CE - 110010315000202203923011SENTENCIA20230509142918

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03923-01

Accionante: JOHN JAIRO ORTEGA ORTEGA

Accionados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – SE CONFIRMA EL FALLO IMPUGNADO – Se declara improcedente por inboservancia del requisito general y formal de procedencia atinente a la subsidiariedad en el caso sub judice

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra del fallo de tutela del 28 de febrero de 2023, proferido por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El ciudadano John Jairo Ortega Ortega, quien actúa en causa propia, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales «[…] a la vida, a la igualdad, a la salud, al debido proceso, a la defensa, al acceso a la administración de justicia, a la lealtad, la honestidad, la buena fe y la confianza legítima en la administración de justicia y en el actuar procesal; a tener una familia, a la vida digna, al trabajo, a la seguridad

la honestidad, la buena fe y la confianza legítima en la administración de justicia y en el actuar procesal; a tener una familia, a la vida digna, al trabajo, a la seguridad social, a no ser desterrado, al estudio, a todos y cada uno de los derechos humanos que como persona natural y ciudadano tiene un colombiano, por confiar en los ofrecimientos del Estado y en los organismos de ese mismo Es tado […]», cuya vulneración le atribuyó a la Presidencia de la República, al Ministerio de Defensa Nacional, a la Fiscalía General de la Nación - Unidad para la Extinción del Derecho y Lavado de Activos, a la Fiscalía Treinta y Uno de Extinción de Dominio y al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia, en razón a la falta de pago de la recompensa ofrecida por denunciar y entregar bienes de origen ilícito bajo el dominio de grupos al margen de la ley.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por la parte accionante, los hechos y razones que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:2

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03923-01

Accionante: John Jairo Ortega Ortega

2.1. Relató que fue testigo e informante en los procesos judiciales con radicados Nos. 5290 y 6486, adelantados por la Fiscalía 31 de Extinción del Derecho y Lavado de Activos, y relacionados con las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC; razón por la cual solicitó el pago de la recompensa -como retribuciónen los

Lavado de Activos, y relacionados con las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC; razón por la cual solicitó el pago de la recompensa -como retribuciónen los términos del artículo 6° de la Ley 793 del 20021.

2.2. Comentó que compareció a varias entrevistas ante la referida Fiscalía, en las que estuvo presente la agente de policía Diana Yulieth Potes Rodríguez (de la SIJIN), quien fue la servidora que se encargó del trabajo de campo en las propiedades que se debían embargar y secuestrar, culminándose con la afectación de los bienes de la mencionada organización criminal.

2.3. Mencionó que, el mismo ente investigador, solicitó al D irector del programa de protección de testigos su inclusión en el programa en calidad de testigo protegido ; sin embargo, adujo que, en el año 201 3, r enunció a la protección suministrada debido a que tuvo algunos inconvenientes y problemas con el personal adscrito a la unidad de protección, asignados a su resguardo.

2.4. Indicó que , pese a manifestarle a la Fiscalía 31 en varias oportunidades su voluntad de seguir colaborando, ello fue ignorado, dejando que el proceso judicial avanzara sin requerir su información; profiriéndose posteriormente la sentencia de fecha 15 de junio de 2022, dictada por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinc ión de Do minio de Antioquia, en la que se le negó el reconocimiento del incentivo económico reclamado.

2.5. Argumentó, para finalizar, que los derechos fundamentales invocados le fueron vulnerados, debido a que estas situaciones dejan en abandono a los inform antes,

reconocimiento del incentivo económico reclamado.

