CE - 110010315000202202660011SENTENCIA20230210173357

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02660-01

Demandante: Óscar Fernando Londoño Castaño y otros

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-02660-01

Demandante: ÓSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y

OTROS

Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL –

REPARACIÓN DIRECTA – PRIVACIÓN INJUSTA DE LA

LIBERTAD

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la providencia del 30 de junio de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que negó la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

Los señores Óscar Fernando Londoño Castaño, Luz Estella Fernández, Juan

negó la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

Los señores Óscar Fernando Londoño Castaño, Luz Estella Fernández, Juan Camilo Chamorro Fernández, Carlos Londoño Marulanda, María Ofelia Castaño Villa y Luis Alfredo Castaño Ibarra, mediante apoderado judicial , interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Segundo Administrativo de Buga , por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. En consecuencia, formul aron las siguientes pretensiones:

“PRIMERO: Que se Tutele los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, EL DE IGUALDAD, que no es otra cosa que la violación directa de la constitución nacional; y el principio de seguridad jurídica de mi poderdante, el señor OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO Y SU FAMILIA frente al fallo de segunda instancia emitido por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle y el de primera instancia emitido por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buga – Valle, en donde además se vulneraron los principios de cosa juzgada, juez natural y presunción de inocencia, sin dejar de lado, su derecho a su

DIGNIDAD y BUEN NOMBRE.

SEGUNDO: Que se Tutele el Derecho de mi protegido al DEBIDO PROCESO, EL DE IGUALDAD, y el principio de seguridad jurídica de mi poderdante y se le conceda la aplicación material de justicia ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa concretamente del Tribunal Contencioso Administrativo de Cali, y su Sentencia (No. Sin número) del 29 de octubre de 2.021 la cual no está estructurada en el estudio de los hechos y el material

material de justicia ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa concretamente del Tribunal Contencioso Administrativo de Cali, y su Sentencia (No. Sin número) del 29 de octubre de 2.021 la cual no está estructurada en el estudio de los hechos y el material probatorio aportado al proceso e igualmente no se funda en la aplicación sustancial de la Ley.

TERCERO: Que por medio de Tutela se ordene al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, u otro de igual jerarquía, que se produzca nuevo fallo de alzada atendiendo las reglas legales y jurisprudenciales que estaba vigentes al momento de sustentarse el recurso de apelación.Radicado: 11001-03-15-000-2022-02660-01

Demandante: Óscar Fernando Londoño Castaño y otros

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CUARTO: De ser procedente, que esta alta corporación de lo contencioso administrativo, como juez constitucional, proceda a realizar fallo de reemplazo en el asunto, esto por tratarse de la máxima autoridad judicial administrativa.

QUINTO: Que los Honorables resuelvan con sus facultades Ultra y Extra Petita concedida por esta herramienta Constitucional.”

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

QUINTO: Que los Honorables resuelvan con sus facultades Ultra y Extra Petita concedida por esta herramienta Constitucional.”

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: El 30 de mayo de 2013, el señor Óscar Fernando Londo ño Casta ño, quien se desempeñaba como agente de tránsito, fue capturado por miembros de la Policía Nacional, luego de que el señor Ernesto García Cardona denunciara que el agente le había exigido dinero a cambio de no imponerle un comparendo por infracción de tránsito consistente en conducir una motocicleta sin espejos reglamentarios. Como consecuencia de lo anterior, el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Tuluá, en el marco del proceso penal con radicado 2013-01991, ordenó que el señor Londoño Castaño fuera privado de la libertad por el delito de concusión desde el 31 de mayo hasta el 9 de agosto de 2013. La Fiscalía 32 Seccional de Tuluá solicitó la preclusión del caso con fundamento en los numerales 1 y 6 del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, que aluden a la imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal y de desvirtuar la presunción de inocencia. El 5 de marzo de 2014, el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento y Descongestión de Tuluá declaró la preclusión a favor del señor Londoño Casta ño y , en consecuencia, decret ó la cesación de la acción penal que se adelantaba en su contra.

Circuito con Funciones de Conocimiento y Descongestión de Tuluá declaró la preclusión a favor del señor Londoño Casta ño y , en consecuencia, decret ó la cesación de la acción penal que se adelantaba en su contra. Debido a lo anterior, el señor Londoño Castaño, junto con sus familiares, ejerció medio de control de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se las declarara administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios ocasionados con la privación de la libertad que soportó y que, en su sentir, fue injusta. El Juzgado Segundo Administrativo Oral de Buga, en sentencia del 31 de marzo de 2017, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que se encontraba probada la culpa exclusiva de la víctima. El actor apeló la referida sentencia y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en providencia del 29 de octubre de 2021, la confirmó por estimar que la solicitud e imposición de medida de aseguramiento obedeció al cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley 906 de 2006, de manera que cumplió con los criterios de proporcionalidad y razonabilidad.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora , las autoridades judiciales demandadas incurrieron en defectos fáctico y sustantivo porque al momento de resolver tuvieron en cuenta la sentencia SU-072 de 2018, que, en su sentir, no era aplicable al caso concreto dado que no existía al momento de los hechos q ue dieron lugar al proceso penal, niRadicado: 11001-03-15-000-2022-02660-01

sentencia SU-072 de 2018, que, en su sentir, no era aplicable al caso concreto dado que no existía al momento de los hechos q ue dieron lugar al proceso penal, niRadicado: 11001-03-15-000-2022-02660-01

Demandante: Óscar Fernando Londoño Castaño y otros

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tampoco cuando se interpuso la demanda de reparación directa. De igual forma , indicó que realizaron una errónea interpretación del artículo 70 de la Ley 270 de 1996.

Respecto al defecto fáctico, señaló que las autoridades enjuiciadas no valoraron en debida forma las pruebas aportadas al trámite procesal que indicaban irregularidades al momento de la captura del señor Londoño Castaño .

Además, afirmó que las razones de la decisión en el proceso de segunda instancia variaron pues el tribunal sustentó la providencia en el fundamento de la SU -072 de 2018, lo que a su juicio le vulneró el principio de doble instancia dado que no pudo alegar en la apelación que dicho precedente no le era aplicable dado que fue proferido con posterioridad a la interposición del medio de control.

Finalmente, dijo que, tal como lo manifestó al interior del proceso ordinario , la privación de la libertad resultó injusta y tuvo como consecuencia un daño

proferido con posterioridad a la interposición del medio de control.

Finalmente, dijo que, tal como lo manifestó al interior del proceso ordinario , la privación de la libertad resultó injusta y tuvo como consecuencia un daño antijurídico imputable a la Nación - Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, que daba lugar a la reparación de los perjuicios materiales y extrapatrimoniales que padeció junto a su círculo familiar .

4. Oposición

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca manifestó qu e, del análisis probatorio, fue posible concluir que la medida de aseguramiento impuesta al señor Londoño Castaño resultó razonable por las características del delito y las circunstancias que rodeaban su ejecución.

Señaló que la sentencia objeto de censura se fundamentó en los postulados normativos y jurisprudenciales, además, en ella se realizó una valoración de todos los elementos de juicio allegados por las partes , bajo la sana crítica, y precisó que el hecho que haya sido contraria a los intereses procesales de la parte actora no implicaba la transgresión de los derechos invocados .

Por lo expuesto, solicitó que se negaran las pretensiones de la acción de tutela.

La Fiscalía General de la Nación indicó que en el caso objeto de estudio no se encuentra cumplido el requisito de subsidiariedad, sin embargo, no precisó el mecanismo judicial que, a su juicio, sería el procedente para controvertir la decisión de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

En todo caso, adujo que la actora no identificó de manera concreta la afectación de derechos fundamentales, ni la s causales en que incurrieron las providencias

de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

En todo caso, adujo que la actora no identificó de manera concreta la afectación de derechos fundamentales, ni la s causales en que incurrieron las providencias controvertidas, razón por la cual, el juez constitucional no puede estudiar la totalidad de la sentencia para identificar dichos defectos de manera oficiosa , pues si bien se refirió a los defectos fáctico y sustantivo lo cierto es que no se cumplió con la carga argumentativa suficiente.

Solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por incumplimiento de las causales generales de procedibilidad .Radicado: 11001-03-15-000-2022-02660-01

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5. Sentencia de primera instancia

La Sección Quinta del Consejo de Estado , en providencia del 30 de junio de 2022, negó el amparo solicitado, con fundamento en que la negativa de acceder a las pretensiones por parte de la autoridad judicial demandada obedeció a la verificación de que la imposición de la me dida privativa de la libertad respet ó los criterios de legalidad y razonabilidad, las circunstancias de la presunta ejecuci ón

las pretensiones por parte de la autoridad judicial demandada obedeció a la verificación de que la imposición de la me dida privativa de la libertad respet ó los criterios de legalidad y razonabilidad, las circunstancias de la presunta ejecuci ón del delito y los elementos de convicci ón puestos en consideraci ón del juez de control de garantías.

Concluyó que las autoridades judiciales demandadas no incurrieron en los defectos alegados por el actor , que, por el contrario, edificaron la decisión en el hecho de que una persona privada de la libertad dentro de un proceso penal que termina con sentencia absolutoria o e quivalente no resultaba suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado . Finalmente, indicó que la decisión cuestionada fue razonable y proferida en ejercicio de su autonomía judicial y conforme a la jurisprudencia vigente al momento de proferirla, razón por la que se dispuso que la imposición de la medida de aseguramiento en contra del señor Londoño Casta ño obedeció al estudio de distintos elementos de convicción y a la aplicación razonable de las disposiciones del Código de Procedimiento Penal.

6. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión de primera instancia, reiteró los argumentos del escrito inicial e indicó que la segunda instancia procesal fue resuelt a bajo un precedente que no existía al momento en que se inició el proceso , esto es la sentencia SU072 de 2018 proferida por la Corte Constitucional, razón por la que insiste en que se encuentra configurado el defecto sustantivo alegado.

Expuso que, si bien el defecto fáctico fue abordado y resuelto con claridad por el

insiste en que se encuentra configurado el defecto sustantivo alegado.

Expuso que, si bien el defecto fáctico fue abordado y resuelto con claridad por el juez c onstitucional de primera instancia, no ocurría lo mismo con el defecto sustantivo dado que a su juicio no había lugar a cambiar la discusión planteada en el recurso de apelación si se tiene en cuenta que en calidad de demandantes adquirieron la posición de apelante único, razón por la que además considera le fue vulnerado el principio de doble instancia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.Radicado: 11001-03-15-000-2022-02660-01

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 2 y específicas 3 de procedencia de la acción de tutela.

Siendo así, a la Sala le corresponde establecer si en el presente ca so se cumplen los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial descritos.

Problema jurídico

En los términos de la impugnación, corresponde a esta Sala de decisión determinar si procede confirmar o revocar la sentencia de tutela de primera instancia , a partir

descritos.

Problema jurídico

En los términos de la impugnación, corresponde a esta Sala de decisión determinar si procede confirmar o revocar la sentencia de tutela de primera instancia , a partir de la posible configuración de los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente, dado que la inconformidad de la pa rte actora con el fallo de tutela de primera instancia se enmarcó respecto de estos.

Lo anterior porque, a pesar de que en ambas instancias del proceso de reparación directa se negaron las pretensiones de la demanda, lo cierto es que, solo en la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al resolver el recurso de apelación, se precisó que, conforme con el criterio jurisprudencial de la Corte Constitucional (sentencia SU -072 de 2018), no se configuraron los elementos constitutivos para decla rar la responsabilidad por privación injusta de la libertad y del material probatorio obrante en el expediente se determinó que la medida de

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derech os constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente . (Se destaca) 2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia

fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente . (Se destaca) 2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2022-02660-01

Demandante: Óscar Fernando Londoño Castaño y otros

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que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2022-02660-01

Demandante: Óscar Fernando Londoño Castaño y otros

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electr ónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

aseguramiento fue decretada bajo los criterios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.

Como fundamento de la acción de tutela y del escrito de impugnación , la parte actora propone como causales específicas de procedibilidad, los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente judicial, por la indebida aplicación del régimen de responsabilidad y de la sentencia de unificación SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional, pues a su juicio este argumento no podía ser propuesto en el recurso de apelación y en esa medida no tuvo la posibilidad de cuestionar lo resuelto por el tribunal demandado.

En ese orden, esta Sala abordará los cargos en que se sustentaron los defectos sustantivos y por desconocimiento del precedente judicial, de manera conjunta, pues, como se dijo, ambos están dirigidos a alegar la indebida aplicación del régimen de responsabilidad y de l a sentencia de unificación SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional. Sin embargo, de manera previa, la Sala hará referencia a la motivación de la decisión objeto de cuestionamiento.

régimen de responsabilidad y de l a sentencia de unificación SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional. Sin embargo, de manera previa, la Sala hará referencia a la motivación de la decisión objeto de cuestionamiento.

Caso concreto

De la sentencia cuestionada de 29 de octubre de 2021, del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

En cuanto a la aplicación del título de imputación, la autoridad judicial demandada anticipó que , a efectos de establecer si el daño resultaba imputable, aplicaría lo previsto en la SU–072 de 2018, en los siguientes términos:

«(…)

MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

(…)

Con relación al modelo de responsabilidad aplicable a los casos de privación inju sta de la libertad, la Constitución de 1991 no privilegió ningún título de imputación en particular, por lo que en aplicación del principio iura novit curia, dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, el régimen aplicable y la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que se habrá de adoptar.

Ahora, es del caso indicar que, el Consejo de Estado desde de la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, venía aplicando el régimen objetivo de responsabilidad cuando la absolución o preclusión se diera por alguno de estos cuatro eventos: el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta era atípica o en aplicación del in dubio pro-reo. En los demás casos debía aplicarse un régimen subjetivo.

preclusión se diera por alguno de estos cuatro eventos: el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta era atípica o en aplicación del in dubio pro-reo. En los demás casos debía aplicarse un régimen subjetivo.

No obstante lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia SU -072 de 2018, abordó el tema de la responsabilidad del Estado por privación de libertad y realizó algunas observaciones a la jurisprudencia que, hasta ese momento, sostenía el Consejo de Estado, señalando que: “en dos de los casos deducidos por el Consejo de Estado –el hecho no exist ió o la conducta era objetivamente atípicaes posible predicar que la decisión de privar al investigado de su libertad resulta irrazonable y desproporcionada, luego, para esos eventos es factible aplicar un título de atribución de carácter objetivo en el entendido de que el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos”.

Agregó además el Tribunal Constitucional que respecto de los eventos en que la absolución o preclusión penal se da porque el investigado no cometió el delito o por aplicación del principio de in dubio pro-reo, lo procedente era que el juez administrativo analizara las pruebas y las particularidades del caso para determinar si la medida respetó los presupuestos de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.

Por otro lado, la Sala Plena del Consejo de Estado mediante sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018 modificó la línea jurisprudencial que venía manejando sobre la privación injusta de la libertad

y determinó el estudio de los siguientes presupuestos: 1) Si el daño (pri vación de la libertad) fueRadicado: 11001-03-15-000-2022-02660-01

Demandante: Óscar Fernando Londoño Castaño y otros

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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antijurídico o no, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política; 2) Si quien fue privado de la libertad actuó con culpa grave o dolo, desde el punto de vista meramente civil -análisis que hará, incluso de oficio-, y si co n ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva (artículos 70 de la ley 270 de 1996 y 63 del Código Civil) y, 3) Cuál es la autoridad llamada a reparar el daño. En virtud del principio iura novit curia, el juez podrá encausar el análisis del asunto, siempre en forma razonada, bajo las premisas del título de imputación que, conforme al acervo probatorio, considere pertinente o que mejor se adecúa al caso concreto.

No obstante, lo anterior, la misma Alta Corporación a través de sentencia de tutela dejó sin efectos dicha providencia, al considerar que no se realizó un análisis adecuado de la eximente de

concreto.

No obstante, lo anterior, la misma Alta Corporación a través de sentencia de tutela dejó sin efectos dicha providencia, al considerar que no se realizó un análisis adecuado de la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima al momento de realizar el estudio de imputación de la privación injusta de la libertad y, por lo tanto, ordenó a la Sección Tercera profiriera un nuevo fallo.

Finalmente, el Consejo de Estado en recient e pronunciamiento ha acogido una metodología para abordar el estudio de la responsabilidad de daños derivados de la privación injusta de la libertad, que se acompasa con la providencia de la Corte Constitucional, señalando:

“En la sentencia proferida por esta Subsección el 4 de junio del 2019, se acogió la metodología para abordar el estudio de la responsabilidad por este tipo de daños, la cual se sintetiza en los siguientes términos: 12.1.- En primer lugar, debe establecerse si está probada la existencia de un daño, el cual se evidencia cuando se encuentra acreditada la detención del demandante y su liberación posterior por no encontrarlo responsable de la comisión de un delito. 12.2.- En segundo lugar, debe indagarse si la medida de detención se ajustó a las normas legales y, por ende, si existió una falla del servicio, la cual se estima estructurada si la providencia que ordenó la detención desconoció las normas legales o fue desproporcionada o arbitraria (...). 12.3.- El examen de este presupuesto no afecta el mandato de la norma constitucional si se tiene claro que en todos los casos en los que no aparezca probada la falla del servicio debe determinarse si existe

12.3.- El examen de este presupuesto no afecta el mandato de la norma constitucional si se tiene claro que en todos los casos en los que no aparezca probada la falla del servicio debe determinarse si existe responsabilidad del Estado indagando si la víctima sufrió un daño antijurídico, en los térmi nos en los que esta noción se define en esa misma providencia. 12.4.- Al no encontrarse acreditada una <<falla del servicio>>, se verifica si el daño sufrido por la víctima tiene la naturaleza de antijurídico, punto en el cual se itera que, de acuerdo con los fallos de unificación, el Juez puede determinar el título de imputación con base en el cual determina la existencia de responsabilidad del Estado. 12.5.- El fallo citado precisa que el carácter antijurídico del daño, cuando la responsabilidad se estudia teniendo en cuenta sólo este presupuesto, se deriva de su carácter particular, grave e injustificado; recuerda adicionalmente que la detención preventiva es una medida legal y necesaria para el funcionamiento del sistema, sin que ello implique que la per sona que ha sido objeto de la misma, sin ser declarado responsable de un delito, deba soportar el daño que ella le causa (...). 12.6.- Debe estudiarse a cuál entidad debe imputársele el daño y cuando se trate de varias, todas deben ser condenadas de manera solidaria. 12.7.- Por último, debe establecerse si existió dolo o culpa grave de la víctima, pero advirtiendo que este elemento ha de estudiarse como una circunstancia apropiada para romper la relación de causalidad y es sobre este aspecto de la responsab ilidad que debe versar su análisis; con lo cual es claro que solo si se demuestra que –en el curso del proceso – una conducta de la víctima fue la que

causalidad y es sobre este aspecto de la responsab ilidad que debe versar su análisis; con lo cual es claro que solo si se demuestra que –en el curso del proceso – una conducta de la víctima fue la que determinó su detención, puede darse por probada esta causal de exoneración de responsabilidad.

En otros t érminos, es necesario estudiar el dolo o la culpa gr