CE - 110010315000202202561001SENTENCIA20220707164215

Demandante: Sindicato Mixto de Trabajadores y Servidores Públicos de la

Universidad del Quindío Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión Rad: 11001-03-15-000-2022-02561-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-02561-00

Demandante: SINDICATO MIXTO DE TRABAJADORES Y SERVIDORES

PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO - SINTRAADMIN

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – defecto sustantivo – niega

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a pronunciarse sobre la acción de tutela presentada por el Sindicato Mixto de Trabajadores y Servidores Públicos de la Universidad del Quindío – SINTRAADMINcontra la sentencia del 10 de febrero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión, que confirmó la decisión del a quo, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión, que confirmó la decisión del a quo, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

11. Con escrito presentado el 10 de mayo de 2022 a través de la ventanilla virtual , el señor Leonardo Bonilla Londoño, actuando como presidente del Sindicato Mixto de Trabajadores y Servidores Públicos de la Universidad del Quindío – SINTRAADMIN-, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de De cisión, con el fin de que sean amparados los derechos fundamentales del sindicato “al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad jurídica, de asociación y libertad sindical”.

2. Las mencionadas garantías constitucionales las consideró vulneradas con o casión de la sentencia del 10 de febrero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual confirmó el fallo dictado por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia el 21 de enero de 2022 , que negó las pretensiones de la demanda instaurada en el medio de control deDemandante: Sindicato Mixto de Trabajadores y Servidores Públicos de la

Universidad del Quindío Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión Rad: 11001-03-15-000-2022-02561-00

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2 cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos, ejercido

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2 cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos, ejercido contra la Universidad del Quindío, identificado con el radicado N.º 63001 -3333-0032021-00262-00/01.

3. Con base en lo anterior, la parte actora pidió:

“(…) Segunda: REVOCAR, como consecuencia del amparo pedido, la sentencia del diez de febrero de dos mil veintid ó s, proferida por Tribunal Administrativo del Quindío dentro del proceso 63001333300320210026201, y dejar sin valor jurídico la decisió n judicial en referencia.

Tercera: Ordenar al Tribunal Administrativo del Quind ío, proceda a resolver la segunda instancia, de la sentencia del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia Q., de fecha 21 de enero de 2022, conforme al lineamiento expuesto por el precedente sobre el Derecho de Asociaci ó n Sindical para los del Estado sean trabajadores oficiales o empleados p ú blicos. Igualmente, a los lineamientos que se fijen en el fallo de tutela”. (sic para toda la cita).

1.2. Hechos probados y/o admitidos

4. La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

5. En ejercicio del medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativo el señor Leonardo Bonilla Londoño, actuando en calidad

Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

5. En ejercicio del medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativo el señor Leonardo Bonilla Londoño, actuando en calidad de presidente del Sindicato de Trabajadores y Servidores Públicos de la Universidad del Quindío – SINTRAADMIN -, formuló demanda contra la Universidad del Quindío, con miras a lograr la aplicación del acuerdo de negociación nacional contenido en la Circular Externa N. ° 11 de 2017 del Departamento Administrativo de la Función Pública, y así convocar a l os sindicatos constituidos legalmente por los servidores de la entidad a su participación en cualquier proceso de reestructuración de la planta de personal.

6. En la referida circular se impartieron lineamientos para dar cumplimiento, entre otros, a la representación sindical en la reforma de plantas, así: “(…) Las entidades que inicien procesos de modificación de la estructura o de la planta de personal, deberán socializarla con las organizaciones sindicales de la respectiva entidad, con el fin de escucha r sus inquietudes y sugerencias sobre el particular. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades constitucionales y legales asignadas a las diferentes autoridades públicas para la adopción y expedición de los actos administrativos que adopten dichas modificaciones.”

7. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia mediante sentencia proferida el 21 de enero de 2022, negó las pretensiones de la demanda con fundamento en que, si bien el acto administrativo cuyo cumplimiento se pretendíaCircular Externa N.° 11 de 2017 proferida por el Departamento Administrativo de la Función Pública-, contenía un deber imperativo para las entidades del orden central y

fundamento en que, si bien el acto administrativo cuyo cumplimiento se pretendíaCircular Externa N.° 11 de 2017 proferida por el Departamento Administrativo de la Función Pública-, contenía un deber imperativo para las entidades del orden central y descentralizado de la Rama Ejecutiva de conformidad a los procesos de modificación de la planta de personal, l o cierto era que la Universidad del Quindío, no era una deDemandante: Sindicato Mixto de Trabajadores y Servidores Públicos de la Universidad del Quindío Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión Rad: 11001-03-15-000-2022-02561-00

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3 esas entidades a las cuales estaba dirigido el acto administrativo y, por tanto, no era obligatorio que se acogiera a la mencionada circular

8. Adicionalmente, afirmó que: “(…) el deber consagrado en la Circular Externa No. 11 de 2017 no resulta oponible a la UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO, por no acreditarse su carácter actual y por no estar dirigido o cobijar sus efectos a las entidades universitarias autónomas, y adicionalmente, por cuanto no resultó demostrado que la entidad accionada haya adelantado el proceso de modernización o modificación de su planta de personal, pues se itera, únicamente ha suscrito un contrato de consultoría que sentará las bases para una posterior y eventual modificación de la planta de personal (…)”.

9. La decisión fue apelada por la parte actora, recurso que fue desatado por el Tribunal

únicamente ha suscrito un contrato de consultoría que sentará las bases para una posterior y eventual modificación de la planta de personal (…)”.

9. La decisión fue apelada por la parte actora, recurso que fue desatado por el Tribunal Administrativo del Quindío, que en sentencia del 10 de febrero de 2022 confirmó la decisión del a quo por encontrar que, en efecto, la aludida circular no estaba dirigida a los entes universitarios como la Universidad del Quindío , sino a los representantes legales de los organismos y entidades del sector central y descentralizado de la Rama Ejecutiva de los niveles nacional y territorial.

10. Concluyó que el acto administrativo cuyo cumplimiento se pretendía, fue el resultado de una negociación entre el Gobierno Nacional y las entidades y organismos del sector central y descentralizado de la Rama Ejecutiva de los niveles nacional y territorial -a través de los sindicatos “CUT, CGT, CTC, FECODE. FENALTRASE, UTRADEC, FECOTRASERVIPÚBLICOS, ÚNETE, UTC, CNT, CSPC y CTU ”-, razón por la cual, fue precisamente a estos últimos a quienes se dirigieron tales directrices.

1.3. Fundamentos de la vulneración

11. La parte actora consideró vulnerado s sus derechos fundamentales al “debido proceso, a la igualdad, a la seguridad jurídica, de asociación y libertad sindical” con ocasión de la sentencia del 10 de febrero de 2022 del Tribunal Administrativo de l Quindío – Sala Cuarta de Decisión que confirmó la decisión del a quo, que negó las pretensiones de la demanda en el medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos.

Sala Cuarta de Decisión que confirmó la decisión del a quo, que negó las pretensiones de la demanda en el medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos.

12. A su juicio, la autoridad judicial accionada no valoró el concepto constitucional del derecho de asociación, el cual cobija a los servidores estatales, en cualquiera de sus modalidades, así sea suigéneris como ocurre en con los entes educativos superiores, entre ellos la Universidad del Quindío, causa determinante por la que confirmó el fallo de primer grado.

13. Puso de presente que el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación y el Departamento Administrativo de la Función Pública, expidieron la circular conjunta N.° 001 del 15 de marzo de 2022 “donde instan al cumplimiento de los mismos por parte de las citadas Instituciones de Educación Superior, en cumplimiento entre otros del artículo 39 de la Constitución Política de Colombia.”Demandante: Sindicato Mixto de Trabajadores y Servidores Públicos de la

Universidad del Quindío Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión Rad: 11001-03-15-000-2022-02561-00

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14. Defecto sustantivo: Arguyó que la sentencia controvertida conculcó el artículo 39 de la Constitución al desconocer el derecho de asociación sindical para los servidores estales vinculados a la universidad pública, en este caso la Universidad del Quindío, con el argumento de que la circular emanada del Departamento Administrativo de la

de la Constitución al desconocer el derecho de asociación sindical para los servidores estales vinculados a la universidad pública, en este caso la Universidad del Quindío, con el argumento de que la circular emanada del Departamento Administrativo de la Función Pública, en forma literal no se dirigía a las universidades públicas

15. Concluyó que la decisión judicial cuestionada desconoció las normas supranacionales que refieren el fuero sindical y su especial protección, contempladas en los Convenios 87,98 y 151 de la O.I. T., instrumentos que hacen parte de nuestra legislación por estar debidamente ratificados y adoptados por el Estado Colombiano, esto en consonancia con el artículo 353 “que es el inicio de la parte del derecho colectivo del trabajo, como desarrollo del artículo 39 de la Constitución Política.”

16. Concluyó que, conforme al acta del Consejo Superior de la Universidad del Quindío del 26 de abril de 2022, dada a conocer a la comunidad universitaria por parte del representante docente en ese cuerpo, “se señaló que se debatió el tema de la reestructuración que ya acometió la administración del ente educativo. ” Agregó a los trabajadores sindicalizados no se les ha llamado para que hagan parte del ese proceso de reestructuración.

1.4. Trámite de la acción de tutela

1.4.1. Auto admisorio1

17. Mediante auto del 14 de junio de 2022 se admitió la demanda de tutela y se dispuso su notificación tanto a la parte accionante como a los magistrados del Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión , como autoridad judicial demandada. Igualmente, se ordenó vincular en calidad de terceros con interés a la

su notificación tanto a la parte accionante como a los magistrados del Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión , como autoridad judicial demandada. Igualmente, se ordenó vincular en calidad de terceros con interés a la Universidad del Quindío, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a la Procuraduría 99 Judicial 1 de Armenia y al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia, que conformaron el extremo pasivo, litisconsorte facultativo, ministerio público y juez de primera instancia que resolvió el medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos.

18. Igualmente se negó la medida de suspensión provisional solicitada al no advertirse que la afectación del derecho fundamental involucrado en la demanda tuviera la posibilidad de agravarse en el tiempo o la configuración de un perjuicio irremediable.

1 Previamente, a través de auto del 24 de mayo de 2022 el despacho inadmitió la demanda para que el señor Leonardo Bonilla Londoño, allegara la certificación de presidente de una organización sindical nacional o subdirectiva, expedida por el Ministerio de Tr abajo, que lo acredit ara como presidente del Sindicato Mixto de Trabajadores y Servidores Públicos de la Universidad del Quindío, lo anterior so pena de rechazo.Demandante: Sindicato Mixto de Trabajadores y Servidores Públicos de la Universidad del Quindío Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión Rad: 11001-03-15-000-2022-02561-00

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Rad: 11001-03-15-000-2022-02561-00

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5 1.5. Intervenciones

19. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las

siguientes intervenciones:

1.5.1. El señor Percy Oyola Palomá: actuando en representación de la Confederación General del Trabajo -CGTy la Unión Nacional de Trabajadores del Estado y los Servicios Públicos de Colombia -UTRADECy con fundamento en el artículo sexto2 del auto admisorio de la tutela de la referencia , solicitó conceder el amparo deprecado, pues el fallo cuestionado no tuvo en cuenta los aspectos básicos del concepto del alcance de la negociación colectiva y su relación directa con los derechos a la libertad sindical y sindicación.

21. Adujo que se configuró un defecto sustantivo ya que se desconocieron las leyes, principios constitucionales, derechos y obligaciones internacionales del Estado en Tratados internacionales “anteponiéndoles una hermenéutica rígida sobre la interpretación a quienes aplican o no aplican los compromisos estatales del Gobierno Nacional, como si se tratase de personas jurídicas de otra esfera global que no está sometida al orden jurídico colombiano.”