2.5. Argumentó, para finalizar, que los derechos fundamentales invocados le fueron vulnerados, debido a que estas situaciones dejan en abandono a los inform antes, testigos o colaboradores de la justicia; resaltando que, en su caso en particular, ha dedicado más de diez (10) años a huir y a esconderse d e las personas que han sido condenadas y a quienes se les ha expropiado y extinguido sus bienes mal habidos, pues, como aparece comprobado documentalmente, según su dicho, ha sido amenazado de muerte.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] 1. Basado en lo narrado en hechos precedentes y en las anotaciones de jurisprudencia y normativas vigentes, solicito del (a) señor (a) MAGISTRADO (a) de Tutela, SE ME TUTELE la protección de mis derechos constitucionales fundamentales de DERECHO A LA VIDA, A LA IGUALDAD, LA SALUD, AL DEBIDO PROCESO, A LA DEFENSA, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A LA LEALTAD, LA HONESTIDAD, LA BUENA FE Y LA CONFIANZA LEGÍTIMA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y EN EL ACTUAR PROCESAL, A TENER UNA FAMILIA, A LA VIDA DIGNA, AL

TRABAJO, A LA SEGURIDAD SOCIAL, A NO SER DESTERRADO, AL

1 Por la cual s e deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen las reglas que go biernan la extinción de dominio .

TRABAJO, A LA SEGURIDAD SOCIAL, A NO SER DESTERRADO, AL

1 Por la cual s e deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen las reglas que go biernan la extinción de dominio . Salvo el artículo 18, derogada a partir del 20 de julio de 2014, por el artículo 218 de la Ley 1708 de 2014.3

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03923-01

Accionante: John Jairo Ortega Ortega

ESTUDIO, A TODOS Y CADA UNO DE LOS DERECHOS HUMANOS QUE

COMO PERSONA NATURAL Y CIUDADANO TIENE UN COLOMBIANO, POR CONFIAR EN LOS OFRECIMIENTOS DEL ESTADO Y EN LOS ORGANISMOS DE ESE MISMO ESTADO; violados, conculcados y vulnerados por el GOBIERNO NACIONAL (PRESIDENCIA), MINISTERIO DE

LA DEFENZA, FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN, UNIDAD PARA LA

EXTINCIÓN DEL DERECHO Y LAVADO DE ACTIVOS DE LA FISCALIA

GENERAL DE LA NACIÓN, FISCALÍA 31 ED, JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE ANTIOQUIA, mediante la exclusión y negativa del pago de la recompensa que se plasmó por el juez en la sentencia de extinción de dominio de fecha 15 de junio de 2002.

2. ORDENAR A LAS ENTIDADES ACCIONADAS, que se proceda a reconocerme como así lo han hecho en algunos documentos obrantes en las carpetas aludidas en los hechos, como testigo y colaborador con las instituciones accionadas, para que se me garantice EL PAGO DE MI

reconocerme como así lo han hecho en algunos documentos obrantes en las carpetas aludidas en los hechos, como testigo y colaborador con las instituciones accionadas, para que se me garantice EL PAGO DE MI RECOMPENSA, Disponer, Ordenar y Adelantar desde ahora y de forma inmediata y eficaz, todos los procedimientos que sean necesarios para que el Estado Colombiano-Fiscalía General de la Nación, cumpla la ley, cumpla su Convenio o Pacto conmigo realizado por mi colaboración eficaz, cumpla su función y convenio y GARANTICE Y REALICE EL PAGO DE LA

RECOMPENSA QUE ME ADEUDA, LA CUAL ES UN DERECHO

ADQUIRIDO PARA MÍ.

3. ORDENAR QUE DICHA RECOMPENSA que por mi colaboración eficaz con la fiscalía, SE LIQUIDE SOBRE TODOS Y CADA UNO DE LOS BIENES EMBARGADOS Y SECUESTRADOS, dentro de las carpetas y procesos multi pluricitados, los mismos que fueron extinguidos y sobre aquellos, que también fueron embargados y secuestrados en base a mi información eficaz, y que fueron, posteriormente, entregados por postulados a justicia y paz, para el fondo de reparación a víctimas del conflicto armado, pero que realmente, dichos bienes fueron embargados y secuestrados también, por mi efectiva colaboración como testigo muchos años antes de ser entregados por los postulados a justicia y paz, y entonces, cómo los entes gubernamentales aceptan que los postulados a justicia y paz, entreguen bienes que se encuentran embargados y secuestrados y que fueron, como se dijo denunciados por el testigo muchos años antes y que a la postre, en la citada sentencia se reconocieron también como bienes adquiridos ilegalmente.

encuentran embargados y secuestrados y que fueron, como se dijo denunciados por el testigo muchos años antes y que a la postre, en la citada sentencia se reconocieron también como bienes adquiridos ilegalmente.

