CE - 110010315000202203823011SENTENCIA20230302153915

Demandante: Brigitte Esmeralda Ramírez Torrres Demandados: Tribunal Administrativo del Huila y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-03823-01

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-03823-01

Demandante: BRIGITTE ESMERALDA RAMÍREZ TORRES

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial - confirma decisión de primera instancia que declaró la improcedencia de la acción por falta de agotamiento de todos los medios judiciales

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia de 3 de noviembre de 2022 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Con escrito radica do el 12 de julio de 2022, la señora Brigitte Esmeralda Ramírez Torres, por conducto de apoderada judicial , presentó acción de tutela contra el

1.1. La demanda

Con escrito radica do el 12 de julio de 2022, la señora Brigitte Esmeralda Ramírez Torres, por conducto de apoderada judicial , presentó acción de tutela contra el Tribunal Admi nistrativo del Huila y el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Neiva 1, con el fin de que se ampare n sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.

Las mencionadas garantías constitucionales las consideró v ulneradas con ocasión de la s providencias de 29 de noviembre de 2013 dictada por el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Neiva y de 19 de mayo de 2022 expedida por el Tribunal Administrativo del Huila , mediante las cuales se negó las pretensiones de la demanda de reparación directa y se confirmó tal decisión,

1 Se precisa que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva fue la autoridad judicial que, luego de culminada la medida de descongestión, asumió el conocimiento del proceso en el cual se dictó la sentencia acusada y fue a quien se le notificó del auto admisorio con oficios de 19 y 28 de julio de 2022.Demandante: Brigitte Esmeralda Ramírez Torrres Demandados: Tribunal Administrativo del Huila y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-03823-01

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

respectivamente, en el marco del medio de control de reparación directa promovid o

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

respectivamente, en el marco del medio de control de reparación directa promovid o por la tutelante contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, Polic ía Nacional, el departamento del Huila y el municipio de Campoalegre. Dicho proceso se identificó con el radicado 41001-33-31-003-2007-00074-01.

1.2. Pretensiones

Las peticiones de la demanda de tutela son las siguientes:

“1. Con fundamento en los hech os relacionados, Se solicita a los señores Magistrados del Honorable CONSEJO DE ESTADO Tutelar los derechos fundamentales de Igualdad, Indebida valoración de las pruebas y Desconocimiento del Precedente judicial.

2. Disponer y ordenar al Juzgado Cuarto Ad ministrativo de Descongestión de Neiva, dejar sin efecto la Sentencia de Primera Instancia del 29 de noviembre del 2013.

3. Disponer y ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, Sala Segunda de Decisión que se revoque la Sentencia de Segund a Instancia del 18 de mayo de 2022 y por el contrario se dicte una Sentencia completa y no parcial de indemnización a favor de la señora BRIGITTE ESMERALDA RAMIREZ TORRES, por el asesinato de su familia (…)”. (Sic para la cita)

1.3. Hechos

La solicitud de tutela se sustentó en los siguientes supuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

su familia (…)”. (Sic para la cita)

1.3. Hechos

La solicitud de tutela se sustentó en los siguientes supuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

La señora Brigitte Esmeralda Ramírez Torres informó que el 19 de junio de 2007 promovió el medio de control de re paración directa con ocasión del fallecimiento de su hija y de su compañero permanente, en los hechos ocurridos el 10 de julio de 2005 en el municipio de Campoalegre (Huila).

Indicó que, en la referida fecha, se encontraban reunidos en el restaurante “Puertas del sol ” en un evento para la socialización de un programa de vivienda de interés social en el que participaron algunos concejales del referido ente territorial, al cual arribaron integrantes de las FARC y los atacaron.

Señaló que, la demanda inicia lmente se distinguió con el radicado 41001 -33-31-0032007-00248-00; fue ejercida contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y el municipio de Campoalegre; y le correspondió en primera instancia al Juzgado Tercero Administrativo del Circuit o Judicial de Neiva, autoridad que mediante auto de 6 de octubre de 2011 remitió el expediente al Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Neiva, en cumplimiento de loDemandante: Brigitte Esmeralda Ramírez Torrres Demandados: Tribunal Administrativo del Huila y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-03823-01

3

Demandados: Tribunal Administrativo del Huila y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-03823-01

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

estipulado en el Acuerdo N.º PSSAA11 -8626 de 19 de septie mbre de 2011 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

Luego, agregó que, a través de la providencia de 27 de agosto de 2012, el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Neiva dispuso la acumulación de este proceso al expediente N.º 41001 -33-31-003-2007-00074-00, el cual era promovido por los señores Martha Cecilia Vargas Torres , Cristián Mauricio Silva Vargas y Lina Marcela Silva Vargas, contra las mismas autoridades y, además, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el departamento del Huila.

En ese orden, a dujo que la primera instancia la resolvió el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Neiva mediante sentencia de 29 de noviembre de 2013, en el sentido de negar las pretensiones de la demanda, luego de considerar que el fallecimiento de sus familiares ocurrió por circunstancias ajenas a las funciones del señor Mirtiliano Silva Chacón como miembro del Concejo del municipio de Campoalegre, aunado a que los asistentes a dicha congregación no solicitaron el acompañamiento de las autoridades respectivas. Finalmente, el juzgado concluyó que se configuró la causal eximente de responsabilidad conocida como

del municipio de Campoalegre, aunado a que los asistentes a dicha congregación no solicitaron el acompañamiento de las autoridades respectivas. Finalmente, el juzgado concluyó que se configuró la causal eximente de responsabilidad conocida como hecho de un tercero , debido a que los encausados penal mente manifestaron haber actuado con el propósito de infundir miedo en la comunidad.

Aseguró que, contra la anterior decisión su apoderado presentó de manera extemporánea el recurso de apelación , por tanto, con providencia de 22 de enero de 2014, este mecanismo fue rechazado.

Refirió que , los otros demandantes del proceso acumulado sí ejercieron oportunamente el referido me dio de defensa judicial, el cual fue desatado por el Tribunal Administrativo del Huila con el fallo de 19 de mayo de 2022, en el sentido de confirmar lo dispuesto por el a quo.

Informó que el 28 de enero de 2015 promovió un incidente de nulidad contra la providencia de 22 de enero de 2014 por medio de la cual se rechazó la apelación, oportunidad en la cual aseguró que en el cómputo de l a ejecutoria de la sentencia de primera instancia hubo un error. Lo anterior fue negado en providencia de 25 de mayo de 2015 , debido a que los reproches debieron alegarse dentro del término de ejecutoria y no después de transcurrido más de un año.

Finalmente, precisó que ejerció el recurso de reposición contra el auto de 25 de mayo de 2015, el cual también se le resolvió de manera desfavorable.Demandante: Brigitte Esmeralda Ramírez Torrres Demandados: Tribunal Administrativo del Huila y otro

mayo de 2015, el cual también se le resolvió de manera desfavorable.Demandante: Brigitte Esmeralda Ramírez Torrres Demandados: Tribunal Administrativo del Huila y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-03823-01

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.4. Fundamentos de la solicitud

La señora Brigitte Esmeralda Ramírez Torres aseveró que las decisiones censuradas incurrieron en los siguientes defectos:

1.4.1. Desconocimiento del precedente y del derecho a la igualdad , comoquiera que en la sentencia de 30 de julio de 2015 2 dictada por el Tribunal Administrativo del Huila, se accedió al reconocimiento de la in demnización de los perjuicios ocasionados con el deceso de la esposa del entonces presidente del Concejo del municipio de Campoalegre, en el marco de los mismos hechos.

Por ello, agregó que “ existe una total y flagrante violación de derecho a la igualdad de indemnización hacia la señora BRIGITTE ESMERALDA RAMIREZ TORRES en contra de los accionados (…) Tribunal que desconoció su propio precedente judicial al no tener en cuenta, que este caso estaba estrechamente vinculado con la Sentencia a favor del señor LIBARDO CARVAJAL OLAYA, por tratarse de los mismos hechos de tiempo, modo y lugar ”. (Sic para la cita)

1.4.2. Violación directa de la Constitución , en atención a que se desco noció el

CARVAJAL OLAYA, por tratarse de los mismos hechos de tiempo, modo y lugar ”. (Sic para la cita)

1.4.2. Violación directa de la Constitución , en atención a que se desco noció el artículo 4.º de la Constitución Política en el que se establece que, en caso de incompatibilidad entre esta y la ley, deben aplicarse las normas superiores , concretamente el derecho a que a la accionante se le resuelva el proceso judicial de reparación directa con observancia de su garantía a la igualdad.

1.4.3. Defecto fáct ico debido a que en el plenario sí obraban pruebas que conducían a demostrar que el ataque de los integrantes de las FARC estaba dirigido contra los miembros del Consejo del municipio de Campoalegre, habida cuenta de que estos representaban al Estado, en el ejercicio de sus funciones.

Particularmente, indicó que con el testimonio del señor Libardo Carvajal Olaya, quien se desempeñaba como presidente de la pluricitada Corporación, se evidenciaba que este había resultado gravemente herido y que su esposa fal leció, tal como aconteció con el secretario del Consejo municipal, relato que expuso su hija Xiomara Lizzette Silva Ramírez.

Al respecto, agregó : “Pues en esta recepción de testimonio del día 11 de agosto de 2009 quedo demostrado que el asesinato del señor MIRTILIANO SILVA CHACON fue producto de la reunión del 10 de julio de 2005 (…) ya que en calidad de secretario del consejo acompañaba a los honorables concejales de la época (…) Así mismo responde el

2 No se precisó el número de radicado.Demandante: Brigitte Esmeralda Ramírez Torrres

acompañaba a los honorables concejales de la época (…) Así mismo responde el

2 No se precisó el número de radicado.Demandante: Brigitte Esmeralda Ramírez Torrres Demandados: Tribunal Administrativo del Huila y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-03823-01

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

testimonial, que la aludid a reunión fue producto de un a orden directa de la presidencia del concejo”. (Sic para la cita)

Adicionó que sí existía el informe o denuncia de amenazas contra los miembros del Consejo del municipio de Campoalegre, puesto que ello consta en el numeral 2.8 . de la página 2.ª de la sentencia dictada por el “Juzgado Administrativo de Neiva”, en donde se expuso que “ el señor LIBARDO CARVAJAL OLAYA presidente del Concejo Municipal, había rendido constancia ante personería municipal el día 27 de mayo de 2004, manifestando que solicitaba el apoyo por parte del Ministerio del Interior y demás autoridades para residenciarse fuera del municipio, porque temía por su vida y la de su familia porque eran víctimas del conflicto armado (…) situación de riesgo directo y continuo”. (Sic para la cita)

Finalmente, arguyó que constituía un hecho notorio que en la época de los hechos dañosos, las FARC secuestraban y asesinaban a los gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y toda clase de funcionarios, por tanto, a su juicio, es claro que

dañosos, las FARC secuestraban y asesinaban a los gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y toda clase de funcionarios, por tanto, a su juicio, es claro que el ataque ocurrido el 10 de julio de 2005 “ si (sic) se estaba exclusivamente dirigido hacia los concejales que estaban presentes en este lugar, por ser igualmente objetivos primordial de guerra y debilitamiento hacia el gobierno, ponderándose entonces, estos supuestos en fuerza vinculante para endilgarle responsabilidad y falla del servicio al Estado”.

1.5. Trámite de la acción en primera instancia

Mediante providencia de 13 de julio de 2022, la magistrada ponente del primer grado admitió la acción de tutela de la referencia; ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Huila y a la judicatura que hubiera asumido el conocimiento de los procesos del Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Neiva 3; dispuso la vinculación en calidad de terceros con interés de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, del Ministerio de l Interior, del Ministerio de Justicia y del Derecho, del departamento del Huila, del municipio de Campoalegre [autoridades demandadas en el proceso acum ulado de reparación directa ]4; y de los señores Cristian Mauricio Silva Vargas, Lina Marcela Silva Vargas y Martha Cecilia Vargas Torres [otros demandantes del proceso ordinario]5.

De otro lado, se dispuso la notificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de conformidad con lo establecido en el artículo 610 del CGP, y se le reconoció personería jurídica a la abogada Paola Jazmín Fierro Torres para representar a la parte actora en el asunto de la referencia.

Estado de conformidad con lo establecido en el artículo 610 del CGP, y se le reconoció personería jurídica a la abogada Paola Jazmín Fierro Torres para representar a la parte actora en el asunto de la referencia.

3 Hoy Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva. 4 Entidades notificadas a través de oficios enviados el 18 y 28 de julio de 2022. 5 Notificados mediante el oficio de 5 de agosto de 2022.Demandante: Brigitte Esmeralda Ramírez Torrres Demandados: Tribunal Administrativo del Huila y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-03823-01

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.6. Contestaciones

1.6.1. Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional

El jefe de la Oficina Jurídica solicitó que se declare la improcedencia del mecanismo constitucional respecto a la entidad que representa, ante la inexistencia de la vulneración alegada de derechos fundamentales por parte de esta.

Luego de citar apartes de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Huila de 18 de mayo de 2022, aseguró que las autoridades censuradas no incurrieron en los defectos alegados por la señora Ramírez Torres, comoquiera que se demostró en el proceso de reparación directa la causal eximente de responsabilidad de hecho de un tercero con fundamento en las declaraciones rendidas en el proceso penal , debido a que los encausados aceptaron la responsabilidad por la muerte d e los

el proceso de reparación directa la causal eximente de responsabilidad de hecho de un tercero con fundamento en las declaraciones rendidas en el proceso penal , debido a que los encausados aceptaron la responsabilidad por la muerte d e los familiares de la actor a y reconocieron que los hechos denunciados devenían de la estrategia terrorista de las FARC para provocar temor en la comunidad en general.

1.6.2. Departamento del Huila

La directora jurídica peticionó e l despacho negativo de las pretensiones de l medio tutelar de la referencia , habida cuenta de que no se acreditó la existencia de las causales generales y especiales de procedibilidad de la acción.

Concretamente, advirtió que no se configuró el defecto fáctico por cuanto las pruebas testimoniales a las que se hizo referencia sí fueron atendidas de manera integral por los jueces de instancia. En ese orden, agregó que, respecto al señor Mirtiliano Silva Chacón, este no informó a las autoridades correspondientes que estaría en la reunión de 10 de julio de 2005 con su hija.

Finalmente, recalcó que no se transgredió el derecho a la igualdad con la expedición de la sentencia a través de la cual se resolvió el proceso promovido por el señor Libardo Carvajal Olaya, comoquiera que del a cervo probatorio y del ejercicio de la autonomía judicial, la decisión de 18 de mayo de 2022 no es desconocedora del principio del debido proceso y del derecho de defensa y contradicción.

1.6.3. Ministerio de Justicia y del Derecho

El director jurídico solicitó la desvinculación de la entidad, por cuanto a su juicio,

principio del debido proceso y del derecho de defensa y contradicción.

1.6.3. Ministerio de Justicia y del Derecho

El director jurídico solicitó la desvinculación de la entidad, por cuanto a su juicio, carece de legitimación en la causa por pasiva . Ello, debido a que los cargos están dirigidos a atacar las decisiones dictadas en el marco del proceso de reparación directa y, por tanto, las p retensiones elevadas por la parte tutelante escapan de la esfera funcional de su competencia.Demandante: Brigitte Esmeralda Ramírez Torrres Demandados: Tribunal Administrativo del Huila y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-03823-01

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.7. Fallo impugnado6

Mediante providencia de 3 de noviembre de 2022, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, declaró improcedente la solicitud de amparo promovid a por la señora Brigitte Esmeralda Ramírez Torres, luego de establecer que no satisface el análisis del requisito especial de procedibilidad de agotamiento de todos los medios judiciales.

Lo anterior, por cuanto el extremo activo tuvo a su disposición el recurso de apelación para exponer sus argumentos disidentes frente al fallo de primer grado y, en ese sentido, advirtió que no es factible el estudio de su demanda por parte del juez constitucional debido a que este medio es de naturaleza subsidiaria, es d ecir, solo procede ante la inexistencia de otra vía judicial, con la cual contó y dejó perecer.

juez constitucional debido a que este medio es de naturaleza subsidiaria, es d ecir, solo procede ante la inexistencia de otra vía judicial, con la cual contó y dejó perecer.

Para tal efecto, precisó que la sentencia de 29 de noviembre de 2013 dictada por el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Ne iva fue notificada por edicto desfijado el 9 de diciembre de la misma anualidad, y esta decisión fue apelada por la parte demandante del expediente N.º 41001 -33-31-0002007-00074-00. Sin embargo, señaló que:

“(…) el apoderado de la señora Brigitte Esmeralda Ramírez Torres presentó el recurso de apelación el 17 de enero de 2014 , el cual fue rechazado por auto de 22 de enero de 2014 por ser extemporáneo, en tanto el término para presentar el recurso de apelación, teniendo en cuenta que el edicto fue fijado p or cinco días el 5 de diciembre de 2013, venció el 15 de enero de 2014.

También, se observa que el 28 de enero de 2015 la señora la señora (sic) Brigitte Esmeralda Ramírez Torres presentó solicitud de nulidad del auto de 22 de enero de 2014, al considerar que resultaba erróneo rechazar por extemporáneo el recurso de apelación en tanto los términos fueron calculados erróneamente por hechos atribuibles al propio Juzgado y no a la parte demandante.

Por auto de 25 de mayo de 2015, el Juzgado Cuarto Administra tivo de Descongestión del Circuito de Neiva negó esa solicitud, al considerar que los reproches contra el auto

al propio Juzgado y no a la parte demandante.

Por auto de 25 de mayo de 2015, el Juzgado Cuarto Administra tivo de Descongestión del Circuito de Neiva negó esa solicitud, al considerar que los reproches contra el auto que rechazó el recurso de apelación debieron alegarse durante el término de ejecutoria de dicha providencia, sin embargo, el término de traslado venció en silencio por lo que, afirmó, no era de recibo que trece meses después se formule una petición en ese sentido.

De acuerdo con lo anterior, el expediente fue remitido al Tribunal Administrativo del Huila para surtir el trámite de segunda instancia , pero únicamente en relación con el recurso de apelación presentado por Martha Cecilia Vargas Torres (…) Así, por sentencia de 19 de mayo de 2022 confirmó la decisión recurrida bajo los mismos argumentos”. (Énfasis del texto)

6 La notificación de la decisión fue enviada electrónicamente el 10 de noviembre de 2022.Demandante: Brigitte Esmeralda Ramírez Torrres Demandados: Tribunal Administrativo del Huila y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-03823-01

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Adicionó que la norma aplicable al caso era el C ódigo Contencioso Administrativo debido a que la demanda se presentó el 19 de junio de 2007 , estatuto en el que se “(…) establece que las sentencias proferidas en primera instancia son apelables (art. 181) y

debido a que la demanda se presentó el 19 de junio de 2007 , estatuto en el que se “(…) establece que las sentencias proferidas en primera instancia son apelables (art. 181) y que el término para tal efecto era de tres (3) d ías siguientes a la notificación (art. 352 del Código de Procedimiento Civil). No obstante, en el caso bajo análisis, el medio de impugnación se presentó de manera extemporánea, por lo que por auto de 22 de enero de 2014 el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito de Neiva lo rechazó”.

También resaltó que la parte demandante contó, además, con el recurso de queja que establecía el artículo 377 del Código de Procedimiento Civil, empero, el término de ejecutoria del auto que rechazó la apelación venció en silencio “y solo hasta casi un año después, el 28 de enero de 2015, la accionante a través de su apoderado judicial, intervino en el proceso para solicitar la nulidad del auto que rechazó por extemporáneo el recurso, lo cual fue negado”.

1.8. Impugnación

Con memorial allegado oportunamente el 16 de noviembre de 2022, la señora Brigitte Esmeralda Ramírez Torres solicitó que se revoque la decisión adoptada en la primera instancia y que se amparen sus derechos fundamentales.

En aras de sust entar su petición, insistió en el yerro fáctico al señalar que con la demanda se aportaron pruebas documentales y testimoniales que demostraban que el señor Mirtiliano Silva Chacón “ si se hallaba como secretario del concejo municipal de Campoalegre Huila ejerciendo labores de su cargo y orden directa del mismo presidente del

demanda se aportaron pruebas documentales y testimoniales que demostraban que el señor Mirtiliano Silva Chacón “ si se hallaba como secretario del concejo municipal de Campoalegre Huila ejerciendo labores de su cargo y orden directa del mismo presidente del concejo y corporación edílica por ser una convocatoria oficial para resolver una problemática de interés social”. (Sic para la cita)

Concretamente, se refirió al testimonio del señor L ibardo Carvajal Olaya , que en la época de los hechos se desempeñaba como presidente del Concejo del municipio de Campoalegre, debido a que su relato “ es la base sólida y esencial que vislumbra la verdad del pre y pos horrible hecho trágico acontecido el día 10 de julio de 2005”.

De otro lado , agregó que el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Neiva cometió un error al señalar en la respectiva constancia secretarial de 11 de diciembre de 2013 , que la desfijación del edicto por medio del cual se notificó la sentencia de primer grado en el proceso ordinario ocurrió el 9 de diciembre de 2013 a las 6:00 p.m., y que los días 7 y 8 del mismo mes y año no eran hábiles.

Luego, indicó que mediante auto de 22 de enero de 2014 7, la referida judicat ura expuso:

7 Por el cual se rechazó el recurso de apelación.Demandante: Brigitte Esmeralda Ramírez Torrres Demandados: Tribunal Administrativo del Huila y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-03823-01

9

Demandados: Tribunal Administrativo del Huila y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-03823-01

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

“(…) se tiene que por error involuntario de la secretaría en la desfijación del edicto, se iniciaron a contar los términos para interponer los recursos de ley el día 11 de diciembre de 2013, cuando la fecha real de desfijación del mismo debió ser de fecha 10 de diciembre de la misma anualidad, agotando así, el término para interponer la alzada de ley correspondiente es el 15 de enero de 2014 a las 6 pm y no el 16 de enero del mismo. Así encuentra el Juzgado que el apoderado de la señora Brigitt e Esmeralda Ramírez allega recurso de apelación de forma extemporánea”. (Sic para la cita)

En ese sentido, adujo que la extemporaneidad del mecanismo de alzada obedeció al error del juzgado censurado y no del apoderado que la representaba en ese momento, quien se orientó en el cómputo del plazo para contradecir la decisión judicial, según la constancia secretarial de 11 de diciembre de 2013.

Agregó que la autoridad judicial, pese a aceptar que falló en este aspecto procesal, no subsanó tal inconveniente en procura de garantizar el debido proceso de la demandante y de esta forma dar continuidad al proceso en la segunda instancia.

Finalmente, r esaltó que el a quo constitucional declaró la improcedencia de la

no subsanó tal inconveniente en procura de garantizar el debido proceso de la demandante y de esta forma dar continuidad al proceso en la segunda instancia.

Finalmente, r esaltó que el a quo constitucional declaró la improcedencia de la solicitud de amparo con base en la contabil ización errada del término de ejecutoria de la sentencia, realizada por el juez reprochado.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la señora Brigitte Esmeralda Ramírez Torres contra la sentencia de 3 de noviembre de 2022 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado , de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 20218, así como el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1. Es preciso aclarar que, si bien en este asunto la parte actora demandó las dos providencias que definieron la primera y la segunda instancia del proceso ordinario, lo cierto es que la Sala analizará el asunto a partir de la decisión adoptada por el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Neiva.

Lo anterior obedece a que, no es posible soslayar que fue con el fallo de primera instancia, de 29 de noviembre de 2013 , que se resolvió de manera definitiva la

8 Vigente desde el 6 de abril de 2021. Antes de esa fecha, regía en Decreto 1983 de 2017.Demandante: Brigitte Esmeralda Ramírez Torrres Demandados: Tribunal Administrativo del Huila y otro

8 Vigente desde el 6 de abril de 2021. Antes de esa fecha, regía en Decreto 1983 de 2017.Demandante: Brigitte Esmeralda Ramírez Torrres Demandados: Tribunal Administrativo del Huila y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-03823-01

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

situación jurídica de la señora Brigitte Esmeralda Ramírez, en el sentido de negar las pretensiones de su demanda de reparación directa , comoquiera que no se surtió el recurso de alzada, luego tal decisión quedó en firme e hizo tránsito a cosa juzgada frente a la actora.

Bajo este escenario, si en principio se atiende a las reglas de reparto de las acciones de tutela , al Consejo de Estado no le correspondería conocer de la solicitud de amparo, habida cuenta de que la vul neración de las garantías fundamentales de la señora Ramírez Torres , presuntamente se derivan de la decisión adoptada por el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Neiva, luego, la asignación de l mecanismo de protección con stitucional deb ió hacerse al interior del Tribunal Administrativo del Huila.

Ello, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 379 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1. 10 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

379 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1. 10 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

Sin embargo, la Corte Constitucional, de manera reiterada11, ha indicado que:

“(…) según la jurisprudencia pa cífica de esta Corporación, las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, de ninguna manera constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, sino únicamente pautas de reparto de las acciones de tutela . Ello implica q