CE - 110010315000202204265011SENTENCIASENTENCIA20221207210435

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04265-01

Demandante: Constructora MRM Inversiones Inmobiliaria Ltda. y otro

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintidós (2022) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2022-04265-01

Demandante CONSTRUCTORA MRM INVERSIONES INMOBILIARIA LTDA. Y

FIDUCIARIA COOPERATIVA DE COLOMBIA LTDA. EN

LIQUIDACIÓN

Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C Temas Tutela contra providencia judicial. Presupuestos generales de procedibilidad. Mora judicial. La subsidiariedad. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación interpuesta por la sociedad accionante contra la sentencia del 9 de septiembre 2022, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que dispuso: “1º) Declárase improcedente la pretensión de la acción de tutela presentada por el representante legal de la Constructora MRM y Fidubancoop, encaminada a cuestionar el contenido del auto de 4 de mayo de 2022 proferido por la autoridad judicial demandada por incumplimiento del requisito de carga mínima argumentativa, de conformidad con las

representante legal de la Constructora MRM y Fidubancoop, encaminada a cuestionar el contenido del auto de 4 de mayo de 2022 proferido por la autoridad judicial demandada por incumplimiento del requisito de carga mínima argumentativa, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º) Deniéganse las demás pretensiones de la acción de tutela presentada por el representante legal de la Constructora MRM y Fidubancoop.”1

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 4 de agosto de 2022 2, el señor Rafael Alberto Galvis Chávez en calidad de representante legal de la Constructora MRM Inversiones Inmobiliaria Ltda.

(Constructora MRM) y de la Fiduciaria Cooperativa de Colombia Ltda. en liquidación (Fidubancoop) instauró acción de tutela contr a la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Manifestó que la vulneración de los derechos fundamentales de las sociedades que representa derivó del proceso ejecutivo nro. 25000-23-24-000-1999-00831-02. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

1 Página 11 de la sentencia de tutela. Samai, índice 14. 2 La acción de tutela se radicó a través de mensaje de datos remitido a la Secretaría General del Consejo de Estado. Samai, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2022-04265-01

Demandante: Constructora MRM Inversiones Inmobiliaria Ltda. y otro

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia

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2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “(…) con base en los hechos expuestos y en el derecho invocado comedidamente solicito de esa Superioridad se sirva: PRIMERO. – Aclarar y adicionar la presente acción ejecutiva por obligación de hacer en el sentido de que la misma se propone contra las sigu ientes entidades y funcionarios: a) Superintendencia de Notariado y Registro; b) Oficina de Registro de Instrumentos Públicos De Bogotá – Zona Norte; c) Agente del Ministerio Publico ante la Sección Primera del H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca y d) Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado cuyo correo electrónico es procesosnacionales@defensajuridica.gov.co SEGUNDO.- Disponer se dé cumplimiento a lo resuelto en el mandamiento ejecutivo de ocho de octubre de dos mil dieciocho emanado de la Sección Primera Subsección “A” del H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca proveyendo sobre la emisión de la sentencia que ordene llevar adelante la presente ejecución por obligación de hacer de cara a dar el cumplimiento que en derecho corresponda al fallo de segunda instancia emanado de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de ese H. Consejo de E stado calendado a 08 de abril de 2007.

TERCERO: En subsidio y para el caso de que la Superintendencia de Notariado y Registro no cumpla en el aludido plazo contenido en el mismo mandamiento con las obligaciones de hacer cuyo cumplimiento se incoa, SE LIBR E EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR LOS

no cumpla en el aludido plazo contenido en el mismo mandamiento con las obligaciones de hacer cuyo cumplimiento se incoa, SE LIBR E EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR LOS PERJUICIOS COMPENSATORIOS DERIVADOS DE LA NO EJECUCIÓN DE TALES OBLIGACIONES los cuales estimo bajo juramento en la cantidad de DIECISÉIS MIL

OCHOCIENTOS DIECISÉIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS SALARIOS

MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (16.816’180.600 s.m.l.m.v.) ASÍ COMO POR LOS PERJUICIOS MORATORIOS EN CALIDAD DE LUCRO CESANTE SOBRE LA ANTERIOR CANTIDAD CAUSADOS ENTRE EL PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL SIETE Y EL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, AMBOS INCLUSIV E, QUE ESTIMO BAJO JURAMENTO EN LA CANTIDAD DE SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO UN PESOS ($6.338798.101), EQUIVALENTES A SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO U N SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (6.338¨7698.101 s.m.l.m.v) CUARTO: se condene a la Entidades (sic) y Funcionarios demandado (sic) al pago de las costas y costos de la presente acción ejecutiva por obligación de hacer so (sic) llegaren a oponerse a las pretensiones de la presente demanda integrada”3.

