CE - 110010315000202203314011SENTENCIA20230228123345

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03314-01

Accionante: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – SE REVOCA FALLO IMPUGNADO. SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA - No cumple requisito de relevancia constitucional

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la sociedad La Previsora S.A. Compañía de Seguros, a través de apoderada judicial y en contra de la sentencia de 29 de septiembre de 2022, proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera - Subsección B.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La sociedad La Previsora S.A. Compañía de Seguros, a través de apoderada judicial, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales «[…] al Debido Proceso, a la Defensa y Contradicción (Art 29), a la Igualdad ante la Ley (Art. 13), y a la Buena Fe (Art. 83, a la Prevalencia del Derecho Sustancial y a la

Proceso, a la Defensa y Contradicción (Art 29), a la Igualdad ante la Ley (Art. 13), y a la Buena Fe (Art. 83, a la Prevalencia del Derecho Sustancial y a la Realización de la Justicia Material (Art. 228), a la Aplicación del Régimen Normativo del Estado Colombiano Reflejado en sus decisiones (Art. 230) […]», cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 31 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Primera de Decisión dentro del medio de control de reparación directa número 66001-33-33-001-2014-0068600/01.

II. HECHOS

2. De conformidad con lo planteado por la parte accionante, los hechos que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relató que los señores «[…] JOSE GILBERTO GIRALDO JARAMILLO,

BLANCA MERY CORREA ARISTIZABAL, VIVIANA MARIA GIRALDO CORREA,

MILLER LANDY GIRALDO CORREA, YESICA ALEJANDRA GIRALDO CORREA, ROSA MARIA ARISTIZABAL, RUBIEL ANTONIO CORREA Y LINA MARIA GRAJALES ROJAS, esta última actuando en representación de: MARIANA2

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Accionante: La Previsora S.A Compañía de Seguros

Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda

GIRALDO GRAJALES Y STIVEN DAVID GIRALDO GRAJALES […]», promovieron la demanda de reparación directa número 66001-33-33-001-2014Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda

GIRALDO GRAJALES Y STIVEN DAVID GIRALDO GRAJALES […]», promovieron la demanda de reparación directa número 66001-33-33-001-201400686-00/01 en contra de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Santa Rosa de Cabal y de la E.S.E. Hospital Universitario de San Jorge de Pereira.

2.2. Indicó que la demanda fue admitida mediante auto de 7 de noviembre de 2014, y agregó que la E.S.E. San Vicente de Paul de Santa Rosa de Cabal llamó en garantía a la hoy accionante, «[…] con base en las Pólizas de Responsabilidad Civil No. 1001440 y No. 1001649, expedida el 29-12-2011, para el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2012., en las cuales consta como Tomador y Asegurado el Hospital San Vicente de Paúl de Santa Rosa de Cabal […]».

2.3. Señaló que, mediante sentencia de 18 de marzo de 2020, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pereira accedió a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, condenó la accionante «[…] a pagar los valores pecuniarios a que fue condenada la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl de Santa Rosa de Cabal, como consecuencia de esta sentencia, atendiendo límite y deducible pactado en pólizas de seguro de responsabilidad civil extracontractual Nos. 1001440 y 1001649 […]».

2.4. Adujo que contra la decisión de primera instancia promovió recurso de apelación el cual fue desatado, mediante la sentencia de 31 de marzo de 2022,

Nos. 1001440 y 1001649 […]».

2.4. Adujo que contra la decisión de primera instancia promovió recurso de apelación el cual fue desatado, mediante la sentencia de 31 de marzo de 2022, por el Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Primera de Decisión. En la providencia en cuestión se confirmó el fallo de primera instancia.

2.5. Afirmó que la decisión judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Primera de Decisión incurrió en los siguientes yerros:

2.6. En primer lugar, sostuvo que existió «[…] una Errónea [sic] interpretación de los contratos de seguro No. 1001649 y No. 1001440, ello con referencia a sus amparos, modalidades, de seguro y características, pues si bien es cierto que la PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, acudió al despacho al momento de sentencia de primera instancia, no se debe dejar de lado que realizaron llamados a la realidad con respecto a las relaciones contractuales con base en las pólizas de seguro mediante las cuales se vinculó al proceso, sin embargo, al momento de realizar el estudio de estos, fueron analizados y aplicados de manera errónea ello en tipo de sanción y no en forma de la aplicación verídica del marco legal que rige este tipo de relaciones contractuales […]».

