CE - 110010315000202202536011SENTENCIA20230323151616

Demandante: Arelis Rodríguez Rengifo

Demandado: Tribunal Administrativo de Tolima Rad: 11001-03-15-000-2022-02536-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Radicación N.º: 11001-03-15-000-2022-02536-01

Demandante: ARELIS RODRÍGUEZ RENGIFO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TOLIMA

Temas: Tutela contra providencia judicial – Revoca negativa para declarar la improcedencia por no superar el requisito de relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 24 de junio de 2022 proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado que negó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. Con escrito radicado el 6 de mayo de 20221, la señora Arelis Rodríguez Rengifo, actuando por medio de apoderado judicial , ejerci ó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Tolima, con el fin de que se protejan su s

1. Con escrito radicado el 6 de mayo de 20221, la señora Arelis Rodríguez Rengifo, actuando por medio de apoderado judicial , ejerci ó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Tolima, con el fin de que se protejan su s derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad.

2. La parte accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Tolima, el 4 de noviembre de 2021, mediante la cual se revocó

1 En el buzón web del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.Demandante: Arelis Rodríguez Rengifo

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el fallo dictado por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Ibagué, de 25 de septiembre de 2019, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda instaurada en ejercicio del medio de control de reparación directa iniciado por la actora y otros2 contra los hospitales San Francisco de Ibagué E.S.E. y Federico Lleras Acosta de Ibagué E.S.E., identificado con el radicado N.º 73001 -33-31007-2010-00116-00/01.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

007-2010-00116-00/01.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

“(…)

SEGUNDA: Que se declare que la sentencia emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA dentro del proceso 2010-116 violó los artículos 13, 29, 228 y 229 de la Constitución Política de Colombia y los demás que el despacho considere.

TERCERA: Que se deje sin valor y efectos la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Tolima con fecha del 04 de noviembre de 2021 bajo radicado No. 73001-33-31-007-2010-00116-01 y No. interno 017-2020.

CUARTA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se sirvan ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima, que emita la providencia de remplazo y que en derecho corresponda en el proceso Ordinario de Acción de Reparación Directa, referenciado con el número 73001-33-31-007-2010-0011601, en el que funge como demandante la señora ARELIS RODRIGUEZ RENGIFO y otros y como demandados el HOSPITAL SAN FRANCISCO DE IBAGUE ESE (HOY UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE – U.S.I. ESE) Y HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE ESE; sentencia que no puede ser otra que la providencia que declare la responsabilidad administrativa y patrimonial de las demandadas.

CUARTA: Que se hagan las demás declaraciones y condenas que la Honorable

puede ser otra que la providencia que declare la responsabilidad administrativa y patrimonial de las demandadas.

CUARTA: Que se hagan las demás declaraciones y condenas que la Honorable Corporación de oficio precise y advierta el Honorable Consejo de Estado”. (Sic a toda la cita)

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

2 Holman Aroldo Rubio Albis, José de Jesús Rodríguez, José Oliden Rubio Albis, José Vidl ar Rubio Albis y Luz Mary Rubio Albis.Demandante: Arelis Rodríguez Rengifo

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4. En el 2007 la señora Arelis Rodríguez Rengifo se encontraba en estado de embarazo de su cuarto hijo, por lo que acudió regularmente a los controles prenatales en los que no se detectó anormalidad alguna ni se le diagnosticó embarazo de alto riesgo.

5. El 1º de abril de 2008, habiendo transcurrido 40 semanas de gestación, la accionante presentó intensos dolores por lo que acudió al Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué E.S.E., en donde la monitorearon y le indicaron que aún no era momento del parto. Finalmente la remitieron al Hospital San Francisco de Ibagué E.S.E., al ser un caso de baja complejidad.

Lleras Acosta de Ibagué E.S.E., en donde la monitorearon y le indicaron que aún no era momento del parto. Finalmente la remitieron al Hospital San Francisco de Ibagué E.S.E., al ser un caso de baja complejidad.

6. El 4 de abril de 2008, la actora acudió al Hospital San Francisco de Ibagué E.S.E., por presentar nuevamente dolores intensos. El médico tratante le explicó que el bebé se encontraba en la parte superior del vientre y le indicó que debía volver en la tarde.

7. Unas horas después, los médicos remitieron de urgencia a la paciente al Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué E.S.E. y solicitaron una ambulancia que tardó alrededor de media hora en llegar.

8. Luego del nacimiento del bebé, este tuvo que ser trasladado a la unidad de cuidados intensivos, pues no respiraba con normalidad. Media hora después, los médicos informaron su fallecimiento en atención a que, en el demorado parto el neonato ingirió líquidos, materia fecal y se quedó sin oxígeno.

9. En consecuencia, la señora Rodríguez Rengifo y otros, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra los hospitales San Francisco de Ibagué E.S.E . y Federico Lleras Acosta de Ibagué E.S.E., con el propósito que se les declarara patrimonialmente responsables por los daños y perjuicios causados con ocasión de la falla en la prestación del servicio médico por los hechos ocurridos el 4 de abril de 2008.

10. En primera instancia, el Juzgado Once Administrativo del Ci rcuito de Ibagué, mediante sentencia de 25 de septiembre de 2019, declaró administrativa

servicio médico por los hechos ocurridos el 4 de abril de 2008.

10. En primera instancia, el Juzgado Once Administrativo del Ci rcuito de Ibagué, mediante sentencia de 25 de septiembre de 2019, declaró administrativa y patrimonialmente responsable al Hospital San Francisco de Ibagué E.S.E. por la muerte de la menor y lo condenó a indemnizar a los demandantes por concepto de perjuicios morales.

11. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Tolima, a través de fallo de 4 de noviembre de 2021, revocó la decisión del a quo y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, tras considerar que:Demandante: Arelis Rodríguez Rengifo

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“Bajo ese entendido, el dictamen pericial allegado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Dirección Seccional Tolima presentado el 20 de junio de 2013 por el Profesional Especializado Forense Álvaro Gaitán Bazurto, no resulta convincente, como quiera que no fue realizado por un especialista en ginecología ni obstetricia, se fundamentó en “bibliografía, normas, guías y/o protocolos de atención” que no fueron reseñados en el concepto técnico y sus concl usiones no resultan claras, precisas ni detalladas, pues se basaron en la información transcrita de dicha literatura médica y ni

normas, guías y/o protocolos de atención” que no fueron reseñados en el concepto técnico y sus concl usiones no resultan claras, precisas ni detalladas, pues se basaron en la información transcrita de dicha literatura médica y ni siquiera la confrontó con los hechos o circunstancias propias presentadas en el caso sujeto a su experticio;(…).

De ahí que, e l Juez de Primera Instancia en el presente asunto no debió establecer que la información contenida en la precitada literatura era el procedimiento médico idóneo que debía seguirse en el procedimiento de parto de la señora Arelis Rodríguez Rengifo.

En virtud de lo anterior, concluye esta Sala que, no se encuentra acreditada la falla en la prestación del servicio médico asistencial brindado a la señora Arelis Rodríguez Rengifo durante el procedimiento de parto por parte del Hospital San Francisco de Ibagué ESE (Hoy Unidad de Salud de Ibagué – U.S.I. ESE) que conllevara a la muerte intraparto de su nasciturus, por lo que no es jurídicamente viable imputarle responsabilidad”.

12. Dicha providencia fue notificada personalmente el 8 de noviembre de

2021.

1.4. Fundamentos de la vulneración

13. La parte actora señaló que la autoridad judicial accionada vulner ó sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad, con ocasión de la sentencia del 4 de noviembre de 2021 por cuanto, a su juicio, incurri ó en el defecto fáctico por valoración arbitraria de los medios de convicción, pues si bien fueron revisadas las pruebas obrantes en

justicia y a la igualdad, con ocasión de la sentencia del 4 de noviembre de 2021 por cuanto, a su juicio, incurri ó en el defecto fáctico por valoración arbitraria de los medios de convicción, pues si bien fueron revisadas las pruebas obrantes en el proceso, las conclusiones a las que se llegaron son contrarias a la realidad.

