CE - 110010315000202203952001SENTENCIANIEGALAA20220825143951

Demandante: Rafael Bejarano Gualdrón Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2022-03952-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-03952-00

Demandante: RAFAEL BEJARANO GUALDRÓN

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Tema: Tutela por mora judicial

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela p romovida por el señor Rafael Bejarano Gualdrón contra el Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1º del numeral 2º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 del 6 de abril de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

El señor Rafael Bejarano Gualdrón, en nombre propio, ejerció acción de tutela1 con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental de acceso a la administración de justicia que estimó vulnerado con ocasión de la omisión del

El señor Rafael Bejarano Gualdrón, en nombre propio, ejerció acción de tutela1 con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental de acceso a la administración de justicia que estimó vulnerado con ocasión de la omisión del Tribunal Administrativo de Santander en proferir la sentencia de segunda instancia dentro del proceso ejecutivo con radicado número 68001333300820170011601.

En consecuencia, el demandante solicitó:

“PRIMERO: Que se tutelen mis derechos a la administración de justicia.

1 La acción de tutela se presentó el 19 de julio de 2022 a través de la aplicación de tutela en línea de la Rama Judicial.Demandante: Rafael Bejarano Gualdrón Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2022-03952-00

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SEGUNDO: Se ordene al Tribunal Administrativo de Santander a emitir sentencia o realizar acciones tendientes a darle trámite al proceso.” (Sic para toda la cita).

2. Hechos

De las afirmaciones del demandante y de las pruebas allegas al proceso , la Sala relata los supuestos fácticos relevantes:

El señor Ra fael Bejarano Gualdrón , co mo propietario del establecimiento de comercio Soluciones Educativas, instauró demanda en ejercicio de la acción ejecutiva en contra del Municipio de Bucaramanga con el fin de obtener el pago de unas sumas de dinero derivadas del Contrato número 380 del 14 de septiembre de

comercio Soluciones Educativas, instauró demanda en ejercicio de la acción ejecutiva en contra del Municipio de Bucaramanga con el fin de obtener el pago de unas sumas de dinero derivadas del Contrato número 380 del 14 de septiembre de 2015, cuyo objeto era “compraventa de mobiliario escolar y laboratorios para las instituciones educativas oficiales del Municipio de Bucaramanga ”, por un valor de $1.299.989.960. Se precisa que el valor adeudado era de $405.168.605.

La demanda fue asignada al Juzgado Octavo Administrativo del Circu ito Judicial de Bucaramanga, autoridad judicial que adelantó el trámite correspondiente y con sentencia proferida en la audiencia inicial el 19 de septiembre de 2018 decidió declarar no probada la ex cepción de pago propuesta por el Munici pio de Bucaramanga y ordenó seguir adelante con la ejecución de $173.201.842.

La parte demandada interpuso el recurso d e apelación en audiencia y , posteriormente, el apoderado de l demandante radicó un memorial de apelación adhesiva.

Una vez se remitió el ex pediente al Tribunal Administrativo de Santander, con auto del 10 de abril de 2019, el despacho sustanciador admitió los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del 19 de septiembre de 2018.

Mediante auto del 18 de agosto de 2020, el Tribun al Administrativo de Santander corrió traslado para alegar de conclusión.

La parte actora afirm ó que ha remitido va rias solicitudes de impulso procesal pero el despacho ha hecho caso omiso a sus peticiones.

corrió traslado para alegar de conclusión.

La parte actora afirm ó que ha remitido va rias solicitudes de impulso procesal pero el despacho ha hecho caso omiso a sus peticiones.

Expuso que han pasado 4 años sin que su situación jurídica haya sido definida y que desde que se corrió traslado para alegar ha n transcurrido 2 años y no se ha proferido el fallo de segunda instancia.

3. Sustento de la vulneración

Indicó que el Tribunal Administrativo de Santander ha incurrido en una falla en elDemandante: Rafael Bejarano Gualdrón Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2022-03952-00

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servicio debido a la mora injustificada, ya que el término que ha pasado desde el auto que ordenó correr traslado para alegar de conclusión y el momento en que se interpuso la demanda que dio origen a este proceso es excesivo.

Mencionó que se ha vuln erado su derecho fundamental de acc eso a la administración d e justicia porque no ha obten ido una dec isión definitiva sobre la controversia jurídica expuesta y ha omitido dar trámite a las solicitudes de impu lso procesal radicadas.

4. Trámite de la solicitud de amparo

Mediante auto del 22 de julio de 2022, se admitió la solicitud de tutela y se ordenó notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Santander. Además, se ordenó la vinculación del juez Octavo Administrativo del Circuito

Mediante auto del 22 de julio de 2022, se admitió la solicitud de tutela y se ordenó notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Santander. Además, se ordenó la vinculación del juez Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga y del alcalde del Municipio d e Bucaramanga, como terceros con interés.

5. Argumentos de defensa

5.1. Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga

El juez ponente de la providencia de primera instancia dictada en el proceso objeto de la presente acción de tutela rindió el informe solicitado en los siguie ntes términos:

Una vez señaladas las actuaciones adelantadas en el proceso ejecutivo identificado con el nú mero de radicación 68001333300820170011600 explicó que no se evidenciaba ninguna situación que vulnerara los derechos fundamentales del demandante.

Resaltó que las providencias dictadas por su despacho se profirieron en derecho y con base en las pruebas allegadas al proceso.

5.2. Tribunal Administrativo de Santander

El Tribunal Administrativo de Santander, a través del magistrado sustanciador del proceso 68001333300820170011601, se pronunció sobre los hechos y pretensiones de la demanda en los siguientes términos:

Realizó un recuento de las actuaciones surtidas en el expediente y expuso que los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del 19 d e septiembre de 2018 se habían admitido mediante providencia del 10 de abril de 2019 y que, el 18 de agosto de 2020 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que

recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del 19 d e septiembre de 2018 se habían admitido mediante providencia del 10 de abril de 2019 y que, el 18 de agosto de 2020 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión y el concepto respectivo.Demandante: Rafael Bejarano Gualdrón Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2022-03952-00

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Señaló que el 30 de julio de 2021 ingresó al despacho para sentencia.

Precisó que una vez el expediente ingresó al despacho para realizar el proyecto de fallo se incluyó en la lista de procesos que se encuentran en la misma etapa procesal y que se dictan las provid encias correspondientes de conf ormidad con turno asignado.

Explicó que la fecha en la que ingresa el expe diente al desp acho no es un factor determinante para asumir que exista mora en la resolución de un determinado asunto, puesto que ello ha de analizarse de conformidad con el contexto particular de cada despacho judicial y , en especial, teniendo en cuenta la cantidad de procesos que se encu entran en la misma etapa procesal y los asuntos que por su naturaleza tienen prio ridad como las acciones de simple n ulidad, los controles inmediatos de legalidad y las acciones constitucionales.

Añadió que, según el inve ntario del despacho, en la actualidad existen 236 procesos al despacho para proferir sentencia, de los cuales 152 son de segunda

inmediatos de legalidad y las acciones constitucionales.

Añadió que, según el inve ntario del despacho, en la actualidad existen 236 procesos al despacho para proferir sentencia, de los cuales 152 son de segunda instancia.

Aclaró que respecto de los procesos de segunda instancia se están elaborando los proyectos de sentencia de los expedientes que ingresaron al despacho en junio de 2018 y que antes del expediente 68001333300820170011601 hay 70 procesos.

Concluyó que el proceso objeto de la presente acción de tutela se en cuentra en trámite y, por tanto, solicitó que se negara el amparo pretendido puesto que no se evidencia la exis tencia de una situación que permita afirmar que se han vulnerado los derechos fundamentales del señor Bejarano Gualdrón

5.3. Alcaldía del Municipio de Bucaramanga

Pese a haber sido notificados en debida forma, el tercero con interés guardó silencio2.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutel a, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991 3 y el numeral 2° del

2 La notificación del auto admisorio de la de manda se puede constatar en el índice 7 del siguiente vinculo electrónico: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000 202203952001100103 3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el a rtículo 86 de la Constitución Política.”Demandante: Rafael Bejarano Gualdrón

Demandado: Tribunal Administrativo de Santander

202203952001100103 3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el a rtículo 86 de la Constitución Política.”Demandante: Rafael Bejarano Gualdrón Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2022-03952-00

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artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 4, modificado por el Decreto 333 del 6 de abril de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente asunto el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en la violación d el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia , por la omisión en dictar la sente ncia de segunda instancia dentro del proceso ejecutivo interpuesto por el señor R afael Bejarano Gualdrón contra el M unicipio de Bucaram anga, dentro del expediente 680013333008201700116001.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos : i) generalidades de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela contra actuaciones u omisiones judiciales; iii) generalidades del derecho de acceso a la administración de justicia y, finalmente, iv) el fondo del asunto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política estableció la acción de tutela como un

administración de justicia y, finalmente, iv) el fondo del asunto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política estableció la acción de tutela como un mecanismo constitucional, cuyo objeto es obtener la p rotección inmediata de derechos fundamentales, vulnerados por acción u omisión de las autorida des públicas, o de los particulares en los casos previstos por el Decreto 2591 de 1991, "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 8 6 de la Constitución Política''.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra actuaciones u omisiones judiciales

Por regla general la acción de tutela no procede contra actuaciones u omisiones judiciales, toda vez que al interior de un proceso de esa naturaleza han sido previstas reglas de procedimiento que consagran mecanismos de defensa como incidentes, recursos y demás impulsos procesales pa ra obtener el fin que se pretende.

Ahora bien, cuando lo que se controvierte no es una providencia judicial sino una omisión en la adopción de la misma podría encasillarse ese caso dentro de la mora judicial, que se define como el retardo injustificado e n que ha incurrido algún funcionario o corporación encargados de administrar justicia, en la adopción de las decisiones judiciales.

4 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.”Demandante: Rafael Bejarano Gualdrón Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2022-03952-00

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En ese evento, de conformidad con los reiterados pronunciamientos de la Corte Constitucional5, para determinar si la mora d e que se trata vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, debe tenerse en cuenta (i) se presentó una inobservancia de los términos judiciales o el retardo en la adopción de las decisiones; (ii) dicho r etardo es originada por la negligencia de los operadores; y, (iii) si existen circunstancias que justifiquen la tardanza.

2.5. Derecho fundamental de acceso a la administración de justicia

El artículo 29 de la Constitución Política consagró el derecho “a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas” y el artículo 229 de la misma carta establece que “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley ind icará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.”

En desarrollo de dicha normatividad, la Corte Constitucional ha precisado que los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia garantizan el cumplimiento de un plazo razonable en la resolución de los litigios y la eficiencia en el sistema judicial. Además, la Ley 270 de 1996, estatutaria d e la administración de justicia establece en su artículo 4° que “La administración de justicia debe ser pronta y cumplida. Los

el sistema judicial. Además, la Ley 270 de 1996, estatutaria d e la administración de justicia establece en su artículo 4° que “La administración de justicia debe ser pronta y cumplida. Los términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación constituy e causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar”. En caso de que se presente el incumplimien to de estos elementos, estamos en presencia de la mora judicial, circunstancia en la cual es necesario verificar la complejidad del asunto, la conducta procesal de las partes, la valoración global del procedimiento y los intereses que se debaten en el trámite judicial. Esto, porque para la Corte Constitucional 6 y p ara esta Sección 7 no todos los incumplimientos en los términos para el ejercicio de la administración de justicia son violatorios de los derechos fundamentales, será así cuando se presenta mora judicial, y al analizar el plazo se observe que este es razonable y la demora es injustificada.

5 Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2013. 6 Sentencias T-693 A de 2011 y T-1154 de 2004. 7 Expedientes 110010 3150020140170701 y 11001031500020150308601, con ponencias de los magistrados Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez y Carlos Enrique Moreno Rubio, respectivamente.Demandante: Rafael Bejarano Gualdrón Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2022-03952-00

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La Corte Constitucional, al referir se a los eventos en los que la mora judicial es justificada o, por el contrario, no lo es, ha señalado8: “(…) por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente . Por ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T -803 de 2012, l uego de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó que el incumplimiento de los términ os se encuentra justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias i mprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario

que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones. (…)”. (Destacado por la Sala). De acuerdo con lo anterior, para establecer si se justifica el incumplimiento de los términos procesales, la S ala debe determinar si (i) tal circunstancia obedece a la complejidad del asunto y se demuestra la diligencia razonable del juez; (ii) existen problemas estructurales en la administración de justicia; o (iii) se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley. En sentido contrario, estaremos frent e a un caso de mora judicial injustificada cuando “se acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones.” 2.6. Fondo del asunto

La parte demandante alegó que el Tribunal Administrativo de Santander vulneró su derecho fundamental de acceso a la administración de justicia al no ha berse dictado la sentencia de segunda instancia dentro del proceso con radicado número 68001333300820170011601.

8 Ibidem.Demandante: Rafael Bejarano Gualdrón Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2022-03952-00

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Al revisar los docu mentos allegados con la demanda interpuesta en ejercicio de la acción de tutela y el expediente en préstamo remitido por el Tribunal Administrativo de Santander, la Sala constató que los recursos de apelación interpuestos por l a parte demandante y demandada en el proceso ejecutivo iniciado por el señ or Bejarano Gua ldrón se admitieron el 10 de abr il de 2019 y se corri ó traslado para alegar de conclusión el 18 de agosto de 2020.

De acuerdo con lo evidencia do en el sistema SA MAI, el expediente ingresó al despacho para sentencia el 30 de julio de 2021.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 247 del Código de Pr ocedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, vigente cuando se dictó el auto del 1 8 de agosto de 2020, una vez cumplido esta provi dencia el fallo deb ía proferirse dentro de los 20 días siguientes.

La norma en cita disponía9:

“ARTÍCULO 247. El recurso de ape lación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

2. Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, se concederá mediante auto en el que se dispondrá remitir el

la providencia, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

2. Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, se concederá mediante auto en el que se dispondrá remitir el expediente al superior, quien decidirá de plano si no se hubies e pedido la práctica de pruebas. Si las partes pidieron pruebas, el superior decidirá si se decretan según lo previsto en este Código.

3. Recibido el expediente por el superior, si este encuentra reunidos los requisitos decidirá sobre su admisión.

4. Admitido el recurso o vencido el t érmino probatorio si a él hubiere lugar, el superior señalará fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento, que deberá llevarse a cabo en un término no mayor a veinte (20) días. Si el Magistrado Ponente considera innecesaria la celebración d e audiencia ordenará, mediante auto que no admite recurso alguno, la presentación de los alegatos por escrito dentro de los die z (10) días siguientes, caso en el cual dictará sentencia en el término de los veinte (20) días siguientes. Vencido el término que tienen las partes para alegar, se surtirá traslado al Ministerio Público por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

5. En la audiencia de alegaciones y juzgamiento se aplicarán las mismas reglas establecidas para esa audiencia en primera instancia.

9 El artículo 247 del CPACA fue modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.Demandante: Rafael Bejarano Gualdrón Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2022-03952-00

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6. En la sentencia se ordenará devolver el expediente al juez de primera instancia para su obedecimiento y cumplimiento.” (Negrillas fuera de texto).

En el caso en estudio, es claro que actualmente existe un retardo en el trámite del expediente con radicado número 68001333300820170011601 puesto que está demostrado que desde el momento en que el expediente ingresó al despacho para sentencia, esto es, desde el 30 de julio de 2021 han transcurrido más de 20 días hábiles y aun no se ha dictado la sentencia de segunda instancia.

Sin embargo, l a Sala considera que en el caso en estudio la mora judicial es justificada toda vez que no se evidencia negligencia por parte del despacho sustanciador del trámite judicial en el Tribunal Administrativo de Sa ntander porque, de conformida d las actuaciones adel antadas dentro del proceso ordinario visibles en el expediente, el proceso ha surtido su trámite de manera adecuada.

Además, es del caso tener en cuenta que el magistrado sustanciador, del proceso ejecutivo objeto del presente pronunciamiento , afirmó en su informe que su despacho cuenta con un número important e de procesos y que estos deben tramitarse de acuerdo con el turno de entrada al despacho.

Por lo expu esto, la Sala considera que frente a l proceso 68001333300820170011600/01 no se presenta un a mora judicial injusti ficada que

tramitarse de acuerdo con el turno de entrada al despacho.

Por lo expu esto, la Sala considera que frente a l proceso 68001333300820170011600/01 no se presenta un a mora judicial injusti ficada que exija la intervención de l juez constitu cional para garant izar la efectividad del derecho fundamental invocado.

Ahora bien, es del caso indicar que la falta de trámite de las solicitudes de impulso procesal no vulnera el dere cho fun damental de acceso a la administración de justicia porque , si bien no han sido contestada s, las mismas se dirigen a que se profiera decisión de fondo en el trámite judicial , petición que requiere que s e atienda el turno corre spondiente para ser fallado, más aun teniendo en cuenta que el proceso se ha adelantado de acuerdo con las etapas procesales correspondientes.

En consecuencia, la Sala negará la a cción de tutela interpuesta ya que no se encontró probada la vulneración de la garantía constitucional alegada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la R epública y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: PRIMERO: Niégase la acción de tutela presentada por el señor Rafael Bejarano Gualdrón contra el Tribunal Administrativo de San tander, por las razonesDemandante: Rafael Bejarano Gualdrón Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2022-03952-00

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indicadas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinient es en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si en el término de tres (3) días siguientes a su notificación no fuere impugnada esta decisión, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”