2. Hechos Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

costas y costos de la presente acción ejecutiva por obligación de hacer so (sic) llegaren a oponerse a las pretensiones de la presente demanda integrada”3.

2. Hechos Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. En sentencia del 18 de abril de 2007, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la nulidad de tres resoluciones proferidas por la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá (zona norte).

A título de restablecimiento del derecho, se le ordenó a esa autoridad: (i) cancelar todos los registros contenidos en el folio de matrícula inmobiliaria número 50N-20091212, abierto con ocasión del englobe de los predios “ El Jordán” y “La Esperanza”, (ii) cancelar los registros derivados de aquellos y (iii) reabrir los folios correspondientes a tales predios, previa calificación de los títulos. 2.2. El 14 de mayo de 2012, la Constructora MRM y Fidubancoop presentaron demanda ejecutiva para procurar el cumplimiento de la sentencia de 18 de abril de 2007.

3 Página 4 del escrito de tutela. Samai, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2022-04265-01

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3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Posteriormente, e n auto del 18 de diciembre de 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó el mandamiento de pago. Y mediante auto del 4 de septiembre de 2013, el Tribunal Administrativo de

www.consejodeestado.gov.co Posteriormente, e n auto del 18 de diciembre de 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó el mandamiento de pago. Y mediante auto del 4 de septiembre de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló lo actuado en el proceso, después del auto del 18 de diciembre de 2012 y, ordenó su debida notificación a las partes. 2.3. La parte ejecutante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra el auto del 18 de diciembre de 2012 que negó el mandamiento de pago. El recurso de reposición fue rechazado por improcedente, pero se concedió el recurso de apelación ante el Consejo de Estado. En autos del 2 de diciembre de 2013 y del 14 de septiembre de 2016, la Sección Quinta y la Sección Tercera del Consejo de Estado, respectivamente, declararon su incompetencia para decidir el recurso de apelación concedido. Finalmente, la Sección Primera del Consejo de Estado, en proveído del 8 de febrero de 2018 resolvió la apelación en el sentido de revocar el auto del 18 de diciembre de 2012 para, en su lugar, orden ar a la autoridad judicial de primera instancia que librara el mandamiento de pago solicitado por la parte ejecutante. 2.4. En auto del 8 de octubre de 2018 , el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dispuso: (i) obedecer y cumplir el auto del 8 de febrero de 2018; (ii) librar mandamiento de pago; y (iii) notificar a las entidades objeto de ejecución y al agente del Ministerio Público. 2.5. Posteriormente, mediante auto del 26 de noviembre de 2018 , el Tribunal

2018; (ii) librar mandamiento de pago; y (iii) notificar a las entidades objeto de ejecución y al agente del Ministerio Público. 2.5. Posteriormente, mediante auto del 26 de noviembre de 2018 , el Tribunal accionado resolvió el recurso de reposición que interpuso la ejecutante contra la decisión de librar mandamiento de pago. Repuso parcialmente en el sentido de hacer precisiones respecto de la razón social de la ejecutante y de establecer el t érmino en el que la entidad demandada debía cumplir con la orden contenida en el título. 2.6. En auto del 23 de enero de 2020, se negó por improcedente el recurso de apelación que interpuso la parte ejecutante contra los autos del 8 de octubre y del 26 de noviembre de 2018. 2.7. El 4 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió proveído en el que aceptó la reforma a la demanda presentada por la parte ejecutante. La providencia se notificó en estado electrónico del 24 de mayo de 2022, a través de mensaje de datos dirigido al buzón de notificaciones de las partes4.

3. Fundamentos de la acción Del confuso escrito de tutela, la Sala decanta que la pretensión del accionante es que el juez constitucional, en garantía de su derecho fundamental al debido proceso, ordene el cumplimiento del mandamiento de pago contenido en el auto

4 Archivo denominado: “D05001233300020210170601Notificacion_T132948471132306618_T132974667840942975”. del expediente digitalizado del medio de control de pérdida de investidura nro. 05001-23-33-000-2021-01706-

“D05001233300020210170601Notificacion_T132948471132306618_T132974667840942975”. del expediente digitalizado del medio de control de pérdida de investidura nro. 05001-23-33-000-2021-0170600/01. Samai, índice 10.Radicado: 11001-03-15-000-2022-04265-01

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del 8 de octubre de 2018 y que se emita sentencia que disponga seguir adelante con la ejecución del título contenido en la sentencia de condena del 8 de abril de 2007 (mora judicial), ya que sostuvo que habían transcurrido cerca de 4 años desde el mandamiento de pago sin que se hubiere proferido sentencia para seguir adelante con la ejecución. Advirtió que la demanda ejecutiva no fue contestada por ninguna de las entidades ejecutadas, por lo que la autoridad judicial accionada debía tener como ciertas las afirmaciones de la parte actora, entre ellas, las relativas al juramento estimatorio de los perjuicios ocasionados por el impago del título.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. En auto de 10 de agosto de 2022, el despacho ponente de primera instancia admitió la acción de tute la interpuesta por Rafael Alberto Galvis Chávez en calidad de representante legal de la Constructora MRM Inversiones Inmobiliaria Ltda. y la Fiduciaria Cooperativa de Colombia Ltda, en liquidación, en contra de la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal

Administrativo de Cundinamarca.

calidad de representante legal de la Constructora MRM Inversiones Inmobiliaria Ltda. y la Fiduciaria Cooperativa de Colombia Ltda, en liquidación, en contra de la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En la misma providencia, en calidad de terceros con interés, se vinculó a la Sección Primera del Consejo de Estado, al coordinador operativo de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá (zona norte), a la superintendente de Notariado y Regi stro y al director de la Unidad Administrativa de Catastro Distrital de Bogotá, por fungir como sujetos procesales en el proceso ejecutivo nro. 25000-23-24-000-1999-00831-02. 4.2. La Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por conducto de la magistrada sustanciadora del proceso ejecutivo, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela, porque los hechos de la demanda no dan cuenta de la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la parte accionante. Advirtió que los hechos de la demanda no evidencian, ni del trámite del proceso deriva la concreción de alguna de las causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales respecto del auto del 4 de mayo de 2022. Destacó que la parte actora ataca, vía acción de tutela, la providencia que aceptó su solicitud de reforma a la demanda, sin que se hubiera presentado recurso en el proceso ejecutivo contra la mencionada determinación. 4.3. La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, a través de la

aceptó su solicitud de reforma a la demanda, sin que se hubiera presentado recurso en el proceso ejecutivo contra la mencionada determinación. 4.3. La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, a través de la subgerente de gestión jurídica, afirmó que esa entidad no tiene injerencia en la alegada vulneración de derechos fundamentales. Dijo que consultó el Sistema Integrado de Información Catastral y constató que el predio con la matrícula inmobiliaria 50N-11463 no está incorporado en esa base de datos y que el folio correspondiente está cerrado. Relativo a la matrícula inmobiliaria nro. 050N20416978, mencionado en la demanda, dijo que figura inscrito en la base catastral en el que constan sus características físicas, jurídicas y económicas y que sirve para obtener datos como la nomenclatura oficial del inmueble, el código del sector al queRadicado: 11001-03-15-000-2022-04265-01

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pertenece, su cédula catastral y el código homologado de identificación predial. 4.4. La Superintendencia de Notariado y Registro, por conducto de la jefe de la Oficina Asesora Jurídica, precisó que los hechos y pretensiones de la demanda refieren a actuaciones desplegadas por la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo que era a esa autoridad a quien correspondía pronunciarse sobre la acción de tutela.

5. Providencia impugnada

demanda refieren a actuaciones desplegadas por la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo que era a esa autoridad a quien correspondía pronunciarse sobre la acción de tutela.

5. Providencia impugnada En sentencia del 9 de septiembre de 2022, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, declaró la improcedencia de la acción de tutela frente al auto del 4 de mayo de 2022 proferido en el curso del proceso ejecutivo sub examine, debido a que la parte accio nante no cumplió con el requisito de carga mínima argumentativa, pues no expuso la configuración de alguna de las causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales que justifique la invocación de protección de sus derechos fundamentales.

De otra parte, negó las pretensiones de la demanda en relación con la mora judicial por estimar que no se ha concretado tardanza injustificada en el trámite del proceso ejecutivo nro. 25000-23-24-0001999-00831-00; por el contrario, el a quo consideró que “se le ha dado el trámite al proceso que corresponde, pues se han surtido diferentes actuaciones, dicho sea de paso, en virtud de distintas solicitudes y recursos de la propia parte actora, motivo por el cual el hecho de que a la fecha no se hubiere proferido fallo en el proceso ejecutivo no. 25000 -23-24-0001999-00831-00, no puede catalogarse como una omisión caprichosa o negligente por parte de la autoridad accionada pues tal circunstancia obedece a razones objetivas y razonables, producto de los trámites previos que se surtieron en el desarrollo del proceso”.

6. Impugnación

negligente por parte de la autoridad accionada pues tal circunstancia obedece a razones objetivas y razonables, producto de los trámites previos que se surtieron en el desarrollo del proceso”.

6. Impugnación La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia, para que, en su lugar, esta Sala ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que profiera sentencia en la que se disponga a seguir adelante con la ejecución.

La parte accionante precisó que, en la acción de tutela no se expuso inconformidad alguna contra el auto del 4 de mayo de 2022, proferido en el curso del proceso ejecutivo, por lo que, el a quo entendió indebidamente los hechos y pretensiones de la demanda. En el memorial de impugnación indicó que, “No obstante en la providencia impugnada no existe una sola línea ni párrafo alguno en escrito introductorio de la presente acción que permitan colegir la impugnación y rechazo que el suscrito habría hecho del auto de 4 de mayo de 2021 por el cual se admitieran la reforma e integración de la demanda en un solo escrito presentado por este Servidor”. Reprochó que, el a quo no hizo referencia alguna sobre el argumento de la acción de tutela relativo a que el proceso ejecutivo sub examine persigue el cumplimiento de una obligación de hacer, lo que implica que, ante la omisión de respuesta de las entidades demandadas, deben presumirse ciertos l os hechos susceptibles de confesión expuestos en la demanda ejecutiva y en su reforma. La ausencia de contestación de la demanda y su reforma también permite que juez de la ejecución tenga “(…) por ameritados los requisitos exigidos para proferir la sentencia que

confesión expuestos en la demanda ejecutiva y en su reforma. La ausencia de contestación de la demanda y su reforma también permite que juez de la ejecución tenga “(…) por ameritados los requisitos exigidos para proferir la sentencia que ordene llevar adelante la ejecución conforme al artículo transcrito tal y como se reclama en nuestroRadicado: 11001-03-15-000-2022-04265-01

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co escrito de tutela lo que determina la plena viabilidad que debe otorgarse a esta última y, habida consideración de que el término para contestar la reforma de demanda reformada es de apenas la mitad del previsto para responder la demanda inicial, según las voces del numeral 1. del precitado artículo 173 del C. P.A. y C.C.A., o Ley 1437 de 2011 en atención a los cinco (5) meses transcurridos desde la admisión de dicha reforma e integración, lo que amerita estimar que el mismo se encuentra más que vencido, lo que bastaría para comprobar la cabal ocurrencia de la mora alegada” Atendiendo a los anteriores argumentos expuso la siguiente petición: “… solicito de esa Ilustre Corporación se sirva REVOCAR el fallo denegatorio de la acción de tutela impugnado y, en su lugar, acceder a que SE LIBRE SENTENCIA QUE ORDENE LLEVAR ADELANTE LA EJECUCI ÓN POR OBLIGACIÓN DE HACER DEPRECADA POR

LAS DEMANDANTES CONSTRUCTORA M.R.M. INVERSIONES INMOBILIARIAS LTDA. y

LLEVAR ADELANTE LA EJECUCI ÓN POR OBLIGACIÓN DE HACER DEPRECADA POR

LAS DEMANDANTES CONSTRUCTORA M.R.M. INVERSIONES INMOBILIARIAS LTDA. y LA FIDUCIARIA COOPERATIVA DE COLOMBIA EN LIQUIDACIÓN - FIDUBANCOOP contra LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE BOGOTÁ -ZONA NORTE, LA AGENCIA PARA LA DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO y EL PROCURADOR DELEGADO ANTE LA SECCIÓN PRIMERA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, decretando simultáneamente la prosperidad del presente recurso de impugnación” En memorial radicado ante la Corporación el 18 de noviembre de 2022, la parte accionante “adicionó y aclaró” la solicitud de impugnación en el sentido de pedir que se imprimiera “agilidad y pronta definición” al proceso ejecutivo por obligación de hacer contra la Superintendencia de Notariado y Registro; la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte; el Agente del Ministerio Público ante la Sección Primera del H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado. Como segundo argumento, expuso: “II.- SUSTENTACIÓN DE ESTA SEGUNDA AMPLIACIÓN DEL REFERIDO RECURSO DE IMPUGNACIÓN - La soporto en el hecho de que al no haberse contestado la reforma de la mencionada demanda ejecutiva por obligación de hacer por ninguna de las cuatro (4) entidades y/o funcionarios contra los que se dirigiera en razón de las omisiones en las que

IMPUGNACIÓN - La soporto en el hecho de que al no haberse contestado la reforma de la mencionada demanda ejecutiva por obligación de hacer por ninguna de las cuatro (4) entidades y/o funcionarios contra los que se dirigiera en razón de las omisiones en las que los mismos incurrieran tampoco se contradijeron debatieron ni desvirtuaron los seis (6) cargos formulados en l a mencionada sentencia de 18 de abril de 2007 proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo de esa Alta y distinguida Corporación cuya ratificación solicito se emita por parte de la SUBSECCIÓN C DE LA SECCIÓN PRIMERA del H.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARA (sic) al proferir la sentencia confirmatoria de tan ilustre Corporación.”

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 5, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particu lares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

5 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que

todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.Radicado: 11001-03-15-000-2022-04265-01

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2. Delimitación del análisis y planteamiento del problema jurídico 2.1. Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, en especial el escrito de impugnación, se tiene que la parte actora no retomó la discusión en relación con el auto del 4 de mayo de 2022, por medio del cual se admitió la reforma a la demanda, sino que, por el contrario, expone que no presenta inconformidad sobre este proveído proferido en el curso del proceso ejecutivo.

Luego, la discusión en el escenario de la impugnación se concentra en la mora judicial frente a la emisión, por parte del juez del proceso ejecutivo, de la sentencia que ordene seguir adelante con la ejecución. Además, en la impugnación, se insiste, en que, dada la omisión de respuesta de las entidades demandadas en el proceso ejecutivo, en la sentencia que se emita deben tener en cuenta la omisión de respuesta de las entidades demandadas, conforme los efectos que al respecto establece el artículo 95 del Código de Procedimiento Civil6. 2.2. Dado este contexto, corresponde a la Sala determinar (i) si le asistió razón al

conforme los efectos que al respecto establece el artículo 95 del Código de Procedimiento Civil6. 2.2. Dado este contexto, corresponde a la Sala determinar (i) si le asistió razón al a quo al negar el amparo constitucional, por considerar que la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no ha incurrido en mora judicial en el trámite del proceso ejecutivo nro. 25000-2324-000-1999-00831-02. Y (ii) si hay lugar a ordenarle al Tribunal accionado para que al momento de emitir sentencia aplique las consecuencias establecidas en el artículo 95 del CPC, ante la omisión de respuesta a la demanda y a su reforma por parte de las entidades que conforman la pa rte pasiva de la relación procesal.

3. La mora judicial: alcance y análisis en el caso concreto 3.1. Frente a la mora judicial, esta Sala ha reconocido que aquel que interpone una acción o algún recurso dentro de un proceso judicial tiene derecho a que se le resuelva dentro de los términos establecidos en la ley. Sin embargo, se ha insistido que, dadas las condiciones estructurales que producen congestión y lentitud en los despachos judiciales, no toda dilación en la decisión equivale a negligencia7.

La realidad es que en la mayoría de los casos en los que existe dilación en el proceso, la demora obedece a circunstancias ajenas al juez, relacionadas con la congestión judicial. Circunstancia que no puede ser atribuible a los funcionarios judiciales. De hecho, la jurisprudencia de altas cortes, como el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, ha reconocido que la razón principal por la que se incumplen los términos judiciales no obedece al actuar

funcionarios judiciales. De hecho, la jurisprudencia de altas cortes, como el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, ha reconocido que la razón principal por la que se incumplen los términos judiciales no obedece al actuar de los funcionarios, sino a las dificultades prácticas que debe afrontar la Rama Judicial. 3.2. En cambio, habrá mora judicial injustificada si el afectado con la dilación del proceso comprueba que el juez u órgano judicial excedió

6 Falta de contestación de la demanda. La falta de contestación de la demanda o de pronunciamiento expreso sobre los hechos y pretensiones de ella, o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad, serán apreciadas por el juez como indicio grave en contra del demandado, salvo que la ley le atribuya otro efecto. 7 Consejo de Estado. Sentencia de 4 de septiembre de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez R.

Radicado: 11001-03-15-000-2014-01444-00.Radicado: 11001-03-15-000-2022-04265-01

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8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co desproporcionadamente el plazo razonable para pronunciarse sobre el asunto, sin que exista motivación para justificar la demora. Sobre el particular, en la sentencia T -366 de 2005, la Corte Constitucional señaló: “la dilación injustificada de los procesos constituye una grave y seria vulneración de

asunto, sin que exista motivación para justificar la demora. Sobre el particular, en la sentencia T -366 de 2005, la Corte Constitucional señaló: “la dilación injustificada de los procesos constituye una grave y seria vulneración de los derechos fundamentales mencionados. No obstante, esa dilación ha de ser injustificada, como lo dispone la propia Carta Política, pues, si la mora judicial obedece a circunstancias objetivas y razonables, ajenas a la voluntad del fallador, mal podría la Corte Consti tucional acceder a las pretensiones de una tutela en ese sentido, sin analizar con sumo cuidado las razones de la mora judicial que se alega”. Para determinar si se ha excedido dicho plazo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos8 ha indicado que se debe verificar: (i) la complejidad del asunto; (ii) la actividad procesal del interesado; (iii) la conducta de la autoridad competente; y (iv) el análisis global de procedimiento. 3.3. Con base en lo expuesto, la Sala considera que, aunque el despacho de la magistrada que tiene a su cargo el asunto no ha emitido sentencia dentro del proceso ejecutivo nro. 25000 -23-24-000-1999-00831-02, y existe mora judicial, la misma se encuentra justificada en la gran cantidad de memoriales y recursos interpuestos contra las providencias judiciales dictadas en el curso del proceso ejecutivo. Como fundamento de la anterior afirmación es preciso relacionar las principales actuaciones surtidas dentro del proceso o bjeto de análisis. Esta relación procesal se extracta de la verificación del expediente digitalizado del proceso ejecutivo y del histórico de actuaciones relacionado en el sistema de

Como fundamento de la anterior afirmación es preciso relacionar las principales actuaciones surtidas dentro del proceso o bjeto de análisis. Esta relación procesal se extracta de la verificación del expediente digitalizado del proceso ejecutivo y del histórico de actuaciones relacionado en el sistema de gestión de procesos para Tribunales administrativos, Samai. Veamos: ● El 18 de diciembre de 2012, el despacho de conocimiento negó el mandamiento de pago contra la Superintendencia de Notariado y Registro. Lo anterior, porque la copia de la sentencia de condena carecía de constancia de ser la que prestaba mérito ejecutivo. ● En auto del 13 de marzo de 2013, el despacho sustanciador declaró la nulidad parcial del proceso por indebida notificación del auto del 18 de diciembre de