CE - 110010315000202203784011SENTENCIA20230331102951

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Radicado: 11001 03 15 000 2022 03784 01

Demandante: CONSTRUCTORA TORRES DE LUCERNA S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE (E): RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2022 03784 01

Demandante: CONSTRUCTORA TORRES DE LUCERNA S.A.S.

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección

A.

Temas: Acción de Tutela contra providencia judicial de nulidad y restablecimiento del derecho. Impuesto de registro. Control judicial de las circulares.

Ausencia de los defectos invocados.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 26 de agosto de 2022 , proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por medio de la cual negó el amparo solicitado por la parte actora.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud de tutela

La Constructora Torres de Lucerna S.A.S. , por intermedio de apoderado, promueve acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección

1. Antecedentes

1.1. La solicitud de tutela

La Constructora Torres de Lucerna S.A.S. , por intermedio de apoderado, promueve acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, por la expedición de la sentencia del 10 de febrero de 2022 en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001 33 37 042 2016 00197 01 , con la cual considera que aquel vulneró su derecho fundamental al debido proceso y los principios de legalidad y reserva tributaria.2

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1.1.1. Las pretensiones

La accionante, mediante su apoderado, formula las siguientes súplicas:

1. Declarar que la (sic) Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, mediante sentencia del 10 de febrero de 2022, correspondiente al expediente 11001-33-37-042-2016-00197-01, violó el derecho al debido proceso de la sociedad CONSTRUCTORA TORRES DE LUCERNA S.A.S. por haber incurrido en una vía de hecho por concepto de violación directa de la Constitución Política y por incursión en defecto sustancial.

2. Se ampare el derecho al debido proceso de la sociedad CONSTRUCTORA TORRES DE LUCERNA S.A.S., revocando la sentencia del 10 de febrero de 2022

por incursión en defecto sustancial.

2. Se ampare el derecho al debido proceso de la sociedad CONSTRUCTORA TORRES DE LUCERNA S.A.S., revocando la sentencia del 10 de febrero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, correspondiente al expediente 11001-33-37-042-2016-00197-01.

3. Se ampare el derecho al debido proceso de la sociedad CONSTRUCTORA TORRES DE LUCERNA S.A.S., dejando en firme la sentencia del 27 de mayo de 2020 proferida por el Juzgado Cuarenta y Dos Administrativo Oral del Circuito de

Bogotá D.C., Sección Cuarta, correspondiente al expediente 11001 -33-37-0422016-00197-00.

1.1.2. Los hechos

El apoderado de la accionante narró como supuestos fácticos los siguientes:

1. Para la época de los hechos, la CONSTRUCTORA TORRES DE LUCERNA S.A.S. fungía como propietaria del inmueble con Matrícula Inmobiliaria 50s -40591231 y

CHIP AAA0230XRWW, ubicado en la calle 58c # sur 82F 03, en el cual se desarrolló la urbanización denominada Conjunto Lucerna, por etapas.

1. A través de la Escritura Pública 3.940 de 2012, la Fase A de la I Etapa del Conjunto Lucerna se sometió al régimen de propiedad horizontal y se hicieron anotaciones en 241 unidades privadas.

1. Mediante la Escritura Pública 1.737 de 2013, se adicionó la Fase A de la II Etapa al mencionado régimen y se h icieron anotaciones en las unidades privadas

anotaciones en 241 unidades privadas.

1. Mediante la Escritura Pública 1.737 de 2013, se adicionó la Fase A de la II Etapa al mencionado régimen y se h icieron anotaciones en las unidades privadas anteriores y en 96 unidades agregadas.3

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1. El 26 de noviembre de 2014 , el director de Rentas de la Gobernación de Cundinamarca expidió la Circular Interna núm. 0033, con la que ordenó gravar con impuesto de registro todas las unidades privadas, en cuya matrícula se produce la inscripción de acto de constitución , modificación o adición del régimen de propiedad horizontal, aun cuando se refiera a un solo acto sujeto al tributo.

1. En la Circular referida se adoptó el contenido de la Asesoría núm. 011908 del 12 de abril de 2012 de la Dirección de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda , en la cual se precisa que aquella no es aplicable al caso bajo estudio, puesto que en ella se resuelve la consulta sobre liquidación de impuesto de registro en la inscripción de una providencia que se pronuncia en relación con la adjudicación de varios bienes inmuebles a los acreedores dentro de un proceso de liquidación y se concluye que, a pesar de tratarse de un mismo proveído, en este se incorporan diversos actos sujetos a registro, dado que a través de este se adjudican varios inmuebles.

inmuebles a los acreedores dentro de un proceso de liquidación y se concluye que, a pesar de tratarse de un mismo proveído, en este se incorporan diversos actos sujetos a registro, dado que a través de este se adjudican varios inmuebles.

1. El 6 de ma rzo de 2015, mediante la Escritura Pública 726, se adicionó la Fase B de la I Etapa al régimen de propiedad horizontal y se hicieron anotaciones en las 310 unidades anteriores y 132 nuevas.

1. El 10 de marzo de 2015, la CONSTRUCTORA TORRES DE LUCERNA S.A.S. efectuó la liquidación del impuesto de registro , mediante la Liquidación núm. 101813824, en la cual gravó como acto sin cuantía el inmueble y 469 unidades.

1. En igual fecha, aquella pagó, de buena fe, el valor determinado de forma incorrecta por la autoridad tributaria departamental, esto es, $ 40.437.000, a pesar de que únicamente correspondía el cobro de $ 8 6.000, por tratarse de la inscripción de un único acto de adición del régimen de propiedad horizontal que recaía sobre el inmueble previamente identificado, el cual no tiene cuantía.

1. El 22 de abril de 2015, mediante la Circular núm. 0027, la Gobernación de Cundinamarca suspendió , sin efectos retroactivos, l a Circular núm. 0033 del 26 de noviembre de 2014 hasta tanto se realizara un estudio jurídico y económico sobre la materia.4

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materia.4

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1. El 10 de mayo de 2015, la CONSTRUCTORA TORRES DE LUCERNA S.A.S. formuló recurso de reconsideración en contra de la Liquidación Oficial del Impuesto de Registro núm. 101813824 del 10 de marzo de 2015 , en el que solicitó revocarla y ordenar la devolución de la suma pagada en exceso por valor de $ 40.351.000.

1. El 12 de noviembre de 2015, se suspendió definitivamente la Circular núm. 0033 del 26 de noviembre de 2014, sin efectos retroactivos.

1. En 2016, por medio de la Resolución núm. 00000986, la autoridad tributaria departamental resolvió el recurso referido, en el sentido de confirmar la Liquidación Oficial precitada.

1. El 15 de septiembre de 2016, la CONSTRUCTORA TORRES DE LUCERNA S.A.S. instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Liquidación Oficial núm. 101813824 del 10 de marzo de 2015 del impuesto de registro y de la Resolución núm. 00000986, con fundamento en que esos actos están viciados de nulidad, dado que se expidieron con base en la Circular Interna núm. 33 del 26 de noviembre del 201 4, la cual está falsamente motivada ; inobservaron las

viciados de nulidad, dado que se expidieron con base en la Circular Interna núm. 33 del 26 de noviembre del 201 4, la cual está falsamente motivada ; inobservaron las normas en que debían fundarse (principios de progresividad, equidad y eficiencia tributaria); y violaron los principios de igualdad y favorabilidad tributaria de la Circular Interna núm. 0027 del 12 de noviembre de 2015.

1. El 27 de mayo de 2020, el Juzgado Cuarenta y Dos Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, Sección Cuarta, dictó sentencia de primera instancia, en la que declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y, a título de restablecimiento del derecho, determinó la obligación tributaria sustancial del impuesto de registro por la inscripción del acto de adición al reglamento de propiedad horizontal en la liquidación del gravamen en $ 86.000.

1. La parte demandada interpuso recurso de apelación en contra de la anterior providencia, en el que discutió, en tre otros aspectos, que la Circular núm. 33 del 26 de noviembre de 2014 no fue demandada.5

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1. El 10 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, revocó la sentencia recurrida y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

1. El 10 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, revocó la sentencia recurrida y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

1.1.3. Los defectos invocados

En sentir del apoderado de la accionante, en la sentencia del 10 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A , incurrió en los siguientes defectos:

1.1.3.1. Violación directa de la Constitución Política

1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, vulneró el principio de legalidad y el derecho fundamental al debido proceso de la CONSTRUCTORA TORRES DE LUCERNA S.A.S., al concluir que la Circular núm. 0033 del 26 de noviembre de 2014 debió ser demandada en el proceso, puesto que aquella no reúne los presupuestos de existencia, concretamente los requisitos formales, al no realizar una manifestación consciente e intencional para la producción de efectos jurídicos.

Siendo de esta forma, la Circular referida no es más que una simple recomendación interna de acoger la Asesoría núm. 011908 de abril de 2012 y remitirse a la Ley 1579 de 2012, para determinar la causación y liquidación del impuesto de registro. Lo anterior resulta evidente ante la ausencia de las exigencias formales que debe contener un acto administrativo; la inexistencia de una orden o mandato que defina inequívocamente la producción de efectos jurídicos hacia los contribuyentes de ese impuesto; y la finalidad de la Circular consistente en «resolver las inquietudes

contener un acto administrativo; la inexistencia de una orden o mandato que defina inequívocamente la producción de efectos jurídicos hacia los contribuyentes de ese impuesto; y la finalidad de la Circular consistente en «resolver las inquietudes suscitadas en la liquidación del impuesto de registro de actos».

Al respecto, en las sentencias del 3 de febrero de 2000 y del 6 de diciembre de 2001, el Consejo de Estado precisó que las circulares de servicio son susceptibles de ser demandadas cuando contengan una decisión de la autoridad pública capaz de producir efectos jurídicos y, por tanto, tengan fuerza vinculante frente al administrado; sin embargo, cuando aquellas se circunscriben a reproducir lo previsto6

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en otras normas o instancias para instruir a los funcionarios, no podrán ser objeto de control judicial. Así las cosas, la Circular núm. 0033 del 26 de noviembre de 2014 no podía controvertirse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Además, debe tenerse presente que la administración puede exteriorizar su voluntad, sin adoptar alguna decisión, como lo hace con los conceptos, opiniones e instrucciones a aseso res, los cuales no crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas y, en ese entendido, estos son actos de servicios o meros actos administrativos, en los términos de la jurisprudencia del Consejo de Estado.

instrucciones a aseso res, los cuales no crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas y, en ese entendido, estos son actos de servicios o meros actos administrativos, en los términos de la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Ahora, si bien la última posición del máximo órgano de la mencionada jurisdicción señala que toda circular se encuentra sujeta al control de los jueces, por ser expresión del ejercicio de la función administrativa, ello no quiere decir que el administrado se encuentre obligado a demandarlas.

1. La autoridad judicial consideró que debió demandarse la nulidad de la Circular núm. 0033 del 26 de noviembre de 2014, a pesar de que ello constituye un imposible jurídico, dado que, a través de la Circular núm. 0014 del 21 de abril de 2015, se contempló la opción de reconsiderar la posición de adherirse a la Asesoría núm. 011908 del 2012, esto es, se apartó de las instrucciones previstas en aquella, y, luego, por medio de la Circular núm. 0027 del 12 de noviembre de 2015, se suspendió definitivamente la Circular núm. 0033 del 26 de noviembre de 2014 ; por tanto, para la fecha en que se radicó la demanda esta última ya no existía en el mundo jurídico.

Además, la posición del Consejo de Estado ha sido establecer la posibilidad de demandar actos administrativos ya derogados que hayan creado situaciones jurídicas previas a su extinción, para debatir los efectos jurídicos de estas; sin embargo, resultaría ineficiente e inviable demandar una circular q ue, además, de no ser un acto administrativo, no generó efectos jurídicos individuales directos frente a

jurídicas previas a su extinción, para debatir los efectos jurídicos de estas; sin embargo, resultaría ineficiente e inviable demandar una circular q ue, además, de no ser un acto administrativo, no generó efectos jurídicos individuales directos frente a los administrados, dado que los destinatarios no fueron estos, sino la propia administración.7

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En suma, la Subsección accionada efectuó una interpreta ción reduccionista e insuficiente sobre la naturaleza de la Circular núm. 0033 del 26 de noviembre de 2014, con lo cual atentó contra el derecho a recibir una correcta atención en el servicio de la administración de justicia; adoptó la decisión que ahora s e controvierte únicamente con fundamento en que dicha Circular era un acto administrativo y, por ende, debió demandarse; y soportó el fallo indebidamente en el imperio de la ley y con violación del principio de certeza y legalidad tributaria.

1.1.3.2. Defecto sustantivo o material

1. La autoridad judicial accionada omitió la interpretación correcta de las normas de carácter legal y reglamentario que regulan el impuesto de registro , puesto que no tuvo en cuenta que las escrituras de constitución, modifi cación o adición del régimen de propiedad horizontal , incluyendo los traslados de anotación en los folios de matrícula, son actos sin cuantía, al no incorporar un derecho pecuniario , en los

tuvo en cuenta que las escrituras de constitución, modifi cación o adición del régimen de propiedad horizontal , incluyendo los traslados de anotación en los folios de matrícula, son actos sin cuantía, al no incorporar un derecho pecuniario , en los términos de los artículos 226 de la Ley 223 de 1995 y 1.° y 2.° de l Decreto 650 de 1996, del numeral 8 del artículo 193 de la Ordenanza 216 del 3 de junio de 2014 y de la Resolución 4978 del 30 de diciembre de 2014

Por consiguiente, cuando se realiza dicho traslado no es procedente aplicar el artículo 2.° del Decreto 650 de 1996, dado que se está ante un único acto efectuado sobre la propiedad horizontal y, en esa medida, la adición de una nueva etapa al régimen con la inscripción en una escritura pública es un acto que carece de cuantía. En ese entendido, la Subsección accionada extendió, sin autorización parlamentaria, el hecho generador del impuesto de registro, lo cual desconoce la norma constitucional 338, esto es, nullum tributum sine lege.

Adicionalmente, en el proceso se acreditó que la Circular núm. 0033 del 26 de noviembre de 2014 , a pesar de ser un acto de servicio, prevé la adopción de la Asesoría núm. 011908 de 2012 de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público , para la liquidación el impuesto de registr o, con la inobservancia de los postulados constitucionales de certeza y reserva de ley tributaria; motivo por el cual el actuar de la administración y la decisión de segunda8

Hacienda y Crédito Público , para la liquidación el impuesto de registr o, con la inobservancia de los postulados constitucionales de certeza y reserva de ley tributaria; motivo por el cual el actuar de la administración y la decisión de segunda8

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instancia del medio de control representan una violación flagrante de esos princip ios y esta última se aparta del margen de interpretación razonable.

Así las cosas, el debate se limita a que la parte accionada , para adoptar la decisión, se fundamentó única y exclusivamente en el razonamiento de que la Circular núm. 0033 del 26 de novie mbre de 2014 debió ser objeto de demanda, lo que se aleja de una exégesis razonable de las normas legales y constitucionales que rigen la materia, dado que aquella no tenía la potestad para interpretar o modificar el hecho generador de un tribut o, de conformidad con el numeral 12 del artículo 150 de la Constitución Política.

1. El pago efectu ado por la CONSTRUCTORA TORRES DE LUCERNA S.A.S. por concepto de impuesto de registro equivalente a $ 40.437.000 constituye un pago en exceso, puesto que, en atención a las normas aplicables, solamente le correspondía pagar $ 86.000, en la medida en que la operación se caracterizaba como un acto sin cuantía. Por tanto, el excedente debe serle devuelto a aquella, a título de restablecimiento del derecho.

pagar $ 86.000, en la medida en que la operación se caracterizaba como un acto sin cuantía. Por tanto, el excedente debe serle devuelto a aquella, a título de restablecimiento del derecho.

1.2. Actuación Procesal

El 26 de julio de 2022, la magistrada Marta Nubia Velásquez Rico de la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación admitió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar del proveído a los magistrados del Tribu nal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, como accionados; al departamento de Cundinamarca, Secretaría de Hacienda, como tercero interesado en las resultas del proceso ; y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado , de conformidad con el artículo 610 del Código General del Proceso ; para que, dentro del término de dos días y en uso de su derecho de defensa, ri ndieran el respectivo informe.

1.3. Contestación de la acción

1.3.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, a través de la magistrada Gloria Isabel Cáceres Martínez, luego de hacer un9

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recuento de las actuaciones principales adelantadas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y de las exigencias para la proc edencia

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recuento de las actuaciones principales adelantadas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y de las exigencias para la proc edencia excepcional de la acción de tutela en contra de providencias judiciales , sostiene que en la sentencia censurada en esta sede no se incurrió en los defectos fáctico, material o sustantivo ni desconocimiento del precedente judicial y tampoco se vulneró el derecho fundamental al debido proceso.

En cuanto a ello, aduce que , de acuerdo con los argumentos del recurso de apelación de la parte demandada , en la decisión de segunda instancia, se planteó como problema jurídico determinar la naturaleza jurídica de la Circular núm. 0033 del 26 de noviembre de 2014 y si los actos administrativos demandados proferidos con fundamento en aquella incurrieron o no en la infracción de las normas en que debían fundarse.

Indica que, para resolver lo anterior, la Sala explicó que , de conformidad con el artículo 228 de la Ley 223 de 1995, el impuesto se causa al solicitar la inscripción en el registro y precisó que , en el caso, el 10 de marzo de 2015 , se profirió la Liquidación correspondiente del impuesto de registro por la inscripción del acto de adición al reglamento de propiedad horizontal del Conjunto Lucerna Fase B Etapa I, contenido en la Escritura Pública núm. 726 del 6 de marzo de 2015 de la Notaría Sexta de Bogotá en la Matrícula Inmo biliaria núm. 50S -40591231, con fundamento en la Circular núm. 0033 del 26 de noviembre de 2014 , por lo que el 7 de abril de

Sexta de Bogotá en la Matrícula Inmo biliaria núm. 50S -40591231, con fundamento en la Circular núm. 0033 del 26 de noviembre de 2014 , por lo que el 7 de abril de 2015 se realizó la anotación en el Folio de Matrícula Inmobiliaria y el 3 de mayo de 2016 se resolvió desfavorablemente el recurso de reconsideración.

Igualmente, se aclaró que el director de Rentas y Gestión Tributaria de la Gobernación de Cundinamarca expidió la Circular núm. 0033 del 26 de noviembre de 2014, la cual no es una simple instrucción sobre el alcance o inter pretación de algunas normas, sino que efectúa la determinación de un deber en cuanto a la forma de liquidación del impuesto de registro, en el sentido de esclarecer que si se trata de más de un inmueble , comoquiera que cada uno tiene su folio de matrícula, el tributo se debe cobrar en igual medida.10

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Así mismo, se dilucid ó que el 21 de abril de 2015 se dictó la Circular núm. 0014, a través de la que se suspendió la previamente citada , sin efectos retroac tivos, y, posteriormente, el 12 de noviembre de 2015 , se profirió la Circular núm. 0027, mediante la cual se definió que no se aplicaría la Circular núm. 0033 del 26 de

posteriormente, el 12 de noviembre de 2015 , se profirió la Circular núm. 0027, mediante la cual se definió que no se aplicaría la Circular núm. 0033 del 26 de noviembre de 2014, en adelante y con iguales efectos, a los actos sin cuantía en que exista traslado de la anotación, como la constitución, aclaración o modificación de los reglamentos de propiedad horizontal.

A partir de lo expuesto, se estableció que las circulares son actos administrativos generales susceptibles de control judicial an te la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a pesar de lo cual no se demostró que se hubiera ejercido medio de control alguno, ni en la demanda se cuestionó su legalidad, por lo cual no podía emitir juicios respecto de aquellas, las que, por encontrarse vigentes al momento de causación del impuesto, debían aplicarse.

Aunado a lo señalado, se definió que en la Circular núm. 0033 del 26 de noviembre de 2014 se prevé que cuando el acto objeto de este se refiere a más de un inmueble, el tributo se puede cobrar en igual medida, por lo que, conforme a ello, se realizó la liquidación demandada , esto es, con el cobro del registro de cada acto sin cuantía en cada uno de los folios de matrícula correspondiente , es decir, el de la propiedad horizontal y el de los 469 bienes privados, razón por la cual no había lugar a la declaratoria de nulidad de los actos acusados, sino a la revocatoria de la sentencia de primera instancia, ante la prosperidad d el argumento de apelación analizado.

Bajo ese entendido , no se demostró que se hubiere realizado una interpretación

a la declaratoria de nulidad de los actos acusados, sino a la revocatoria de la sentencia de primera instancia, ante la prosperidad d el argumento de apelación analizado.

Bajo ese entendido , no se demostró que se hubiere realizado una interpretación normativa irrazonada o arbitraria o se les hubiere otorgado un alcance diferente a las normas sustento de los actos administrativos demandados . Además, en la sentencia se tuvo en cuenta el material probatorio que sustentó la decisión y se expusieron los argumentos fácticos y jurídicos respectivos.

Por lo anterior, considera que con esta acción constitucional la accionante pretende controvertir el criter io jurídico expuesto en la providencia cuestionada , con lo cual desconoce que, al tratarse de un proveído de segunda instancia que puso fin al11

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proceso, no existe ningún recurso en su contra , y que este mecanismo no constituye una tercera instancia para discutir la interpretación razonable efectuada por el operador judicial, en virtud del principio de autonomía judicial. En ese orden de ideas, estima que la acción debe ser declarada improcedente.

1.3.2. El departamento de Cundinamarca , por medio de apoderada judicial, afirma que el aserto de la parte actora consistente en que no era factible demandar la Circular núm. 0033 del 26 de noviembre de 2014 , por cuanto la Circular núm. 0027

que el aserto de la parte actora consistente en que no era factible demandar la Circular núm. 0033 del 26 de noviembre de 2014 , por cuanto la Circular núm. 0027 del 12 de noviembre de 2015 la suspendió de forma definitiva , es equivocado, porque, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, es procedente demandar los actos administrativos de carácter general , aun cuando se encuentren derogados, para así analizar los efectos que produjeron mientras estuvieron vigentes, como ocurre en el asunto sub judice.

De ahí que , contrario a lo manifestado por la CONSTRUCTORA TORRES DE LUCERNA S.A.S., sí es viable demandar la nulidad de la Circular núm. 33 del 26 de noviembre de 2014 , a pesar de que hubiere sido derogada . Aclarado ello, se tiene que la Liquidación núm. 101813824 del 10 de marzo de 2015 se generó en vigencia de aquella, por lo que el cobro del impuesto de registro se ajustó a las previsiones normativas que regían para esa fecha y, en razón al principio de la irretroactividad de la ley tributaria, no es procedente la devolución de lo pagado , como se explicó en la Resolución núm. 986 del 3 de mayo de 2016.

Al respecto, indica que las normas tributarias , para garantizar la seguridad jurídica, no tienen efecto retroactivo, toda vez que el Estado debe tener certeza acerca del recaudo de sus tributos, pues de ellos depende el gasto. Agrega que le asiste razón al Tribunal accionado, al considerar que la Circular núm. 33 del 26 de noviembre de 2014 es un acto administrativo, pues constituye una decisión por parte del director de

al Tribunal accionado, al considerar que la Circular núm. 33 del 26 de noviembre de 2014 es un acto administrativo, pues constituye una decisión por parte del director de Rentas y Gestión Tributaria sobre la forma como debe liquidarse el impuesto de registro, que fue trasmitida a todos los funcionarios de la dependencia.

De otra parte, precisa que en el presente caso se configura la causal de improcedencia de la acción de tutela consagrada en el artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991 , ya que la parte actora tiene la posibilidad de formular el recurso12

Radicado: 11001 03 15 000 2022 03784 01

Demandante: CONSTRUCTORA TORRES DE LUCERNA S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

extraordinario de revisión de que trata el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En vista de lo esgrimido, solicita se declaren improcedentes las pretensiones de la CONSTRUCTORA TORRES DE LUCERNA S.A.S. , ante, itera, la ausencia de algún hecho que conf igure la violación del derecho fundamental al debido proceso y la existencia de otro medio de defensa judicial.

1.4. Sentencia impugnada

El 26 de agosto de 2022, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, negó el amparo solicitado en la acción de tutela de la referencia , con fundamento en los siguientes argumentos:

1. En la sentencia controvertida en esta sede constitucional no se incurrió en los

negó el amparo solicitado en la acción de tutela de la referencia , con fundamento en los siguientes argumentos:

1. En la sentencia controvertida en esta sede constitucional no se incurrió en los defectos sustantivo y violación directa de la Constitución Política, puesto que no se evidencia una interpretación y/o aplicación indebida o irracional de las normas por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A , sino, por el contrario, un análisis soportado en una carga argumen