CE - 110010315000202202815001SENTENCIA20220707145949

Radicado: 11001-03-15-000-2021-02815-00

Demandante: Augusto Bermúdez Fula

Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-02815-00

Demandante: AUGUSTO BERMÚDEZ FULA

Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA –

SUBSECCIÓN C

TEMAS: Tutela de fondo – Derecho de petición ante autoridades judiciales – niega amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Resuelve la Sala la acción de tutela formulada por el señor Augusto Bermúdez Fula contra el Con sejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Mediante escrito presentado el 23 de mayo de 202 1 a través del aplicativo

el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Mediante escrito presentado el 23 de mayo de 202 1 a través del aplicativo apptutelassmr@cendoj.ramajudicial.gov.co,1 el señor Augusto Bermúdez Fula , en nombre propio, instauró acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, con el fin de obtener el amparo de su s derechos fundamentales de petición y al debido proceso.

Dichas garantías constitucionales las consideró vulnerada s por la omisión de la autoridad demanda da en dar respuesta a la petición de información debidamente elevada el 29 de marzo de 202 22 a través del buzón web ces3secr@consejodeestado.gov.co, en el marco del proceso de nulidad y

1 Enviado el 22 de mayo después de las 5 p.m. 2 Se entiende presentado el 29 de marzo de 2022 por cuanto el escrito fue radicado el 28 de marzo de la misma anualidad después de las 5 p.m.Radicado: 11001-03-15-000-2021-02815-00

Demandante: Augusto Bermúdez Fula

Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C

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restablecimiento del derecho identificado con el radicado 11001 -03-26-000-201300022-00. 1.2. Pretensiones

La parte accionante presentó las siguientes:

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restablecimiento del derecho identificado con el radicado 11001 -03-26-000-201300022-00. 1.2. Pretensiones

La parte accionante presentó las siguientes:

“PIDO: Me informe su despacho en que estado s e encuentra el proceso de la Referencia.

PIDO: Me informe mediante un concepto jurídico estando el mencionado proceso vigente en donde está vinculado la A.N.T., pregunto ¿si esta entidad puede proceder administrativamente en contra del predio la Agrícola cuando el proceso no ha terminado en donde no se aceptan más prácticas de pruebas”. (Sic para la cita).

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo: El señor Augusto Bermúdez Fula adujo que radicó petición de información el 29 de marzo de 2022 ante el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, a través del buzón web ces3secr@consejodeestado.gov.co.

Indicó que su solicitud fue elevada en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que se identifica con el radicado 11001-03-26-0002013-00022-003 que actualmente se tramita en la Subsección censurada, mediant e el cual se debate la recuperación de un predio baldío.

En el documento petitorio, el tutelante requirió lo siguiente:

“PIDO: Me informe su despacho en que estado se encuentra el proceso de la Referencia.

PIDO: Me informe mediante un concepto jurídico estando el mencionado proceso

En el documento petitorio, el tutelante requirió lo siguiente:

“PIDO: Me informe su despacho en que estado se encuentra el proceso de la Referencia.

PIDO: Me informe mediante un concepto jurídico estando el mencionado proceso vigente en donde está vinculado la A.N.T., pregunto ¿si esta entidad puede proceder administrativamente en contra del predio la Agrícola cuando el proceso no ha terminado en donde no se aceptan más prácticas de pruebas”. (Sic para la cita).

Finalmente, la Sala advierte que el accionante adjuntó con la solicitud una serie de documentos, tales como certificados catastral y de libertad y tradición al parecer del bien baldío en controversia, así como una petición elevada a la Superintendencia de Notariado y Registro y su respectiva respuesta.

3 Augusto Bermúdez y Darwis José Ortiz GilFula contra Agencia Nacional de Tierras e INCODER.Radicado: 11001-03-15-000-2021-02815-00

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1.4. Fundamentos de la solicitud

El s eñor Augusto Bermúdez Fula consideró vulnerado , concretamente, su derecho fundamental de petición ante la omisión de la autoridad judicial demandada en d ar respuesta a la solicitud de información elevada el 29 de marzo de 2022.

1.5. Trámite de la acción

1.5.1. Con auto de 26 de mayo de 202 2, el m agistrado ponente de esta decisión ,

respuesta a la solicitud de información elevada el 29 de marzo de 2022.

1.5. Trámite de la acción

1.5.1. Con auto de 26 de mayo de 202 2, el m agistrado ponente de esta decisión , previo a admitir, requirió al accionante para que aportara al escrito de tutela la constancia de recib o del mensaje de datos con su solicitud de información; también para que informara si había remitido su petición a la dirección electrónica establecida por la judicatura censurada para la recepción de memoriales, o si lo hizo a través de la ventanilla virtual. Lo anterior fue atendido a través de correo de 3 de junio de 2022.

1.5.2. En providencia de 15 de junio de 2022, se admitió la solicitud de amparo, se ordenó notificar en calidad de demandada al Consejo de Estado, Secció n Tercera, Subsección C, y se d ispuso la vinculación de la Agencia Nacional de Tierras [autoridad mencionada en la petición].

1.6. Intervenciones

1.6.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, a través de memorial allegado el 22 de junio de 2022 por el magistrado Guillermo Sánchez Luque, informó que con memorial de “ 28 de marzo de 2022 ” el actor aportó y “ solicitó que se decretaran unas pruebas ”4 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-03-26-000-2013-00022-00.

Agregó que el accionante también requirió que el despacho profiriera un concepto jurídico “ sobre si la Agencia Nacional de Tierras puede proceder administrativamente en

derecho con radicado 11001-03-26-000-2013-00022-00.

Agregó que el accionante también requirió que el despacho profiriera un concepto jurídico “ sobre si la Agencia Nacional de Tierras puede proceder administrativamente en contra del predio La Agrícola sin que ese proceso judicial hubiera terminado y se le informara el estado del proceso”.

Al respecto, indicó que mediante auto de 17 de junio de 2022 se resolvió la petición del actor, providencia que se encuentra disponible en el sistema de gestión judicial SAMAI.

Finalmente, advirtió que el tutelante invocó el amparo del derecho de petición en el marco de un proceso judicial, ante lo cual la Corte Constitucional ha señalado que las actuaciones de los jueces se rigen por los códigos procesales dispuestos para regular cada jurisdicción “ y no por la Le y 1755 de 2015, incorporada en la primera parte

4 La Sala advierte que la autoridad cuestionada infirió que, con el aporte de algunos medios documentales con la petición, el actor pretendía incorporarlos al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, razón por la cual se pronunció al respecto.Radicado: 11001-03-15-000-2021-02815-00

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del CPACA, que regula la presentación de peticiones ante las autoridades administrativas ”, en ese sentido, precisó que la acción de la referencia es improcedente.

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del CPACA, que regula la presentación de peticiones ante las autoridades administrativas ”, en ese sentido, precisó que la acción de la referencia es improcedente.

1.6.2. La Agencia Nacional de Tierras con escrito aportado el 24 de junio de 2022, por la abogada de la oficina jurídica, luego de un extenso relato de las actuaciones administrativas, judiciales y de la competencia funcional de la entidad, advirtió que su representada no tiene injerencia en la caus a de la presunta vulneración de los derechos fundamentales del accionante, razón por la cual solicitó su desvinculación.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la ac ción de tutela presentada por el señor Augusto Bermúdez Fula contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, de conformidad con lo establecido por el artículo 2.2.3.1.2.1., del Decreto 1069 de 2015 , modificado por el Decreto 333 de 2021, así como el Acuerdo 080 de 2019, de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

En atención a que la Agencia Nacional de Tierras solicitó ser desvinculada del trámite de la referencia, la Sala anuncia que dicha petición será denegada por cuanto su vinculación no fue re alizada en calidad de demandada sino como tercero con interés en las resultas del proceso por ser parte del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho respecto del cual el señor Augusto Bermúdez Fula elevó una petición de información.

2.3. Problema jurídico

interés en las resultas del proceso por ser parte del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho respecto del cual el señor Augusto Bermúdez Fula elevó una petición de información.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, s e presenta una vulneración de l derecho fundamental de petición invocado por la parte actora, por parte del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, ante la omisión de dar respuesta a la solicitud elevada el 29 de marzo de 2022.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la naturaleza de la acción de tutela; (ii) las generalidades del derecho de petición; (iii) la petición en actuaciones judiciales; y (iv) el análisis del caso concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechosRadicado: 11001-03-15-000-2021-02815-00

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fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado qu e la

las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado qu e la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable5.

2.5. Del derecho de petición

En el artículo 23 superior el derecho fundamental de petición se define como la posibilidad que tienen to das las personas de “ presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución ”. El mismo artículo superior precisa que el Legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

El referido Tribunal Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho, en el sentido de indicar que: “(…) reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido”.

