CE - 110010315000202204156011SENTENCIA20230330152940

Demandante: Magnolia García Murillo Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda Radicado: 11001-03-15-000-2022-04156-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-04156-01

Demandante: MAGNOLIA GARCÍA MURILLO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA

Temas: Tutela contr a providencia judicial. Defectos fáctico, desconocimiento del precedente y sustantivo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la señora Magnolia García Murillo contra la sentencia de 26 de agosto de 2022, por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por la parte actora.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La señora Magnolia García Murillo , a través de apoderado, presentó acción de tutela1 con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales «al Debido

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La señora Magnolia García Murillo , a través de apoderado, presentó acción de tutela1 con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales «al Debido Proceso, Derec ho a la Igualdad, Confianza legítima, Derecho a la reparación integral».

Las mencionadas garantías constitucionales las estim ó vulneradas por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que en providencia de 10 de junio de 2022 , confirmó la sentencia de 22 de octubre de 2021 , proferida por el Juzgado Quinto (5º) Administrativo del Circuito Judicial de Pereira , que accedió parcialmente 2 a las pretensiones de la demanda interpuesta en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , promovida por la accionante contra el municipio de Pereira (Risaralda).3

1 Mediante escrito radicado el 1º de agosto de 2022, a través del correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado secgeneral@consejodeestado.gov.co. 2 Comoquiera que, pese a declarar la nulidad del acto acusado, encontró probada la excepción de caducidad, excepto lo relacionado con las pretensiones relacionadas con la declaratoria de existencia de la relación laboral y el consecuente pago de los apor tes pensionales adeudados, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente proveído. 3 Proceso que se identificó con el radicado 66001-33-33-005-2017-00198-00/01.Demandante: Magnolia García Murillo

Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda

conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente proveído. 3 Proceso que se identificó con el radicado 66001-33-33-005-2017-00198-00/01.Demandante: Magnolia García Murillo Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda Radicado: 11001-03-15-000-2022-04156-01

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó lo siguiente:

1. Que se tutelen los derechos constitucionales fundamentales al Debido Proceso, Derecho a la igualdad, de confianza legít ima, de favorabilidad, cosa juzgada, prevalencia del derecho sustancial, desconocimiento de precedentes jurisprudenciales entre otros, vulnerados con la actuación y/o decisión de la Sala de Decisión Primera del Tribunal Contencioso Administrativo de Risara lda, que mediante providencia judicial confirmo la declaratoria de caducidad de la acción respecto de las prestaciones y/o acreencias laborales de la demandante en el Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho tramitado, desconociendo los p recedentes jurisprudenciales proferidos por la Sección Segunda -Subsección A del Honorable Consejo de Estado, violando el debido proceso, la confianza legitima y desconocimiento del precedente jurisprudencial.

2. Que como consecuencia de la anterior, y co n el objeto de proteger y salvaguardar los derechos vulnerados, se revoque la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala de Decisión Primera del Honorable Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, que confirma la sentencia de primera

salvaguardar los derechos vulnerados, se revoque la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala de Decisión Primera del Honorable Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, que confirma la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pereira, y/o se ordene a dicho Tribunal, proceda a emitir dentro de las 48 horas siguientes al fallo de tutela, una nueva decisión debidamente motivada en la cual se accedan a las pretensiones de la demanda instaurada, toda vez que no se ha configurado el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción declarada en la sentencia proferida.4

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se destacan los siguientes supuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

Indicó que promovió una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Pereira (Risaralda), con el fin que se declarara el reconoc imiento de una relación laboral con la demandada y, en consecuencia, se ordenara el pago de las prestaciones y acreencias laborales derivadas de dicha relación, la cual fue ejecutada entre el 21 de mayo de 2002 y el 13 de febrero de 2016.

Explicó que el p roceso le correspondió al Juzgado Quinto (5º) Administrativo del Circuito Judicial de Pereira que , mediante auto de 10 de noviembre de 2017, inicialmente rechazó por la caducidad la demanda; no obstante, precisó que esta decisión fue revocada por el Tribun al Administrativo de Risaralda mediante auto de 11 de abril de 2018.

inicialmente rechazó por la caducidad la demanda; no obstante, precisó que esta decisión fue revocada por el Tribun al Administrativo de Risaralda mediante auto de 11 de abril de 2018.

