CE - 110010315000202203274011SENTENCIA20220909175413

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03274-01

Demandante: Judith Riaño Cubides

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-03274-01

Demandante: JUDITH RIAÑO CUBIDES

Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B Y

OTRO

Temas: Contra providencia judicial . Nulidad y restablecimiento del derecho.

Reconocimiento de cesantías a docente con el régimen de retroactividad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la señora Judith Riaño Cubides contra la sentencia del 13 de julio de 2022 , dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que declaró improcedente la acción de tutela.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

1.1. El 15 de junio de 2022, en ejercicio de la acción de tutela, por medio de apoderado judicial, la señora Judith Riaño Cubides pidió la protección de los derechos

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

1.1. El 15 de junio de 2022, en ejercicio de la acción de tutela, por medio de apoderado judicial, la señora Judith Riaño Cubides pidió la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y seguridad social , que estimó vulnerado s por las sentencias del 11 de octubre de 2019 y el 17 de marzo de 2022, dictadas, en su orden, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, y por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B . En concreto, formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Comprobados como están los elementos axiológicos para la prosperidad de la acción, respetuosamente solicito que SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia emitida por el CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B de fecha 17 de marzo de 2022, mediante la cual se confirmó la sentencia emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN F el 11 de octubre de 2019.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente se ORDENE al HONORABLE CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B proferir sentencia de fondo ordenando al FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. a pagar el valor de la cesantía definitiva con retroactividad a la señora JUDITH RIAÑO CUBIDES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.719.530

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. a pagar el valor de la cesantía definitiva con retroactividad a la señora JUDITH RIAÑO CUBIDES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.719.530 expedida en Bogotá, tomando como salario base de liquidación la asignación básica correspondiente al año de retiro del servicio.

TERCERA: Solicito cordialmente a su distinguida Sala oficiar ORDENE al HONORABLE CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B pa ra que allegue en su integralidad el expediente de radicado No. 5000 -23-42-000-2018-02314-00/01, como quiera que el expediente ya ha sido devuelto del tribunal al despacho de origen.

2. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2.1. La señora Judith Riaño Cubides laboró como docente oficial en la Secretaría de Educación de Bogotá. Entre el 23 de febrero de 1989 y el 1° de diciembre de 1992 fueRadicado: 11001-03-15-000-2022-03274-01

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vinculada temporalmente por cuatro periodos y posteriormente fue nombrada en propiedad desde el 8 de febrero de 1993 hasta el 31 de diciembre de 2018.

2.2. La señora Riaño Cubides solicitó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

vinculada temporalmente por cuatro periodos y posteriormente fue nombrada en propiedad desde el 8 de febrero de 1993 hasta el 31 de diciembre de 2018.

2.2. La señora Riaño Cubides solicitó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) , el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas correspondientes a los servicios prestados como docente oficial. La entidad mediante Resolución 7216 del 3 de agosto de 2018 , reconoció y ordenó el pago de las cesantías definitivas de manera anualizada y sin retroactividad.

2.3. La demandante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Fomag , para obtener el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas con retroactividad, teniendo en cuenta que se vinculó como docente a partir de 1989, por lo que le era aplicable el numeral 3 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

2.4. La demanda correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F , que, por sentencia del 11 de octubre de 201 9, denegó las pretensiones. En concreto, señaló que no era posible tener en cuenta la vinculación de la actora a partir del 23 de febrero de 1989 para efectos de aplicar el régimen de cesantías retroactivas, como quiera que dicha vinculación no se dio sin solución de continuidad, esto es, fue interrumpida. Al respecto, explicó que entre el 30 de noviembre de 1992 y el 8 febrero de 1993 la señora Riaño Cubides no estuvo vinculada y que ello no respondió a las vacaciones escolares, pues estas terminaron el 15 de enero de 1993.

de 1992 y el 8 febrero de 1993 la señora Riaño Cubides no estuvo vinculada y que ello no respondió a las vacaciones escolares, pues estas terminaron el 15 de enero de 1993.

2.5. Inconforme con la decisión , la de mandante interpuso recurso de apelación y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por sentencia del 17 de marzo de 2022, confirmó la decisión, en general por las mismas razones de la primera instancia.

3. Argumentos de la acción de tutela

3.1. La señora Judith Riaño Cubides , de manera preliminar, manifestó que la tutela cumple los requisitos generales de procedibilidad contra providencias judiciales. En cuanto al fondo del asunto, manifestó que las providencias cuestionadas incurrieron:

3.1.1. En defecto sustantivo, pues, a su juicio, la autoridad judicial interpretó de manera restrictiva las normas que regulan el reconocimiento de las cesantías retroactivas, ya que para el caso de la demandante debía tenerse en cuenta la vinculación temporal de tiempo completo, pues para la época en la que los estudiantes se encuentran en vacaciones no se debe entender como una interrupción del vínculo laboral.

3.1.2. En desconocimiento del precedente respecto al reconocimiento y pago de las cesantías definitivas con retroactividad, para lo cual citó las sentencias (i) del 23 de agosto de 2018 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Segunda, Subsección D , expediente 11001-33-42-047-2016-00612-01; (ii) del 19 de octubre de 2017, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,

Subsección D , expediente 11001-33-42-047-2016-00612-01; (ii) del 19 de octubre de 2017, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, expediente 11001-33-35-007-2015-00508-01; (iii) del 30 de octubre de 2019, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, expediente 1100133-35-016-2016-00467-01; (iv) del 9 de septiembre de 2021 de la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estad o, expediente 05001-23-33-000-2013-01143-01; (v) del 2 de febrero de 2006 del Consejo de Estado , Sección Segunda, Subsección A, expediente 0800-1233-1000-1996-11550; y (vi) del 4 de mayo de 2017, del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B expediente 08001-23-31-000-2007-00062-01.

4. Intervenciones

4.1. El Ministerio de Educación Nacional solicitó la desvinculación de la acción de tutela al no ser el responsable de la conducta cuya acción u omisión generó la presunta vulneración alegada . Explicó que la entidad no tiene injerencia sobre las decisiones judiciales que se tomaron en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que la demandante adelantó en su contra.Radicado: 11001-03-15-000-2022-03274-01

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derecho que la demandante adelantó en su contra.Radicado: 11001-03-15-000-2022-03274-01

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4.2. La Fiduprevisora S. A., en representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio , solicitó que se declar ara la improcedencia de la soli citud de amparo. Sostuvo que no se vulneraron los derechos fundamentales de la actora y que, además, la demanda no cumple con las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Adicionalmente, pidió que se le desvinculara del proceso, toda vez que considera que carece de legitimación en la causa por pasiva.

4.3. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B , y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, no intervinieron, pese a que fueron notificados de la admisión de la demanda de tutela.

5. Sentencia impugnada

5.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por sentencia del 13 de julio de 2022, declaró improcedente la acción de tutela, por falta del requisito de relevancia constitucional, en la medida en que la acción de tutela reitera los mismos argumentos que fueron planteados y resueltos dentro del proceso ordinario.

5.2. Que, en todo caso, “(…) a la actora no le asiste razón en que sus cesantías definitivas

que fueron planteados y resueltos dentro del proceso ordinario.

5.2. Que, en todo caso, “(…) a la actora no le asiste razón en que sus cesantías definitivas deben liquidarse con base en el régimen retroactivo, toda vez que su vinculación al servicio docente se dio sin solución de continuidad únicamente desde 1993, después de la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989. Cabe aclarar que no es relevante que haya sido vinculada en propiedad a través de la Resolución No. 202 del 1° de febrero de 1993 y que su posesión haya tenido lugar hasta el 8 de febrero de 1993 debido a una sobrecarga administrativa pues, de todas formas, con base en lo dicho en los anteriores acápites, no es posible tener en cuenta los periodos comprendidos entre 1989 y 1992 para efectos de reconocer y pagar las cesantías definitivas con retroactividad ”. Adicionalmente, explicó que no se presentó desconocimiento del precedente pues, “ fue con base en esa jurisprudencia que la subsección accionada decidió negar la reliquidación del auxilio de cesantías a favor de la accionante”.

5.3. Finalmente, se debe advertir que uno de los magis trados que conformaron la Sala salvó el voto, pues, a su juicio, cuando una tutela se declara improcedente por falta del requisito de relevancia constitucional “(…) no hay razones para examinar el fondo de la controversia ni mucho menos para explicar el por qué se debe negar la solicitud de amparo, como se hizo en este caso (…)”.

6. Impugnación

6.1. La señora Judith Riaño Cubides impugnó la sentencia del 13 de julio de 2022. Solicitó

amparo, como se hizo en este caso (…)”.

6. Impugnación

6.1. La señora Judith Riaño Cubides impugnó la sentencia del 13 de julio de 2022. Solicitó que se revocara y que, en su lugar, se concediera el amparo solicitado. Para el efecto, insistió en los argumentos propuestos en el escrito de tutela y, específicamente, señaló que para el caso de la demandante no existió solución de continuidad en tre las vinculaciones temporales y el nombramiento en propiedad ya que estas se dan con ocasión al año lectivo escolar.

6.2. Adicionalmente, solicitó qu e se tuviera en cuenta (i) la sentencia de unificación CESUJ2 No. 5 de 2016, expediente 23001233300020130026001 (0088-15), en la que aduce “se determinó que respecto de la labor docente se ha concluido que no se trata de una labor autónoma, puesto que cierto es que, deben cumplir instrucciones, directrices y orientaciones de sus superiores en el centro educativo de las secretarias de educación y del ministerio; se someten permanentemente a la inspección y vigilancia de las autoridades educativas y; desarrollan su actividad según horario académico de los establecimientos, de manera que en aplicación del principio de realidad sobre las formas merecen especial protección del Estado ”, y (ii) la sentencia dictada por el Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección B, expediente 17001-23-33-000-2014-00282-01 (2093-16), en el cual se analiza “la solución de continuidad en detalle, ahondando en el

Estado Sección Segunda, Subsección B, expediente 17001-23-33-000-2014-00282-01 (2093-16), en el cual se analiza “la solución de continuidad en detalle, ahondando en el caso particular, de manera tal que, aunque la interrupción temporal entre los contratos esRadicado: 11001-03-15-000-2022-03274-01

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de finales de noviembre a febrero, al ser la demandante docente, se toma ese periodo como la vacancia escolar, lo que permitía que según el principio de realidad sobre las formas, esos intervalos de tiempo no gener aran solución de continuidad por tratarse de una situación fáctica especial”.

CONSIDERACIONES

1. De la acción de tutela contra providencias judiciales

1.1. A partir del año 2012 1, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 2, se precisó que la acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad pública.

1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia

1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una sentencia de tutela.

1.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente, y (viii) violación directa de la Constitución.

1.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.

1.5. Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el Consejo de Estado o por la Corte Supre ma de Justicia, cuando ejercen funciones de órganos de cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido un requisito adicional, consistente en « la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la

de Estado o por la Corte Supre ma de Justicia, cuando ejercen funciones de órganos de cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido un requisito adicional, consistente en « la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional»3.

2. Planteamiento del problema jurídico y solución del problema jurídico

2.1. En los términos de la impugnación, lo primero que debe decidirse es si el a quo acertó al desestimar la procedencia de la tutela interpuesta por Judith Riaño Cubides , por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.

2.2. El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

2.2.1. En ese sentido, la Corte Constitucional 4 ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la

1 Ver sentencia del 31 de julio de 2012. 2 Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01. 3 SU-573 de 2017. 4 Al respecto, ver sentencias C -590 de 2005, T-335 de 2000, T-102 de 2006, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505

de 2009, T-610 de 2009, T -896 de 2010, T -040 de 2011, T -338 de 2012, T -512 de 2012, T-543 de 2012, T -1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014.Radicado: 11001-03-15-000-2022-03274-01

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acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

2.2.2. De acuerdo con los anter iores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 5, para que un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en

o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales»6. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar, mejorar o modificar los argumentos propuestos ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo

la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

2.3. En el caso concreto, la Sala advierte que la señora Judith Riaño Cubides propone la misma discusión jurídica que presentó en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

2.3.1. Si bien la demandante alega que la providencia objeto de tutela vulneró derechos fundamentales e incurrió en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente , lo cierto es que, en últimas, lo que pretende es que se reabra el debate, respecto de si procedía la reliquidación y pago de las cesantías aplicando el régimen de retroactividad,

5 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 6 Ibidem.Radicado: 11001-03-15-000-2022-03274-01

Demandante: Judith Riaño Cubides

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Ramírez. 6 Ibidem.Radicado: 11001-03-15-000-2022-03274-01

Demandante: Judith Riaño Cubides

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al haberse vinculado como docente antes de la entrada en vigor de la Ley 91 de 1989 . Veamos.

2.4. En el recurso de apelación pre sentado contra la sentencia de primera instancia del proceso ordinario la demandante adujo:

Motivos de inconformidad:

Liquidación de la cesantía con retroactividad: Ley 91 del 28 de 1989

Por la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-FNPSMprecise el marco normativo que gobierna las prestaciones sociales de los docentes oficiales nacionales y nacionalizados, mantuvo el sistema de liquidación de cesantías que se venía aplicando a los docentes nacionales.

A la vez esta norma, reafirmo que a los docentes nacionalizados nombrados antes del 31 de diciembre de 1989 se les pagara un auxilio de cesantía equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcional por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los tres últimos meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año (Sistema de cesantías retroactivas).

De igual manera, esta Ley estableció una nueva fórmula de liquidación de cesantías para los docentes que se vinculen a partir del 1° de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con

cesantías retroactivas).

De igual manera, esta Ley estableció una nueva fórmula de liquidación de cesantías para los docentes que se vinculen a partir del 1° de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero solo con respecto a las cesantías generadas a partir de la misma, al determinar que el FNPSM reconocerá y pagará a estos docentes un interés anual sobre saldos de las cesantías existentes a 31 de diciembre de cada añ o, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con la certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captaci ón del sistema financiero durante el mismo periodo. (Sistema de cesantías anuales acumuladas con pago de intereses).

Fundamento jurisprudencial:

En sentencia del 10 de febrero de 2011 la Sala de lo Contencioso Administrativa Sección Segunda Subsección "B" del Consejo de Estado, radicado No. 52001 -23-31-000-2006-01365-01(00882010), Consejo ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila, índico: (…)

Para el reconocimiento de las cesantías con retroactividad se debe tener en cuenta la vinculac ión temporal tiempo completo: en reciente jurisprudencia emitida el d ía 23 de agosto de 2018, por la Subsección "D" de la SECCION SEGUNDA del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, con ponen cia del Honorable magistrado Cervele ón Padilla Linares dentro del proceso N° 110013342047201600612 -01 demandante Rosa Mar ía Martínez Morales, al entrar a

CUNDINAMARCA, con ponen cia del Honorable magistrado Cervele ón Padilla Linares dentro del proceso N° 110013342047201600612 -01 demandante Rosa Mar ía Martínez Morales, al entrar a analizar el problema Ju rídico del reconocimiento y pago de las Cesant ías con RETROACTIVIDAD de los Docentes oficiales vinculados con "tiempos temporales, tiempo completo" por periodos atados al calendario escolar anteriores a la entrada en vigencia de la ley 91 de 1989, precisó:

(…)

Así mismo en la referida sentencia, al referirse a los tiempos de vinculación, así fueran en calidad de "docente temporal de tiempo completo" al prestarse en la época del a ño lectivo en que los estudiantes se encuentran en las instituciones educativas, no se debe entender que hay una interrupción de vínculo laboral tal y como se observa en sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección "A" del 02 de febrero de 2006, radicado 080012331000199611550(42502005) demandante: Irina del Rosario Ruiz Baena, con Ponencia del Magistrado Alberto Arango Mantilla y en reciente sentencia del 04 de mayo de 2017 con ponencia de la Magistrada Dr. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Radicación N 2007 - 00062-01 (1736-15).

También bajo similares argumentos, en providencia emitida por el Honorable Tribunal administrativo de Cundinamarca sección Segunda, Subsección "A" de fecha 19 de octubre de 2017, con ponencia del Magistrado Néstor Javier Calvo Chaves , dentro del proceso radicado con el N° 110013335007201500508-01, mediante el cual, revoco la sentencia de primera instancia y accedió

del Magistrado Néstor Javier Calvo Chaves , dentro del proceso radicado con el N° 110013335007201500508-01, mediante el cual, revoco la sentencia de primera instancia y accedió a las pretensiones de la demanda y ordeno liquidar y pagar las cesant ías del demandante con retroactividad.

2.4.1. Por su parte, en la demanda de tutela, la señora Judith Riaño Cubides sostuvo lo siguiente:

(…) La decisión adoptada por el Honorable Tribunal es Errónea puesto que para el reconocimiento de las cesantías con retroactividad se debe tener en cuenta la vinc ulación temporal tiempo completo, ya que se debe tener en cuenta los tiempos otorgados por el calendario escolar tan es así que enRadicado: 11001-03-15-000-2022-03274-01

Demandante: Judith Riaño Cubides

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sentencia emitida el día 23 de agosto de 2018, por la Subsección “D” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo De Cundinamarca , con ponencia del Honorable magistrado Cerveleón Padilla Linares dentro del proceso No. 1100133420472016000612 -01 demandante Rosa María Martínez Morales, al entrar a analizar el problema jurídico de l reconocimiento y pago de las cesantías con retroactividad de los docentes oficiales vinculados con “t iempos temporales, tiempo completo” por periodos atados al calendario escolar anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, precisó: (…)

cesantías con retroactividad de los docentes oficiales vinculados con “t iempos temporales, tiempo completo” por periodos atados al calendario escolar anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, precisó: (…) Así mismo en la referida sentencia , al referirse a los tiempos de vinculación, así fueran en calidad de “docente temporal de tiempo comple to” al presentarse en la época del año lectivo en que los estudiantes se encuentran en las instituciones educativas, no se debe entender que hay una interrupción de vínculo laboral tal y como se observa en sentencias del Consejo de Estado – Sección Segunda Subsección “A” del 02 de febrero de 2006, radicado 0800123310001996611550 (42502005) demandante: Irina del Rosario Ruíz Baena, con Ponencia del Magistrado Alberto Arango Mantilla y en reciente sentencia del 04 de mayo de 2017 con ponencia de la Magistrada Dr. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Radicación No. 2009-00062-01 (1736-15)” (…) La sentencia de u nificación SUJ-025-S2-2021 de fecha 09 de septiembre de 2021, emitida por el Honorable Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda , demandante Gloria Luz Manco Quiroz, Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016), a través de la cual se vislumbran los criterios para identificar la existencia de una relación encubierta, con fundamento en una subordinación continuada , conforme a l derecho sustancial que prevalece en las relaciones laborales en beneficio del trabajador.

2.5. Como se ve, la demandante formuló inconformidades que coinciden con las que

con fundamento en una subordinación continuada , conforme a l derecho sustancial que prevalece en las relaciones laborales en beneficio del trabajador.

2.5. Como se ve, la demandante formuló inconformidades que coinciden con las que expuso en el recurso de apelación que presentó contra la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio . Evidentemente la tutela busca revivir la discusión jurídica respecto de si las cesantías definitivas de la demandante debían liquidarse con el régimen retroactivo o no, asunto que ya f