CE - 110010315000202202997001SENTENCIA20220701161728

Radicado: 11001 -03 -15 -00 0-2022 -02997 -00

Accionante: Karen Milena Pájaro Herrera

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022)

F.T: 167

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-02997-00

Accionante: KAREN MILENA PÁJARO HERRERA

Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE

REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y A UXILIARES DE

LA JUSTICIA

Temas: Acción de tutela por falta de inscripción y expedición de la tarjeta profesional de abogado. Configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Esta do, en sede de tutela, decide la acción de la referencia.

a) Solicitud de tarjeta profesional

La señora Karen Milena Pájaro Herrera afirmó que el 19 de abril de 2022, luego de preinscribir la solicitud de expedición de la tarjeta profesional en la página

tutela, decide la acción de la referencia.

a) Solicitud de tarjeta profesional

La señora Karen Milena Pájaro Herrera afirmó que el 19 de abril de 2022, luego de preinscribir la solicitud de expedición de la tarjeta profesional en la página habilitada para ese fin , envió, por medio de correo electrón ico, la documentación exigida para dicha emisión , ante el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia , la cual , el 26 de igual mes y año , acusó recibo y le informó que su petición sería remitida al personal encargado para el cor respondiente trámite. S in embargo, aseguró que a la fecha de presentación de esta acción de tutela no ha obtenido respuesta sobre su pedimento.

b) Inconformidad

La accionante consideró que el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional d e Abogados y Auxiliares de la Jus ticia vulneró su derecho fundamental de petición, toda vez que no ha obtenido contestación de fondo a su solicitud, pese a que se vencieron los términos fijados para ese efecto , omisión que le genera una afectación, dado que necesi ta la tarj eta profesional , p ara acceder al mercado laboral.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -02997 -00

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PRETENSIONES

La señora Karen Milena P ájaro Herrera solicitó amparar su derecho fundamental,

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PRETENSIONES

La señora Karen Milena P ájaro Herrera solicitó amparar su derecho fundamental, precitado, y, en consecuencia, deprecó ordenar al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Naciona l de Aboga dos y Auxiliares de la Justicia que, en el término de 48 horas siguientes a la notificación del fallo de t utela, expida su tarjeta profesional de abogada

CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO

Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia

La directora de la Unidad referida, Martha Esperanza Cuevas Meléndez, expuso que el Con sejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerd o número 002 de 1996, en ejercicio de las prerrogativa s conferidas por el artículo 85 de la Ley 270 de 1996, facultó a la Unidad de Regis tro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia para que efectua ra la inscripción y expedición de la tarjeta profe sional de abogado, previo cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la materia.

Al respecto, explicó que ese trámite debe so meterse a un control riguroso, en el que es menester verificar la exi stencia de ciertos requisitos legales y reglamentarios que aseguren la expedición de un documento idóneo , por lo cual es necesario que la institución de educación superior que otorgó el t ítulo al peticionario allegue en medio magnético los listados de los graduados y, además, aporte la documentación requerida conforme a la ley.

Así, para el caso en concreto , adujo que la señora Karen Milena P ájaro Herrera

peticionario allegue en medio magnético los listados de los graduados y, además, aporte la documentación requerida conforme a la ley.

Así, para el caso en concreto , adujo que la señora Karen Milena P ájaro Herrera solicitó, a través de correo elect rónico, su inscripción como abogad a y la expedición de la tarjeta pr ofesional que l a acredita como tal, por lo que, un a vez verificados todos los documentos aportados, la inscribió en el Registro Nacional de Abogados; le asignó el número de tarjeta profesi onal 383.096 y el 3 de junio del año en curso, por medio de l serv icio de correo certificado de la empresa 472 Servicios Postales Nacionales de Colombia S.A, envió el plást ico respectivo al domicilio que la accionante registró e n su proceso de preinscripción , el cual fue entregado el 7 de junio de 2022.

Finalmente, aclaró que el trámite de las solicitudes se hace de a cuerdo con el orden de llegada al correo institucional designado para el efecto, debido a las medidas administrativas adoptadas para mitigar los efectos nocivos de la pandemia por el COVID -19 y al aumento desmesurado de solicitudes de reconocimiento de prácticas jurídicas y de expedición de tarjetas profesionales, lo cual sobrepasa en gran medida la ca pacidad operativa de la Unidad con los recursos que hasta el momento dispone.

En ese orden de ideas, solicitó negar el amparo requerido por considerar que l a actuación desplegada por la entidad no vulneró derechos fundamentales.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -02997 -00

Accionante: Karen Milena Pájaro Herrera

actuación desplegada por la entidad no vulneró derechos fundamentales.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -02997 -00

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CONSIDERACIONES

Competencia

La Subsección “A” de la Sección S egunda del Consejo de Estado es la competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 d e la Constitución Política y el ordinal 8.° del artículo 1.° del Decreto 1983 de 2017 1, el cual regula que «[l]as acciones de tutela d irigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia y a prevención, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda […]» .

Problema jurídico

En consecuencia, el problema juríd ico en esta instancia puede resumirse en la siguiente pregunta:

1. ¿En el presente asunto se encuentra configurada la carencia actual de objeto por hecho superado, en atenci ón a que el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nac ional de Abogad os y Auxiliares de la Justicia ya expidió la tarjeta profesional de abogada de la señora Karen

Milena Pájaro Herrera?

Para resolver el problema así planteado, se abordarán l as siguientes temáticas: (I)

Justicia ya expidió la tarjeta profesional de abogada de la señora Karen Milena Pájaro Herrera?

Para resolver el problema así planteado, se abordarán l as siguientes temáticas: (I) debido proceso administrativo, (II) proce dimiento para la inscri pción y expedició n de la tarjeta profesional de abogado, (III) carencia actual de objeto y (IV) estudio de la configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado en el caso bajo estudio. Veamos:

I. Debido proceso administrativo

En el artículo 29 de la Const itución Política se determinó que el debido proceso debe regir todas las actuaciones adelantadas bien sea en procesos judiciales o en trámites adm inistrativos. En cuanto a est os últimos, debe anotarse que aquel busca que todas las actuacio nes y decisiones adoptadas por los funcionarios se realicen en cumplimiento de las garantías propias del ejercicio de la administración pública. En ese sentido, la Corte Constitucional, en uno de sus primeros pronunciamientos sobre ese derecho2, dispuso que este debe ser d esarrollado en todas las manifestaciones de la s autoridades y que los actos administrativos deben ser dictados previo a los procedimientos y los requisitos exigidos por la ley.

1 Por medio del cual se modificaron los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decr eto 1069 de 2015 referente a las reglas de reparto de la acción de tutela, a su vez modificado por el Decreto 333 de 2021.

2 Corte Constitucional. Sentencia T-442/1992. M.P. Simón Rodríguez RodríguezRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -02997 -00

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Más adelante, en la sentencia T -214 de 2004, el máximo tribu nal constitucional3 definió el debido proceso administrativo como el conjunto de condiciones impuestas a las autoridades por el ordenamiento jurídico para el cumpl imiento de una secuencia de actos, cuya finalidad está previamente d eterminada constitucional y legalmente y su objeto es asegurar el funcionamiento ordenado de la administración y la validez de sus actuaciones; así como proteger los derechos de los administrados, especialmente los de la seguridad jurídica y la defensa.

Igualmente, en la sentenci a C-980 de 2010, el mencionado tribunal manifestó que aquel es un derecho constitucional fundamental, de aplicación inmediata en los términos del artículo 29 de la Constitución Política y que está en armonía con los artículos 6 .° y 209 de la citada disposi ción sobre la res ponsabilidad de los servidores públicos y los principios que rigen la actividad administrativa del Estado.

Más recientemente, la Corte Constituc ional4 precisó que el debido proceso administrativo constituye un lím ite al ejercicio de las funciones de las autoridades públicas, puesto que deben actuar dentro de los proce sos previamente fijados en la ley. En ese orden de ideas, se colige que este es u n derecho fundamental que

administrativo constituye un lím ite al ejercicio de las funciones de las autoridades públicas, puesto que deben actuar dentro de los proce sos previamente fijados en la ley. En ese orden de ideas, se colige que este es u n derecho fundamental que sirve como garantía para los administrados frente a las actuaciones y decisiones adoptadas dentro de los trámites instituidos legalmente.

II. Procedimiento para la inscripción y expedición de la tarjeta profesional de abogado

En el Decreto Ley 196 de 1971, artículo 22, se dispuso que quien actúe como abogado, al inicio de la gestión, de berá exhibir su tarjeta profesional e indicar el número que le fue asignado. En cuanto a ello, e n el ordinal 20 del artículo 85 de la Ley 270 de 1 996 se facultó al Consejo Superior de la Judicatura para regular, organizar y llevar el Registro Nacional de Abogados y expedir la tarjeta profesional de abogado, previa verificación de los requisitos señalados en la ley.

Posteriormente, la corporación p recitada, en ejercicio de las facultades que le fueron conferidas en la disposición mencionada, profirió el Acuerdo 1389 del 13 de marzo de 2002, mediante el cual le asignó a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia la función precitada. De igual forma, el 29 de julio de 2019 la Presidencia del Consejo Superior de la J udicatura emitió el Acuerdo PCSJA19 -11354, a través del cual aprobó el formato de la tarjeta mencionada y dictó normas sobre el Registro Nacional de Abogados.

Así, en el artículo 3.° del anterior acto administrativo, la autoridad referida

Acuerdo PCSJA19 -11354, a través del cual aprobó el formato de la tarjeta mencionada y dictó normas sobre el Registro Nacional de Abogados.

Así, en el artículo 3.° del anterior acto administrativo, la autoridad referida determinó que e l inter esado, para la inscripción y expedición de la tarjeta profesional de abogado, debía presentar ante el Consejo Seccional de la Judicatura de su esc ogencia, preferiblemente el más cercano a su domicilio, los

3 Corte Constitucional. Sentencia T-214/2004. MP. Eduardo Montealegre Lynett 4 Corte Constitucional. Sentencia T-051/2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -02997 -00

Accionante: Karen Milena Pájaro Herrera

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siguientes documentos: a) Formulario Único de Múltiples Trámites debidamente diligenciado, b) fotocopia legible y ampliada al 150 %, por ambas caras, de la cédula de ciudadanía o cédula de extranj ería vigente, c) dos fotografías recientes, fondo azul, tamaño 3x4, d) copia del acta de grado y e) recibo de consignación por el valor fijado para ese trámite.

De igual forma , en el artículo siguiente previó que el director de la Unidad de Registro Naci onal de Abogados y Auxiliares de la Justicia debía cotejar la información entre las instituciones de ed ucación superior, la Registraduría

De igual forma , en el artículo siguiente previó que el director de la Unidad de Registro Naci onal de Abogados y Auxiliares de la Justicia debía cotejar la información entre las instituciones de ed ucación superior, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Ministerio de Relaciones Exteriores y los demás organismos relacionados, con el fin de a segurar la autenticidad, fidelidad y actualidad del registro nacional de los profesionales del derecho.

III. Carencia actual de objeto

La acción de tutela fue implementada en el artículo 86 de la Constitución Política como un mecanismo de defensa inmedi ato y subsidiario de los derechos fundamentales presuntamente vulnerad os o amenazados, por una acción u omisión de una autoridad o un particular en los casos fijados en la ley. En esa medida, el máximo tribunal constitucional 5 ha considerado que la tutela pierde su razón de ser, cuando en el trámite de esta se supera la si tuación que ponía en riesgo o transgredía los derechos fundamentales o cuando no haya forma de evitar el daño que buscaba impedirse. Con lo anterior se pretende que los fallos de tutela n o sean ineficaces. Este fenómeno se ha denominado carencia actual de objeto, en el primer caso, por hec ho supe rado, y, en el segundo, por daño consumado.

Adicionalmente, la Corte Constitucional ha precisado que existen algunos eventos en que la carenci a actual de objeto no se produce por hecho superado o daño consumado, sino por la existencia de otra c ircunstancia que conlleva que la orden de tutela no produzca efectos porque los fundamentos de la amenaza o conculcación desaparecieron. En este último es cenario deberá declararse la

consumado, sino por la existencia de otra c ircunstancia que conlleva que la orden de tutela no produzca efectos porque los fundamentos de la amenaza o conculcación desaparecieron. En este último es cenario deberá declararse la carencia actual de objeto por sustracción de materia o situación sobreviniente.

En ese entendido, la carencia de objeto por sustracción de materia implica, en términos del órgano de cierre constitucional, la existencia de una situación sobreviniente que se origina, entre otros casos, cuando: (i) el accionante es quien asume la carga que no le correspondía para superar la situación vulneradora ; (ii) un tercero ha logrado que la pretensión de la tutela se satisfaga en lo fundamental; (iii) es imposible proferir alguna orden por razones que no son a tribuibles a la entidad demandada o (iv) el peticionario del amparo pierde interés en el objeto de la litis, circunstancias que modifican los hechos y generan que la posible orden a impartirse, relativa a lo solicitado en la acción de amparo, no surta ningún efecto.

5 Ver entre otras sentencias: T-358 de 2014 y T-011 de 2016.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -02997 -00

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Así las cosas, en c ada caso concreto el juez de tutela debe analizar si para el momento de adoptar una decisión dentro de la acción de tutela, aquella producirá

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Así las cosas, en c ada caso concreto el juez de tutela debe analizar si para el momento de adoptar una decisión dentro de la acción de tutela, aquella producirá efectos o si, por el contrario, resultará inocua6.

IV. Estudio de la configuració n de la carencia actual de objet o por he cho superado en el caso bajo estudio

El 1.° de junio del 2022 la señora Karen Milena Pájaro Herrera instauró acción de tutela en contra del Consejo Superior de la Judicatu ra - Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia , en procura de obtener la protección de su derecho fundamental de petición, el cual consideró vulnerado por aquella autoridad, al no expedirle su tarjeta profesional de abogada.

Pues bien, al revisar cada una de las piezas procesales que obra n en el expediente de la referencia, se observa que el 19 de abril de esta anualidad la accionante, por medio de correo electrónico, solicitó el registro y la asignación de la tarjeta referida. Igualmente, se advierte que el 2 de mayo del año en curso, esto es, antes de la instauración de la presente acción, la ahora accionada, al constatar que se encontraban re unidos todos los requisitos legales, inscribió en el Registro Nacional de Abogados a la solicitante del amparo y le asignó la Tarjeta Profesional 383.096.

Sin em bargo, solo hasta el 3 de junio hogaño, es decir, dos días después de formulado este mecanismo, la Unidad precitada, a través de la empresa 472, envió el plástico de la Tarjeta referida al domicilio registrado por aquel la en la

Sin em bargo, solo hasta el 3 de junio hogaño, es decir, dos días después de formulado este mecanismo, la Unidad precitada, a través de la empresa 472, envió el plástico de la Tarjeta referida al domicilio registrado por aquel la en la preinscripción, la cual fue recibida el 7 de junio de 2022 . Aunado a ello, se denota que únicamente el 9 de ese mes y año envió el Acta de Registro de Tarjeta Profesional núm. 9920 y la comunicación a la solicitante , en la que le informó la asignación de aquella.

Así las cosas, como en el trámite de la acción de la referencia se su peró la situación que dio or igen a la interposición del presente mecanismo, por cuanto la autoridad accionada inscribió a la señora Karen Milena Pá jaro Herrera en el Registro Nacional de Abogados, le asignó el número de tarjeta referido y envió el documento a su domicilio, dictar una orden con respecto a lo solicitado en esta sede de amparo resultaría ineficaz, dado que desapareció la circunstancia qu e podría generar alguna vulneración de l derecho fundamental que reclama la peticionaria.

Por lo anterior, la Subsección declarará que en el sub lite se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado. Por último, se exhortará a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura , para que, en adelante, no incurra en actuaciones como la s que dieron lugar a la presente acción, comoquiera que se evidencia una inobs ervancia reiterada de este por parte de la accionada, lo cual ha generado que se instau ren

la Judicatura , para que, en adelante, no incurra en actuaciones como la s que dieron lugar a la presente acción, comoquiera que se evidencia una inobs ervancia reiterada de este por parte de la accionada, lo cual ha generado que se instau ren

6 Sentencia SU-522 de 2019 proferida por la Corte Constitucional.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -02997 -00

Accionante: Karen Milena Pájaro Herrera

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un sinnúmero de tutelas, para lograr la protección del derecho fundamental al debido proceso, lo cual no solo desnaturaliza a este mecanismo, sino que desconoce la o bligación de las autoridades administrativas de proteger las garantías constitucionales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo d e Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A

Primero: Declarar la configuración de la care ncia actual de objeto por hecho superado en la acción de tutela instaurada por la señora Karen Milena Pájaro Herrera en contra del Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Regi stro Nacional de Abogados y Auxiliar es de la Justicia , de confo rmidad con l a parte motiva de esta providencia.

Segundo: Exhortar a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, para que, en adelante, no incurra

motiva de esta providencia.

Segundo: Exhortar a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, para que, en adelante, no incurra en actuaciones como las que dieron lugar a la presente acción.

Tercero: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la ac tuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cuarto: Notifíquese a las partes en la forma p revista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Quinto: Háganse las anotaciones correspondientes en el programa “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Firma electrónica

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ En comisión

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ En comisión

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS Firma electrónica