Manifestó que , en sentencia de 22 de octubre de 2021, el Juzgado Quinto (5º) Administrativo del Circuito Judicial de Pereira resolvió nuevamente declarar probada la excepción de caducida d respecto de las prestaciones sociales reclamadas en la demanda , excepto lo referente con los aportes pensiona les adeudados.

4 Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores.Demandante: Magnolia García Murillo Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda Radicado: 11001-03-15-000-2022-04156-01

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así mismo, en el citado fallo se declaró (i) no probadas las demás excepciones formuladas por la entidad territorial demandada; (ii) la nulidad del acto administrativo enjuiciado; (iii) la relación laboral durante el periodo comprendido entre el 21 de mayo de 2002 y el 12 de febrero de 2016; y (iv) que el tiempo laborado por la demandante bajo la modalidad de contratos de prestaci ón de servicios se debía computar para efectos pensionales. Por último, a título de restablecimiento del derecho, condenó al municipio a consignar al fondo de pensiones el valor de la diferencia que exista entre lo cotizado por la actora como contratista y la suma que se debió cotizar por este concepto, mes a mes.

restablecimiento del derecho, condenó al municipio a consignar al fondo de pensiones el valor de la diferencia que exista entre lo cotizado por la actora como contratista y la suma que se debió cotizar por este concepto, mes a mes.

Alegó que las partes apelaron tal decisión, por lo que el proceso fue asignado al Tribunal Administrativo de Risaralda que, en sentencia de 10 de junio de 2022, confirmó el proveído de primer gra do, al considerar que, en efecto, se encontraba configurada la caducidad del medio de control, por lo que de conformidad con la sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 de 25 de agosto de 2016, dictada por el Consejo de Estado en el expediente con radicado 23001-23-33-000-2013-0026001 (0088-15), solo era procedente estudiar los elementos del contrato realidad, en relación con las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora alegó que la autori dad judici al accionada vulneró sus derechos fundamentales «al Debido Proceso, Derecho a la Igualdad, Confianza legítima, Derecho a la reparación integral» , toda vez que en la sentencia de 10 de junio de 2022, incurrió en los defectos fáctico, desconocimien to del pre cedente y sustantivo.

Al respecto, precisó que dicho proveído es contrari o a los precedentes de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, incluso en providencias dictadas con anterioridad a la sentencia reprochada. En ese sent ido, citó:

• Sentencia de 28 de abril de 2022, expediente 66001 -23-33-000-2014providencias dictadas con anterioridad a la sentencia reprochada. En ese sent ido,

citó:

• Sentencia de 28 de abril de 2022, expediente 66001 -23-33-000-201400384-01 (2728-2021), M.P. Gabriel Valbuena Hernández. • Providencia de 10 de marzo de 2022, expediente 08001 -23-33-000-201300439-01 (5187-2016), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

Explicó que, de conformidad con el precedente jurisprudencial citado, no es válida la decisión de la autoridad judicial accionada al confirmar el fallo de primer grado que declaró probada la excepción de caducidad r especto de las prestaciones y acreencias laborales que se reclaman en el medio de control, pues ello vulner ó sus derechos fundamentales.

Igualmente, sobre lo probado en el expediente ordinario, expuso que:

Se encuentra debidamente acreditado en el proceso, que la señora MAGNOLIA GARCIA MURILLO , prestó s us servicios personales, bajo una continuada dependencia y subordinación en favor del municipio de Pereira, desde el 21 de mayo de 2002 hasta el 27 de noviembre de 2015, incluso se afirma que fue hasta el 13 de febrero de 2016, se efectuó reclama ción mediante petición el 9 de junio de 2016, obtenido (sic) respuesta el 01 de julio de 2016, independientemente de queDemandante: Magnolia García Murillo Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda Radicado: 11001-03-15-000-2022-04156-01

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04156-01

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se incurriera en error por parte de quien apoderaba a la hoy accionante, agotando nuevamente vía gubernativa en el 2017, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, se presentó el día 16 de junio de 2017, es evidente que no había operado el termino de tres (3) años que ten [í]a la demandante para acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa, según lo disponen los preced entes jurisprudenciales.

Además, indicó que el Tribunal Administrativo de Risaralda mediante auto de 11 de abril de 2018 ya había resuelto durante el trámite del proceso lo relacionado con la caducidad del medio de control, pero que nuevamente declaró probada esta excepción en la providencia enjuiciada.

Señaló que con un análisis y valoración detallado s y rigurosos de los elementos probatorios del proceso es procedente tutelar sus garantías constitucionales para que se acceda a las súplicas elevadas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 3 de julio de 2022, la magistrada ponente de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, admitió la tutela de la referencia y ordenó la notificación de los magistrados del Tribunal Administrativo del Risaralda, en calidad de autoridades demandadas, así como del juez quinto (5º)

la Sección Segunda del Consejo de Estado, admitió la tutela de la referencia y ordenó la notificación de los magistrados del Tribunal Administrativo del Risaralda, en calidad de autoridades demandadas, así como del juez quinto (5º) administrativo del circuito judicial de Pereira y el municipio de Pereira, como terceros con interés.

1.6. Contestaciones

Realizadas las notificaciones correspondientes, de conformidad con las constancias visibles en la copia digital de la acción de tutela, se presentaron los siguientes pronunciamientos:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Risaralda

Por conduc to de la m agistrada ponente 5 solicitó que se deniegue por improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional al no concurrir l as causales genéricas de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales, ni tampoco las especificas invocadas por la actora.

Advirtió que en la providencia objeto de estudio se confrontaron la s posiciones asumidas por el Consejo de Estado referentes al fenómeno de caducidad dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del d erecho, a la existencia de un contrato realidad y a la reclamación de los aportes pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social en pensiones derivados de la relación laboral declarada.

Explicó que en la sentencia enjuiciada se advirtió que no le asistía razón a la parte actora en cuanto a que la decisión de primer grado era adversa a lo dispuesto por el superior, sino que por el contrario cuando se conoció el auto de rechazo se dispuso que lo correspondiente al reconocimiento de los aportes pensionales t iene

5 Dra. Dufay Carvajal Castañeda.Demandante: Magnolia García Murillo

el superior, sino que por el contrario cuando se conoció el auto de rechazo se dispuso que lo correspondiente al reconocimiento de los aportes pensionales t iene

5 Dra. Dufay Carvajal Castañeda.Demandante: Magnolia García Murillo Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda Radicado: 11001-03-15-000-2022-04156-01

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co carácter de imprescriptible y por ello no puede ser afectado por el fenómeno jurídico de la caducidad, motivo por el cual debía examinarse de manera completa la demanda al momento de proferirse la sentencia.

Alegó que es claro y no admite discusión alguna, que los actos administrativos que contienen la manifestación de la vo luntad de la administración de negar el reconocimiento de una verdadera relación laboral entre ésta y el peticionario, están sujetos a la regla general del término de caducidad de los cuatro (4) meses consagrados en el artículo 164, numeral 1, literal c) del CPACA.

Precisó que no hay lugar a inobservar la sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 de 25 de agosto de 2016, proferida en el expediente 23001 -23-33-000-201300260-01 (0088 -15), debido a que constituye precedente y , por tanto , adquiere fuerza vinculante.

Finalmente, consideró que la corporación que representa «ha actuado conforme a derecho, ha efectuado la valoración probatoria debida, con observancia de las

fuerza vinculante.

Finalmente, consideró que la corporación que representa «ha actuado conforme a derecho, ha efectuado la valoración probatoria debida, con observancia de las disposiciones no rmativas y pautas y precedentes jurisprudenciales; ha quedado dilucidado que la decisión cuestionada fue razonada y fundada en el marco normativo y jurisprudencial aplicable, respaldada en los medios probatorios allegados de forma legal al expediente; y en modo alguno con la misma se incurrió en las causales de procedencia y de prosperidad de la acción de tutela».

1.6.3. Juzgado Quinto (5º) Administrativo del Circuito Judicial de Pereira

El mencionado juzgado remitió el enlace para consultar el proceso 66001-33-33005-2017-00198-00.

1.7. Sentencia de primera instancia

En providencia de 26 de agosto de 2022, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Magnolia García Murillo, al n o cumplir se con los requisitos de la relevancia constitucional y de identificación razonable de los hechos que genera ron la vulneración alegada.

Como fundamento de la decisión, indicó que la actora no esbozó algún argumento que determine la relación causa -efecto en que hace consistir la violación de sus derechos, pues únicamente reiter ó los fundamentos de orden fáctico y jurídico expuestos en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y el recurso de apelación, los cuales ya fueron objeto de pron unciamiento y se encuentra n acorde con el criterio del Consejo de Estado como órgano de cierre de la

expuestos en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y el recurso de apelación, los cuales ya fueron objeto de pron unciamiento y se encuentra n acorde con el criterio del Consejo de Estado como órgano de cierre de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Por último, puso de presente que cuando se trata de controvertir decisiones judiciales se requi ere un mínimo de a rgumentación para que res ulte viable un estudio de fondo y no solo la mera manifestación de estar en desacuerdo con la providencia reprochada.Demandante: Magnolia García Murillo Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda Radicado: 11001-03-15-000-2022-04156-01

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.8. Impugnación

1.8.1. A través de correo electrónico enviado el 15 de septiembre de 2022 6, al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la tutelante impugnó el fallo de 26 de agosto de 2022 y solicitó que se revoque para que, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la acción de tutela, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en su escrito de tutela.

Iteró que la decisión de 10 de julio del de 2022, es contraria a los precedente s7 proferidos por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

Alegó que en la mencionada providencia existe una inadec uada va loración del

proferidos por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

Alegó que en la mencionada providencia existe una inadec uada va loración del acervo probatorio ( defecto fáctico ), así como el desconocimiento del precedente judicial en el que se manifiesta que no opera el fenómeno jurídico de la caducidad. Explicó que su reclamación administrativa fue realizada el 9 de junio de 2016, respecto de la cual obtuvo una respuesta el 1º de julio de 2016, por lo que , si la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se presentó el 16 de junio de 2017, es evidente que no había operado el t érmino de los 3 años con los que contaba para acudir ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Consideró que no se puede declarar la improcedencia de la acción de tutela por falta de relevancia constitucional e identificación razonable de los hechos que generan la vulneración alegada, dado que esto se encuentra expuesto en el escrito de tutela que da cuenta de la violación de sus derechos fundamentales.

Particularmente, insistió en lo siguiente:

Que más evidencia o argumentación se puede exigir de la existencia palmaria de una violación a unos derechos fundamentales al debido proceso y el derecho de igualdad, cuando el despacho accionado est [á] manifestando que una providencia que en el contrato realidad opera la caducidad de la acción y la Sección Segunda – Subsección A del Honorable Cons ejo de Esta do, en varios precedentes jurisprudenciales dice no opera dicho fenómeno, sino el de la prescripción, que las personas vinculadas mediante contrato realidad tienen tres (3) años para acudir

Subsección A del Honorable Cons ejo de Esta do, en varios precedentes jurisprudenciales dice no opera dicho fenómeno, sino el de la prescripción, que las personas vinculadas mediante contrato realidad tienen tres (3) años para acudir ante la jurisdicción para acreditar la existencia de los elementos propios del contrato realidad.

Citó el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que establece que las acciones prescribirán en tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible y que el simple reclamo escrito del trabajador sobre un derecho o prestación que haya sido recibido por el empleador, interrumpe la prescripción. En ese sentido, explicó que si en contrato realidad se exige acreditar los elementos propios del contrato de trabajo es lógico y coherente que el término para la reclamación sea de tres años.

6 La impugnación se presentó dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991, comoquiera que la sentencia de primera instancia se notifi có el 13 de septiembre de 2022, y el recurso se interpuso el 15 de septiembre de 2022. 7 Sentencias de 28 de abril de 2022, expediente 66001-23-33-000-2014-00384-01 (2728-2021) y de 10 de marzo de 2022, expediente 08001-23-33-000-2013-00439-01 (5187-2016).Demandante: Magnolia García Murillo Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda Radicado: 11001-03-15-000-2022-04156-01

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04156-01

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.8.2. Mediante auto de 2 de marzo de 2023, el magistrado (E) concedió la impugnación presentada por la parte actora. Esta providencia fue notificada el 7 de marzo del mismo año y el expediente fue remitido a l despacho del magistrado sustanciador de segunda instancia el 16 de marzo de 2023.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra el fallo de tutela de 26 de agosto de 2022, profe rido el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, de conformidad con los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991 y el 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sa la Plena del Consejo de Estado.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la providencia de 26 de agosto de 2022 , proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la cual se declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Magnolia García Murillo.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la

Segunda del Consejo de Estado, a través de la cual se declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Magnolia García Murillo.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la procedencia de la acción de tutela contra prov idencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva y de superarse; (iii) las generalidades de los defectos invocados; y (iv) el caso concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena d e lo Contencioso Administrat ivo, en fallo de 31 de julio de 2012 8 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Ple na habían adoptado posturas diversas sobre el tema9.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales10. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “ fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

8 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001 -03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. 9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena ante s

TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. 9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena ante s reseñada. 10 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.Demandante: Magnolia García Murillo Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda Radicado: 11001-03-15-000-2022-04156-01

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la relevancia constitucional, resulta pertin ente recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU -215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción Constitucional de cara a este requisito, así:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia

Constitucional en la SU -215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción Constitucional de cara a este requisito, así:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente le gales. Para determinar si est e requisito se cumple, el juez debe analizar: ( i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas ; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tut ela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…)

2.4.1.1. Precisado lo anterior, en el caso concreto, respecto de los argumentos sobre el defecto por desconocimiento del precedente, la Sala destaca que cumple con el requisito de relevancia constitucional.

Ello porque, de una parte, involucra la presunta lesión de los derechos fundamentales «al Debido Proceso, Derecho a la Igualdad, Confianza l egítima, Derecho a la reparac ión integral» ante la posible configuración del mencionado yerro; y, por otra, se cimentó en sentencias dictadas por el órgano de cierre sobre

Derecho a la reparac ión integral» ante la posible configuración del mencionado yerro; y, por otra, se cimentó en sentencias dictadas por el órgano de cierre sobre la figura de la caducidad , fenómeno procesal que de ser computado de manera errónea, indefectiblemente conlleva a la abierta vulneración del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.

En resumen, ante la alegada vulneración la Sala advierte que lo narrado, en efecto, podría constituir una limitación de la posibilidad de acceder a la justicia en la medida que al ser declarado el fenómeno jurídico -procesal de la caducidad se cercena una resolución de fondo sobre el asunto por el cual la persona acudió a la jurisdicción.

De acuerdo con lo expuesto, en lo que concierne al defecto por desconocimiento del precedente, se evidencia una tensión o contradicción entre la razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de los derechos fundamentales alegados por la

11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Admini strativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela -Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Demandante: Magnolia García Murillo Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda Radicado: 11001-03-15-000-2022-04156-01

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co parte actora, en tanto que se interpreta que la autoridad judicia l presuntamente incurrió en este yerro, por lo que se evidencia que trasciende un estudio de lo meramente legal.

Así las cosas, respecto de este reproche se insiste que se acreditaron los criterios fijados por la Corte Constitucional en la SU -215 de 2022 para encontrar superado el requisito de relevancia constitucional, en atención a que se está en presencia de una posible trasgresión de las garantías constitucionales de la tutelante, cuya controversia no se enfocó en un debate de orden de contenido legal o económico, sino que se just ificó en una notoria tensión entre las garantías invocadas y la decisión judicial objeto de reproche, por lo que la Sala superará esta causal referente al yerro en mención.

2.4.1.2. No obstante , la Sala advierte que , como quedó reseñado en líneas previas, la actora también invocó la configuración de los defectos fáctico y sustantivo, sin embargo , la parte demandante no cumplió con la carga argumentativa comoquiera que, respecto del primero, no precisó las pruebas que dejaron d e ser valoradas por l a autorid ad judicial demandada y, en cuanto al segundo, no indicó la norma que presuntamente se aplicó indebidamente o se dejó de emplear en el asunto objeto de estudio.

Estos elementos son de vital importancia toda vez que un sencil lo desacuerdo en relación con las conclusiones a las que arribaron los jueces de instancia no puede

dejó de emplear en e