22. Estimó que la argumentación realizada fue cimentada en una realidad que no correspondía a los actuales fundamentos del derecho a la negociación colectiva a la luz de los preceptos, principios y derechos alegados a lo largo de la presente

colombiano.”

22. Estimó que la argumentación realizada fue cimentada en una realidad que no correspondía a los actuales fundamentos del derecho a la negociación colectiva a la luz de los preceptos, principios y derechos alegados a lo largo de la presente intervención constitucional. Agregó que el actuar del tribunal configuró una t ácita conducta q ue cerc enó la participación legal y necesaria de las organizaciones sindicales de la universidad y que se puede convertir en un precedente contrario a derecho.

1.5.2. Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión

23. El magistrado ponente de la decisión enjuiciada solicitó declarar la improcedencia de la acción porque el asunto no revestía relevancia constitucional, sino que se trataba de un asunto meramente legal, “en razón a que se sostiene la vulneración en abstracto de los derechos fundamentales, pero sin especificar en concreto su afectación”.

24. Adujo que el no acceder a las pretensiones de la acción de cumplimiento, no vulnera el derecho de asociación o de participación de las agrupaciones sindicales, máxime cuando, como se explicó en la decisión tutelada, no se encontró un mandato imperativo e inobjetable en cabeza de la autoridad pública demandada, porque el Sindicato Mixto de Trabajadores y Servidores Públicos de la Universidad del Quindío

2 “SEXTO: OFICIAR a la secretaria general del Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión, para que publique en su página web copia digital de la demanda de tutela, de los anexos que la acompañan y de esta providencia, con el fin de que cualquier persona que tenga interés conozca los

Decisión, para que publique en su página web copia digital de la demanda de tutela, de los anexos que la acompañan y de esta providencia, con el fin de que cualquier persona que tenga interés conozca los referidos documentos y pueda intervenir en el trámite constitucional de la referencia.”Demandante: Sindicato Mixto de Trabajadores y Servidores Públicos de la Universidad del Quindío Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión Rad: 11001-03-15-000-2022-02561-00

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6 – SINTRAADMIN –, no hizo parte de los acuerdos suscritos entre algunas organizaciones sindicales y el Gobierno Nacional.

25. Concluyó que la sentencia reprochada se dictó en desarrollo de los principios de autonomía e independencia reconocidos a los jueces de la República por la Constitución Política y la Ley 270 de 1996, para que, dentro de los límites de s u competencia, analicen y decidan los casos puestos a su consideración.

1.5.3. Universidad del Quindío

26. El rector solicitó negar las pretensiones de la demanda al considerar que la sentencia acusada no adoleció de vicio alguno. Adujo que según el artículo 69 Superior el ente universitario solo está supeditado a la Constitución, la Ley y el reglamento y la Circular 11 de 2017 solamente esta dirigido a “ LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL SECTOR CENTRAL Y DESCENTRALIZADO DE LA

RAMA EJECUTIVA DE LOS NIVELES NACIONAL Y TERRITORIAL”.

Circular 11 de 2017 solamente esta dirigido a “ LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL SECTOR CENTRAL Y DESCENTRALIZADO DE LA

RAMA EJECUTIVA DE LOS NIVELES NACIONAL Y TERRITORIAL”.

27. Estimó que, “en tal sentido al no encontrarse dentro de los entes públicos a los que se dirige la directriz dada, no se vulneró derecho fundamental alguno.”

28. Los demás sujetos vinculados, pese a ser debidamente notificados, no rindieron informe alguno.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

29. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por el Sindicato Mixto de Trabajadores y Servidores Públicos de la Universidad del Quindío – SINTRAADMINcontra el Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021. Lo anterior, por cuanto el accionado es el Tribunal Administrativo del Quindío y, en tal sentido, debe aplicarse el numeral 5º de la última norma citada.

2.2. Problema jurídico

30. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

31. De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:Demandante: Sindicato Mixto de Trabajadores y Servidores Públicos de la

Universidad del Quindío

contra providencia judicial?

31. De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:Demandante: Sindicato Mixto de Trabajadores y Servidores Públicos de la

Universidad del Quindío Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión Rad: 11001-03-15-000-2022-02561-00

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7 ¿El Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión vulneró los derechos fundamentales “al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad jurídica, de asociación y libertad sindical” con ocasión a la sentencia del 10 de febrero 2022, que confirmó la decisión del a quo, que negó las pretensiones de la demanda al considerar que la Circular N.° 11 de 2017 no estaba dirigida a los entes universitarios sino a los representantes legales de los organismos y entidades del sector central y descentralizado de la Rama Ejecutiva de los niveles nacional y territorial?

32. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) generalidades de los defectos alegados; y iv) el análisis del caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

33. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 3 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela

33. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 3 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema4 y declaró su procedencia.5

34. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

35. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directa mente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

36. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 5 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”Demandante: Sindicato Mixto de Trabajadores y Servidores Públicos de la Universidad del Quindío Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión Rad: 11001-03-15-000-2022-02561-00

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8 2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia constitucional6

37. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito se encuentra superado por cuanto, en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de la providencia del 10 de febrero 2022 del Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión pues en su sentir, incurrió en un defecto sustantivo.

38. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden

10 de febrero 2022 del Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión pues en su sentir, incurrió en un defecto sustantivo.

38. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, pues en efecto, la parte actora considera vulnerado s sus derechos fundamentales “al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad jurídica, de asociación y libertad sindical” por parte de la autoridad judicial accionada al confirmar la providencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda , por considerar se configuró un defecto sustantivo pues de conformidad a las normas alegadas , si bien la Circular N.° 11 de 2017 no estaba dirigida a los entes universitarios, lo cierto era que sí le era aplicable a la referida universidad.

39. En ese sentido, los argumentos que, en sentir de la parte tutelante, son irrazonables y contrarios al ordenamiento jurídico, fueron analizados erróneamente por la autoridad judicial accionada, desconociendo el alcance y aplicación de su derecho fundamental al debido proceso y omitiendo el deber del juez ordinario de actuar tanto como juez de legalidad, como de constitucionalidad y de convencionalidad en la causa ordinaria.

40. Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste violación o amenaza al derecho fundamental, después de haber agotado el procedimiento legal administrativo o judicial establecid o por la ley para su protección, lo que implica que el mecanismo constitucional no fue utilizado como una instancia adicional que busque reabrir el debate procesal.

derecho fundamental, después de haber agotado el procedimiento legal administrativo o judicial establecid o por la ley para su protección, lo que implica que el mecanismo constitucional no fue utilizado como una instancia adicional que busque reabrir el debate procesal.

41. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales y libertades públicas, concretamente el acceso a la administración de justicia y el debido proceso.

6 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001 -03-15-000-2020-00004-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11 001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001 -03-15-000-201905291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001 -03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001 -03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001 -03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001 -03-15000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.Demandante: Sindicato Mixto de Trabajadores y Servidores Públicos de la Universidad del Quindío Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión Rad: 11001-03-15-000-2022-02561-00

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9 2.4.2. Tutela contra tutela7

42. La Sala observa frente al mencionado aspecto, que no se trata de una tutela contra una decisión de la misma naturaleza , pues la providencia cuestionada fue proferida en el trámite del medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos, ejercido contra la Universidad del Quindío, identificado con el radicado N.º 63001-3333-003-2021-00262-00/01.

2.4.3. Inmediatez8

43. En relación con el acatamiento del referido requisito, no se advierte ningún reproche, en vista que la providencia del Tribunal Administrativo de l Quindío – Sala Cuarta de Decisión fue proferida el 10 de febrero de 2022 y la solicitud de amparo fue presentada 10 de mayo del mismo año. Así, sin que sea necesario determinar la fecha de ejecutoria, se considera que la misma se presentó dentro de un término que la Sala considera razonable para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.

presentada 10 de mayo del mismo año. Así, sin que sea necesario determinar la fecha de ejecutoria, se considera que la misma se presentó dentro de un término que la Sala considera razonable para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.

44. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20149, en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 10, para determinar la procedencia de la acción consti tucional contra providencia judicial y

7 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo