrepa ncia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, dado que este mecanismo especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no discutir la discrepa ncia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

La Sala estima que lo pretendido realmente por la parte actora es reabrir el debate jurídico, porque no está de acuerdo con lo decidido por el juez natural de la causa, pero no por ello la acción de tutela está llamada a prosperar.

En efecto, en la solicitud de amparo se alegó, en síntesis, que: i) en la sentencia cuestionada no se tuvo en cuenta que el concurso de méritos se adelantó de manera directa por el Concejo Municipal; ii) que OLTED no fue co ntratada para

7 Original de la cita: “Sentencia T-335 de 2000”. 8 Original de la cita: “Sentencia T102 de 2006”. 9 Sentencia T–422 de 2018. 10 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicación: 11001-03-15-000-2022-02343-00

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adelantar el concurso sino para elaborar el cuestionario; iii) que OLTED es la Unidad de Apoyo Normativo y Oficina Asesora Jurídica del Concejo y iv) que la Ley y la jurisprudencia determinan la obligación de acudir a un tercero especializado.

Unidad de Apoyo Normativo y Oficina Asesora Jurídica del Concejo y iv) que la Ley y la jurisprudencia determinan la obligación de acudir a un tercero especializado.

En el recurso de apelación interpuesto contra la decisión adoptada por el Juzgado Primero Administrativo de Tunja, la parte actora alegó lo siguiente (transcripción literal con posibles errores incluidos):

2.3. EL RECURSO DE APELACIÓN: Inconforme con la decisión de primera instancia, la apoderada de los demandados la impugn ó oportunamente solicitando se revoque la misma, y en su lugar se nieguen las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes repartos:

1. La Juez de instancia parte de un supuesto errado al afirmar que fue un tercero (OLTED) quien adelanto el concurso de méritos, debido a que OLTED nunca fue contratado para adelantar tal tramite, por lo que no es viable analizar su idoneidad en el mismo, precisando que éste fue ade lantado de forma directa por el Concejo Municipal de Aquitania en uso de la facultad legal y jurisprudencial que les fue conferida para adelantar el concurso de manera directa con sus propios recursos, contando para ello con el acompañamiento y la asesor ía de una Unidad de Apoyo Normativo de conformidad con el artículo 78 de la Ley 617 de 2000.

Adicionalmente, preciso que en ning ún momento ni el legislador ni la jurisprudencia impuso la carga a los Concejos Municipales de que estos acudieran de manera obligatoria a un tercero especializados en procesos de selección de personal cuando estas corporaciones decidan adelantar el procedimiento de forma directa.

jurisprudencia impuso la carga a los Concejos Municipales de que estos acudieran de manera obligatoria a un tercero especializados en procesos de selección de personal cuando estas corporaciones decidan adelantar el procedimiento de forma directa.

1. De aceptar el supuesto que OLTED adelantó el Concurso de Méritos como tercero, debe verificarse que el Juzgado nunca vinculo a OLTED como parte dentro del presente medio de control para que este ejerciera su derecho a la defensa.

1. La providencia apelada en ning ún momento declara la nulidad de la Resolución 021 de 2021 que es la contentiva de la convocatoria del concurso de méritos y la que enmarca el proceso de selecci ón acorde a lo dispuesto por el Decreto 1083 de 2015, por lo que considera que el fallo adolece de coherencia, en tanto que si la considera ción para declarar la nulidad de los actos ejecutivos de contenido particular, contenidos en el Acta de Sesi ón Plenaria del 23 de junio de 2021 y de la Resoluci ón No. 049 de la misma fecha, es la supuesta falta de capacidad de una entidad que fue contra tada para adelantar el tr ámite del concurso de m éritos (causal de nulidad que asegura corresponde es a los actos de contenido general), l ógicamente se debió demandar y anular la referida Resoluci ón 021 de 2021, pero como no fue as í, asegura que “SE M ANTIENE EL SUPUESTO DEFECTO EN EL

ACTO ADMINISTRATIVO QUE CONTIENE LA SUPUESTA NULIDAD

debió demandar y anular la referida Resoluci ón 021 de 2021, pero como no fue as í, asegura que “SE M ANTIENE EL SUPUESTO DEFECTO EN EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE CONTIENE LA SUPUESTA NULIDAD INVOCADA AL NO DECLARSE LA NULIDAD DEL MISMO”.Radicación: 11001-03-15-000-2022-02343-00

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1. La providencia apelada desconoce que OLTED es la Unidad de Apoyo Normativo y Oficina Asesora Jur ídica por lo tanto es un recurso propio del Concejo Municipal y valido para que esta oficina adelantara las preguntas que se formularían dentro del concurso de m éritos atendiendo la especificidad y el grado t écnico para adelantar tales preguntas, tr ámite que asegura fue adelantado conforme al protocolo de seguridad adoptado por el Concejo Municipal de Aquitania, siendo aplicadas y evaluadas las pruebas directamente por los concejales miembros de la comisión accidental conforme al artículo 21 de la resolución 021 del Concejo Municipal de Aquitania.

v). La providencia apelada desconoci ó el material que demuestran que el Concejo Municipal de Aquitania adelanto el concurso de manera directa, como lo son, la Resoluci ón 021 de 2021 “por medio de la cual se adopta el protocolo de confidencialidad y seguridad de las preguntas y pruebas de conocimientos y de competencias laborales en el concurso p úblico y abierto de m éritos adelantado por el concejo municipal de Aquitania, Boyac á,

protocolo de confidencialidad y seguridad de las preguntas y pruebas de conocimientos y de competencias laborales en el concurso p úblico y abierto de m éritos adelantado por el concejo municipal de Aquitania, Boyac á, mediante convocatoria p ública no. 02 de 2 021 y reglamentado mediante resolución administrativa no. 021 de 2021”, en el que se indic ó que el Concurso Público y Abierto de M éritos para proveer el cargo de Personero Municipal de Aquitania se adelantara directamente por el concejo Municipal conforme el reglamento que regula el proceso de selección.

Igualmente, hace relaci ón al manual de funcionamiento del Concejo Municipal, el acta de informe proceso de selección de preguntas de la Unidad de Apoyo Normativo y el Oficio del Concejo Municipal que dio respuesta al requerimiento que hiciere el juzgado, así como los documentos que acreditan las altas calidades acad émicas y profesionales de quien aprob ó satisfactoriamente el concurso de m éritos calidades que sobresal ían sobre los demás participantes del concurso de méritos11.

Dichos argumentos fueron analizados y definidos de manera razonable por el Tribunal Administrativo de Boyacá mediante sentencia del 7 de abril de 2022, oportunidad en la que se confirmó la decisión de primera instancia, razón por la que se indicó, frente a las normas aplicables al concurso de méritos para la elección del Personero Municipal, lo siguiente (transcripción literal):

A partir de esta preceptiva, corresponde a los Concejos Municipales adelantar el concurso de méritos, sin perjuicio de que puedan delegar dicha facultad a

Personero Municipal, lo siguiente (transcripción literal):

A partir de esta preceptiva, corresponde a los Concejos Municipales adelantar el concurso de méritos, sin perjuicio de que puedan delegar dicha facultad a terceros que cuenten con herramientas humanas y t écnicas para el efecto, como quedó constatado en la normat ividad vista, estos terceros podr án ser (i) Universidades (ii) Instituciones de Educación Superior públicas o privadas o (iii) entidades especializadas en procesos de selección de personal.

Así pues, la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado frente al interrogante de qué se entiende por ‘entidades