También se han establecido ciertos requisitos en cuan to a la respuesta a la petición. Frente a la oportunidad para resolver, por regla general, a los términos señalados en la Ley 1755 de 2015 6 y, de no ser posible, antes de que se cumpla con el plazo allí

Frente a la oportunidad para resolver, por regla general, a los términos señalados en la Ley 1755 de 2015 6 y, de no ser posible, antes de que se cumpla con el plazo allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho laps o, la autoridad o

5 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010. 6 “ARTÍCULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones . Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo

señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.”Radicado: 11001-03-15-000-2021-02815-00

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el particular deberá explicar los motivos y señalar el momento en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del t iempo será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificulta d o la complejidad de la solicitud.

Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente con lo solicitado. Ello significa que “la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no so bre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello im plique la aceptación de lo solicitado. // Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta dada.”

de contestar de manera clara y coherente, no impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta dada.”

Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar “los medios disponibles para informar al particular de su respue sta y lograr constancia de ello (…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante.”

En relación con el contenido y alcance del de recho fundamental de petición la Corte

Constitucional ha explicado que:

“i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se garantizan otros de rechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo qu e supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo

material, lo qu e supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo”.

Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

Sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha sido enf ática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho a l o pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo. se fi780--6Radicado: 11001-03-15-000-2021-02815-00

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Ahora bien, no debe perderse de vista que tratándose de peticiones ante autoridades judiciales, la Corte Constitucional precisó las limitaciones que trae consigo el ejercicio de este derecho bajo dicho contexto7:

“a) El derecho de petición no procede para poner e n marcha el aparato judicial o

judiciales, la Corte Constitucional precisó las limitaciones que trae consigo el ejercicio de este derecho bajo dicho contexto7:

“a) El derecho de petición no procede para poner e n marcha el aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición.

b) Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden distinguirse dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos administrativos. Respecto de éstos últimos se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el Código Contencioso Administrativo.

c) Por el contrario, las peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden ser resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso” (Destacado por la Sala)

De este modo, se debe poner de presente que las peticiones dirigidas a las autoridades judiciales, no deben tener como objeto el pronunciamiento sobre las actuaciones a su cargo, ya que se rigen por las normas propias de cada juicio, salvo que se trate de actuaciones administrativas del respectivo despacho, evento en el que sí procede la petición en los términos previstos en la ley para el efecto.

2.6. Del derecho de petición en actuaciones judiciales

Al respecto, la Sala considera necesario pr ecisar que el ejercicio del derecho de

el que sí procede la petición en los términos previstos en la ley para el efecto.

2.6. Del derecho de petición en actuaciones judiciales

Al respecto, la Sala considera necesario pr ecisar que el ejercicio del derecho de petición “(…) no es aplicable a las autoridades judiciales en el curso de los procesos, ya que estos se rigen por las normas legales propias de cada uno, sin que sea lo adecuado impulsarlos mediante la formulación de peticiones en cada uno de los momentos procesales”8

En relación con este punto, la Corte Constitucional precisó:

“(…) 5. Específicamente en relación con el derecho de petición frente a los jueces las sentencias T334 de 1995 y T-07 de 1999 señalaron que:

a) El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en ca so de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición.

7 Sentencia T-377 de 2000. En el mismo sentido, se profirieron las sentencias T-311 de 2013 y T-172 de 2016. 8 Sentencia T-178 de 2000.Radicado: 11001-03-15-000-2021-02815-00

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b) Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden distinguirse dos. De un lado, los actos estrictamente ju diciales y, de otro lado, los actos administrativos. Respecto de éstos últimos se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el Código Contencioso Administrativo.

c) Por el contrario, las peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden ser resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso (…)”.9

2.7. Caso concreto

2.7.1. En el sub examine , se advierte que las alegaciones y los fundamentos expuestos por el señor Augusto Bermúdez Fula se concentran en señalar que su derecho fundamental de petición fue transgredido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, ante la omisión de dar respuesta a la solicitud radicada el 29 de marzo de 202 2, a través de la cual aportó unas pruebas, pidió un concepto jurídico por parte de la judicatura accionada y que se le informara del estado actual del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho N°. 11001-03-26-0002013-00022-00.

2.7.2. Al respecto, esta Sala de Deci sión advierte que, de conformidad con el marco

del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho N°. 11001-03-26-0002013-00022-00.

2.7.2. Al respecto, esta Sala de Deci sión advierte que, de conformidad con el marco conceptual expuesto en el numeral 2.6. de este proveído, la jurisprudencia de la Corte Constitucional que es acogida por el Consejo de Estado , ha sido consistente en señalar que las peticiones relacionadas con actuaciones judiciales no se resuelven a partir de los lineamientos de orden administrativo, por cuanto los aspectos afines a la litis se encuentran regulados por la ley procesal.

Es por ello que, el reparo planteado por el accionante relativo a la presunta inobservancia de su garantía superior de petición no tien e vocación de prosperidad, toda vez que lo pretendido por el señor Bermúdez Fula consiste en que la autoridad reprochada: (i) decrete pruebas, lo cual se contrae a un acto meramente judicial que se encuentra sujeto a las normas que gobiernan el referido medio de control; (ii) rinda un concepto jurídico respecto de las facultades administrativas de la Agencia Nacional de Tierras sobre un predio baldío mientras el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho referido no ha culminado, con clara omisión de las funciones de los jueces de la República por cuanto estos funcionarios emiten providencias a través de las cuales dirimen controversias judiciales, no informes, dictámenes o conceptos ; y (iii) un informe del estado actual del trámite ordinario, pese a que este puede ser consultado a través de los sistemas de gestión judicial SAMAI y Justicia Siglo XXI o, en su defecto, solicitar una certificación a la Secretaría

dictámenes o conceptos ; y (iii) un informe del estado actual del trámite ordinario, pese a que este puede ser consultado a través de los sistemas de gestión judicial SAMAI y Justicia Siglo XXI o, en su defecto, solicitar una certificación a la Secretaría de conformidad con lo estipulado en el artículo 115 del CGP.

9 Sentencia T-377 de 2000.Radicado: 11001-03-15-000-2021-02815-00

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En ese sentido, en la sentencia T-162 de 2016 la Corte Constitucional iteró:10

La Corte Constitucional ha establecido que todas las personas tienen derecho a presentar peticiones ante los jueces de la Repúbl ica y que éstas sean resueltas, siempre y cuando el objeto de su solicitud no r ecaiga sobre los procesos que un funcionario judicial adelanta. En concordancia con esto, resulta necesario hacer una distinción entre los actos de carácter estrictamente judicial y los actos administrativos que pueden tener a cargo los jueces, puesto que respecto de los actos administrativos son aplicables las normas que rigen la actividad de la administración pública, mientras que, respecto de los actos de carácter judicial, se estima que estos se encuentran gobernados por la normatividad correspondiente a la Litis.

En este orden de ideas, no es dado a las personas afirmar que los jueces vulneran el derecho de petición cuando presentan una solicitud orientada a obtener la definición de aspectos del proceso . En tales casos, se puede invocar el

En este orden de ideas, no es dado a las personas afirmar que los jueces vulneran el derecho de petición cuando presentan una solicitud orientada a obtener la definición de aspectos del proceso . En tales casos, se puede invocar el derecho al debido proceso, y demostrar que el operador judicial se ha salido de los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico al respecto, desconociendo las reglas correspondientes al trámite de un determinado proceso judicial.

Es evidente que en el caso sub lite la solicitud del accionante, respecto al decreto de pruebas y a la expedición de un concepto jurídico sobre aspectos del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no versa sobre actuaciones administrativas , por cuanto el objeto de esta recae en un proceso que adelanta la Subsección C, de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Tal como lo indicó la Alta Corte, no es dable invocar el derecho fundamental de petición cuando el requerimiento está direccionado a poner en marcha el aparato judicial; o para que un funcionario cumpla con sus deberes jurisdiccionales; o para obtener la resolución de aspectos del proceso.

La anterior precisión tiene como fundamento que, al escrito radicado ante la autoridad judicial censurada no se le puede impartir e l trámite que regula el derecho de petición por cuanto se direcciona a la definición de un aspecto procesal y otro sustancial que, evidentemente incidirían en el desconocimiento de las etapas procesales establecidas en el ordenamiento jurídico y, en el pro nunciamiento preliminar sobre las facultades administrativas de la Agencia Nacional de Tierras respecto al predio baldío objeto de la causa contenciosa.

Es por ello que , en auto de 17 de junio de 2021 el magistrado Guillermo Sánchez

preliminar sobre las facultades administrativas de la Agencia Nacional de Tierras respecto al predio baldío objeto de la causa contenciosa.

Es por ello que , en auto de 17 de junio de 2021 el magistrado Guillermo Sánchez

Luque manifestó:

(i) En relación con el aspecto probatorio:

“La principal oportunidad para solicitar e incorporar pruebas al proceso es el escrito de demanda y el de contestación. El artículo 162.5 CPACA señala que la demanda con que se promueva todo proceso deberá contener l a petición de pruebas que el

10 Ver sentencias T-1124 de 2005, T-215A de 2011, T-920 de 2012, T-311 de 2013 y C-951 de 2014.Radicado: 11001-03-15-000-2021-02815-00

Demandante: Augusto Bermúdez Fula

Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera