CE - 110010315000202204244011SENTENCIA20230214191315

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2022-04244-01

Referencia: Acción de tutela

Actoras: MADIS ESTHER TORRES VELÁSQUEZ Y OTRAS.

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ EL AMPARO, PERO POR LAS RAZONES DE ESTA PROVIDENCIA. NO SE INCURRIÓ EN LOS

DEFECTOS ALEGADOS. NO BASTA CON PROBAR LA CONDICIÓN DE

DESPLAZAMIENTO FORZADO PARA ATRIBUIR RESPONSABILIDAD AL

ESTADO. RÉGIMEN SUBJETIVO POR FALLA EN EL SERVICIO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por las actoras contra la sentencia de 20 de octubre de 2022, mediante la cual la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B” - DEL CONSEJO DE ESTADO 1 denegó la acción de tutela de la referencia.

1 En adelante sección tercera.2

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Actoras: Madis Esther Torres Velásquez y otras.

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I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

Las señoras MADIS ESTHER TORRES DE VELÁSQUEZ, VIVIANA PATRICIA TORRES MÁRQUEZ y MAGÍN MARIANO ARIAS RODRÍGUEZ, actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales, a su juicio, les fueron vulnerados por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SINCELEJO 2 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE 3, al proferir las sentencias de 18 de diciembre de 2017 y 24 de marzo de 2022, respectivamente, dentro de la acción de grupo identificada con el número único de radicación 700013333003-2006-00020-01.

I.2.- Hechos

Comentaron que en su condición de víctimas del conflicto armado

2 En adelante el JUZGADO. 3 En adelante el TRIBUNAL.3

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interno, en el año 2006 junto con otros ciudadanos con igual condición promovieron una acción de grupo contra la NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA -POLICÍA NACIONAL -, los MINISTERIOS DEL INTERIOR y DE JUSTICIA y los MUNICIPIOS de los cuales fueron desplazadas, entre otros, con la finalidad de que fueran reparad as con ocasión a los hechos que causaron su situación.

Precisaron que la reparación pretendida tenía como fundamento la configuración de la responsabilidad de las demandadas, por omitir el deber constitucional y legal que les asistía de velar por su protección y seguridad.

Explicaron que el proceso fue identificado con el número único de radicación 700013333003-2006-00943-00, posteriormente acumulado al 700013333003-2006-00020-00 y atribuido para su trámite en primera instancia al JUZGADO que, mediante sentencia de 18 de diciembre de 2017, denegó las pretensiones de la demanda al estimar que no fue probado que hubiesen solicitado a las autoridades civiles, militares y policivas que operaban en los entes territoriales de los cuales se vieron desarraigados, la protección de sus derechos y bienes jurídicos.4

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Indicaron que interpusieron el recurso de apelación respectivo ante el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 24 de marzo de 2022, confirmó la decisión del a quo , al estimar que si bien estaba acreditada su condición de desplazadas, no estaba probado que sea una consecuencia fáctica y jurídica del actuar o la omisión de las demandadas.

Precisaron que de igual forma el TRIBUNAL determinó que no fue probado que hayan puesto en conocimiento de las autoridades los hechos que originaron su desplazamiento o las circunstancias que generaron el temor por su integridad física y llevaron a su huida

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Arguyeron que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en el defecto sustantivo, al inobservar los artículos 2°, 90, 216 y 217 de la Constitución Política y 69 de la Ley 1448 de 10 de junio de 20114.

Explicaron que las autoridades judiciales también incurrieron en defecto fáctico, toda vez que desconocieron las pruebas

4 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”.5

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armado interno y se dictan otras disposiciones”.5

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documentales obrantes en el expediente, conformadas por varias certificaciones en las que se demostraba su calidad de desplazadas, así como las siguientes:

“[…]  Oficio 13661 fechado 30 de mayo del 2017, emanado de la Acción Social, donde consta la atención brindada por esta entidad a varios de los miembros del grupo.

 Oficio radicado 20144060117503, emanado de la Acción Social, donde consta la atención brindad a por esta entidad a varios de los miembros que integran el grupo demandante.

 Oficio radicado 20144060117523, emanado de la Acción Social, donde consta la atención brindada por esta entidad a varios de los miembros que integran el grupo demandante.

 CD-RS emanado de la Acción Social, donde constan las ayudas humanitarias que se les han entregado a los miembros de la parte actora.

 CD-R donde consta que las personas que integran el grupo demandante del expediente 70001-33-33-003-2006-00020-00 son desplazados del conflicto armado interno y las ayudas humanitarias que han recibido algunos de ellos.

 Oficio No.1730 con recibido 2 de diciembre del 2015, por medio del cual el comandante de la Brigada de l.M No. 1, informa el

humanitarias que han recibido algunos de ellos.

 Oficio No.1730 con recibido 2 de diciembre del 2015, por medio del cual el comandante de la Brigada de l.M No. 1, informa el cumplimiento de operaciones militares en contra de los grupos armados al margen de la ley en la jurisdicción de los Departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre.

 Oficio 300.11.03/PD No. 175 de fecha de recibido 4 de diciembre del 2015, por medio del cual la Coordinadora del Comité de Justicia Tradicional del Departamento de Sucre informó las actividades, planes y programas que se han desarrollado para atender a la población desplazada que se encuentra sentada en la cabecera de los municipios de Chalán, Ovejas, Colosó y San Onofre.

 Oficio OF115-0030545-DJT-3100 de fecha de recibido 15 de diciembre del 2015, mediante el cual la Directora de Justicia Transicional informó que el Bloque Héroes de Montes de María6

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se desmovilizó el 14 de julio del 2005 y el Grupo al Margen de Ley denominado BCB Sur de Bolívar, el 31 de enero del 2006.  Oficio No. S -2015023075/SIJIN-DESUC29.25 del 2 de

Ley denominado BCB Sur de Bolívar, el 31 de enero del 2006.  Oficio No. S -2015023075/SIJIN-DESUC29.25 del 2 de diciembre del 201535 , a través del cual el Jefe Seccional de Investigación Criminal Sucre certificó "que hasta mediados del año 2006, los Municipios de Toluviejo, Colosó, Chalán, y Ovejas, pertenecientes a los llamados Montes de María, debido a la injerencia de Grupos Subversivos (FARC -E.L.NE.R.P.) y Autodefensas Unidas de Colombia (Bloque Héroes de Los Montes de María), fueron considerados municipios de Orden Público, lo que implica el máximo de medidas de seguridad en todos los ámbitos.

 CD-ROM remitido al expediente por el comandante de la Brigada de Infantería No.1, donde reposan las operaciones, combates y resultados operacionales que obtuvieron en los años 2003, 2005, 2006, 2007 y 2008.

 Copia de la Sentencia de fecha 23 de diciembre del 2004, de la Procuraduría General de la Nación decidió dentro del proceso disciplinario adelantado en contra del contraalmirante Rodrigo Quiñones Cárdenas, el coronel Carlos Alberto Sánchez García, el teniente coronel Harold Afranio Mantilla Serrano y el capitán de corbeta Héctor Martínez Pita Vásquez.

 Oficio No. S-2016-0028751 SIJIN -J EFAT -29 .25 del 6 de febrero del 2016, a través del cual el Jefe Seccional de Investigación Criminal de Sucre, informa la sit uación de orden

 Oficio No. S-2016-0028751 SIJIN -J EFAT -29 .25 del 6 de febrero del 2016, a través del cual el Jefe Seccional de Investigación Criminal de Sucre, informa la sit uación de orden público en los municipios de San Onofre, Colosó, Chalán, Ovejas y Sincé.

 Sentencia datada 12 de diciembre del 2003, proferida por la Procuraduría General de la Nación dentro del proceso disciplinario que se adelantaba en contra de los señores Rodrigo Alfonso Quiñonez Cárdenas, Oscar Eduardo Saavedra Calixto. Camilo Martínez Moreno, Rubén Darío Rojas Bolívar, Rafael Euclides Bossa Mendoza.

 Auto del 19 de mayo del 2005, mediante el cual el Despacho del Procurador General de la Nación aclaró el numeral sexto de la parte resolutiva de la Sentencia calendada 12 de diciembre del 200.

