CE - 110010315000202203971001SENTENCIA20221026100031

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”

Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03971-00

Accionante: MARÍA NUBIA SALAZAR LÓPEZ Y OTROS

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial / caducidad del medio de control de reparación directa / desconocimiento del precedente / homicidio en persona protegida

Acción de tutela - sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por las señoras María Nubia Salazar López Liset Andrea Idárraga Salazar, Luz Aida Idárraga Salazar, Disnne Gamaly Idárraga Salazar y Gladys Emilsen Idárraga Tobón contra el Tribunal Administrativo de Antioquia , de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

Los accionantes, actuando por conducto de apoderado 1, interpone n acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso , con fundamento en los siguientes:

acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso , con fundamento en los siguientes:

1 Pablo Ignacio Jane Fernández.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -03971 -00

Accionante: María Nubia Salazar López y otros

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1. HECHOS

1.1. Los accionantes describen que, en septiembre del 200 2, se adelantó un operativo militar por parte de un grupo perteneciente al Batallón de Artillería N°. 4 en el municipio de Granada, Antioquia, en el que fue asesinado el señor Orlando de Jesús Idárraga Tobón , a quien hicieron pasar por guerrillero para , finalmente, reportarlo como dado de baja en combate.

1.2. Con ocasión de lo anterior, instauraron medio de control de reparación directa en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, cuyo conocimiento correspondió en primera instancia al Juzgado 28 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, despacho que, en sentencia del 14 de marzo de 2019, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y declaró la responsabilidad de la demandada por la ejecución de la que fue víctima el señor Orlando de Jesús Idárraga Tobón Q.E.P.D.

pretensiones de la demanda y declaró la responsabilidad de la demandada por la ejecución de la que fue víctima el señor Orlando de Jesús Idárraga Tobón Q.E.P.D.

1.3. Apelada la decisión, el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante providencia de 24 de junio de 2022, revocó lo resuelto por el a quo y declaró probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control, al considerar que desde que se tuvo conocimiento de la ocurrencia de los hechos hasta la presentación de la demanda transcurrieron más de 2 años.

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

El demandante afirma que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en desconocimiento del precedente, por cuanto:

• Antes del 2015, se sostuvo que la caducidad se contabilizaba no a partir del momento de la aparición del cadáver sino a partir delAC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -03971 -00

Accionante: María Nubia Salazar López y otros

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 conocimiento del fallo penal condenatorio, pues desde allí se tenía la certeza del daño y de la participación del agente estatal.

• Entre el año 2015 y 2019, la jurisprudencia consideró la no aplicación del término de caducidad, teniendo en cuenta la imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de lesa humanidad.

• Entre el año 2015 y 2019, la jurisprudencia consideró la no aplicación del término de caducidad, teniendo en cuenta la imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de lesa humanidad.

• La regla de unificación aplicada por la entidad judicial accionada, no estaba vigente para el momento de radicación del medio de reparación directa por lo que no podía ser utilizada en el caso objeto de estudio.

3. PRETENSIONES

Así las cosas, solicitan:

«Por lo anterior, de manera comedida, con fundamento en los hechos y planteamientos expuestos les solicito tutelar el derecho al debido proceso y en consecuencia REVÓCASE la sentencia dictada el 24 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual ordena revocar la sentencia no.017 de marzo 14 de 2019 proferida por el juzgado Ventiocho (sic) administrativo del circuito de Medellín sentencia condenatoria por falla en el servicio del Estado y condena a indemnizar daños y perjuicios, denegando la excepción de caducidad de la acción de reparación directa por improcedente, ordenando al tribunal administrativo de Antioquia a condenar al Estado, ministerio de Defensa, Ejército Nacional, al pago de todas las pretensiones de demanda, incluso las pretensiones de la apelación interpuesta por este libelista contra la sentencia 017 del juzgado 28 Administrativo de Medellín y condenar en costas a las entidades demandadas, A su vez ordenando a la señora Magistrada, comunicar la decisión del honorable Consejo de Estado a los involucrados, para adoptar las responsabilidades que a ellos les corresponde».

4. INFORMES

ordenando a la señora Magistrada, comunicar la decisión del honorable Consejo de Estado a los involucrados, para adoptar las responsabilidades que a ellos les corresponde».

4. INFORMES

Mediante auto del 12 de agosto de 2022 se admitió la acción de tutela de la referencia y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia como accionado y a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, al Juzgado Veintiocho Administrativo de Medellín y aAC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -03971 -00

Accionante: María Nubia Salazar López y otros

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 4 las señoras Yesica Yuliana Idárraga Salazar y Luz Aida Idárraga Salazar y al señor José Alejandro Ramírez Riaño, como terceros interesados en las resultas del proceso.

4.1. El Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, manifestó que no se vulneró ningún derecho fundamental de la parte accionante por cuanto la decisión cuestionada fue expedida conforme a derecho.

4.2. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional solicitó negar las pretensiones de la acción constitucional al considerar que la parte accionante omitió su deber de señalar los defectos que le atribuye a la providencia cuestionada además de pretender que se genere una discusión probatoria que ya fue dilucidada dentro del proceso de reparación directa.

accionante omitió su deber de señalar los defectos que le atribuye a la providencia cuestionada además de pretender que se genere una discusión probatoria que ya fue dilucidada dentro del proceso de reparación directa.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:

• ¿La presente solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de proc edencia de la acción de tutela contra providencias judiciales?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se determinará:

• ¿El Tribunal Administrativo de Antioquia al proferir la sentencia del 24 de junio de 2022 mediante la cual revocó lo resuelto por el a quo y declaró la caducidad del medio de control de reparaciónAC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -03971 -00

Accionante: María Nubia Salazar López y otros

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 5 directa, incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial y en consecuencia en la vulneración de los derechos fundamentales invoca dos en protección por las accionantes?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar i) el marco conceptual de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) el cumplimiento de los requisitos generales

derechos fundamentales invoca dos en protección por las accionantes?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar i) el marco conceptual de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia; y, de encontrarla procedente; iii) el marco conceptual del desconocimiento jurisprudencial; y iv) el caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional vigente2 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida d e la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta política le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio

2 Corte Constitucional, sentencia C-590-05. 3 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001 -03-15-0002 Corte Constitucional, sentencia C-590-05. 3 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001 -03-15-0002009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -03971 -00

Accionante: María Nubia Salazar López y otros

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 6 natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevanc ia constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como

interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevanc ia constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) q ue no se trate sentencias de tutela.

En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales especiales, indicando que la acción constitucional resulta procedente únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales, al verificar la ocurrencia d e uno de los siguientes eventos: (i) defectoAC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -03971 -00

Accionante: María Nubia Salazar López y otros

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2.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.

2.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración como los d erechos quebrantados se encuentran plenamente individualizados.

2.1.2. Así mismo, se observa que la parte accionante no contaba con recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

2.1.3. Se advierte, igualmente, que la int erposición del mecanismo constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», contado desde la fecha de expedición de la sentencia de segunda instancia (24 de junio de 2022) hasta la radicación de la acción de tutela (21 de julio de 2022).

2.1.4. Finalmente, el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como consecuencia del desconocimiento del precedente jurisprudencial en que, presuntamente, incurr ió la autoridad judicial cuestionada.

constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como consecuencia del desconocimiento del precedente jurisprudencial en que, presuntamente, incurr ió la autoridad judicial cuestionada.

2.2. Desconocimiento del Precedente

En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica noAC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -03971 -00

Accionante: María Nubia Salazar López y otros

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 8 solamente la igualdad ante la ley sino también la igualdad de protección y trato por parte de las autoridades y específicamente la igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por parte de las autoridades judiciales, preservándose de esta manera la seguridad jurídica y con ella la certeza en los jueces van a decidir los casos iguales de la misma forma4.

En ese sentido , el precedente judicial 5 es la figura jurídica que sirve como dispositivo de preservación de la confianza de la ciudadanía en el ordenamiento, pues no solo hace previsibles las consecuencias jurídicas de sus actos sino también materializa la igualdad en l a aplicación del derecho6.

En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto

de sus actos sino también materializa la igualdad en l a aplicación del derecho6.

En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto sentido7. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de derecho que guían al juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad”8.

4 Ver entre otras las sentencias C -836 de 2001, T -1130 de 2003, T-698 de 2004, T -731 de 2006, T -571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009. 5 En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constituc ional precisó que precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”. 6 MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012, vol. 18, no 1, p. 249-266.

por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”. 6 MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012, vol. 18, no 1, p. 249-266. 7 Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 8 Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -03971 -00

Accionante: María Nubia Salazar López y otros

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 9 Por otra parte, ha precisado que puede predicarse la existencia de un precedente, cuando “(i) los hechos relevantes que definen el asunto pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan un caso del pasado ; (ii) la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado constituye la pretensión del caso presente; y (iii ) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”9.

No obstante lo anterior , el sometimiento al precedente no puede convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien sean estos verticales u horizontales10, siempre y cuando cumplan con

jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien sean estos verticales u horizontales10, siempre y cuando cumplan con (i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les impone el deber de señalar una justificación razonable, seria, suficient e y proporcionada, en la que manifiesten las razones por las cuales se apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que, en palabras de la misma Corte, se protegen el carácter dinámico del derecho y los principios de autonomía e independencia que caracterizan la labor judicial11.

3. Caso concreto

En el presente asunto, los accionantes cuestionan la providencia de 24 de junio 2022, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la caducidad del medio de control de reparación directa

9 Sentencia T-794 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 10 Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior jerárquico y que resultan pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas decisiones fijadas por una autoridad judicial de la misma jerarquía y que resultan relevantes para resolver un caso con creto. Al respecto ver la Sentencias T589 de 2007. 11 Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -03971 -00

Accionante: María Nubia Salazar López y otros

Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -03971 -00

Accionante: María Nubia Salazar López y otros

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La causa de su inconformidad consiste, en síntesis, en que no debió darse aplicación a la regla establecida en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 por la Sección Tercera del Consejo de Estado a hechos ocurridos con anterioridad a su expedición.

Así las cosas, se tiene que el Tribunal Administrativo de Antioquia, consideró que el medio de control se interpuso por f uera del término de caducidad, por las siguientes razones:

«En los hechos de la demanda se expone que el 9 de septiembre de 2002, entre las 2 y 3 de la tarde, dos soldados de la tropa al mando del teniente José Alejandro Ramírez Riaño detuvieron al ciuda dano Orlando De Jesús Idarraga Tobón al de salir desde su casa con rumbo a la Escuela El Libertador, lugar al que pretendía asistir a una reunión de la Junta de Acción Comunal.

Que los soldados le produjeron la muerte con armas oficiales por orden del teniente José Alejandro Ramírez Riaño y que su cadáver solo fue trasladado al municipio de Cocorna

Acción Comunal.

Que los soldados le produjeron la muerte con armas oficiales por orden del teniente José Alejandro Ramírez Riaño y que su cadáver solo fue trasladado al municipio de Cocorna Antioquia el 11 de septiembre de 2002 para el respectivo levantamiento, diligencia en la que se informó que la muerte se presentó durante un combate con las fuerzas regulares, con el Ejército Nacional.

De acuerdo con el certificado de defunción la muerte ocurrió el 5 de septiembre de 2002 y conforme el acta de necropsia No. 65, la muerte ocurrió aproximadamente entre el 5 o 9 de septiembre de 2002, de manera violenta por proyectil de arma de fuego.

Se debe definir en primer lugar si en este caso ocurrió el fenómeno de la caducidad del medio de control de reparación directa, teniendo en cuenta las normas sobre la materia y la jurisprudencia del Consejo de Estado antes citada, en especial la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020.

Para que opere la caducidad, basta la concurrencia de dos presupuestos: (i) el transcurso del tiempo señalado (que en todo caso dependerá del medio de control), y (ii) el no ejercicio del medio de control en oportunidad.

De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, el Juzgado Penal del Circuito del Santuario adelantó proceso penal por la muerte del señor Orlando De Jesús Idarraga (sic) Tobón en contra del teniente José Alejandro Ramírez Riaño y profirió la se ntencia deAC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -03971 -00

Accionante: María Nubia Salazar López y otros

Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -03971 -00

Accionante: María Nubia Salazar López y otros

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 11 primera instancia el 14 de mayo de 2009. Se lee en el fallo que la muerte del señor Orlando De Jesús Idarraga (sic) Tobón ocurrió como resultado de una ejecución extrajudicial el 9 de septiembre de 2002, cuando fue interceptado por miembros de un grupo militar y conducido a una casa abandonada ubicada en inmediaciones del Centro Educativo, lugar en el que fue asesinado con arma de fuego por uno de los soldados que cumplía órdenes del teniente Ramírez Riaño, afirmaciones que se hicieron con base en los testimonios de varias personas que asistieron a la reunión, entre ellos de los señores Pablo Emilio Salazar Guarín, Pedro Nel Duque idarraga y Guillermo Antonio Vergara Quintero, entre otros.

(…)

Lo narrado en la demanda por el apoderado de la parte actora tiene pleno valor probatorio. Dicha información debe considerarse a efectos de determinar el momento en que los demandantes conocieron las situaciones que permiten deducir la responsabilidad del Estado, y para contabilizar el término de caducidad.

Los demandantes tuvieron conocimiento del hecho generado del daño, de la muerte del señor Orlando de Jesús Idarraga Tobón desde su ocurrencia, esto es, desde el 9 de septiembre de 2002. Además, en los hechos de la demanda se relata que desde esa fecha se

señor Orlando de Jesús Idarraga Tobón desde su ocurrencia, esto es, desde el 9 de septiembre de 2002. Además, en los hechos de la demanda se relata que desde esa fecha se sabía la participación del Ejercito Nacional en el homicidio y que se trató de una ejecución extrajudicial o falso positivo.

De conformidad con el artículo 164 del CPACA el medio de control de reparación directa debe promoverse dentro de los dos (2) a ños siguientes a la fecha en que se causó el daño, es decir, que la parte demandante tenía hasta el 10 de septiembre de 2004 para presentar la demanda. Sin embargo, la demanda se radicó el 19 de abril de 2013, cuando habían transcurrido más de 8 años, y había operado el fenómeno de la caducidad.

En gracia de discusión, si se considera que los demandantes solo tuvieron conocimiento de la participación del Ejercito en los hechos que son objeto de demanda a raíz del proceso penal adelantado por el homicidio d el señor Orlando de Jesús Idárraga y en contra del teniente José Alejandro Ramírez Riaño, también operó la caducidad.

Si para contabilizar el término de caducidad se parte del día siguiente a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Antioquia - Sala Penal del 30 de junio de 2010, esto es el 29 de septiembre de 2010 operó la caducidad por lo siguiente:

En principio los demandantes tenían hasta el 30 de septiembre de 2012 para presentar la demanda. La solicitud de conciliación prejudicial se presentó el 12 de junio de 2012 ante la procuraduría 114 administrativa delegada ante el Tribunal Administrativo de Antioquia,

En principio los demandantes tenían hasta el 30 de septiembre de 2012 para presentar la demanda.

La solicitud de conciliación prejudicial se presentó el 12 de junio de 2012 ante la procuraduría 114 administrativa delegada ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, cuando había transcurrido 1 año y 8 meses y 6 días; y se levantó el acta el 19 de octubre de 2012, cuando faltaba 3 meses y 24 días para cumplirse el termino de caducidad, término que vencía el 12 de febrero de 2013. Como la demanda fue presentada el 19 de abril de 2013, para esa fecha ya había operado la caducidad del medio de control.

En todos los escenarios resulta que operó el fenómeno de la caducidad. Incluso considerando que los demandantes sólo conocieron la participación del Ejercito en los hechos objeto de la demanda con el proceso penal adelantado por el homicidio del señor Orlando de Jesús Idarraga Tobón en contra del teniente José Alejandro Ramírez Riaño . Proceso que fue fallado en primera instancia por el Juez Penal del Circuito del Santuario – Antioquia y en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia – Sala de Decisión Penal.

(…)

Se reitera que en el presente caso no se observa el acaecimiento de situación alguna que pueda dar lugar a inaplicar de manera excepcional el término de caducidad. La inaplicación opera siempre que se advierta que la comparecencia tardía ante la administración de justicia estuvo justificada por la imposibilidad material de ejercer en tiempo la acción». Sic toda la cita

Ahora bien, sobre el conteo del término de caducidad cuando se alega la ocurrencia de un delito de lesa humanidad, como ocurre en el

estuvo justificada por la imposibilidad material de ejercer en tiempo la acción». Sic toda la cita

Ahora bien, sobre el conteo del término de caducidad cuando se alega la ocurrencia de un delito de lesa humanidad, como ocurre en el presente asunto, la Sección Tercera de esta corporación dictó una sentencia de unificación, en la que fijó las siguientes reglas:

“3.1. Término de caducidad de la pretensión de reparación directa: ocurrencia y conocimiento del hecho dañoso

En cuanto al término para ejercer la pretensión de reparación directa, el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A. 12, adicionado por el artí culo 8 de la Ley 589 de 2000, establecía

12 “8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad aje na por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. “Sin embargo, el término de caducidad de la acción de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto de sde laAC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -03971 -00

Accionante: María Nubia Salazar López y otros

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 13 que, en los casos de desaparición forzada, la caducidad se contaba con fundamento en la fecha en la que aparecía la víctima y, si ello no ocurría, desde el momento en el que quedaba ejecutoriado el fallo adoptado en el proceso penal.

En los demás eventos desde el acaecimiento de la situación causante del daño; sin embargo, esta Sección precisó que no bastaba con la ocurrencia del hecho dañoso, pues, además, resultaba necesario su conocimiento por parte del afectado, ya que a partir de ello surgía el interés para ejercer el derecho de acción13.

El literal i) del numeral 2 de la Ley 1437 de 2