2.7. Como fundamento de lo anterior señaló que:

[…] [E]l contrato de seguro No. 1001440, fue expedido bajo la modalidad de aseguramiento denominado “CLAIMS MADE”, autorizada por la Ley 389 de 1.997, Art. 4, esto es por RECLAMACION, lo que se traduce en que el SINIESTRO es la RECLAMACION JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL que le

aseguramiento denominado “CLAIMS MADE”, autorizada por la Ley 389 de 1.997, Art. 4, esto es por RECLAMACION, lo que se traduce en que el SINIESTRO es la RECLAMACION JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL que le realice el tercero al asegurado, el cual será la fecha del acta de conciliación3

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Accionante: La Previsora S.A Compañía de Seguros

Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda

prejudicial, en caso de ser ésta obligatoria como requisito de procedibilidad, o la de la notificación del auto admisorio de la demanda y su correspondiente traslado al asegurado, por lo tanto la verdadera fecha de ocurrencia del siniestro es la fecha de celebración de la audiencia de conciliación prejudicial, es decir 01 de octubre de 2014, fecha en que se llevó a cabo la audiencia prejudicial, esto es en la vigencia del certificado No. 24 de la póliza 1001440, con vigencia del 31-12-2013 al 31-12-2014, con independencia de que los hechos generadores de la presunta responsabilidad que se le atribuye a la entidad y que se traducen en la atención médica brindada al señor GIRALDO CORREA fueron en los meses de julio y agosto de 2012 y que tengan relevancia para efectos de establecer el siniestro, pues la póliza, como ya se indicó, es por RECLAMACION. (…) [E]l estudio que se realizó del contrato de seguro R.C. EXTRACONTRACTUAL, No. 1001649, con vigencia desde el 31-12-2011 y

indicó, es por RECLAMACION. (…) [E]l estudio que se realizó del contrato de seguro R.C. EXTRACONTRACTUAL, No. 1001649, con vigencia desde el 31-12-2011 y hasta el 31-12-2012., el Ad quem no llegó a evaluar ni mucho menos estudio jurídicamente, el interés asegurable del presente contrato de seguro, y mucho menos se tuvo consideración alguna a los argumentos que realizara la apoderada de la PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS., y se procedió a condenar por ambos contratos de seguro, sin discriminación alguna, tanto a su interés asegurable, que es la relación que existe entre el tomador de la póliza o el asegurado con el objeto asegurado […].

2.8. Adicionalmente, respecto a la póliza N° 1001649, sostuvo que esta «[…] opera en exceso de cada uno de los limites exigidos a los contratistas, sin embargo, para el caso, no se llamó en garantía o incluso nunca se vinculó al proceso como demandado, o figuras legales, a profesionales del servicio de salud, que pudieran estar contratados para la prestación de sus servicios y por lo cual tuvieran la obligación de aportar póliza de seguro para el ejercicio de su labor, no siendo el caso de la referencia, pues es claro que el contrato de seguro de la referencia no cuenta con cobertura alguna […]».

2.9. En segundo lugar, adujo: «[…] que según el artículo 64 del Código General del Proceso, de igual manera reglamento el llamamiento en garantía, con base a el derecho contractual o legal que se tuviera, LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, al interponer y sustentar recurso de apelación en contra de la

Proceso, de igual manera reglamento el llamamiento en garantía, con base a el derecho contractual o legal que se tuviera, LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, al interponer y sustentar recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, realiza aclaración a los contratos de seguro y más específicamente a la ausencia de cobertura, con respecto a sus vigencias, además de su interés asegurable, riesgo asegurable, argumentos que no fuero de recibo, y mucho menos fueron estudiados de manera conducente a la aplicación de estos contratos de seguro, y se procedió a su aplicación caprichosa a las coberturas expresamente excluidas […]».

2.10. En tercer lugar, afirmó que: «[…] al juez de la causa solo le resulta permitido emitir pronunciamiento con base en lo pretendido, lo probado y lo excepcionado dentro del mismo, sin que sea dable dictar sentencias por fuera – extra o por más – ultra de lo pedido – petita, y en caso de omitir pronunciarse sobre lo solicitado como pretensión tiene el deber de explicar de forma clara las razones de su omisión e incluso de su decisión, de ello da clara el Código General del Proceso, articulo 280, “CONTENIDO DE LA SENTENCIA”, donde esta deberá limitarse al examen crítico de las pruebas […]».4

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2.11. Con base en lo anterior, manifestó que se habían configurado los siguientes defectos: «[…] violación directa de la Constitución, defecto procedimental

Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda

2.11. Con base en lo anterior, manifestó que se habían configurado los siguientes defectos: «[…] violación directa de la Constitución, defecto procedimental absoluto, desconocimiento del principio de congruencia, defecto fáctico y decisión sin motivación […]».

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] 1. Se TUTELE el DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO y AL ACCESO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA a La Previsora S.A.,

Compañía de Seguros.

2. REVOCAR en su integridad la sentencia de segunda instancia del treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022), proferida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda – Sala Primera de Decisión, dentro del proceso bajo el medio de control de REPARACIÓN DIRECTA, radicado con el número 66001-33-33-001-2014-00686-00, pues claramente vulnera derechos fundamentales de LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, como parte dentro del proceso, generando vía de hecho, al no cumplir con postulados legales y procedimentales.

3. Consecuencia de lo anterior, se ordene al Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, adopte una decisión conforme a derecho y a la jurisprudencia en materia de protección de los derechos fundamentales transgredidos esto es, derecho al debido proceso, el cual además debe ser una garantía para las partes, así como derecho de defensa y la contradicción, derecho a la igualdad ante la ley, en razón a la decisión sentencia que se impugna […].

transgredidos esto es, derecho al debido proceso, el cual además debe ser una garantía para las partes, así como derecho de defensa y la contradicción, derecho a la igualdad ante la ley, en razón a la decisión sentencia que se impugna […].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través del consejero a cargo de la sustanciación del proceso y mediante auto de 22 de junio de 2022, admitió la presente acción de tutela. En la misma providencia se ordenó vincular, como tercero s con interés directo en los resultados del proceso, «[…] al titular del Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Pereira, a los directores o quien haga sus veces de la ESE Hospital San Vicente de Paúl de Santa Rosa de Cabal, la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira y la compañía de Seguros Mapfre Seguros Generales de Colombia, así como a los señores José Gilberto Giraldo Jaramillo, Blanca Mery Correa Aristizábal, Viviana María Giraldo Correa, Miller Landy Giraldo Correa, Yesica Alejandra Giraldo Correa, Rosa María Aristizábal, Rubiel Antonio Correa y Lina María Grajales Rojas […]». Igualmente se solicitó remitir el expediente en préstamo.

V. INTERVENCIONES

5. Efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a la s vinculadas, se allegaron los siguientes informes:5

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03314-01

Accionante: La Previsora S.A Compañía de Seguros

Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda

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Accionante: La Previsora S.A Compañía de Seguros

Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda

5.1. El Tribunal Administrativo de Risaralda , por intermedio del magistrado ponente de la sentencia objeto de tutela , presentó el informe en el que solicitó declarar improcedente la presente acción de amparo, con base en las siguientes razones:

[…] Teniendo de presente el contrato de seguro de respon sabilidad civil extracontractual que consta en la póliza No. 1001649, señaló el Tribunal que el siniestro ocurrió durante la vigencia de la póliza, toda vez que se presentó el 25 de agosto de 2012. Además, el suceso corresponde a los riesgos o coberturas amparadas en razón de las actividades propias del asegurado, como lo es en este caso el fallecimiento del causante, y el perjuicio que de ello se deriva para los actores, daño que fue causado en razón de la actividad que le correspondía a la Emp resa Social demandada, por ser la prestadora del servicio médico dispensado, y se encuentra cubierto bajo el amparo de “Contratistas y subcontratistas”.

En atención a lo anterior, no resulta de recibo la falta de cobertura que opone la Previsora en cuanto al cubrimiento del aludido contrato de seguro, en razón a que el amparo de contratistas y subcontratistas se otorga en exceso de las pólizas básicas exigidas a cada contratista, y no queda sino concluir que la aseguradora La Previsora Compañía de Seguros, está obligada a reembolsar a la demandada, las sumas que en virtud de la presente sentencia proceda a

pólizas básicas exigidas a cada contratista, y no queda sino concluir que la aseguradora La Previsora Compañía de Seguros, está obligada a reembolsar a la demandada, las sumas que en virtud de la presente sentencia proceda a pagar a la parte demandante, dentro de los límites y las condiciones propias establecidas en la póliza enunciada, atendiendo el límite de valor asegurado , y el deducible pactado en el aludido contrato de seguro, tal y como lo estimó la a quo, se itera esta póliza siempre operará en exceso de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual para Predios Labores y Operaciones.

En consecuencia, contrario a lo sostenido por la entidad accionante, a criterio de la Sala de Decisión se acreditaron los elementos fundamentales para imputarle responsabilidad patrimonial al Estado, pues, conforme se acaba de ver, el daño causado a la parte actora resulta antijuríd ico e imputable a la entidad demandada apelante E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Santa Rosa de Cabal, razón por la cual, esta Colegiatura confirmó la decisión recurrida respecto a la condena de la aseguradora en el entendido que La Previsora S.A. Compañía de Seguros, debe reintegrar a la E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Santa Rosa de Cabal las sumas pagadas en virtud de la condena proferida dentro de este proceso, conforme a los montos y con los deducibles pactados en el contrato de seguro celebr ado entre las partes, tal y como lo sostuvo el a quo […].

5.2. La sociedad Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. , mediante apoderado judicial, presentó informe en el que solicitó que se emita un

deducibles pactados en el contrato de seguro celebr ado entre las partes, tal y como lo sostuvo el a quo […].

5.2. La sociedad Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. , mediante apoderado judicial, presentó informe en el que solicitó que se emita un pronunciamiento que atendiera, exclusivamente, lo manifestado por la parte accionante.

5.3. La ESE Hospital San Vicente de Paul de Santa Rosa de Cabal , a través de apoderado judicial, solicitó que se declarara improcedente la presente acción de amparo o, en su defecto, se desvinculara a dicha entidad del presente trám ite constitucional.6

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03314-01

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Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda

VI. FALLO IMPUGNADO

6. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 29 de septiembre de 2022, declaró parcialmente improcedente la presente acción de amparo por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, respecto de «[…] los argumentos relacionados con la póliza No. 1001649, comoquiera que la aseguradora La Previsora SA, en el escrito de tutela, expuso argumentos nuevos que no había planteado en ninguna de las instancias del proceso de reparación directa, a saber, que dicha póliza previó que como riesgo excluido asegurable la responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas, la cual operaba en exceso de las pólizas de los contratistas y que, en el caso concreto, no había sido vinculado ningún profesional de la salud que tuviera la

excluido asegurable la responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas, la cual operaba en exceso de las pólizas de los contratistas y que, en el caso concreto, no había sido vinculado ningún profesional de la salud que tuviera la obligación de aportar póliza de seguro para el ejercicio de su labor […]».

7. En criterio de la autoridad judicial que resolvió la primera instancia, los argumentos dirigidos contra la póliza N° 1001649, al no haber sido planteado en sede ordinaria, no cumplían con el presupuesto de subsidiariedad.

8. Ahora bien, en lo relacionado con los argumentos expuestos respecto de la póliza 1001440, el a quo estimó que no se configuraba el defecto fáctico denunciado, con fundamento en las siguientes razones:

[…] 31. De lo trascrito se observó que el tribunal demando confirmó la condena impuesta a La Previsora SA por el Juzgado 1 Administrativo de Pereira, con fundamento en la póliza de seguro No. 1001440, respecto de la cual, si bien, no precisó a cuál certificado había acudido, se extrae que fue al No. 24, el mismo del que se informó y aportó con el recurso de apelación, en la medida que la autoridad judicial demandada estableció que la obligación a cargo de la aseguradora la debía asumir con afectación de la póliza vigente al momento de la reclamación [28 de julio de 2014] y en atención a la retroactividad acordada por las partes.

32. El hecho de que el Tribunal Administrativo de Risaralda haya fallado con base en la póliza No. 1001440 certificado 24, no da lugar a la configuración

retroactividad acordada por las partes.

32. El hecho de que el Tribunal Administrativo de Risaralda haya fallado con base en la póliza No. 1001440 certificado 24, no da lugar a la configuración del defecto fáctico alegado porque no se está ante una omisión, extralimitación o indebida valoración probatoria, en la medida que fue la propia aseguradora quien la allegó junto con el recurso de apelación, como se explicó en precedencia. En esa medida, La Previsora dio cuenta de su existencia y, además, utilizó justamente esa póliza como base de su defensa lo cual, a juicio de la Sala, permitió que la autoridad judicial demandada acudiera al documento al momento de decidir, máxime cuando nunca se controvirtió en los alegatos de conclusión.

33. En últimas, la póliza en cuestión existía y estaba vigente para la fecha de reclamación [28 de julio de 2014], comoquiera que la cobertura del certificado 24 iba del 31 de diciembre de 2013 al 31 de diciembre de 2014, conclusión a la que, igualmente, llegó el Tribunal Administrativo de Risaralda, cuyo actuar, a juicio de la Sala, no fue arbitrario o irracional, pues, concluir lo contrario sería desconocer la existencia misma de la póliza No. 1001440 […].7

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03314-01

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Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

9. La apoderada judicial de la sociedad La Previsora S.A. Compañía de Seguros

Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

9. La apoderada judicial de la sociedad La Previsora S.A. Compañía de Seguros impugnó el fallo de primera instancia y, para tal efecto, señaló lo siguiente:

9.1. En primer lugar, destacó que la presente acción de amparo si era procedente para discutir la «[…] defectuosa valoración de la póliza 1001649 […]». Al respecto señaló que: «[…] la póliza No. 1001649 se aportó al plenario acompañada de sus condiciones particulares y generales, las cuales exteriorizan su modalidad de contratación, vigencia y amparos. Por lo cual, en contraposición a lo resuelto por el Tribunal en la sentencia de segunda instancia censurada por ser contraria a derecho, no era posible luego de un análisis riguroso a las piezas procesales en comento, atribuir un carácter resarcitorio dentro del proceso ordinario a la Póliza R.C. EXTRACONTRACTUAL, No. 1001649, con vigencia desde el 31-12-2011 y hasta el 31-12-2012, bajo el amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual – Predios, Labores y Operaciones […]».

9.2. Asimismo, manifestó lo siguiente:

[…] [E]s claro que el en presente asunto el amparo tutelar deprecado es procedente, por que el Juez administrativo tenía la obligación de analizarlas en conjunto con los demás medios probatorios de manera íntegra. Sin embargo, en el caso concreto, se evidencio un análisis sesgado frente a la primacía del derecho contractual, derecho de seguros, porque claramente

en conjunto con los demás medios probatorios de manera íntegra. Sin embargo, en el caso concreto, se evidencio un análisis sesgado frente a la primacía del derecho contractual, derecho de seguros, porque claramente puede colegirse de la póliza No. 1001649, que está excluida la póliza ante la existencia de otra específica para tal fin como lo era la No. 1001440. (…) Amén de que, insistir en la condena impuesta en los términos ordenados por el Tribunal Administrativo de Risaralda, configura un desconocimiento por parte la judicatura al hecho que la estipulación contractual es ley para las partes, y la competencia del juez no puede hacer más que reconocer la imperatividad de dicha premisa […].

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

10. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20213.

1 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política". 2 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".

3 “Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.8

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03314-01

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VIII.2. Problemas jurídicos

11. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado o revocado4, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y si ello es así determinar:

b) Si la sentencia de 31 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Primera de Decisión dentro del medio de control de reparación directa número 66001-33-33-001-201400686-00/01, vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante por haber incurrido en una violación directa de la Constitución, en un defecto procedimental absoluto, en un desconocimiento del principio de congruencia, en un defecto fáctico y en una decisión sin motivación.

12. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de

en una decisión sin motivación.

12. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a (ii) resolver el c aso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

13. En sentencia de 31 de julio de 2012 5, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

14. Ahora bien, la sentencia C -590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta

4 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991. 5 Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.9

4 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991. 5 Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.9

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03314-01

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Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda

tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos cau santes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial 6, la sentencia C -590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo , error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la

Constitución7.

17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en l a que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados , permitiéndole de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión 8” que se encaje en

generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados , permitiéndole de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión 8” que se encaje en dichos parámetros.

18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurí dica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

19. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01.

6 Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 7 «Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto , que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico , que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio qu e permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo , existe cuando l as decisiones se fundamentan en normas inexistentes o

da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo , existe cuando l as decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y