 Auto datado 14 de septiembre del 2004, mediante el cual el Despacho del Procurador General de la Nación decidió denegar una nulidad procesal y no reponer la decisión adoptada en la Sentencia del 12 de diciembre del 2003.7

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 Oficio No. 20083110198903 del 4 de noviembre del 2008, mediante el cual la Agencia Social indica que las personas que

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 Oficio No. 20083110198903 del 4 de noviembre del 2008, mediante el cual la Agencia Social indica que las personas que conforman el grupo que instauró la acción de grupo identificada con el radicado 70001-3333-003-2006-0069300 se encuentran inscritas en el RUV que han recibido las ayudas humanitarias, entre las cuales se encuentran la atención en el programa de generación de ingresos de la Acción Social y el subsidio de vivienda urbana […].”

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, las accionantes pretenden lo siguiente:

“[…]1.- Que se amparen los derechos fundamentales vulnerados por la actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, contraria al orden jurídico preestablecido y violatorio de las garantías Constitucionales y legales que integran los derechos fundamentales al debido proceso y a la correcta administración de justicia para el accionante.

2.- Como consecuencia del punto anterior que realicen los siguientes o similares pronunciamientos.

a.-) Que se declare la nulidad de las siguientes sentencias judiciales:

• La sentencia del 18 de diciembre de 2017, proferida por el

Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Sincelejo, […]

.- LA SENTENCIA JUDICIAL DE FECHA, veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós (2022), proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, Magistrado Ponente: César Enrique Gómez Cárdenas, dentro de la Acción […]

b.-) Que se ordene proferir nueva sentencia dentro de la

ADMINISTRATIVO DE SUCRE, Magistrado Ponente: César Enrique Gómez Cárdenas, dentro de la Acción […]

b.-) Que se ordene proferir nueva sentencia dentro de la demanda dentro de la Acción de grupo Radicado No. 70-001-3333-003-2006-00020-01 […] teniendo en cuenta l a observancia del siguiente material probatorio […]”.8

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I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL indicó que en relación con el proceso origen de la controversia ya había sido presentada la acción de tutela identificada con el número único de radicación 110010315000 2022 02725 00, declarada improcedente por la SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO.

Resaltó que, en todo caso, la decisión que profirió tuvo sustento en la interpretación autónoma e independient e que dio a las fuentes jurídicas aplicables, así como a la situación fáctica que fue probada en el proceso.

Recalcó que, en efecto, “[…] pudo determinar que la parte actora no trajo al proceso prueba alguna que sustente el nexo causal del daño con la supuesta omisión en el deber de vigilancia y control que dio origen al desplazamiento por parte de la Policía Nacional y /o de los demás órganos de seguridad […]”.

Afirmó que no se probó que l as actor as hayan puesto en

con la supuesta omisión en el deber de vigilancia y control que dio origen al desplazamiento por parte de la Policía Nacional y /o de los demás órganos de seguridad […]”.

Afirmó que no se probó que l as actor as hayan puesto en conocimiento de las autoridades competentes los hechos que originaron su desplazamiento o las circunstancias que generaron el9

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temor por su integridad física y llevaron a su huida.

Concluyó que la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, dado que además de que el asunto ya fue sometido a decisión en sede de tutela, lo que pretenden las actoras es revivir el debate que se dio en sede ordinaria.

I.5.2.- El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, vinculado en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que dentro de sus funciones no está dirigir o prevenir los factores que atentan contra el orden público interno.

I.5.3.- La POLICÍA NACIONAL mencionó que contrario a lo afirmado por las actoras, las pruebas que enunciaron sí fueron valoradas, no obstante, no eran suficientes para determinar la responsabilidad del Estado.

Comentó que la acción de tutela es improcedente para efectuar el

afirmado por las actoras, las pruebas que enunciaron sí fueron valoradas, no obstante, no eran suficientes para determinar la responsabilidad del Estado.

Comentó que la acción de tutela es improcedente para efectuar el estudio del fondo del asunto, dado que las actoras ya hicieron uso de las vías judiciales respectivas, sin que se advierta vulneración alguna a los derechos deprecados.10

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I.5.4.- El MUNICIPIO DE TOLUVIEJO , vinculado en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, adujo que no hay lugar a conceder el amparo pretendido por la parte actora, dado que, en su sentir, las providencias cuestionadas cumplieron con las formalidades exigidas por la ley y fueron proferidas conforme con una valoración adecuada de las pruebas.

I.5.5.- El MINISTERIO DEL INTERIOR solicitó ser desvinculado del presente trámite por carecer de le gitimación en la causa por pasiva, dado que de los hechos de la solicitud de amparo no se advierte que se le esté atribuyendo la vulneración de los derechos fundamentales deprecados.

I.5.6El MINISTERIO DE PROTECCIÓN, vinculado en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, indicó que no hay lugar a conceder el amparo pretendido, dado que el fondo del asunto ya fue resuelto por los jueces naturales a partir de los

tercero con interés directo en las resultas del proceso, indicó que no hay lugar a conceder el amparo pretendido, dado que el fondo del asunto ya fue resuelto por los jueces naturales a partir de los principios de independencia y autonomía judicial.

I.5.7.- El MUNICIPIO DE COLOSÓ, vinculado en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, comentó que bastaba con observar el folio 38 de la sentencia proferida por el TRIBUNAL11

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en el curso del proceso origen de l a controversia, para advertir que dicha autoridad sí valoró las pruebas obrantes en el expediente.

Apuntó que el TRIBUNAL además sustentó su decisión en la normatividad y jurisprudencia aplicable al caso, sin que se observe una actuación arbitraria.

I.5.8.- El MUNICIPIO DE OVEJAS, vinculado en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que no es la autoridad contra la que se dirigen las pretensiones de la solicitud de amparo.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 2 0 de octubre de 2022, la SECCIÓN TERCERA de esta Corporación denegó la solicitud de amparo, no obstante, de haber desarrollado una parte motiva en la que concluía

Mediante sentencia de 2 0 de octubre de 2022, la SECCIÓN TERCERA de esta Corporación denegó la solicitud de amparo, no obstante, de haber desarrollado una parte motiva en la que concluía que la acción de tutela era improcedente.

Señaló que si bien en relación con el proceso origen de la controversia esta Corporación había conocido de la acción de tutela12

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identificada con el número único de radicación 2022-02725-00, la decisión respectiva no constituía cosa juzgada material, dado que en esa oportunidad la solicitud de amparo fue declarada improcedente porque fue elevada por el apoderado que actúo como agente oficioso del grupo de demandantes en el trámite ordinario, por lo que carecía de falta de legitimación en la causa por activa.

Expuso que, en relación con los defectos alegados por las actoras, la acción de tutela era improcedente por carencia de relevancia constitucional, comoquiera que aquellas no desplegaron “[…] la carga argumentativa suficiente y debida que justificara la intervención del juez de tutela […]”.

Precisó que las actoras se limitaron a citar la relación de pruebas obrantes en el expediente y algunas normas sobre la responsabilidad Estatal, sin explicar en que consistieron los defectos que alegaban.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

Precisó que las actoras se limitaron a citar la relación de pruebas obrantes en el expediente y algunas normas sobre la responsabilidad Estatal, sin explicar en que consistieron los defectos que alegaban.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

Las actoras impugnaron la decisión proferida en primera instancia señalando que el a quo erró en sus conclusiones porque en el acápite de los hechos del escrito introductorio están plasmados los13

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argumentos que motivan la solicitud de amparo.

Indicaron que, en efecto, en el escrito introductorio se enunciaron las pruebas que no fueron valoradas por parte de las autoridades judiciales accionadas.

Insistieron en que las autoridades accionadas inaplicaron “[…] la responsabilidad estatal por omisión al cumplimiento […]” de los artículos 2°, 90, 216 y 217 de la Constitución Política y 69 de la Ley 1448 de 2011.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Polí tica, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Polí tica, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la14

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distribución de negocios entre las Secciones.

Cuestión previa

La Sala pone de presente que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que los MINISTERIOS DE JUSTICIA Y DEL DERECHO y DEL INTERIOR y el MUNICIPIO DE OVEJAS solicitaron ser desvinculados de la presente acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor15

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y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la c ausa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la r eclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de ga rantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menosc abo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión g enera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).16

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En el presente caso, como quiera que las entidades aludidas fueron parte en el trámite que dio lugar a la acción de tutela de la referencia,

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En el presente caso, como quiera que las entidades aludidas fueron parte en el trámite que dio lugar a la acción de tutela de la referencia, es claro que debía n ser notificad as de la existencia del presente asunto, en razón al interés directo que le s asiste en las resultas de este y, en consecuencia, se denegará su desvinculación, c omo en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundament ales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia17

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C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de releva ncia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona

genuinamente una cuestión de releva ncia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de18

Número único de radicación: 110010315000-2022-04244-01

Actoras: Madis Esther Torres Velásquez y otras.

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tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales

vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que la