14. Sostuvo que no se dio un adecuado tratamiento a una gestante de 41 semanas de embarazo que requería atención urgente, por lo cual no puede considerarse como un hecho aislado e irrelevante que el personal médico tardara en tomar la decisión de realizar el parto y de ordenar el traslado.

15. Igualmente, afirm ó que, si bien a la parte demandante le correspondía probar la falla del servicio en los procesos de obstetricia, no es un detalle menor que el hecho de un embarazo que no presentaba dificultades terminara de forma insatisfactoria como es con la muerte de la madre o el feto, circunstancia que esDemandante: Arelis Rodríguez Rengifo

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de por sí un indicio conducente que demuestra la falla en la prestación del servicio médico.

16. Alegaron que la autoridad judicial accionada no valoró el dictamen pericial, el examen de necropsia , ni el informe de anatomía patológica, de los cuales podía extraerse que el hecho de que la bebe no tuviera malformaciones correspondía a otro indició que conduce a reconocer que el embaraz o se

el examen de necropsia , ni el informe de anatomía patológica, de los cuales podía extraerse que el hecho de que la bebe no tuviera malformaciones correspondía a otro indició que conduce a reconocer que el embaraz o se desarrolló en perfectas condi ciones y las múltiples demoras e inadecuada prestación del servicio médico condujeron a que la menor estando a término para nacer no fuera extraída a tiempo presentando sufrimiento fetal agudo y una hipoxia severa que desencadenó en su fallecimiento.

17. Lo anterior fue fundamentado con las sentencias proferidas por el Consejo de Estado identificadas con los radicados 25000 -23-26-000-1997-3472-01y 17001-23-31-000-1995-02036-01, que establecieron, en casos similares, que las demandadas incurrieron en una falla médica por demora en la prestación del servicio de salud.

1.5. Trámite de la acción de tutela

18. El magistrado ponente de la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, en auto del 11 de mayo de 2022: i) admitió la demanda; ii) ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Tolima y iii) vinculó, en calidad de terceros con interés, a l Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, al Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué E.S.E ., al Hospi tal San Francisco de Ibagué E.S.E. (hoy Unidad de Salud de Ibagué – U.S.I E.S.E., a la Fiduciaria La Previsora S.A y a los señores Holman Aroldo Rubio Albis, Juliana

Alexandra Rubio Rodríguez, Holman Eduardo Rubio Rodríguez, Nixon Javier

Fiduciaria La Previsora S.A y a los señores Holman Aroldo Rubio Albis, Juliana Alexandra Rubio Rodríguez, Holman Eduardo Rubio Rodríguez, Nixon Javier Rodríguez, José de Jesús Rodríguez, José Oliden Rubio Albis, José Vidlar Rubio Alvis y Luz Mary Rubio Alvis.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Tolima

19. Por medio de correo electrónico enviado el 19 de mayo de 2022, el magistrado ponente de la decisión cuestionada adujo que se oponía a las pretensiones del escrito tutelar, habida cuenta que el pedimento carecía de fundamentos fácticos y jurídicos pues lo que se pretende es utilizar el mecanismoDemandante: Arelis Rodríguez Rengifo

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constitucional como una tercera instancia contra decisiones judiciales tomadas en derecho.

20. Manifestó que, en la providencia de 4 de noviembre de 2021, se analizó de manera detallada las historias clínicas que reposaban en el plenario frente a la atención m édica brindada por los galenos adscritos a las entidades hospitalarias demandadas en donde se advirtió que con ellas no era posible acreditar la falla del servicio alegada por la parte actora.

21. Adicionalmente, señaló que la Sala que integra fue explícita en determinar que el dictamen pericial allegado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y

acreditar la falla del servicio alegada por la parte actora.

21. Adicionalmente, señaló que la Sala que integra fue explícita en determinar que el dictamen pericial allegado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses efectuado el 20 de junio de 2013 por el profesional especializado forense Álvaro Gaitán Bazurto, no resultaba convincente pues no fue elaborado por un especialista en ginecología ni en obstetricia y se fundamentó en “bibliografía, normas, guías y/o protocolos de atención” que no fueron reseñados en el concepto técnico y, en consecuencia, sus conclusiones no resultaron claras, precisas ni detallada s, pues su autor se basó en la información transcrita de literatura médica sin confrontarla siquiera con los hechos y circunstancias propias del caso sujeto a su experticia.

22. Asimismo, refirió que los testimonios rendidos por los señores Carlos Arturo Vivas Ramírez, ginecólogo del Hospital San Francisco de Ibagué E.S.E. y por David Sánchez Charry, ginecobstetra del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué E.S.E. ofrecieron el grado de certeza o convicción requerido para adoptar la decisión en derecho que s e reprocha, en la medida que tenían la relevancia técnica y científica necesaria acerca de si el procedimiento médico asistencial brindado a la señora Arelis Rodríguez Rengifo durante el proceso de parto fue el adecuado, conforme a la Lex Artis, al tomar en cuenta su condición de especialistas en ginecología y obstetricia; además, sus testimonios no fueron objeto de tacha por falsedad.

adecuado, conforme a la Lex Artis, al tomar en cuenta su condición de especialistas en ginecología y obstetricia; además, sus testimonios no fueron objeto de tacha por falsedad.

23. Así las cosas, se concluyó que no se evidencia ba la conculcación o amenaza de los derechos fundamentales y solicitó que se declarara la improcedencia.

1.6.2. Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué E.S.E.

24. A través de escrito remitido el 17 de mayo de 2022, el je fe de la Oficina Asesora Jurídica solicitó la desvinculación de la E.S.E. , toda vez que “(…) en nuestro actuar la acción de tutela no puede servir como instrumento para sustituirDemandante: Arelis Rodríguez Rengifo

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decisiones proferidas por los jueces, como consecuencia de procedimientos y competencias que para cada caso han previsto la Constitución y la Ley”.

1.6.3. Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué

25. Mediante documento allegado el 13 de mayo de 2022, el juez indicó que la sentencia de primera instancia del proceso ordinario no se encontraba siendo cuestionada por la parte actora, por lo tanto, dejó a criterio de la Sala de Decisión determinar si la decisión incurre o no en el defecto aludido.

26. Pese a que todos los vinculados fueron debidamente notificados, estos no

cuestionada por la parte actora, por lo tanto, dejó a criterio de la Sala de Decisión determinar si la decisión incurre o no en el defecto aludido.

26. Pese a que todos los vinculados fueron debidamente notificados, estos no allegaron contestación alguna3.

1.7. Fallo impugnado

27. La Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, en sentencia del 24 de junio de 2022 negó el amparo solicitado, en atención a que encontró que la decisión que puso fin al proceso de reparación directa, no vulneró los derechos fundamentales invocados por los accionan tes, por cuanto no se evidenció en su contenido, un análisis arbitrario, infundado o caprichoso ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que constituyeran una vía de hecho por defecto fáctico, que ameritara la intervención del juez de tutela.

28. Una vez revisado el contenido de la providencia acusada, estableció que el dictamen pericial allegado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Dirección Seccional Tolima sí fue valorado, no obstante, el análisis conjunto con los demás medios de prueba, llevó a l tribunal a concluir que este dif ería de los razonamientos realizados por los testigos Carlos Arturo Vivas Ramírez, ginecólogo del Hospital San Francisco de Ibagué E.S.E. y del de David Sánchez Cha rry, ginecobstetra del Hospital Federico Lleras Acosta de

Ibagué E.S.E.

29. Contrastó lo expuesto por el tribunal de la información contenida en el dictamen pericial con el testimonio del galeno Carlos Arturo Vivas Ramírez,

Ibagué E.S.E.

29. Contrastó lo expuesto por el tribunal de la información contenida en el dictamen pericial con el testimonio del galeno Carlos Arturo Vivas Ramírez, frente a los cual indicó que: “(…) la autoridad judicial accionada sostuvo que en el dictamen pericial se indicó que en el Hospital San Francisco de Ibagué E.S.E no se tomaron las medidas necesarias para evitar el compromiso del feto al no colocar la madre en decúbito lateral, no realizar i nfusión de Dextrosa, ni colocar oxigeno de manera preventiva y terapéutica a la materna para prevenir daños hipóxicos en el feto,

3 Índice 7 y 16 de SAMAI.Demandante: Arelis Rodríguez Rengifo

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ya que el sufrimiento fetal era previsible y habitualmente se presenta como consecuencia de un expulsivo prolongado. Frente a lo anterior, el Tribunal indicó que el médico Carlos Arturo Vivas Ramírez, afirmó que “(…) cuando una paciente está en expulsivo teniendo un parto y todos están interesados en que el bebé nazca lo antes posible, la madre está en posición de litotopia, por lo que, es muy complicado que la madre esté en una posición diferente. (…) Expresó que, la administración de oxígeno puede ser recomendada en esos casos, lo que no ha sido claramente demostrado es que eso cambie el pronóstico fetal, porque hay que en tender que para que le llegue el

madre esté en una posición diferente. (…) Expresó que, la administración de oxígeno puede ser recomendada en esos casos, lo que no ha sido claramente demostrado es que eso cambie el pronóstico fetal, porque hay que en tender que para que le llegue el oxígeno al bebé tiene que atravesar la placenta y llegar al cordón umbilical, por lo que, si las condiciones no favorecen ese paso del oxígeno, a pesar de ser una medida recomendada no se puede esperar esto como única medi da de solución al problema. Adujo que, en estas circunstancias lo que más la conviene al bebé es llegar a un sitio donde pueda tomarse una medida para apresurar su nacimiento, de lo contrario la situación no va a cambiar”.

30. Señaló que la autoridad judicia l manifestó que del material probatorio allegado al proceso se pudo concluir que la entidad hospitalaria prestó sus servicios de manera diligente, dio cumplimiento a los procedimientos y tratamientos ordenados por los galenos tratantes e hizo todo lo posible para que los efectos adversos fueran subsanados, de acuerdo con el tipo de atención que requería la señora Rodríguez, lo que evidencia ba que el servicio médico se desarrolló de forma normal.

31. Resaltó el dicho del tribunal en el sentido que las manifest aciones del profesional especializado forense Álvaro Gaitán Bazurto , quien rindió en el dictamen pericial allegado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Dirección Seccional Tolima, carecían de todo respaldo, puesto que no contaban con solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 232 del CGP. Así

Forenses Dirección Seccional Tolima, carecían de todo respaldo, puesto que no contaban con solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 232 del CGP. Así como que a los accionantes le asistía el deber de demostrar el daño antijurídico, la falla en las que incurrieron las entidades demandadas y el nexo causal entre los dos factores mencionados, lo que no hicieron.

32. En consecuencia, puso de presente que la autoridad judicial, al momento de proferir la providencia acusada, sí tuvo en cuen ta el dictamen pericial y el informe de anatomía patológica, que le llevó a concluir que la muerte del bebé se configuró como un caso fortuito porque a pesar de haberse cumplido con todos los protocolos exigidos para el proceso expulsivo, según la Lex Arti s, ocurrió ese infortunio.

33. En ese orden de ideas, el juez constitucional de primera instancia advirtió que el Tribunal Administrativo del Tolima analizó los medios acusados comoDemandante: Arelis Rodríguez Rengifo

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desconocidos de forma detallada y aunque se apartó de las conclusiones del perito, lo hizo con fundamento en su autonomía judicial y bajo las reglas de la sana crítica, que lo llevaron a establecer que no se configuró una falla del servicio que permita endilgar responsabilidad a las partes demandadas.

perito, lo hizo con fundamento en su autonomía judicial y bajo las reglas de la sana crítica, que lo llevaron a establecer que no se configuró una falla del servicio que permita endilgar responsabilidad a las partes demandadas.

34. Por ello, la decisión de revocar la providencia de primera instancia y negar las pretensiones de la demanda, estuvo soportada en un estudio razonable de los hechos y las pruebas allegadas al proceso, lo que les permitió concluir que la parte demandante tenía la carga probatoria de demostrar el daño, la falla en la que incurrieron las entidades demandadas y el nexo causal entre los dos factores mencionados; sin embargo, del material probatorio allegado al proceso se concluyó que los tratamientos y procedimientos que le realizaron fueron oportunos para at ender su proceso de parto y en consecuencia, no se podía endilgar algún tipo de responsabilidad.

1.8. Impugnación

35. Con escrito enviado por correo electrónico el 30 de septiembre de 20224, la parte actora impugnó la sentencia de primera instancia.

36. Manifestó que, si bien el extremo demandante debe probar la falla del servicio en los procesos por muerte con ocasión de un procedimiento de obstetricia, no es un detalle menor que el hecho de un embarazo que no presentaba dificultad y a pesar de ello term ina de forma insatisfactoria como es con la muerte de la madre o el feto, es de por si un indicio conducente a demostrar la falla en la prestación del servicio médico. A su vez, reiteró que se presentaron demoras en la extracción del feto, tiempo con el cual hubiera podido salvarse esta vida y que indicaría en el último de los casos una pérdida de oportunidad para el nasciturus.

presentaron demoras en la extracción del feto, tiempo con el cual hubiera podido salvarse esta vida y que indicaría en el último de los casos una pérdida de oportunidad para el nasciturus.

37. Así, indicó que la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado debió amparar los derechos fundamentales vulnerados por el Tribunal Administrativo de Tolima por la falta de valoración de los indicios que reposaban en el expediente, el dictamen pericial y la historia clínica, con los cuales se debió concluir que se desarrolló un embarazo con normalidad y se tenía una bebe en perfectas condiciones de salud que falleció por no llevar a cabo su extracción a tiempo.

4 Mediante auto del 6 de octubre de 2022, la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado concedió la impugnación formulada.Demandante: Arelis Rodríguez Rengifo

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

38. El Consejo de Estado es competente para conocer de la impugnación presentada por la señora Arelis Rodríguez Rengifo contra la sentencia del 24 de junio de 2022 proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado de conformidad con lo dis puesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado

Estado de conformidad con lo dis puesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 de 2021 y el artículo 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado No. 080 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Solicitud de desvinculación

39. Pese a que el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué E.S.E. solicitó la desvinculación porque, a su juicio, carecer de legitimación en la causa por pasiva en el presente trámite constitucional desde la primera instancia, el juez a quo omitió pronunciarse sobre ello, razón por la que esta Sala se referirá a continuación.

40. Dicha petición será negada, ya que su vinculación al proceso se hizo en calidad de tercero , en atención al interés que le asiste en las resultas del presente trámite, mas no como la autoridad judicial contra la cual se encuentra dirigido el reparo señalado por la parte actora.

2.3. Problema jurídico

41. Le corresponde a la Sala decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia del 24 de junio de 2022 de la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, para lo cual deberá resolver los siguientes problemas

jurídicos:

 ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial, en especial el relacionado con la relevancia constitucional?

42. De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se resolverá el

siguiente problema:

 ¿El Tribunal Administrativo de Tolima vulneró los derechos fundamentales

contra providencia judicial, en especial el relacionado con la relevancia constitucional?

42. De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se resolverá el

siguiente problema:

 ¿El Tribunal Administrativo de Tolima vulneró los derechos fundamentales invocados por presuntamente incurrir en el defecto fáctico, al valorarDemandante: Arelis Rodríguez Rengifo

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inadecuadamente el dictamen pericial, el examen de necropsia y el informe de anatomía patológica?

43. Para resolv er los problemas jurídicos planteados, se analizará: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) requisitos de procedibilidad adjetiva; y iii) caso en concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

44. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20125 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 6 y declaró su procedencia.7

45. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i)

y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 6 y declaró su procedencia.7

45. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecid