CE - 110010315000202203085001SENTENCIA20220718172813

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., quince (15) de julio de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03085-00

Accionante: Yang Ping Jaramillo Montoya Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Primera de Oralidad Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Improcedencia / SUBSIDIARIEDAD / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - la parte actora pretende reabrir un debate probatorio ya surtido y crear una instancia adicional al no estar de acuerdo con lo decidido en el proceso.

Surtido el trámite de ley 1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del recurso de amparo constitucional formulado por el señor Yang Ping Jaramillo Montoya contra el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Primera de Oralidad.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 6 de junio de 2022, el señor Yang Ping Jaramillo Montoya, a través de apoderado judicial, interpuso demanda de tutela contra la Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, con el fin obtener la protección de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad

apoderado judicial, interpuso demanda de tutela contra la Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, con el fin obtener la protección de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada, al proferir la sentencia del 6 de mayo de 20222, dentro del proceso de nulidad electoral3 que promovió contra el señor Julián Ochoa Rivera4, el Concejo Municipal de Guarne, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen a lo siguiente:

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 2 Decisión que fue notificada el 6 de mayo de 2022, mediante correo electrónico. 3 Identificado con número de radicado 05001-23-33000-2019-03163-00. 4 En su calidad de Concejal del Municipio de Guarne.Radicación: 11001-03-15-000-2022-03085-00

Accionante: Yang Ping Jaramillo Montoya Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Primera de Oralidad Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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<< Dispóngase tutelar el derecho constitucional fundamental al Debido Proceso Contencioso Administrativo que le corresponde al actor YANG PING JARAMILLO

Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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<< Dispóngase tutelar el derecho constitucional fundamental al Debido Proceso Contencioso Administrativo que le corresponde al actor YANG PING JARAMILLO MONTOYA, en el sentido de dejar sin efectos la sentencia de única instancia proferida por la Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia en mayo 06 de 2.022, dentro del Proceso de Nulidad Electoral promovido por mi poderdante antes re ferido, para que se profiera nuevamente teniendo en cuenta las realidad de las pruebas existentes en el procesos y las que debieron aportarse al mismo como los documentos E-24, en los términos previamente expuestos.>>5 (negrilla propia del texto)

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada, las pruebas allegadas y de lo expuesto por la parte actora se tiene, que:

3.1.- Los señores Yang Ping Jaramillo Montoya y Julián Ochoa Rivera se postularon como candidatos para integrar el Concejo Municipal de Guarne, por el partido Alianza Social Independiente -ASI-, en las elecciones regionales para el período 2020-2023, efectuadas el 27 de octubre de 2019.

3.2.- El 29 de octubre de 2019, a través del Acta Parcial de Escrutinio Municipal para el Concejo del Municipio de Guarne E-26, el señor Julián Ochoa Rivera fue declarado como Concejal Electo para el Municipio de Guarne, por ser el candidato de mayor votación dentro de la lista del partido de la Alianza Social Independiente -ASI-. Decisión que fue notificada en esa misma fecha mediante estrados y frente a la cual no se interpuso recurso alguno.

votación dentro de la lista del partido de la Alianza Social Independiente -ASI-. Decisión que fue notificada en esa misma fecha mediante estrados y frente a la cual no se interpuso recurso alguno.

3.3.- Posteriormente, el 5 de noviembre de 2019, el accionante solicitó ante los Delegados Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la revisión y reconteo de los votos que obtuvo en las referidas elecciones, con el fin de ser declarado como concejal electo para el Municipio de Guarne, por ser quien obtuvo la mayor votación dentro del partido de la Alianza Social Inde pendiente -ASI-, de conformidad con las Actas de Escrutinio de los Jurados de Votación E-14, publicadas en la página oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, información que no corresponde a los resultados declarados finalmente en el acta par cial de escrutinio E-26.

3.4.- Dicha solicitud fue rechazada de plano por improcedente, mediante auto de trámite No. 17, expedido el 5 de noviembre de 2019, por la Comisión Escrutadora General del Departamento de Antioquia, considerando que el acto de el ección del Concejo Municipal de Guarne se encuentra en firme y debidamente ejecutoriado, por lo que solo puede ser suspendido o anulado por la jurisdicción contenciosa administrativa.

5 Expediente digital, folio 9 del escrito de demanda.Radicación: 11001-03-15-000-2022-03085-00

Accionante: Yang Ping Jaramillo Montoya Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Primera de Oralidad Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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Accionante: Yang Ping Jaramillo Montoya Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Primera de Oralidad Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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3.5.- En desacuerdo con lo anterior, el accionante instauró demanda de nulidad electoral en contra del señor Julián Ochoa Rivera, el Concejo Municipal de Guarne, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el fin de que se declarara la nulidad del Acta Parcial de Escrutinio Municipal para el Concejo del Municipio de Guarne del 29 de octubre de 2019, pues, a su juicio, dicho acto administrativo desconoció el resultado de los votos entregados inicialmente por las actas de e scrutinio de los jurados de votación E -14. En consecuencia, solicitó ser declarado como concejal electo del Municipio de Guarne, por el partido Alianza Social Independiente -ASI-.

3.6.- El asunto le correspondió, en única instancia, al Tribunal Administra tivo de Antioquia, Corporación que, a través del Exhorto 249 del 24 de noviembre de 2021, requirió a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que allegara la siguiente información:

<< • Formatos E -14 Claveros y Delegados, para la Corporación Conce jo de GUARNE periodo 2019-2023, en los que se encuentren los votos del candidato 01 y 04 del partido ASI.

• Informe el número total de votos válidos del candidato YANG PING JARAMILLO MONTOYA y JULIÁN OCHOA RIVERA para el Concejo Municipal de Guarne periodo 20192023.

• Explique, si hubo diferencias entre el número de total de votos obtenidos por el Señor

MONTOYA y JULIÁN OCHOA RIVERA para el Concejo Municipal de Guarne periodo 20192023.

• Explique, si hubo diferencias entre el número de total de votos obtenidos por el Señor YANG PING JARAMILLO MONTOYA, N 1, partido ASI, contenidos en el Acta E -14 y la plasmada en el Acta E-26, a qué se debió esta diferencia.>>

3.7.- Mediante sentencia de 6 de mayo de 2022 , la Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda, ante la ausencia de elementos probatorios que lograran acreditar la falsedad de los documentos electorales contentivos de las votaciones para la elección del Concejo Municipal de Guarne, particularmente, en relación con la votación obtenida por el candidato Yang Ping Jaramillo Montoya, perteneciente al partido político ASI, frente a los resultados obtenidos por el señor Julián Ochoa Rivera.

4.- Como fundamento de derecho de las pretensiones, la parte actora aduce que la autoridad judicial accionada vulneró su derecho fundamental al debido proceso, al incurrir en un defecto fáctico al “restringir el poder -deber de decretar pruebas de oficio en orden a verificar la realidad de los hechos alegados por las partes”.

4.1Al respecto, reprochó que el tribunal cuestionado no hubiera solicitado, de oficio, a la autoridad electoral competente, los documentos necesarios para resolver el objeto de la controversia, particularmente, el Formulario E-24, pese a que dicho acto contenía los supuestos errores en que incurrieron los jurados de votación al momento

a la autoridad electoral competente, los documentos necesarios para resolver el objeto de la controversia, particularmente, el Formulario E-24, pese a que dicho acto contenía los supuestos errores en que incurrieron los jurados de votación al momento del escrutinio inicial, según lo manifestado por el concejal demandado.Radicación: 11001-03-15-000-2022-03085-00

Accionante: Yang Ping Jaramillo Montoya Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Primera de Oralidad Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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4.2.- Además, resaltó que, en los alegatos de conclusión, puso de presente la renuencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil para atender a los requerimientos del exhorto, concretamente, el cuestionamiento relacionado con las diferencias entre el número total de votos obtenidos por el señor Yang Ping Jaramillo Montoya, contenidos en el acta E -14 y la plasmada en el acta E -26, frente al cual, afirma, la autoridad electoral omitió pronunciarse, limitándose allegar algunos documentos que, entre otras cosas, ya habí an sido aportados junto al escrito de demanda.

4.3.- No obstante, cuestionó que ante dicha renuencia, la autoridad judicial demandada no requirió nuevamente a la Registraduría, con el fin de que explicara las diferencias presentadas entre ambas actas en relación con el conteo de los votos.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

5.- Mediante auto de 14 de junio de 2022, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la autoridad judicial demandada, así como vincular al

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

5.- Mediante auto de 14 de junio de 2022, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la autoridad judicial demandada, así como vincular al Concejo Municipal de Guarne, al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al señor Julián Ochoa Rivera, como terceros interesados en las resultas del proceso. Adicionalmente, comunicó la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

5.1.- Igualmente, allí se requirió al Tribunal Administrativo de Antioquia para que allegara, en calidad de préstamo, el expediente identificado con el radicado número 05001-23-33000-2019-03163-00.

(i) Tribunal Administrativo de Antioquia6

6.- El Tribunal Administrativo de Antioquia manifestó que la solicitud de amparo no cumple el requisito de subsidiariedad, pues el actor omitió pronunciarse en las etapas procesales respectivas sobre los reproches planteados en el escrito de tutela, toda vez que no interpuso recurso alguno frente al auto que decretó pruebas, ni respecto del traslado secretarial que se hizo a las partes de las respuestas a los exhortos, a través de los cuales se concluyó el periodo probatorio, lo que denota una inactividad por parte del demandante al interior del proceso ordinario. En tal sentido, señaló que “la parte actora tiene de ejercer oportuna y adecuadamente la actividad probatoria, sin que pueda trasladar esta carga a los jueces”.

(ii) Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral7

6 Intervención digital contenida en 4 folios.

sin que pueda trasladar esta carga a los jueces”.

(ii) Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral7

6 Intervención digital contenida en 4 folios. 7 Intervenciones digitales contenidas en 14 folios.Radicación: 11001-03-15-000-2022-03085-00

Accionante: Yang Ping Jaramillo Montoya Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Primera de Oralidad Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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7.- La Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral solicitaron ser desvinculados de la presente acción constitucional al carecer de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que no incurrieron en ninguna acción u omisión que vulnere el derecho fundamental invocado por la parte actora, pues, dentro del marco de sus funciones, no tienen competencia para injerir en la decisión judicial objeto de reproche.

(iv) Otras intervenciones

8.- Los demás guardaron silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. De la acción de tutela contra providencias judiciales

9.- La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo del 31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales8.

9.1.- Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Co rte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia del mecanismo de amparo constitucional contra providencias judiciales y reiteró que dicha acción es apenas un

de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Co rte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia del mecanismo de amparo constitucional contra providencias judiciales y reiteró que dicha acción es apenas un instrumento de carácter residual y subsidiario para la protección de los derechos fundamentales, tal y como lo señala el artículo 86 Superior9.

9.2.- Así entonces, esta Corporación no ha vacilado en reiterar que los requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son los siguientes10:

• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.

• Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

• Que se cumpla el requisito de inmediatez.

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).Radicación: 11001-03-15-000-2022-03085-00

Accionante: Yang Ping Jaramillo Montoya

febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).Radicación: 11001-03-15-000-2022-03085-00

Accionante: Yang Ping Jaramillo Montoya Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Primera de Oralidad Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

• Que la accionante identifique, de manera ra zonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y,

• Que no se trate de sentencias de tutela.

9.3.- Ahora bien, interesa destacar que la relevancia constitucional, como requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, supone la presentación de un conflicto que trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien e s sabido que el ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho constitucional11.

9.3.1.- En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito, sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la necesidad de la intervención del ju ez de tutela con el propósito de hacer

providencia judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito, sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la necesidad de la intervención del ju ez de tutela con el propósito de hacer cesar la presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.

9.4.- Lo anterior, comoquiera que con dicho requisito se persiguen al menos tres finalidades: (i) preservar los principios de autonomía e independencia judicial de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional 12 y, en ese sentido, evitar que la acción de tutela se utilice para debatir asuntos de mera legalidad 13; (ii) restringir el ejercicio del recurso de amparo a cuestiones con clara y marcada

11 Sentencia T-079 de 2010 de la Corte Constitucional. 12 Con relación a este as pecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C -590 de 2005), lo siguiente: “En este sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un mecanismo que sirva para que el juez constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en su función esencial como juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la t utela es la vigilancia de la aplicación judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia”. 13 Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a la constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan

de acceso a la administración de justicia”. 13 Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a la constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan afectaciones o vulneraciones de derechos fundamentales. Tal como se ha reiterado en la jurisprudencia constitucional, “la definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la jurisdicción constit ucional”. Cfr, Sentencias T1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014 de la Corte Constitucional.Radicación: 11001-03-15-000-2022-03085-00

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relevancia desde la óptica constitucional por afectar derechos fundamentales14; e (iii) impedir que la interposición de la acción de tutela se transmute en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de las autoridades jurisdiccionales15.

9.5.- A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha decantado la jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C -590 de 2005, acogida por la

jurisdiccionales15.

9.5.- A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha decantado la jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C -590 de 2005, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, hacen relación a los denominados defectos materiales, identificados y definidos como las fuentes de vul neración de derechos fundamentales16: (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

9.6.- En resumidas cuentas, los criterios generales y específicos de procedencia suponen pautas metodológicas que limitan la competencia del juez constitucional al abordar el escrutinio de una acción de tutela promovida en contra de una providencia judicial. Tanto unos como otros confluyen en el propósito de realizar el mandato de efectividad de los derechos fundamentales en un escenario de respeto por el valor de la cosa juzgada, la garantía de seguridad jurídica y los principios constitucionales de autonomía e i ndependencia judicial. De ahí que la autoridad judicial a cargo de esta labor carezca de competencia para reemplazar al juez de la causa en la interpretación del derecho legislado o en la evaluación detenida de las pruebas del caso o para imponer su criterio en debates de orden legal que corresponden a otras autoridades judiciales, ya que su rol “se reduce a asegurar de manera residual y excepcional la protección de los derechos fundamentales en los trámites judiciales”17.

caso o para imponer su criterio en debates de orden legal que corresponden a otras autoridades judiciales, ya que su rol “se reduce a asegurar de manera residual y excepcional la protección de los derechos fundamentales en los trámites judiciales”17.

14 Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C -590 de 2005), “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el ju ez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que pe rmite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdad - de los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho”. 15 En este sentido, la Corte ha exigido que, “ teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental”. Cfr. Sentencia T-102 de 2006 de la Corte Constitucional. 16 Es de anotar que la jurisprudencia constitucional en torno a las vías de hecho evolucionó para comprender situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún

16 Es de anotar que la jurisprudencia constitucional en torno a las vías de hecho evolucionó para comprender situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún llevaban a un desconocimiento de derechos fundamen tales, por lo cual se cambió el vocablo de vía de hecho por causal específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005 de la Corte Constitucional. 17 Sentencia T-297 de 2020 de la Corte Constitucional.Radicación: 11001-03-15-000-2022-03085-00

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9.7.- De cuanto hasta ahora ha si do reseñado, le corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera que, una vez superado ese examen formal, pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados , los cuales deben ser adecuadamente formulados por el interesado18.

D. Análisis del caso concreto

10.- En los términos precedentes, esta Sala se ocupará, en lo que sigue, de verificar si las circunstancias que se alegan en la presente causa acreditan los requisitos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, particularmente, si cumple los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional . Solo en el evento de acreditarse, pasará a abordar el estudio de los demás criterios con el fin de establecer si la Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia en

requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional . Solo en el evento de acreditarse, pasará a abordar el estudio de los demás criterios con el fin de establecer si la Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia en -el fallo de 6 de mayo de 2022-, incurrió en el yerro alegado por la parte accionante y si se justifica la adopción de medidas de protección del derecho fundamental invocado.

11.- En virtud de su carácter subsidiario, la acción de tutela procede cuando el accionante no dispone de otro medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable, es decir, los interesados deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para remediar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de modo que se impida el uso indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial adicional de protección, pues eso sería tanto como descon ocer que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

11.1.- Lo anterior, de conformidad con el artículo 8619 de la Constitución Política y el

18 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016 00134-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016 -02213-01; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp. 2016-02568-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Quinta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016 -02213-01; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp. 2016-02568-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2016, entre otras. Cfr. Sentencias de la Corte Constitucional SU-556 de 2016, SU-542 de 2016 y SU-490 de 2016. 19 “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundament ales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)”. (se destaca).Radicación: 11001-03-15-000-2022-03085-00

Accionante: Yang Ping Jaramillo Montoya Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Primera de Oralidad Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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numeral 1 del artículo 620 del Decreto 2591 de 1991, los cuales prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados.

11.2.- Por lo tanto, para que el juez constitucional estudie una solicitud de tutela, el interesado debió haber agotado los recursos -idóneos y eficaces - que tenía a su

para la protección de los derechos invocados.

11.2.- Por lo tanto, para que el juez constitucional estudie una solicitud de tutela, el interesado debió haber agotado los recursos -idóneos y eficaces - que tenía a su disposición para lograr el amparo de sus derechos, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente.

12.- Según la jurisprudencia constitucional, la improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por no satisfacer el requisito de subsidiariedad, abarca tres supuestos: i) cuando el asunto se encuentra en trámite, ii) en el evento en que no se han agotado los mecanismos de defensa judiciales ordinarios y extraordinarios y, iii) cuando se usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear las herramientas jurídicas previstas en el ordenamiento jurídico21.

12.1.- Éste último, por cuanto la acción de tutela no puede constituirse en un mecanismo para discutir situaciones jurídicas consolidadas que adquirieron firmeza por la caducidad de los recursos y acciones que no fueron utilizados oportunamente por los i nteresados. En ese sentido, no puede ser considerada una instancia adicional en el trámite jurisdiccional, ni un medio de defensa que reemplace otros mecanismos previstos por el legislador.

13.- En el caso objeto de estudio, la parte actora le atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales al Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Primera de Oralidad, al proferir la sentencia de 6 de mayo de 2022, dentro del referido proceso de nulidad electoral, toda vez que, a su juicio, incurrió en un defecto fáctico por omitir

Oralidad, al proferir la sentencia