CE - 110010315000202204052011SENTENCIA20230220123144

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, trece (13) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-15-000-2022-04052-01

Demandante: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO

GRANDE DE LA MAGDALENA (CORMAGDALENA)

Demandado: TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DEL CENTRO DE

CONCILIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE

BOGOTÁ1

Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA

Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTO DEL TRIBUNAL DE

ARBITRAMENTOSE CONFIRMA LA SENTENCIA DE

PRIMERA INSTANCIA QUE NEGÓ EL AMPARO.

Síntesis del caso: la parte actora atacó la decisión del panel arbitral de decretar pruebas de oficio, toda vez que, a su juicio, con ello se rompió el principio de igualdad de armas, porque se trató de pruebas que no tenían relación con las excepciones propuestas por las convocadas y las restantes no fueron pedidas mediante petición por la parte interesada, como era su deber, por lo que los árbitros no podían decretarlas de oficio.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia de 19 de agosto de 2022 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la cual se dispuso:

“1º. Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales al

de 19 de agosto de 2022 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la cual se dispuso:

“1º. Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso e igualdad invocados por la Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena (Cormagdalena), por las razones expuestas en las consideraciones.

2º. Notifíquese esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

3º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.” (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI).

1 Conformado por los árbitros Gonzalo Suárez Beltrán, Ramiro Saavedra Becerra y Saúl Sotomonte Sotomonte.2

Expediente: 11001-03-15-000-2022-04052-01

Demandante: Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (CORMAGDALENA) Acción de tutela – Impugnación fallo

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 2 de julio de 2022 la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), por intermedio de apoderado judicial, presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso e igualdad , presuntamente quebrantadas por el Tribunal de Arbitramento del

(Cormagdalena), por intermedio de apoderado judicial, presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso e igualdad , presuntamente quebrantadas por el Tribunal de Arbitramento del Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá convocado por la sociedad Portuaria Regional de Barranquilla (en adelante SPRB SA) y Barranquilla International Terminal Company SA (en adelante Bitco SA).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de la acción ejercida la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1. La actora manifestó que SPRB SA presentó inicialmente demanda arbitral en su contra encaminada a dirimir la controversia originada por los contratos de concesión relacionados con la navegabilidad del acceso al puerto de Barranquilla2.

1. Con auto no.1 del 24 de marzo de 2020 se declaró legalmente instalado el Tribunal Arbitral constituido para dirimir en derecho las controversias surgidas entre la SPRB SA como parte convocante y Cormagdalena como parte convocada.

1. El 2 de abril de 2020 las autoridades accionadas admitieron la demanda y corrieron traslado para contestarla, pero el 7 de septiembre siguiente la sociedad reform ó la demanda para incorporar como demandante a la empresa BITCO SA y formular

2 A) Contrato de Concesión Portuaria Nº 008 de 1993 – Sociedad Portuaria de Barranquilla S.A. Entre la otrora Superintendencia General de Puertos (en adela nte, la Superintendencia) y Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A.- SPRB, mediante el cual, la primera le otorg ó a la segunda una concesion

otrora Superintendencia General de Puertos (en adela nte, la Superintendencia) y Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A.- SPRB, mediante el cual, la primera le otorg ó a la segunda una concesion portuaria y, en razon a ello, el derecho a ocupar y a utilizar en forma temporal y exclusiva las playas, l os terrenos de bajamar y zonas accesorias a aquellas o estas, descritas en la clausula segunda del Contrato de SPRB, a cambio de la contraprestacion economica de que trata la clausula décimo primera del contrato.

B) Contrato de Concesión Portuaria 041 de 2010 – Sociedad Barranquilla Internacional Company S.A – BITCO. La Superintendencia General de Puertos mediante Resolucion No. 899 del 25 de agosto de 1994, otorgó formalmente una concesion portuaria a la Sociedad Portuaria Carbonera MILPA S.A. – CARBOMILPA S.A., para ocupar y utilizar en forma temporal y exclusiva 150 metros de frente de playa riberera, y zonas accesorias a aquellas y estas para construir, mantener y operar unas instalaciones portuarias destinadas al servicio publico, localizadas en el puerto de Barranquilla, para la movilizaci on del carbon y carga general compatible con el carbon.3

Expediente: 11001-03-15-000-2022-04052-01

Demandante: Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (CORMAGDALENA) Acción de tutela – Impugnación fallo

pretensiones comunes, como la de declarar que se incumplió la obligación contractual de asegurar que el canal de acceso al puerto de Barranquilla tuviese “las profundidades mínimas”.

Acción de tutela – Impugnación fallo

pretensiones comunes, como la de declarar que se incumplió la obligación contractual de asegurar que el canal de acceso al puerto de Barranquilla tuviese “las profundidades mínimas”.

1. Mediante auto no. 10 del 23 de octubre de 2020 los árbitros admitieron la reforma de la demanda3 y corrieron traslado a Cormagdalena y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para contestarla.

1. El 11 de marzo de 2021 contestó la demanda y propuso excepciones, entre ellas, la de acatamiento de su deber de mantener la navegabilidad en el ingreso a la aludida terminal marítima en el periodo comprendido entre el 2015 y el 2019.

1. El 12 de abril de 2021 las empresas convocantes descorrieron traslado de las excepciones y pidieron la exhibición de los siguientes documentos -se transcribe-:

“1. Expediente el completo del contrato de concesión portuaria No. 008 de 1993 suscrito con SRPB, toda vez que el link mediante el cual aporta el expediente administrativo es de acceso restringido solo para funcionarios de

CORMAGDALENA.

2. Acta de Transferencia de Programas, Obras y Fu nciones del 6 de Agosto de 2002, suscrita entre el Ministerio de Transporte y CORMAGDALENA en la que se determinaron los procedimientos y plazos para el traslado de competencias de una entidad a otra.

3. Resolución N.º 216 del 5 de febrero de 2004 por la cual el Ministerio de Transporte cedió a CORMAGDALENA la administración del contrato de concesión portuaria N.º 008 de 1993.

de una entidad a otra.

3. Resolución N.º 216 del 5 de febrero de 2004 por la cual el Ministerio de Transporte cedió a CORMAGDALENA la administración del contrato de concesión portuaria N.º 008 de 1993.

4. Expediente administrativo sancionatorio contra el Consorcio Navelena e imposición de multa, por el incumplimiento de su obligac ión contractual de mantener la profundidad mínima en el canal navegable, señalada en el contrato de APP 001 de 2014.

5. Estudios técnicos que sirvieron como fundamento del contrato de Asociación Público-Privada (APP) 001 de 2014, celebrado con el Consorci o Navelena, relacionados con las obras de profundización y expansión del canal navegable

del Río Magdalena.

6. Estudios técnicos realizados con posterioridad al 2014 relacionados con las obras de profundización y expansión del canal navegable del Río Magdalena. 7.

Estudios previos, estudios técnicos, proyectos de pliegos de condiciones, pliegos de condiciones y cualquier otro documento pre -contractual relacionado con la estructuración del nuevo proyecto de Asociación Público-Privada (APP) sobre el canal navegable del Río Magdalena en la zona portuaria de Barranquilla.

8. Reportes de movimiento de carga de BITCO desde el inicio de la ejecución del Contrato de Concesión Portuaria Nº 041 de 2010, indicando específicamente si BITCO ha movilizado carbón térmico por el terminal objeto de dicha concesión.

9. Acuerdos de pago c elebrados por CORMAGDALENA con otros titulares de contratos de concesión portuaria en los que se evidencie la tasa de interés

BITCO ha movilizado carbón térmico por el terminal objeto de dicha concesión.

9. Acuerdos de pago c elebrados por CORMAGDALENA con otros titulares de contratos de concesión portuaria en los que se evidencie la tasa de interés moratorio aplicada por parte de la Convocada para el cobro de las sumas en mora originadas en dichos contratos, en especial el acu erdo de pago celebrado

3 Además, convocaron a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Publico.4

Expediente: 11001-03-15-000-2022-04052-01

Demandante: Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (CORMAGDALENA) Acción de tutela – Impugnación fallo

en el mes de Septiembre de 2020 por la Convocada con la Sociedad Portuaria Michellmar S.A. (Contrato de Concesión Portuaria Nº 43 del 2 de Julio de 2010)”. (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI).

1. El 24 de febrero de 2022 se ordenó “la práctica de la exhibición” de los documentos señalados, por lo que Cormagdalena los incorporó a las diligencias arbitrales mediante un enlace virtual, con excepción de los atinentes a : (i) la caducidad y liquidación del «contrato de APP 1 de 2014 », dado que , según aseguró, no hac ían parte del «procedimiento administrativo sancionatorio» seguido contra el Consorcio Navelena, ( ii) «los estudios técnicos relacionados con las obras de profundización » y (iii) los precontractuales de «la estructuración del nuevo proyecto de Asociación Público-Privada

«procedimiento administrativo sancionatorio» seguido contra el Consorcio Navelena, ( ii) «los estudios técnicos relacionados con las obras de profundización » y (iii) los precontractuales de «la estructuración del nuevo proyecto de Asociación Público-Privada (APP) sobre el canal navegable del Río Magdalena en la zona portuaria de Barranquilla», por cuanto no los tenía en su poder , sino que los tenía la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

1. Mediante auto 46 de 13 de julio de 2022 el panel arbitral le ordenó allegar los escritos relacionados con la caducidad y liquidación del « contrato APP 1 de 2014 » y dispuso requerir a la ANI para que en un plazo de 10 días hábiles aport ara los que reposaban en sus dependencias, decisión contra la cual el apoderado de Cormagdalena interpuso recurso de reposición por estimar que no era posible decretar de oficio esas pruebas, porque las que conciernen al primer negocio jurídico no hacían parte del trámite sancionatorio adelantado contra el Consorcio Navelena y las restantes la parte convocante debió pedirlas mediante derecho de petición directamente a la ANI , de conformidad con el artículo 85 numeral 1 del CGP, sin embargo, el recurso fue rechazado por improcedente.

3. El fundamento de la vulneración

La parte actora consideró que las autoridades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales, por cuanto:

(i) El auto 46 de 13 de julio de 2022 incurrió en un defecto procedimental absoluto, dado que no advirtió que las convocantes no adelantaron actuación alguna ante la ANI con la finalidad de solicitarle directamente “los estudios técnicos relacionados con las obras de

que no advirtió que las convocantes no adelantaron actuación alguna ante la ANI con la finalidad de solicitarle directamente “los estudios técnicos relacionados con las obras de profundización” del canal de acceso al p uerto de Barranquilla y los documentos precontractuales relativos a “la estructuración del nuevo proyecto de Asociación PúblicoPrivada (APP) sobre el canal navegable del Río Magdalena en la zona portuaria de Barranquilla”, pese a que ello era necesario, de acuerdo con los artículos 85 (numeral 1)5

Expediente: 11001-03-15-000-2022-04052-01

Demandante: Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (CORMAGDALENA) Acción de tutela – Impugnación fallo

y 173 del CGP y la jurisprudencia de la Corte Constitucional 4. Por tanto, la autoridad accionada al requerirlos de oficio asumió cargas procesales que eran propias de las respectivas empresas, lo que quebrant ó sus derechos constitucionales fundamentales . Además, manifestó que con ello se vulneró el principio constitucional de “igualdad de armas" entre las partes.

(ii) En la determinación censurada también se pidieron piezas relacionadas con el “contrato de APP 1 de 2014”, como la resolución que decretó su caducidad y su acta de liquidación, a pesar de que a ellas no se hizo mención en el auto de 24 de febrero de 2022, pues no integraron las diligencias sancionatorias adelantadas contra el Consorcio Navelena, sino que son propias del negocio jurídico.

(ii) defecto procedimental absoluto por violación del artículo 21 de la Ley 1563 de 2012,

2022, pues no integraron las diligencias sancionatorias adelantadas contra el Consorcio Navelena, sino que son propias del negocio jurídico.

(ii) defecto procedimental absoluto por violación del artículo 21 de la Ley 1563 de 2012, toda vez que el auto no. 46 del 13 de julio de 2022, no guarda relación con las excepciones de mérito planteadas por Cormagdalena en la contestación del 3 de julio de 2020.

4. Actuación de primer grado

Mediante auto de 29 de julio de 2022 la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado admitió el proceso de acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandada y dispuso vincular al director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a los gerentes de la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla SA y de Barranquilla International Terminal Company S A, así como al procurador 127 Judicial II para Asuntos Administrativos de Bogotá, toda vez que el aludido ente estatal y las mencionadas sociedades tienen la condición de convocado y convocantes en el procedimiento arbitral , respectivamente, y el último de los mencionados servidores públicos actúa como representante del Ministerio Público en dicho trámite.

5. Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 19 de agosto de 2022 negó el amparo constitucional solicitado por el accionante.

4 Sentencias T-733 de 2014, SU-748 de 2014 y C-099 de 20226

Expediente: 11001-03-15-000-2022-04052-01

4 Sentencias T-733 de 2014, SU-748 de 2014 y C-099 de 20226

Expediente: 11001-03-15-000-2022-04052-01

Demandante: Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (CORMAGDALENA) Acción de tutela – Impugnación fallo

De entrada, aclaró que si bien la parte actora planteó las falencias anotadas como un defecto procedimental absoluto las analizar ía como un sustantivo por desconocimiento de los artículos 85 numeral 1 y 173 del CGP.

En cuanto al fondo del asunto evidenció que el panel arbitral con la decisión de requerir de la ANI los “estudios técnicos realizados con posterioridad al 2014 relacionados con las obras de profundización y expansión del canal navegable del Río Magdalena ” y documentos precontractuales “relacionados con la estructuración del nuevo proyecto de Asociación Público-Privada (APP) sobre el canal navegable del Río Magdalena en la zona portuaria de Barranquilla”, no desconoció el ordenamiento jurídico.

Por el contrario, dicha decisión obedeció a la necesidad de adoptar medidas necesarias para asegurar que, al momento de decidir la controversia, se cuente con los elementos necesarios para dirimirla de manera integral, dado que esas pruebas tienen incidencia directa en la decisión y en la búsqueda de la verdad procesal para la resolución arbitral . Ello, pues con ellas se busca determinar si el demandante tiene o no la obliga ción de garantizar la navegabilidad por el canal de acceso al puert o de Barranquilla y si este deber legar se ha cumplido o no.

Ello, pues con ellas se busca determinar si el demandante tiene o no la obliga ción de garantizar la navegabilidad por el canal de acceso al puert o de Barranquilla y si este deber legar se ha cumplido o no.

Sobre el defecto sustantivo expuso que si bien los artículos 85 numeral 1 y 173 del CGP preceptúan que el juez deberá abstenerse de requerir documentos que pudieron ser obtenidos por la parte que los solicita en ejercicio del derecho de petición, lo cierto es que las sociedades allí actoras solo tuvieron conocimiento de que esa información reposaba en la ANI con las afirmaciones expuestas por Cormagdalena, luego de que el 24 de febrero de 2022 se decretaran pruebas.

Además, tales normas no impiden que las autoridades accionadas decreten oficiosamente los elementos probatorios necesarios para desatar el litigio, de modo que no es de recibo el argumento de que no se aplicaron tales preceptivas.

Sobre el argumento de que con el auto acusado se desat endió el principio de imparcialidad señaló que tampoco tiene vocación de prosperidad, puesto que los árbitros desconocen la información que contienen tales documentos, de ahí que estos podrían beneficiar tanto al demandante como al demandado , sin que se pueda realizar un juicio de valor sin conocer la información que en ellos reposa.7

Expediente: 11001-03-15-000-2022-04052-01

Demandante: Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (CORMAGDALENA) Acción de tutela – Impugnación fallo

En conclusión , manifestó que la orden de los árbitros no quebrant ó ninguna garantía superior, toda vez que estos se presumen fueron exigidos solo con la finalidad de contar

Acción de tutela – Impugnación fallo

En conclusión , manifestó que la orden de los árbitros no quebrant ó ninguna garantía superior, toda vez que estos se presumen fueron exigidos solo con la finalidad de contar con todos los elementos materiales probatorios suficientes para darle una solución a la controversia planteada.

En cuanto al desconocimiento del precedente sobre la supuest a inaplicación de las sentencias T-733 de 2013 y la SU-768 de 2014 de la Corte Constitucional señaló que en tales decisiones se resolvieron casos con supuestos fácticos distintos y que , en todo caso, en la última de ellas se admitió la posibilidad de que los jueces puedan ordenar de manera oficiosa las pruebas que estimen pertinentes.

6. Impugnación La parte demandante impugnó el fallo de primera instancia , recurso que f ue concedido en auto de 25 de noviembre de 2022.

Refirió no estar de acuerdo con la decisión impugnada porque, en síntesis:

Hubo una total “ausencia de análisis sobre el defecto procedimental absoluto por violación del artículo 21 de la Ley 1563 de 2012: referente al Ordinal No.2 del Auto N.46 de 2022”, en tanto el fallador de primer grado no realizó ningún análisis sobre los argumentos relacionados con la supuesta violación del artículo 21 de la Ley 1563 de 2012 que impedían al Tribunal de Arbitramento decretar pruebas que no guarda ban relación con las excepciones de mérito planteadas por CORMAGDALENA, desconociendo jurisprudencia del propio Consejo de Estado que ha señalado que la incorporación de pruebas ajenas a las excepciones comporta una violación del debido proceso.

las excepciones de mérito planteadas por CORMAGDALENA, desconociendo jurisprudencia del propio Consejo de Estado que ha señalado que la incorporación de pruebas ajenas a las excepciones comporta una violación del debido proceso.

Al respecto, consideró que tales pruebas estaban por fuera del marco temporal dentro del cual CORMAGDALENA presentó sus excepciones, de modo que no tenían relación con dichos medios exceptivos.

En efecto, manifestó que los documentos relacionados con la Licitación Pública VJVEAPP-IPB-005-2021 corresponden al año 2021, de ahí que no tenían relación con las excepciones, por cuanto en ellas Cormagdalena se refirió explícitamente a hechos comprendidos entre los años 2015 y 2019, pero el panel arbitral ordenó incorporar documentales de los años 2020, 2021 y 2022.8

Expediente: 11001-03-15-000-2022-04052-01

Demandante: Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (CORMAGDALENA) Acción de tutela – Impugnación fallo

En otras palabras, creó una nueva oportunidad probatoria con la que no contaba la parte actora, pues la única posibilidad que tienen los demandantes para aportar y solicitar pruebas es con la demanda y, en los términos del artículo 21 ibídem, al descorrer traslado de las excepciones.

Sin embargo, en este último evento solo es para probar los hechos en que se fundan las excepciones, lo que no ocurrió en este caso si se tiene en cuenta que las pruebas adicionales que deprecó la parte actora no tenían íntima relación con las excepciones que propusieron las convocadas.

excepciones, lo que no ocurrió en este caso si se tiene en cuenta que las pruebas adicionales que deprecó la parte actora no tenían íntima relación con las excepciones que propusieron las convocadas.

En suma, señaló que se generó un desequilibrio porque, a diferencia de las convocantes, Cormagdalena no tuvo la oportunidad de presentar pruebas para demostrar hechos posteriores al 2019.

Por otro lado, también adujo que hubo un “ddesconocimiento del precedente establecido por la Sentencia C-099 de 2022 de la Corte Constitucional: referente al Ordinal No. 2 del Auto N. 46 de 2022”, pues en dicha decisión la Corte arribó a una conclusión opuesta a la que llegó el a quo en este caso, según la cual los jueces pueden apartase indiscriminadamente de los artículos 85 numeral 1 y 173 del CGP, incluso sin una mínima argumentación.

El razonamiento de la primera instancia es “desafortunado” y “superficial”, pues en dicha sentencia la Corte exhortó a los litigantes a cumplir la carga procesal de acreditar la presentación de un derecho de petición para requerir las pruebas, lo que se pasó por alto en la decisión impugnada.

Aunado a ello, la actora aludió a la “omisión de análisis y valoración del principio de igual de armas: referente al Ordinal No. 2 del Auto N. 46 de 2022” , pues, en su parecer, tal principio no mereció ningún pronunciamiento por parte del a quo.

Sin embargo, insisti ó en que tal principio se desconoció en tanto se les otorgó a las convocantes una oportunidad adicional para incorporar pruebas. Agregó que, contrario a

principio no mereció ningún pronunciamiento por parte del a quo.

Sin embargo, insisti ó en que tal principio se desconoció en tanto se les otorgó a las convocantes una oportunidad adicional para incorporar pruebas. Agregó que, contrario a lo sugerido por el fallador de primera instancia, no es relevante que se conozca el contenido de las pruebas para que se transgreda tal postulado, sino que basta con que se rompa el equilibrio entre las partes.9

Expediente: 11001-03-15-000-2022-04052-01

Demandante: Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (CORMAGDALENA) Acción de tutela – Impugnación fallo

Puntualmente, advirtió que se libró un “ cheque en blanco a favor de demandantes incuriosos para que empleen la oportunidad probatoria del artículo 21 de la Ley 1563 de 2012 para allegar documentos que no aportaron con la demanda y así sorprender al demandado, en una etapa en la que este último ya no puede solicitar pruebas”.

Por último, manifestó que tampoco merecieron pronunciamiento alguno los argumentos relacionados con los “documentos contractuales del Contrato APP No . 001 de 2014: referentes al Ordinal No. 1 del Auto No. 46 de 2022” pues el único análisis sobre ello se limitó a señalar que al respecto cabían los mismos argumentos empleados para denegar el defecto respecto al ordinal segundo, situación que evidencia qu e se hizo una lectura superficial de la solicitud de Cormagdalena.

Mediante escrito de “coadyuvancia a la impugnación ” la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) también se opuso al fallo de primera instancia.

superficial de la solicitud de Cormagdalena.

Mediante escrito de “coadyuvancia a la impugnación ” la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) también se opuso al fallo de primera instancia.

Consideró que, si bien a los árbitros les asiste la facultad de decretar pruebas de oficio con el fin de esclarecer y llegar a la verdad de los hechos discutidos en el trámite arbitral, la misma no es absoluta, sino que está limitada por las garantías de las partes dentro del proceso.

Por lo tanto, la misma debe ser ejercida ciñéndose a los principios o reglas generales del debido proceso probatorio, en pro de que su ejercicio no genere inseguridad jurídica, con fundamento en lo dispuesto en la sentencia T-615 de 2019.

Uno de los límites al ejercicio de la precitada facultad consiste en que árbitro no puede decretar de oficio pruebas que las partes no aportaron por negligencia o desidia, o para mejorar la posición probatoria de una de ellas, correspondiéndole a cada parte procesal la carga de probar lo s hechos que alega, por consiguiente, los árbitros no podían suplir el deber de los convocantes de solicitar las pruebas mediante petición.

Del mi smo modo, aseguró que no es cierto que “ las convocantes del trámite arbitral tuvieron conocimiento de que la referida información reposaba en la ANI con las afirmaciones expuestas por la tutelante, luego de que el 24 de febrero de 2022 se decretaran pruebas”, como lo indicó la primera instancia, puesto que es de conocimiento público que la ANDJE fue la encargada de adelantar el proceso licitatorio de asociación

afirmaciones expuestas por la tutelante, luego de que el 24 de febrero de 2022 se decretaran pruebas”, como lo indicó la primera instancia, puesto que es de conocimiento público que la ANDJE fue la encargada de adelantar el proceso licitatorio de asociación publico privada (APP) número VJ -VE-APP-IPB-005-2021, cuyos prepliegos y demás10

Expediente: 11001-03-15-000-2022-04052-01

Demandante: Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (CORMAGDALENA) Acción de tutela – Impugnación fallo

documentos del proc eso (entre otros, aquellos que son materia de discusión) se publicaron el 29 octubre de 2021, y los pliegos definitivos el 24 de diciembre del mismo año en el portal de contratación del Estado Secop I.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela , 2) Cuestión previa y 3) El caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir

constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precl uidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

2. Cuestión previa

A modo de aclaración preliminar se advierte que la Sala abordará el estudio de la impugnación presentada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pues si bien dicha autoridad elevó su escrito que denominó “coadyuvancia a la impugnación” y no había sido previamente reconocida como coadyuvante, lo cierto es que, en primer lugar, el Decret o 2591 de 1991 no prevé un término límite para coadyuvar las pretensiones en las acciones de tutela y, en segundo lugar, en todo caso dicho extremo11

Expediente: 11001-03-15-000-2022-04052-01

Demandante: Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (CORMAGDALENA) Acción de tutela – Impugnación fallo

había sido vinculado como tercero con interés en el auto admisorio por el a quo constitucional.

Ahora bien, cabe aclarar que en los precisos términos de la jurisprudencia constitucional

había sido vinculado como tercero con interés en el auto admisorio por el a quo constitucional.

Ahora bien, cabe aclarar que en los precisos términos de la jurisprudencia constitucional el coadyuvante: “es un tercero que tiene con una de las partes una relación sustancial que, indirectamente, puede verse afectada si la parte a la que coadyuva obtiene un fallo desfavorable.” En este orden de ideas, la misma jurisprudencia ha indicado que:

[E]l coadyuvante, entonces, ejercita, dentro del proceso, las facultades que le son permitidas y, en todo caso, no puede afectar a la parte, pues de la esencia de la coadyuvancia es la intervención antes de la sentencia de única o de segunda instancia, para prestar ayuda, mas no para h