4. QUE SE ORDENE a quien corresponda, que, en un término perentorio, SE

PROCEDA AL PAGO EFECTIVO DE DICHA RECOMPENSA AL ACCIONANTE, Y DE SER PROCEDENTE, CON SUS RESPECTIVOS INTERESES Y/O INDEXACIÓN […]. (Negrillas por fuera del texto)

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado , a través de l consejero sustanciador del proceso y mediante aut o de 27 de enero de 2023, admitió la presente acción de tutela.

V. INTERVENCIONES

5. Efectuadas las notificaciones a la s autoridades administrativas y judiciales accionadas y vinculadas, se advierte que se allegaron los siguientes informes:4

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03923-01

Accionante: John Jairo Ortega Ortega

5.1. La Coordinadora del Grupo de Gerencia de Defensa Judicial de la Presidencia de la República, rindió informe en el que solicitó la desvinculación del asunto, por falta de legitimación en la causa por pasiva ; afirmando que la acción de amparo instaurada era improcedente, en t anto no existe ningún hecho u omisión que le sea atribuible frente a quien predica la afectación de los derech os fundamentales invocados, y además, esgrimió que existen otros mecanismos ordinarios para acceder a las pretensiones del actor , que ciertamente no fueron agotados en el

sea atribuible frente a quien predica la afectación de los derech os fundamentales invocados, y además, esgrimió que existen otros mecanismos ordinarios para acceder a las pretensiones del actor , que ciertamente no fueron agotados en el caso de autos.

5.2. De manera subsidiaria a la solicitud anterior, deprecó que se negaran las pretensiones de la presente acción de tutela respecto de la Presidencia de la República, ante la inexistencia de una acción u omisión suya que pudiese generar alguna vulneración a los derechos fundamentales invocados por la parte accionante.

5.3. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia , por conducto de la Secretar ía adscrita a dicha oficina judicial, allegó informe con el que acompañó los expedientes correspondientes, y en el que manifestó est arse a lo r esuelto en la sentencia de primera instancia del proceso de extinción de dominio.

5.4. Indicó, además, que en el trámite del ra dicado interno No. 2021 -00026 (radicado de F iscalía 5290), se ordenó la extinción del derecho dominio de una sociedad, dos establecimientos de comercio, quince inmuebles y cuatro vehículos. Asimismo, informó que allí se resolvió no reconocer la retribución por colaboración efectiva al señor Jhon Jairo Ortega Ortega, frente a lo cual se expusieron las correspondientes razones en el acápite 7.3 de la referida providencia judicial.

5.5. Por último, resaltó que: «[…] La sentencia en comento fue oportunamente apelada y ulteriormente remitida al superior jerárquico, para lo de su competencia,

5.5. Por último, resaltó que: «[…] La sentencia en comento fue oportunamente apelada y ulteriormente remitida al superior jerárquico, para lo de su competencia, mediante Oficio del 1º de agosto de 2022 […]».

VI. FALLO IMPUGNADO

6. La Subsección B de la Sección Segunda del Cons ejo de Estado , mediante fallo de tutela de l 28 de febrero de 2023, resolvió declarar improcedente el amparo constitucional deprecado por la parte actora , luego de considerar que no se había satisfecho el requisito general relativo a la subsidiariedad, en el caso sub judice.

7. Para efectos de resol ver la presente controversia, el juez de amparo de ésta corporación, en su decisión de primer grado abordó , entre otros, los siguientes aspectos: i) cuestión previa asociada a la práctica de un testimonio solicitado, y ii) procedencia de la acción de tutela para lograr el pago de la recompensa establecida en el artículo 6 ° de la Ley 793 del 2002, ofrecida por denunciar y entregar bienes de origen ilícito bajo el dominio de grupos al margen de la ley.5

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03923-01

Accionante: John Jairo Ortega Ortega

8. En lo que se refiere a la resolución de la cuestión previa, arriba referenciada, el

a quo indicó lo siguiente:

[…] La Sala se permite aclarar, en cuanto a la solicitud del testimonio de la agente de policía Diana Yulieth Potes Rodríguez, qu e la misma resulta

a quo indicó lo siguiente:

[…] La Sala se permite aclarar, en cuanto a la solicitud del testimonio de la agente de policía Diana Yulieth Potes Rodríguez, qu e la misma resulta impertinente, toda vez que, como se explicará en los siguientes acápites, el proceso penal que dio origen a la pretensión de la recompensa aludida SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN CURSO , siendo éste el primer escenario donde debe definirse el derecho reclamado […]. (negrillas por fuera del texto)

9. Por otra parte, y en lo concerniente a establecer si la acción de amparo resultaba procedente para efectos de conseguir el fin económico perseguido por el extremo accionante, se aclaró que ello no era jurídicamente posible por esta vía; pues además de no satisfacerse el requisito de la subsidiariedad que reviste a este tipo de mecanismo subsidiario, lo cierto es que lo pretendido por el tutelante en la demanda incoada estaba siendo objeto de es tudio y análisis por parte de la especialidad de la jurisdicción penal , en segunda instancia ; correspondiendo el conocimiento de tal negocio al Tribunal Superior de Bogotá - Sala de Extinción de Dominio; por lo que d icho proceso judicial se encontraba en trámite y curso regular y, por ende, aún pendiente de su respectiva resolución.

10. Dilucidado todo lo anterior, y de scendiendo a la resolución del caso en concreto, la Sección Segunda , Subsección B, de esta corporación, concluyó lo

que a continuación se anota:

[…] la Sala considera que la existencia de un proceso judicial en curso hace que la tutela sea un mecanismo improcedente, pues en el sistema

que a continuación se anota:

[…] la Sala considera que la existencia de un proceso judicial en curso hace que la tutela sea un mecanismo improcedente, pues en el sistema jurídico no puede permitirse el paralelismo o la concurrencia de competencias entre el juez natural del asunto y el juez constitucional de acción de tutela, ni que el ciudadano puede elegir entre uno y otro, como aquí se propone.

Situación distinta es que el señor Jhon Jairo Ortega, una vez resuelta la segunda instancia en el referido proceso penal, decida acudir al juez de tutela al considerar vulnerados sus derechos fundamentales con lo allí resuelto; es decir, una vez el juez natural del asunto hubiere decidió de manera definitiva el asunto penal actualmente en trámite.

En ese orden de ideas, las pretensiones de la pr esente acción resultan a todas luces IMPROCEDENTES, ya que la autoridad judicial competente es el juez de extinción de d ominio, encargado de entrar a resolver el fondo del asunto planteado en segun da instancia […]. (destacado de la Sala)

11. Y, para finalizar, el a quo agregó que:

[…] Además, en el caso objeto de estudio no se encuentra acreditada una afectación irreparable al accionante ya que en el trámite del mencionado proceso de extinción de do minio del que reclama la respectiva retribución, no se encuentra siquiera sumariamente demostrada la configuración de una grave afectación de sus derechos fundamentales,6

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Accionante: John Jairo Ortega Ortega

configuración de una grave afectación de sus derechos fundamentales,6

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Accionante: John Jairo Ortega Ortega

el cual, se in siste, actualmente se encuentra en trámite de segunda instancia […]. (negrillas por fuera del texto original)

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

12. La parte actora impugnó el fallo de primera instancia, oportunidad en la que, además de reiterar los argumentos expuestos en el escrito inicial de la tutela

incoada, agregó los siguientes planteamientos:

[…] Se le solicitó por parte del accionante dentro de la acción de tutela con el debido argumento como prueba esencial, una PRUEBA TESTIMONIAL así:

“PRUEBA TESTIMONIAL : Su señoría, comedidamente, me permito solicitarle, que como prueba testimonial, la cual me parece de vital importancia para demostrar lo dicho respecto a mi eficaz colaboración, se llame a declarar a la agente de policía DIANA YULIETH POTES RODRIGUEZ (de la SIJIN), quien fue la funcionari a que se encargó del trabajo de campo y a quien el suscrito, entregó toda la documentación e información y siempre acompañó en dichas labores y fue quien guio y llevó a dicha funcionaria y a los d emás funcionarios y agentes de policía a los lugares, pro piedades o bienes que se debían embargar y secuestrar, con lo que se culminó la afectación de los bienes de la organización criminal y se dictó la respectiva sentencia.

La mencionada agente de la S IJIN, Investigadora Judicial, grupo extinción de

debían embargar y secuestrar, con lo que se culminó la afectación de los bienes de la organización criminal y se dictó la respectiva sentencia.

La mencionada agente de la S IJIN, Investigadora Judicial, grupo extinción de dominio, y quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 29.705.478.

Teléfono celular: 310 369 20 50, se puede ubicar en la Calle 72 No. 64 70 de

la ciudad de Medellín, Ant. y correo electrónico: diana.potes@correo.policia.gov.co Le reitero su señoría, que este testimonio será de vital importancia, para determinar y corroborar la eficaz colaboración del suscrito dentro del proceso de extinción de dominio que concluyó con la sentencia dictada el 15 de julio de 2022.”

Luego, mediante memorial dirigido al magistrado ponente, una vez conocida mediante notificación la admisión de la tutela, vehementemente se le solicita decretar la misma prueba testimonial:

[…]

Como respuesta a la solicitud de dicha PRUEBA TESTIMONIAL, el señor magistrado ponente en su fallo, indicó: “La Sala se permite aclarar, en cuanto a la solicitud del testimonio de la agente de policía Diana Yulieth Potes Rodríguez, que l a misma resulta impertinente, toda vez que, como se explicará en los siguientes acápites, e l proceso penal que dio origen la pretensión de la recompensa aludida se encuentra actualmente en curso, siendo éste el primer escenario donde debe definirse el derecho reclamado”.

PRUEBA TESTIMONIAL esta, que hubiera aclarado tanto al magistrado ponente como a la sala en pleno, que el accionant e tenía y tiene todo el

siendo éste el primer escenario donde debe definirse el derecho reclamado”.

PRUEBA TESTIMONIAL esta, que hubiera aclarado tanto al magistrado ponente como a la sala en pleno, que el accionant e tenía y tiene todo el derecho a reclamar la protección de sus derechos conculcados, a la vez, que ese testimonio daría plena cuenta de la verdad expuesta por el accionante en cuanto que por él y solo por él, se l ogró la incautación de todos y cada uno de los bienes embargados y secuestrados dentro de las carpetas referenciadas y que él sí aportó y allegó la documentación n ecesaria y requerida para tales efectos, pues así deberá obrar en dichas c arpetas, además de que así debe obrar en los informes rendido s por los efectivos de la DIJÍN, entre ellos, la de la agente de policía Diana Yulieth Pote s Rodríguez, que efectuaron, en compañía del accionante, todas las labore s de campo para la comprobación7

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03923-01

Accionante: John Jairo Ortega Ortega

de que la documentación aportada por el testig o, sí correspondía a los bienes mal habidos por las estructuras criminales investigadas (AUC).

Este TESTIMONIO, entonces, y los que el magistrado ponente hubiese decretado, luego del de la agente de policía mencionada, hubiese dado al traste con los resultados del fallo que se apela, y que a contrario sensu, el fallo que se debería haber pronunciado, sería, totalmente diferente al que se dictó, ello es, se hubiera protegido los derechos que se i ndican están siendo

traste con los resultados del fallo que se apela, y que a contrario sensu, el fallo que se debería haber pronunciado, sería, totalmente diferente al que se dictó, ello es, se hubiera protegido los derechos que se i ndican están siendo violados al accionante, pues, se hubiese reconocido a c abalidad el total servicio que el accionante le ha prestado a la justicia colombiana con su intervención efectiva dentro de las carpetas que por su obrar y actu ar se abrieron en contra de las AUC y que son el pilar de las extinciones de dominio en contra de dicho grupo delictivo […]. (Subrayas por fuera del texto original)

13. Y, adicionalmente, el memorialista agregó que:

[…] Si bien ahora el colaborador de la justicia, accionante, lleva once años de constantes pade cimientos por su colaboración, y se le imp one mediante el fallo que se está apelando, el que tiene que esperar los resultados de otras apelaciones y que luego intent e con otra tutela, además, que otro proceso para reclamar sus derechos por la vía ordinaria contenciosa, demoraría, en promedio, otros 10, 15 o 20 años, lo que significaría entonces, que 11 años que lleva el informante padeciendo la desidia e inoperancia de la justicia, se le suman otros 20 años, serían entonces 31 años de correr, esconderse, su frir el y su familia, mientras la justicia decide. ¿será que esta es la tan mencionada y aplaudida JUSTICIA RESTAURATIVA? Será entonces, que los denunciantes y colaboradores de la justicia, pondrán su vida y la de su familia en riesgo, para someterse a tantas molestias, incertidumbres, peligros, stress, angustias,

y colaboradores de la justicia, pondrán su vida y la de su familia en riesgo, para someterse a tantas molestias, incertidumbres, peligros, stress, angustias, desolación, destierro, desplazamiento forzado, SOLO por EL MERO GUSTO, de colaborar con la ju sticia, para terminar entonces, desprotegidos totalmente de aquella justicia que tanto pregonan nuestro s legisladores, el presidente de turno, sus aplicadores (jueces, magistrados, fiscales).

Luego entonces, La acción de tutela de referencia procede como vía princip al para tramitar el asunto (art. 86 de la CP y decreto 2591 de 1991) Sin embargo, de confor midad con el artículo 6° numeral 1 del dec reto 2591 de 1991, “la existencia de dichos mecanismos será apreci ada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”. Por ello, la Corte Constitucional ha señalado en infinidad de oportunidades que “la valoración de esos otros medios no debe hacerse en abstracto, sino que, en cada caso, debe determ inarse su idoneidad, ef icacia y proporcionalidad para lograr el amparo efectivo de los derechos fundamentales invocados”.

Esto significa entonces que el juez de tutela tiene la obligación de evaluar que los mecanismos ordinarios de defensa ofrezcan la misma protección que se lograría a través de la acción de tutela, pa ra lo cual debe examinar si las acciones ordinarias son adecuadas y lo suficientemente oportunas y eficaces para ello.

[…]

En el caso que nos ocupa, la concesión de la acción de tutela de referencia

acciones ordinarias son adecuadas y lo suficientemente oportunas y eficaces para ello.

[…]

En el caso que nos ocupa, la concesión de la acción de tutela de referencia resulta indispensable para que el accionante y su familia no s ufran el PERJUICIO IRREMEDIABLE consistente, de un lado, en salvaguardar su vida e integridad, su derecho a un núcleo familiar, al trabajo, a la salud, a una vivienda digna, entre muchos otros.

Los anter iores perjuicios y los que se han expuesto en la tutela por el accionante, cumple con todos los requisitos que, según la ju risprudencia8

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Accionante: John Jairo Ortega Ortega

constitucional, se requieren para que el mismo reciba la apelación de irremediable, a saber: (i) que exista evidencia fá ctica de la amenaza de un derecho fundamental, que el perjuicio sea (ii) inminente y (iii) grave, (iv) que las medida s requeridas par a evitarlo sean urgentes, y (v) que por ende la tutela se torne impostergable.

[…]

Es así como las medidas que se requ ieren para evitar el PERJUICIO IRREMEDIABLE antes caracterizado son urgentes, es decir, deb en ser prontas y a la vez precisas, en el sentido de ajustarse a las circunstancias particulares. En efecto, en el evento de no tener estas características, las medidas no lograr ían evitar a tiempo y de manera adecuada la amenaza de los derechos fundamentales del accionante y su familia.

Justamente por ello es que la acción contencioso administrativa de nulidad y

medidas no lograr ían evitar a tiempo y de manera adecuada la amenaza de los derechos fundamentales del accionante y su familia.

Justamente por ello es que la acción contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento del derecho no puede ser considerada como una medida adecuada y oportuna para enfrentar con carácter urgente el PERJUICIO IRREMEDIABLE EN CUESTIÓN […]. (Negrillas y subrayas por fuera del texto original)

14. En síntesis, el impugnante hizo énfasis en que: i) la prueba testimonial que consideraba esencial en su favor y en el interior del curso del proceso, resultaba a todas luces fu ndamental para efectos de reclamar la prestación económica que hoy demanda vía tutela , y agregó que: ii) en el caso sub judice, frente a la ineficacia e inoperancia de los me canismos judiciales ordinarios previstos en la ley, para su situación en concreto, y en presencia del perjuicio irremediable que le aqueja, ello hacía viable y procedente la acción de amparo constitucional, para efectos de reclamar la tutela y protección de las garantías iusfundamentales que se dicen conculcadas.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

15. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación, en virtud de lo previsto en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1 .2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015 3, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de

20214.

de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1 .2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015 3, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20214.

VIII.2. Problemas jurídicos

16. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado o revocado5, la Sala debe establecer:

2 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». 3 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho". 4 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 5 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.9

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03923-01

Accionante: John Jairo Ortega Ortega

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales y formales de procedencia de la acción de tutela; en concreto, el concerniente a la subsidiariedad para el caso sub examine. Y, si ello es así, se deberá determinar:

b) Si las autoridades administrativas y judiciales accionadas, efectivamente, transgredieron los derechos fundamentales que se dicen conculcados por la

subsidiariedad para el caso sub examine. Y, si ello es así, se deberá determinar:

b) Si las autoridades administrativas y judiciales accionadas, efectivamente, transgredieron los derechos fundamentales que se dicen conculcados por la parte actora; con ocasión de la falta de pago de la recompensa ofrecida por denunciar y entregar bienes de origen ilícito bajo el dominio de grupos al margen de la ley.

17. Con el fin de resolver est os problemas jurídicos, se harán previamente algunos planteamientos respecto de: (i) el requisito genera l y formal de procedencia de la acción de tutela referente a la subsidiariedad ; procediendo posteriormente a (ii) resolver el caso concreto, sometido a consideración de la Sala de Decisión.

VIII.3. Del requisito general y formal d e la procedibilidad atin ente a la subsidiariedad en la acción de tutela

18. Sobre el particular, cabe recordar que dado el carácter subsidiario, excepcional y residual de la acción de tutela consignada en el artículo 86 de la Carta Política, la regla general es que tal mecanismo de protección de derechos fundamentales no puede reemplazar a los medios ordinarios de defensa judicial. Este carácter excepcional y residual está previsto en el artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 19916, que expresamente prescribe: «[…] La acción de tutela n o procederá: 1.

Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]».

19. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acció n de amparo, el interesa do

se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]».

19. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acció n de amparo, el interesa do debe agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal (acción