CE - 110010315000202202597001SENTENCIA20220708184119

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02597-00

Demandante: Armando Luis González Calao

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá D.C., siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-02597-00

Demandante: ARMANDO LUIS GONZÁLEZ CALAO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

Temas: Contra sentencia dictada en proceso de acción popular y que suspendió efectos de acto administrativo que reconoció relación laboral y ordenó el pago de prestaciones sociales . Falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Armando Luis González Calao contra el Tribunal Administrativo de Córdoba.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

1.1. El 11 de mayo de 2022 , en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado judicial, el señor Armando Luis González Calao pidió la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, que estimó vulnerados por la sentencia del 26 de noviembre de 2021, proferida por el

apoderado judicial, el señor Armando Luis González Calao pidió la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, que estimó vulnerados por la sentencia del 26 de noviembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba. En consecuencia, la parte actora propuso, textualmente, las siguientes pretensiones:

PRIMERA.- Solicito al Honorable Juez Constitucional de Tutela amparar los derechos fundamentales constitucionales a la defensa, a la contradicción, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia que han sido vulnerados a ARMANDO LUIS GONZÁLE Z CALAO con la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Montería dentro del proceso de acción popular en el que fue accionado, ordenando la revocatoria de dicha providencia judicial para que se produzca con la plena garantía de los derechos y libertades vulnerados.

SEGUNDA: Decretar la medida provisional de suspensión de la sentencia de 26 de noviembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba con el objetivo de hacer cesar la vulneración actual, inminente e irremediable de los derechos fundamentales constitucionales de ARMANDO LUIS

GONZALEZ CALAO.

TERCERA: Ordenar al Tribunal Administrativo de Montería una vez revocada la sentencia de 26 de noviembre de 2021 proferir una nueva decisión en la que se respeten los derechos y libertades fundamentales vulneradas a ARMANDO LUIS GONZÁLEZ CALAO.

2. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2.1. El señor Bayron Hernández Arteaga interpuso demanda de acción popular

2. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2.1. El señor Bayron Hernández Arteaga interpuso demanda de acción popular contra la E.S.E. Camu Santa Teresita del municipio de Santa Cruz de Lorica , porRadicado: 11001-03-15-000-2022-02597-00

Demandante: Armando Luis González Calao

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estimar vulnerados los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público. En concreto, el señor Hernández Arteaga sustentó la vulneración en la Resolución 001 de 02 de enero de 2012, dictada por la E.S.E. Camu Santa Teresita de Lorica, que declara la existencia de una relación administrativa laboral entre el señor Armando Luis González Calao y reconoce prestaciones causadas por 2010 y 2011.

2.1.1. Para efecto de la protección de los derechos colectivos, el señor Hernández Arteaga pidió que se ordenara al Juzgado Civil del Circuito de Lorica dar por terminado el proceso ejecutivo sustentado en la Resolución 001 de 2012 y disponer el levantamiento de las medidas cautel ares, el cese de cualquier orden de pago, y la devolución de depósitos judiciales y de los pagos efectuados al señor González Calao. La suma objeto de embargo ascendió a $260.590.493.

2.2. Mediante autos de 26 de noviembre y de 18 de diciembre de 2014, el Juzg ado

La suma objeto de embargo ascendió a $260.590.493.

2.2. Mediante autos de 26 de noviembre y de 18 de diciembre de 2014, el Juzg ado Sexto Administrativo de Montería suspendió los efectos de la Resolución 001 de 2012 y de las medidas ordenadas en el proceso ejecutivo.

2.3. Por sentencia del 30 de agosto de 2019, el Juzgado Sexto Administrativo de Montería declaró vulnerados los derechos colectivos invocados, por cuanto la Resolución 001 de 02 de enero de 2012 fue dictada de manera injustificada. Textualmente, el juzgado dispuso lo siguiente:

PRIMERO: Declarar impróspera la excepción propuesta por el señor ARMANDO LUIS GONZALEZ CALAO, la cual denominó "IMPROCEDENCIA DE LA ACCION POPULAR - INEXISTENCIA DE VULNERACION, DAÑO O AMENAZA ACTUAL CONTRA LOS DERECHOS COLECTIVOSMORALIDAD ADMINISTRATIVA Y DEFENSA AL PATRIMONIO PUBLICO" por lo considerado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Declarar que el Gerente de la E.S.E. Camu Santa Teresita del Municipio de Santa Cruz de Lorica, Dr. John Haider Mangones Rodríguez, vul neró los derechos colectivos al patrimonio público y a la moralidad administrativa al expedir la Resolución No. 001 de fecha 02 de enero de 2012, (mediante el cual declaró la existencia de una relación laboral entre la E.S.E. Camu Santa Teresita del Municipio de Santa Cruz de Lorica y el señor Armando Luis González Calao, y ordenar el pago de la suma de $18.651.500), por prestaciones sociales, por las razones expuestas en el considerativo de esta providencia.

Santa Teresita del Municipio de Santa Cruz de Lorica y el señor Armando Luis González Calao, y ordenar el pago de la suma de $18.651.500), por prestaciones sociales, por las razones expuestas en el considerativo de esta providencia.

TERCERO: Dejar sin efectos jurídicos la Resoluc ión No. 001 de fecha 02 de enero de 2012, mediante la cual se declaró la existencia de una relación laboral entre la E.S.E. Camu Santa Teresita del Municipio de Santa Cruz de Lorica y el señor Armando Luis González Calao, y ordenó el pago de la suma de $18 .651.500, por prestaciones sociales, por las razones expuestas en el considerativo de esta providencia.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, Para efectos de restablecer los derechos colectivos vulnerados, el Despacho ordenará a la E.S.E. Camu Santa Teresita del Municipio de Santa Cruz de Lorica por conducto de Representante Legal inicie si aún no lo hub iere hecho, dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, las acciones legales y judiciales necesarias encaminadas a la protección, defensa y recuperación del erario público que fueron afectado por los hechos expuestos en el pres ente medio de control producto de las conductas desplegadas por parte de los Sres. John Haider Mangones Rodríguez y Armando Luis González

Cálao.

QUINTO: Levantar la medida cautelar ordenada por este Despacho en el auto de 26 de noviembre de 2014, modifica do mediante el auto de 18 de diciembre de 2014, y en su lugar se ordena comunicar la presente decisión al Juzgado Civil del Circuito de Lorica, con la prevención de que se abstenga de seguir entregando títulos judiciales a favor del ejecutante Armando Luis González

comunicar la presente decisión al Juzgado Civil del Circuito de Lorica, con la prevención de que se abstenga de seguir entregando títulos judiciales a favor del ejecutante Armando Luis González Calao identificado con la C.C. No. 78.076.120 expedida en Lorica dentro del proceso ejecutivo con radicado 2014-00118, dado a que la Resolución No. 001 de fecha 02 de enero de 2012, mediante la cual se declaró la existencia de una relación labora l entre la E.S.E. Camu Santa Teresita del Municipio de Santa Cruz de Lorica y el señor Armando Luis González Calao, y que sirvió de título ejecutivo, queda sin efectos jurídicos en esta providencia, de acuerdo con lo motivado.

SEXTO: Conformar comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia, el cual estará integrado por: i) Procuraduría 189 Delegada ante este Despacho, ii) Represente Legal de la E.S.E.Radicado: 11001-03-15-000-2022-02597-00

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Camu Santa Teresita o la persona que él Delegue para tales fines, iii) Defensor Delegado ant e Este Despacho Judicial, quienes tienen el deber de informar a este Despacho de los avances y gestiones realizadas para su cumplimiento definitivo, cada 6 meses hasta que se verifique el resarcimiento total.

2.4. El señor González Calao apeló la sentencia del 30 de agosto de 2019 , por lo siguiente: (i) que fue desconocido el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011 y los

resarcimiento total.

2.4. El señor González Calao apeló la sentencia del 30 de agosto de 2019 , por lo siguiente: (i) que fue desconocido el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011 y los lineamientos fijados en la sentencia de unificación del 13 de febrero de 2018, dictada por la Sala Plena del Consejo de Estado; (ii) que el medio procedente era el de nulidad y restablecimiento del derecho; (iii) que no se evidenció el perjuicio económico derivado de la Resolución 001 de 2012; (iv) que no existe impedimento legal para que las entidades de derecho público reconozcan la existencia de relaciones laborales, y (v) que el juez de acción popular no podía interferir en el proceso ejecutivo promovido para reclamar el cumplimiento de la Resolución 001 de 2012.

2.5. Por sentencia del 26 de noviembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Córdoba confirmó la sentencia apelada, pues encontró que la Resolución 001 de 2012 careció de motivación y sustento probatorio y fue dictada sin contar con certificados de disponibilidad presupuestal. El tribunal también encontró demostrada la vulneración del patrimonio público, habida cuenta de que el actor retiró títulos judiciales por $260.590.493.

3. Argumentos de la acción de tutela

3.1. La parte actora adujo que la sentencia del 26 de noviembre de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo de Córdoba, incurrió en defecto procedimental absoluto , por cuanto desconoció el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011. Que la acción popular resultaba improcedente, habida cuenta de que no se evidenció la vulneración de los

el Tribunal Administrativo de Córdoba, incurrió en defecto procedimental absoluto , por cuanto desconoció el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011. Que la acción popular resultaba improcedente, habida cuenta de que no se evidenció la vulneración de los derechos colectivos al patrimonio pú blico y a la moralidad administrativa. Que la sentencia de unificación del 13 de febrero de 2018, dictada por la Sala Plena del Consejo de Estado, que señala que los jueces de acción popular carecen de competencia para declarar la nulidad de actos administrativos.

3.2. Dijo que la acción procedente no era la popular, sino la de lesividad, que debió promoverla la E.S.E. Camu Santa Teresita.

3.3. Alegó que fue desconocida la garantía de defensa, puesto que la orden impartida en el proceso de acción popular impidió el agotamiento del proceso ejecutivo y el pago de los emolumentos reconocidos en la Resolución 001 de 2012. Que, en últimas, la sentencia cuestionada desconoció los efectos de las decisiones adoptadas en el proceso ejecutivo adelantado a instancias del Juzgado Civil del Circuito de Lorica.

3.4. Manifestó que también hubo defecto fáctico , toda vez que el tribunal demandado «no valora del acervo probatorio toda la documentación de los procesos ejecutivo laboral y la aportada en el proceso de la acción popular, porque de haberlo hecho habría encontrado que la discusión acerca de la legalidad de la Resolución No.001 de 2 de enero de 2012 fue el centro gravitatorio de la discusión de la litis y las pruebas aportadas se encaminaron a esta cuestión y no a demostrar la vulneración de

No.001 de 2 de enero de 2012 fue el centro gravitatorio de la discusión de la litis y las pruebas aportadas se encaminaron a esta cuestión y no a demostrar la vulneración de los derechos o intereses colectivos que presuntamente se estaba provocando para la moralidad administrativa y para el patrimonio, de ahí lo escaso, escueto y falto de motivación que resulta la simple enunciación en abstracto de lo que representan estos derechos colectivos, pero sin precisarse para el caso en concreto como se produjo su vulneración, o si ameritaba haber admitido, ordenado las medidas cautelares y decidido por esta cuerda procesal una cuestión que en últimas solo se procuraba beneficiar a laRadicado: 11001-03-15-000-2022-02597-00

Demandante: Armando Luis González Calao

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ESE CAMU SANTA TERESITA DE LORICA como persona jurídica de derecho público, pero no así a la comunidad de sus usuarios, quienes están ausentes en la acreditación de sus derechos afectados, por lo que el debate judicial se redujo a defender la posición jurídica de la ESE en el proceso judicial, cuestión para la que no estaba facultado el Juez Popular y que debió haber reparado y revocado en su sentencia el Tribunal, dado que al no ocurrir podría ser una fuente legitima de un daño antijurídico que ante lo contencioso administrativo podrá reclamar ARMANDO LUIS GONZÁLEZ CALAO».

4. Trámite

4.1. Por auto del 16 de mayo de 2022, el despacho sustanciador admitió la demanda

contencioso administrativo podrá reclamar ARMANDO LUIS GONZÁLEZ CALAO».

4. Trámite

4.1. Por auto del 16 de mayo de 2022, el despacho sustanciador admitió la demanda de tutela y dispuso la notificación, en calidad de demandados, a los magistrados del Tribunal Administrativo de Córdoba. Asimismo, en calidad de terceros con interés, fue ordenada la notificación al gerente de la E.S.E Camu Santa Teresita del municipio de Santa Cruz de Lorica y al señor Bayron Hernández Arteaga, que oficiaron como demandado y demandante, respectivamente, en el proceso de acción popular con radicado 23001-33-33-006-2014-00397-03.

4.2. La Secretaría General del Consejo de Estado realizó las notificaciones ordenadas en el auto admisorio, según consta en los índices 7, 8 y 12 de Samai.

5. Intervenciones

5.1. El Tribunal Administrativo de Córdoba, la E.S.E. Camu Santa Teresita del municipio de Santa Cruz de Lorica y el señor Bayron Hernández Arteaga no intervinieron, pese a que, como se vio, fueron notificados de la admisión de la demanda de tutela.

CONSIDERACIONES

1. De la acción de tutela contra providencias judiciales

1.1. A partir del año 2012 1, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 2, se precisó que la acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas

Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 2, se precisó que la acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad pública.

1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una sentencia de tutela.

1.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno d e los siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente, y (viii) violación directa de la Constitución.

1 Ver sentencia del 31 de julio de 2012. 2 Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.Radicado: 11001-03-15-000-2022-02597-00

Demandante: Armando Luis González Calao

2 Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.Radicado: 11001-03-15-000-2022-02597-00

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1.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.

1.5. Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el Consejo de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de órganos de cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido un requisito adicional, consistente en «la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional»3.

2. Planteamiento y respuesta al problema jurídico

2.1. Previo a cualquier consideración sobre el fondo del asunto, la Sala verificará si, en términos generales, el a quo acertó al concluir que la tutela de la referencia no cumple el requisito de relevancia constitucional. De encontrarse cumplido el requisito de relevancia, será estudiado el fondo del asunto, en los términos propuestos en la demanda de tutela.

2.2. El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía

de relevancia, será estudiado el fondo del asunto, en los términos propuestos en la demanda de tutela.

2.2. El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

2.2.1. En ese sentido, la Corte Consti tucional 4 ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para d iscutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

2.2.2. De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20145, para que un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en

alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra

3 SU-573 de 2017. 4 Al respecto, ver sentencias C-590 de 2005, T-335 de 2000, T-102 de 2006, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014. 5 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicado: 11001-03-15-000-2022-02597-00

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providencias judiciales»6. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

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providencias judiciales»6. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar, mejorar o modificar los argumentos propuestos ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

2.2.3. La Sala considera que la tutela no cumple el requisito de relevancia constitucional, toda vez que la parte actora se limita a reiterar los argumentos que expuso en el proceso de acción popular y que fueron resueltos por el Tribunal Administrativo de Córdob a. Si bien la parte actora adujo la existencia de defecto s procedimental y fáctico, lo cierto es que, en últimas, pretende que se reabra sobre la competencia del juez de la acción popular, la prueba de la vulneración de los derechos colectivos a la moralid ad administrativa y al patrimonio público y la implicación que tiene la existencia del proceso ejecutivo para reclamar el cumplimiento de la Resolución 001 de 2012.

2.2.4. En efecto, en el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia del 30 de agosto de 2019, dictada por el Juzgado Sexto Administrativo de Montería, se lee lo siguiente:

Objetivamente consideramos que la providencia proferida en primera instancia dentro de la presente acción se aparta de la aplicación en concreto del artículo 144 de CPACA y de los lineamientos jurisprudenciales del Honorable Consejo de Estado, máxima autoridad de la Justicia Contencioso Administrativa. […] Realizado el análisis del expediente en ningún aparte evidenciamos que el actor popular logra demostrar o probar que el acto administrativo objeto de estudio ocasionara o quedara plenamente demostrado que la expedición de dicho acto evidenciara un daño o perjuicio económico. Además

demostrar o probar que el acto administrativo objeto de estudio ocasionara o quedara plenamente demostrado que la expedición de dicho acto evidenciara un daño o perjuicio económico. Además que no se demostró, dentro del fallo de primera instancia se menciona situación o prueba alguna que demuestre que se vulneró algún derecho colectivo o que el actor popular lo demostró en determinado momento procesal, así como tampoco obra prueba sumaria que demuestre o pruebe dicha situación. […]

6 IbidemRadicado: 11001-03-15-000-2022-02597-00

Demandante: Armando Luis González Calao

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Así las cosas y teniendo en cuenta la anterior cita, actuamos en toda la legalidad del caso al solicitar por vía ejecutiva el pago de las prestaciones reconocidas dentro del acto administ rativo, así como también la llamada “sanción moratoria”. […] Así las cosas y teniendo en cuenta los criterios de esta sentencia de unificación no era posible dejar sin efectos jurídicos la Resolución 001 de enero de 2012 y objeto de revisión de esta acción popular, en el entendido que “dejar sin efectos jurídicos un acto administrativo” es igual a anular el mismo. […] Además de lo anterior, considero también que en las distintas actuaciones judiciales existen toda clase de recursos, ordinarios y extraordinarios, para controvertir y controlar la actividad judicial, siendo por ello improcedente la intervención del Juez de la acción popular al interior de un debate judicial.

2.2.5. En el mismo sentido, la demanda de tutela indica lo siguiente:

siendo por ello improcedente la intervención del Juez de la acción popular al interior de un debate judicial.

2.2.5. En el mismo sentido, la demanda de tutela indica lo siguiente:

146.- El Tribunal Administrativo de Córdoba en la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2021 consideró: “en principio se podría indicar que el Juez Popular no puede declarar la nulidad de un Acto o Contrato cuando este sea lesivo de un derecho colectivo, pues dic ha competencia le escapa en tanto corresponde al Juez Contencioso Administrativo a través de los controles de legalidad de Nulidad y Nulidad y Restablecimiento del Derecho y a través del contencioso contractual, respectivamente”.

147.- Con esta afirmación el Tribunal reconoce que desde la presentación de la demanda en ejercicio de la acción popular prevista como medio de control en el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante CPACA), esto es, el 31 de octubre de 2014, mi representado como accionado ha sido vulnerado de manera continuada, grave e irreversiblemente al dar trámite a una demanda cuyas pretensiones no podían ser objeto de tramitación dado que la norma era precisa en disponer las exigencias para su procedencia: (i) que exista un daño contingente sobre el que no se demostró y no se tuvo en cuenta por el Tribunal lo invocado por mi representado en la apelación que oportunamente presentó dentro del proceso; (ii) que exista un peligro que deba hacerse cesar, que tampoco se demostró da do que como se señaló en la contestación a la demanda, en las alegaciones y en el recurso de apelación, se obligó al juez de conocimiento a interferir e invadir las competencias de un juez ordinario que era imposible dado que el juez popular no ha sido

alegaciones y en el recurso de apelación, se obligó al juez de conocimiento a interferir e invadir las competencias de un juez ordinario que era imposible dado que el juez popular no ha sido facultado para validar o condicionar las decisiones adoptadas en un proceso como el ejecutivo laboral identificado con el ra dicado No.201400118 que adelante con base en un título ejecutivo que le fue expedido a mi representado y sobre el que se ejerció el medio de control adecuado; (iii) que haya una vulneración o agravio a derechos colectivos, para lo cual no puede hacer ningún pronunciamiento o sustentarse en un control de legalidad de la Resolución No. 001 de 2 de enero de 2012 o de los contratos de prest ación de servicios suscritos por mi representado con la ESE CAMU SANTA TERESITA DE LORICA, por lo que desconocer esto y lo afirmado como premisa por el Tribunal en su sentencia y confirmar la decisión judicial de primera instancia es abiertamente contradictorio con el derecho a la defensa.

148.- Debe ser claro para el Honorable Juez Constitucional de Tutela que desde el 26 de noviembre de 2014 ARMANDO LUIS GONZÁLEZ CALAO no ha tenido garantizado el ejercicio de su derecho fundamental constitucional y conve ncional a la defensa, porque se admitió una demanda en ejercicio de la acción popular presentada por Byron Hernández Arteaga que era ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTE dado que en los hechos y pretensiones de la demanda no existe ninguna relación directa o indirec ta con el derecho o interés colectivo amenazado o vulnerado, especialmente con el patrimonio público o la moralidad administrativa, como se puede ver en el hecho 15, en cuyo sustento se invocó y promovió un control de legalidad sobre la

vulnerado, especialmente con el patrimonio público o la moralidad administrativa, como se puede ver en el hecho 15, en cuyo sustento se invocó y promovió un control de legalidad sobre la Resolución No. 001 de 2 de enero de 2012 por ser contraria al numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que como causa petendí llevaba sin duda alguna a que se declarara por el Juez Sexto Administrativo Oral del Circuito de Montería la ilegalidad del acto administrati vo y