CE - 110010315000202203798001SENTENCIA20220923104015

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03798-00

Demandante: Jairo Ávila

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-03798-00

Demandante: JAIRO ÁVILA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y

OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Contra acción de grupo – Requisitos generales de procedibilidad

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta, en nombre propio, por el señor Jairo Ávila contra el Tribunal Administrativo del Valle y el Juzgado Trece Administrativo de Santiago de Cali, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor Jairo Ávila interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del

333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor Jairo Ávila interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle y el Juzgado Trece Administrativo de Santiago de Cali, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia y el principio de seguridad jurídica. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“Solicito a Ud. señor (a) juez constitucional del Honorable Consejo de Estado, tutelar el derecho fundamental al debido proceso, de los demandantes Oliva Cuero, Nayibe Solís Cuero, Leidy Salazar Bolaños, Gentil Salazar Bolaños, Estella Salazar Bolaños, Soraya Vergara Salazar, María Idali Lucio Valverde, Jairo Alberto López Valencia, Leonor Núñez De Var ón, Juan Carlos Varón Núñez, Doris Salazar Jaramillo, Francisco Javier Hoyos Ramírez, Isabella Hoyos Salazar, Juan Sebastián Hoyos Salazar, Estefanía Giraldo Salazar, Luis Alberto Tabares Burgos, José Orlando Devia, Myriam Mosquera Hurtado, Maribel Devia Mosquera, Zulma Rosa Herrera Laverde, Jairo Ávila Vargas, Ana Patricia Montilla Raigoza, Diana Isabel Ávila Montilla, Juan David Ávila Montilla, Natalia Ávila Montilla, Daniel Ávila, Fernando Tascón Mafla, Alejandro Tascón Ávila, Angelica María Bedoya Ospina, Ilian Bedoya Duque, María Genoveva Ospina De Bedoya, Adrián Bedoya Ospina, dejando sin efectos la sentencia de segunda instancia de fecha 12 de mayo de 2020, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo

Duque, María Genoveva Ospina De Bedoya, Adrián Bedoya Ospina, dejando sin efectos la sentencia de segunda instancia de fecha 12 de mayo de 2020, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, con ponencia de la Dra. Luz Elena Sierra Valencia, que confirmó el fallo de primera instancia, negando las pretensiones de la demanda, dentro del proceso de acción de grupo No. 7600133310-13-2010-00454, Actor Oliva Cuero y otros, contra la Nación – Dancop y otros.

Consecuente con la anterior declaración, se ordene al ente accionado a dictar sentencia de reemplazo, de acuerdo con los argumentos expuestos en la presente acción”.Radicado: 11001-03-15-000-2022-03798-00

Demandante: Jairo Ávila

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2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

La entidad Cooperativa de Ahorro y Crédito JOREPLAT, con licencia financiera número 0902-12-03-92 otorgada por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas -Dancoop-, hoy Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias -, recibió de cada uno de los accionantes dineros para ser invertidos en productos, varios certificados de Ahorro a Término CDAT y Certificado de Inversión Empresarial CIE.

Cooperativas -Dancoop-, hoy Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias -, recibió de cada uno de los accionantes dineros para ser invertidos en productos, varios certificados de Ahorro a Término CDAT y Certificado de Inversión Empresarial CIE.

Mediante Resolución 1682 del 8 de octubre de 1962 el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, reconoció personería jurídica a la empresa "Cooperativa de Ahorro y Crédito JOREPLAT" y mediante licencia 902 del 12 de marzo de 1992, expedida por el entonces Departamento Nacional de Cooperativas - DANCOOPse permitió el desarrollo de actividades financieras a la mencionada cooperativa.

De acuerdo con la norma reguladora, así como la naturaleza de la cooperativa , JOREPLAT solo podía recibir depósitos de ahorro a la vista y ahorro a términoCDAT, por lo que no estaba autorizaba para otorgar a sus depositarios un depósito a término, que se denominó certificado de inversión empresarial o certificado de aportación, lo cual ocurrió.

Que la cooperativa JOREPLAT venía incurriendo en irregularidades comoquiera que no se ajustaba al régimen de inversión señalado por la ley en relación con los recursos de captación de ahorro como consecuencia de las inversiones en activos fijos, lo cual generó efectos en la prestación de los servicios sociales de previsión, asistencia y solidaridad, comprometió los recursos captados, según informe del revisor fiscal de la cooperativa del 27 de febrero de 1997.

Los señores Oliva Cuero y otros 1 ejercieron acción de grupo, contra la NaciónSuperintendencia de Economía Solidaria y Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria – Dansocial, para que se les declare patrimonialmente

Los señores Oliva Cuero y otros 1 ejercieron acción de grupo, contra la NaciónSuperintendencia de Economía Solidaria y Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria – Dansocial, para que se les declare patrimonialmente responsables por los perjuicios morales, materiales y daño a la salud, causados como consecuencia de la pérdida de capital e intereses representados en dinero invertido en la Cooperativa de Ahorro y Crédito - JOREPLAT -, por la falta de vigilancia y control que correspondía a dichas entidades y que conllev ó al proceso liquidatario de la Cooperativa, ello con fundamento en que las entidades públicas demandadas, no ejercieron adecuadamente sus deberes de vigilancia y control sobre dicha cooperativa, pues con su actitud omisiva permitió que la entidad ejerciera operaciones que no contaban con expresa autorización legal.

1 Nayibe Sol ís Cuero, Soraya Vergara Salazar, Leidy Salazar Bola ños, Mar ía Idali Lucio Valverde, Gentil Salazar Bolaños, Estella Salazar Bolaños, Jairo Alberto López Valencia, Leonor Núñez De Varón, Juan Carlos Varón N úñez, Doris Salazar Jaramil lo, Juan Sebasti án Hoyos Salazar, Estefan ía Giraldo Salazar, Isabela Hoyos Salazar, Francisco Javier Hoyos Ram írez, Luís Alberto Tabares Burgos, Jos é Orlando Devia, Myriam Mosquera Hurtado, Maribel Devia Mosquera, Zulma Rosa Herrera Laverde, Jairo Avila Vargas, Ana Patricia Montilla Raigoza, Diana Isabel Avila Montilla, Juan David Avila Montilla, Natalia Avila Montilla, Dan íel Avila,

Mosquera Hurtado, Maribel Devia Mosquera, Zulma Rosa Herrera Laverde, Jairo Avila Vargas, Ana Patricia Montilla Raigoza, Diana Isabel Avila Montilla, Juan David Avila Montilla, Natalia Avila Montilla, Dan íel Avila, Fernando Tascon Mafla, Alejandro Tascon Avila, Ang élica María Bedoya Ospina, Ilian Bedoy á Duque, María Genoveva Ospina de Bedoya y Adrián Bedoya Ospina.Radicado: 11001-03-15-000-2022-03798-00

Demandante: Jairo Ávila

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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El Juzgado Trece Administrativo de Cali, mediante sentencia del 11 de junio de 2015, negó las pretensiones de la demanda con fundamento en que la función de control, inspección y vigilancia que ejercía DANCOOP sobre las cooperativas se limitaba a la formulación de directrices, realización de visitas, adopción de medidas preventivas, en búsqueda que las actividades que ejercieran las entidades supervisadas fuera siempre transparente y no afectara los intereses de los usuarios, que para el caso en particular la entidad supervisada ser ía JOREPLAT, pero dichas funciones no implicaba n garantizar que el patrimonio de sus beneficiarios no resultara afectado por los riesgos inherentes a la actividad dicha cooperativa, por el contrario, el fin de dicho departamento administrativo se

pero dichas funciones no implicaba n garantizar que el patrimonio de sus beneficiarios no resultara afectado por los riesgos inherentes a la actividad dicha cooperativa, por el contrario, el fin de dicho departamento administrativo se circunscribía a que la actividad de la cooperativa liquidada fuer a desarrollada conforme al marco legal y, en los eventos en que se incumplieran tales disposiciones, la entidad de control estaba facultada para adoptar oportunamente los correctivos a que hubiere lugar, situación que ocurrió en el presente asunto.

Concluyó que no se presentó alguna falla en la prestación del servicio por omisión por parte de DANSOCIAL y la Superintendencia de Economía Solidaria, toda vez que, el antes DANCOOP, implementó las medidas que la ley le permitía para la época de los hechos, profirió el 3 de diciembre de 1997 la Resolución 2006, '"Por la cual se ordena la toma de posesión para administrar los negocios, bienes y haberes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Joreplat", basado en los informes trimestrales presentados por el revisor fiscal en el año 1997 y posteriormente en la Resolución 0180 del 29 de enero de 1998, ordenó tomar posesión de JOREPLAT, para liquidar dicha Cooperativa.

El apoderado judicial de la parte d emandante interpuso recurso de apelación, oportunidad en la cual alegó su inconformidad con el análisis efectuado por el juzgado de primera instancia frente al informe pericial presentado por el Contador Álvaro García, a su juicio, de dicho informe pericial era posible inferir que los estados financieros determinaban la grave situación de insolvencia de la cooperativa JOREPLAT muchos meses antes de la intervención por parte del

Álvaro García, a su juicio, de dicho informe pericial era posible inferir que los estados financieros determinaban la grave situación de insolvencia de la cooperativa JOREPLAT muchos meses antes de la intervención por parte del DANCOOP, la cual tuvo lugar a partir del mes de diciembre de 1997. Que, el análisis del juzgado desconoció la realidad que presentaba la entidad cooperativa, los informes financieros a diciembre 31 de 1996 eran más que alarmantes y, sin embargo, solo se programó una visita para el mes de agosto de 1997 por parte del DANCOOP a la cooperativa, es decir ocho meses después, sumado a ello, durante todo el año 1997 la cooperativa capto dinero de los ahorradores, a pesar de que sabía que la entidad no podía cumplir con los pagos de acreencias y devolución de títulos de ahorro.

Igualmente, dijo que no se hizo referencia a la ampliación al dictamen pericial que se le solicit ó al señor perito Álvaro García, que contenía conclusiones más claras que indicaban la gravísima situación financiera de JOREPLAT y la nula inspección o actuación por parte del DANCOOP a fin de evitar la pérdida del dinero de los ciudadanos ahorradores.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 12 de mayo de 2020, modificó la decisión de primera instancia, para declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Superintendencia de Económica Solidaria y negó las pretensiones de la demanda frente a DANCOOP, luego DANSOCIAL, hoy Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, con fundamento en

en la causa por pasiva de la Nación – Superintendencia de Económica Solidaria y negó las pretensiones de la demanda frente a DANCOOP, luego DANSOCIAL, hoy Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, con fundamento en que no le asistió razón a la parte demandante al afirmar que la entidad demandadaRadicado: 11001-03-15-000-2022-03798-00

Demandante: Jairo Ávila

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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omitió el deber legal de ejer cer el control y vigilancia en este caso de Cooperativa JOREPLAT porque, además, no existen elementos que permitan concluir que, si se hubiera realizado una auditoria o visita de inspección en el último trimestre de 1996, -cuando según el dictamen pericial rendido dentro del presente proceso afirm ó que la Corporación inició su decrecimiento por irregularidades no aportadas -, no se hubiera sometido a la entidad intervenida a su liquidación, por el contrario , observ ó una grave negligenc ia de los órganos directivos (Gerente – Miembros del Comité de Administración) y de control interno de la entidad (Junta de vigilancia y Revisor fiscal), quienes fueron sancionados por parte de la Superintendente delegada para las entidades de economía solidaria con actividad financiera. La decisión fue notificada de manera electrónica el 13 de mayo de 2020.

fiscal), quienes fueron sancionados por parte de la Superintendente delegada para las entidades de economía solidaria con actividad financiera. La decisión fue notificada de manera electrónica el 13 de mayo de 2020.

El apoderado de la parte demandante, en el mes de julio de 2020, ejerció solicitud de revisión eventual de la sentencia del 12 de mayo de 2020, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en auto del 12 de enero de 2021, remitió el expediente al Consejo de Estado, para que se proveyera sobre su admisión.

La Sección Quinta del Consejo de Estado, en auto del 10 de junio de 2021, no seleccionó para revisión la sentencia del 12 de mayo de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, porque la revisión eventual no es el escenario ni el me canismo idóneo para controvertir los errores de apreciación probatoria que los actores endilgaron al juez de instancia y que no fueron admitidos al resolver la impugnación y, porque, en todo caso, no se acreditó que la providencia dictada por el tribunal h aya sido opuesta a una sentencia de unificación o a jurisprudencia reiterada de la Corporación que imp usiera su selección. La providencia fue notificada por estado del 16 de junio de 2021.

El 22 de junio de 2021, el apoderado judicial radicó solicitud de insistencia y la Sección Quinta del Consejo de Estado, en auto del 15 de diciembre de 2021, no accedió. Actuación que fue notificada el 11 de enero de 2022, mediante correo electrónico.

3. Argumentos de la acción de tutela

Sección Quinta del Consejo de Estado, en auto del 15 de diciembre de 2021, no accedió. Actuación que fue notificada el 11 de enero de 2022, mediante correo electrónico.

3. Argumentos de la acción de tutela

El demandante señala que en el presente caso se configuró el defecto fáctico, sin señalar de manera concreta a qué providencia endilga dicho yerro, sin embargo, lo sustentó en la deficiente e inadecuada valoración de los elementos probatorios, así como en la indebida aplicación de las reglas de la sana crítica. A su juicio, “de haber realizado, los operadores judiciales, la labor juiciosa de apreciación y valoración de los diferentes elementos probatorios, tales como: documentales, testimoniales e indiciaria, hubiese llegado a asegurar un certero y eficaz razonamiento que no es otro que la demostración del derecho que me asiste”.

Indicó que, desestimar la prueba pericial, en el sentido de no tener en cuenta la existencia de una evidente falla en el servicio por omisión en el control oportuno y la toma de posesión de la cooperativa JOREPLAT, constituye un defecto f áctico, más aún porque no existió una prueba que demostrara lo contrario “en cuanto a visitas o revisión más exhaustiva de la información financiera que permitiera conocer el estado real de la situación económica de la Entidad Cooperativa que hubiera permitido implementar medidas de control o precaver el desastre administrativo y de iliquidez que conllevó a la posterior liquidación de Joreplat”, lo que, según afirmó, conllevó a la pérdida de los ahorros de las personas

control o precaver el desastre administrativo y de iliquidez que conllevó a la posterior liquidación de Joreplat”, lo que, según afirmó, conllevó a la pérdida de los ahorros de las personas que depositaron su confianza en dicha Cooperativa.Radicado: 11001-03-15-000-2022-03798-00

Demandante: Jairo Ávila

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Se refirió a la sentencia del 26 de enero de 2022, proferida en el proceso con radicado número 05001233100020060047601 (42990), en la que la Se cción Tercera del Consejo de Estado indicó que: “No es admisible la posición de la Superintendencia según la cual quien realiza una inversión en el mercado de valores sabe que asume riesgos que debe soportar; los riesgos que asume son los relativos a la suerte de la inversión misma, no a la idoneidad del intermediario ni a su capacidad para responder por los perjuicios que cause. La autorización, el control y la vigilancia para el ejercicio de las funciones que están a cargo de la Superintendencia es la base sobre la cual quien realiza la inversión decide utilizar al intermediario. La existencia de riesgos con los ahorros e inversiones en dinero de los particulares es precisamente lo que motiva la vigilancia especial a cargo del Estado de esta actividad. Y el ejercicio de este control se le asigna a una entidad que tiene amplias facultades para realizarla

con los ahorros e inversiones en dinero de los particulares es precisamente lo que motiva la vigilancia especial a cargo del Estado de esta actividad. Y el ejercicio de este control se le asigna a una entidad que tiene amplias facultades para realizarla y, sobre todo, los conocimientos técnicos que le permiten analizar la información que recibe y detectar oportunamente a partir de determinados indicios (como los incrementos significativos en las utilidades), las irregularidades en la información y en las actividades del intermediario. La función de la Superintendencia no es simplement e de divulgación de la información que le presentan sus vigilados ni mucho menos de certificación de idoneidad de la misma ante los particulares, basada en la buena fe o en la presunción de legalidad de los informes. A la Superintendencia le corresponde, c on su particular experticia, realizar el análisis de la información que se le reporta y detectar oportunamente las irregularidades que evidencian la falta de veracidad; no cumple una labor simplemente formal relativa a verificar que la información se presenta a tiempo considerando que ella.”.

Finalmente, dijo que “se presentó un defecto fáctico al desconocer, sin siquiera ser objeto de estudio la pericia a la que me he referido a lo largo de este escrito, que sin duda alguna hubiese dado un viraje a la posición adoptada por los juzgadores de turno”.

4. Trámite Previo

El despacho sustanciador , en auto del 14 de julio de 2022, inadmitió la acción de tutela interpuesta y requirió al señor Jairo Ávila para que allegara la documentación que lo acreditara como representante de las demás personas que identificó en el escrito de tutela.

En auto del 12 de agosto de 2022, se admitió la acción de tutela en nombre propio

que lo acreditara como representante de las demás personas que identificó en el escrito de tutela.

En auto del 12 de agosto de 2022, se admitió la acción de tutela en nombre propio por el señor Jairo Ávila , se ordenó notificar al demandante, al Tribunal Administrativo del Valle y al Juzgado Trece Administrativo de Santiago de Cali y vincular como terceros con interés a los señores Oliva Cuero, Nayibe Solís Cuero, Leidy Salazar Bolaños, Gentil Salazar Bolaños, Estella Salazar Bolaños, Soraya Vergara Salazar, María Idali Lucio Valverde, Jairo Alberto López Valencia, Leonor Núñez De Varón, Juan Carlos Varón Núñez, Doris Salazar Jaramillo, Francisco Javier Hoyos Ramírez, Isabella Hoyos Salazar, Juan Sebastián Hoyos Salazar, Estefanía Giraldo Salazar, Luis Alberto Tabares Burgos, José Orlando Devia, Myriam Mosquera Hurtado, Maribel Devia Mosquera, Zulma Rosa Herrera Laverde, Ana Patricia Montilla Raigoza, Diana Isabel Ávila Montilla, Juan David Ávila Montilla, Natalia Ávila Montilla, Daniel Ávila, Fernando Tascón Mafla, Alejandro Tascón Ávila, Angélica María Bedoya Ospina, Ilian Bedoya Duque, María Genoveva Ospina De Bedoya, Adrián Bedoya Ospina y notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

5. Oposición

El Juzgado Trece Administrativo de Cali se refirió al trámite procesal que se le imprimió a la acción de grupo cuestionada, para posteriormente decir que no existe responsabilidad de ese despacho frente a la acción de tutela de la referencia.

El Juzgado Trece Administrativo de Cali se refirió al trámite procesal que se le imprimió a la acción de grupo cuestionada, para posteriormente decir que no existe responsabilidad de ese despacho frente a la acción de tutela de la referencia.

El Tribunal Administrativo del Valle guardó silencio.Radicado: 11001-03-15-000-2022-03798-00

Demandante: Jairo Ávila

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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6. Intervención de los terceros interesados

La Superintendencia de la Economía Solidaria se opuso a los hechos en que se sustentó la acción de tutela, se refirió a la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y afirmó que no se satisface el requisito de subsidiariedad, en tanto, los accionantes contaron con la acción de grupo para reclamar dineros que no pudieron hacer efectivos dentro del proceso de intervención para liquidar la Cooperativa JOREPLAT, diferente es, que el resultado haya sido desfavorable a sus intereses . Al respecto afirmó que la acción de tutela no puede ser empleada como un mecanismo judicial para continuar debatiendo argumentos o situaciones de hecho ya desatados por la jurisdicción contenciosa, a la espera de lograr una decisión en sentido contrario.

Igualmente, aleg ó que en el pres ente caso no se cumple con el requisito general

argumentos o situaciones de hecho ya desatados por la jurisdicción contenciosa, a la espera de lograr una decisión en sentido contrario.

Igualmente, aleg ó que en el pres ente caso no se cumple con el requisito general de inmediatez, porque la parte actora acude al mecanismo constitucional después de dos años y tres meses que se profirió la providencia objeto de reproche -del 12 de mayo de 2020-, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Los señores Jaime Hernando López, Estefanía Giraldo Salazar, Nayibe Solís Cuero, Doris Salazar Jaramillo, Francisco Javier Hoyos Ramírez, Isabella Hoyos Salazar, Juan Sebastián Hoyos Salazar, Luis Alberto Tabares Burgos, Angélica María Bedoya Ospina, Ilian Bedoya Duque, María Genoveva Ospina, Adrián Bedoya Ospina, Ana Patricia Montilla Raigoza, Natalia Ávila Montilla, José Orlando Devia, Myriam Mosquera Hurtado, Maribel Devia Mosquera y Juan Carlos Varón Núñez allegaron escritos en los que manifestaron coadyuvar las pretensiones de la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SAL A

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos

actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutelaRadicado: 11001-03-15-000-2022-03798-00

Demandante: Jairo Ávila

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 2 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales

2 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 3 y específicas 4 de procedencia de la acción de tutela.

Siendo así, a la Sala le corresponde establecer si en el presente caso se cumplen los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial descritos.

Problema jurídico

Mediante el ejercicio de la presente acción la parte actora cuestiona la providencia del 12 de mayo de 2020, mediante la que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó la decisión del 11 de junio de 2015, por medio de la cual el Juzgado Trece Administrativo de Cali negó las pretensiones de la acción de grupo, en la que obró como demandante el señor Jairo Ávila .

Pues, de la lectura del escrito de tutela y de los argumentos de inconformidad planteados por el actor, se evidencia que el defecto invocado se dirige en contra de la sentencia del 12 de mayo de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en cuanto cuestiona específicamente la valoración probatoria desplegada respecto del dictamen pericial que se aportó a ese proce so como elemento probatorio. De hecho, basta con ver el encabezado del referido escrito para advertir que el mecanismo constitucional se dirige de manera específica contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

En ese orden, corresponde a la Sala determinar si el presente asunto cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias

el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

En ese orden, corresponde a la Sala determinar si el presente asunto cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en particular el de inmediatez , que fue alegado como incumplido por la Superintendencia de Economía Solidaria, pues, solo en el evento en que se superen los requisitos generales de procedencia, procederá con el estudio del defecto invocado.

2 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de provid encias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente . (Se destaca) 3 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional ; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se t rate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez;