CE - 110010315000202204331001SENTENCIA20220915100904

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04331-00

Demandante: MARÍA CLEMENCIA TORO DE POSADA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN

SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora María Clemencia Toro de Posada contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 9 de agosto de la presente anualidad 1, la señora María Clemencia Toro de Posada, por intermedio de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B , porque consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, al dictar la sentencia del 4 de mayo de 2022,

1 La Sala advierte que, el 25 de agosto de 202 2, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación: 11001-03-15-000-2022-04331-00

Demandante: María Clemencia Toro de Posada

Demandado: Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección

Segunda, Subsección B y otro

Demandante: María Clemencia Toro de Posada

Demandado: Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2 en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-2333-000-2015-01922-00, sin haberse realizado en debida forma, la notificación del auto admisorio de la demanda. Formuló las siguientes pretensiones:

1.1. CONCEDER a favor de mi representada María Clemencia Toro de Posada la tutela judicial de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, los cuales fueron vulnerados con motivo de la expedición de la sentencia judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del expediente judicial identificado con el Radicado No. 25000234200020150192200, la cual se dictó p or los señores magistrados los cuales fueron inducidos en un error por parte del demandante, como se demostrará en el presente escrito.

1.2. DEJAR SIN EFECTOS la precitada providencia judicial.

1.3. ORDENAR a la autoridad accionada reiniciar la actuación desde la admisión de la demanda con el fin de permitirle el derecho a la defensa a la aquí accionante y demandada dentro del proceso genitor del proceso promovido en su contra por la UGPP.

1.4. ORDENAR a la autoridad accionada que la notificación de la providencia judicial que admitió la demanda, así como también, el escrito inaugural de la controversia presentada por la UGPP y sus anexos en los términos escritos en el artículo 8° de la Ley 2213 de 2022.

1.2. Hechos

controversia presentada por la UGPP y sus anexos en los términos escritos en el artículo 8° de la Ley 2213 de 2022.

1.2. Hechos

Del escrito de tutela y de los documentos allegados al expediente, la Sala extrae los siguientes hechos jurídicamente relevantes:

Mediante resoluciones RDP 000380 del 13 de marzo de 2009 y RDP 01.679 del 29 de octubre de 2012, se le reconoció a la señora María Clemencia Toro de Posada, la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su cónyuge, Manuel Arturo Posada Gutiérrez, cuyo deceso ocurrió el 6 de enero de 2009.

Posteriormente, la Unidad Administrativa de Gestión Pen sional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP– solicitó a la señora Toro Posada el consentimiento para revocar el acto administrativo que reconoció la pensión al causante; sin embargo, la beneficiaria no accedió a dicha solicitud.Radicación: 11001-03-15-000-2022-04331-00

Demandante: María Clemencia Toro de Posada

Demandado: Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

3 Por tal razón, la UGPP presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho -lesividad–, con el fin de que se declara la nulidad parcial de los actos en los cuales se reconoció, reajustó, reliquidó y sustituyó la pensión de jubilación del señor Manuel Arturo Posada Gutiérrez y , posteriormente, sustituida a la señora María Clemencia Toro de Posada.

se reconoció, reajustó, reliquidó y sustituyó la pensión de jubilación del señor Manuel Arturo Posada Gutiérrez y , posteriormente, sustituida a la señora María Clemencia Toro de Posada.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección B, en sentencia del 25 de enero de 2016, ac cedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y, como consecuencia, dejó sin efectos los actos demandados y ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación en los términos establecido s por las sentencias de unificación del Consejo de Estado.

Afirma la demandante que ante la UGPP tenía registrada como dirección de notificación la carrera xx No. 76-72, apartamento xxx, Bogotá2, en la que recibió una comunicación de la UGPP para que se acercara a la entidad para ser notificada de la Resolución RDP 016270 del 24 de junio de 2022 –expedida en cumplimiento de la sentencia– de la cual solo pudo conocer su contenido el 7 de julio de 2022, luego de regresar al país.

Que, con ocasión de ello, pudo constatar que, en la demanda instaurada por la UGPP, esta reportó como dirección para notificarla, la carrera xx No. 75-72, apartamento xx, Bogotá (cuando en realidad era 76 -72); por tanto, al no haber sido posible su notificación en la dirección correcta, se ordenó el emplazamiento y posterior designación de un curador ad-litem, que no atendió diligentemente su lab or, ni interpuso recurso de apelación contra la sentencia.

1.3. Argumentos de la tutela

Concretamente, la parte actora indicó que la autoridad judicial demandada incurrió en

interpuso recurso de apelación contra la sentencia.

1.3. Argumentos de la tutela

Concretamente, la parte actora indicó que la autoridad judicial demandada incurrió en los siguientes defectos:

2 En aras de garantizar el derecho a la intimidad de la actora, la Sala no incluirá su dirección exacta en esta providencia.Radicación: 11001-03-15-000-2022-04331-00

Demandante: María Clemencia Toro de Posada

Demandado: Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

4 1.3.1. Error inducido , por cuanto la UGPP tenía pleno conocimiento de que la dirección de notificaciones de la accionante era la carrera xx No. 76-72, apartamento xxx, Bogotá, sin embargo, reportó como tal la nomenclatura 75-72, a la cual se remitió la citación para efectos de notificación; por ende, como no se hizo en la dirección correcta, dio lugar a que el tribunal ordenara el emplazamiento y continuara el proceso con la designación de un curador.

Que, por es e hecho, la accionante no tuvo oportunidad de designar un apoderado judicial de confianza que ejerciera el derecho de defensa, pues no tuvo conocimiento del proceso que se inició en su contra hasta tanto no se le notificó el nuevo acto administrativo de reconocimiento pensional.

1.3.2. Defecto procedimental absoluto, dado que la demandante no fue notificad a del auto admisorio de la demanda, sino que fue emplazada, a pesar de que su dirección se encontraba en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ;

1.3.2. Defecto procedimental absoluto, dado que la demandante no fue notificad a del auto admisorio de la demanda, sino que fue emplazada, a pesar de que su dirección se encontraba en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ; circunstancia atribuible al error en que la UGPP hizo incurrir al tribunal.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 16 de agosto de 2022, el Despacho sustanciador admitió la solicitud de tutela contra la autoridad judicial demandada y ordenó que aquel se notificara los magistrados que integran la Subsección B de la Secc ión Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al igual que al director general de la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPPy a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como terceros con interés.

2.2. El magistrado ponente de la decisión que aquí se cuestiona sostuvo que el trámite de la notificación de la accionante se surtió con la información suministrada en la demanda, y como no fue posible hacerla en forma personal o por aviso, se procedió con el emplazamiento y posterior nombramiento de curador, en aplicación de las reglas previstas en el Código General del Proceso.Radicación: 11001-03-15-000-2022-04331-00

Demandante: María Clemencia Toro de Posada

Demandado: Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

5 Agregó que corresponde a la demandante demostrar que la entidad incurrió en un

Demandado: Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

5 Agregó que corresponde a la demandante demostrar que la entidad incurrió en un error al señalar la dirección en la demanda , y que como no existe prueba de que el tribunal hubiese incurrido en error, debían negarse las pretensiones de la tutela.

2.3. La UGPP expuso que la decisión del tribunal se encuentra ajustada a derecho y que, en todo caso , la acción de tutela no es el recurso adecuado para reclamar el reconocimiento y pago de prestaciones de carácter laboral, mucho menos si la accionante se encuentra en nómina de pensionados y con servicios de salud.

De otro lado, señaló que la tutela no cumple el requisito de subsidiariedad –sin especificar las razones –, y que tampoco se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.

2.4. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá

que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo impetrado, siempre que esté acreditada la razón para conferir la tutela.

En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de tutela era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir del añoRadicación: 11001-03-15-000-2022-04331-00

Demandante: María Clemencia Toro de Posada

Demandado: Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

6 20123, cambió su postura, de conformidad con las reglas que ha fijado la Corte Constitucional, en el sentido de estudiarlas cuando exista violación flagrante de algún derecho fundamental.

Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de l os procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de los mismos.

Entonces, para aceptar la procedencia de esta acción constitucional contra providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C590 de 2005.

Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de t utela

requisitos generales y específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C590 de 2005.

Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de t utela contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela.

En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte Constitucional, en sentencia SU -627 de 2015, estableció que la acción de tutela contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos excepcionales.

El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por ejemplo, en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros que podrían verse afec tados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece cuando con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato.

3 Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente No. 2009 -01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García González.Radicación: 11001-03-15-000-2022-04331-00

Demandante: María Clemencia Toro de Posada

González.Radicación: 11001-03-15-000-2022-04331-00

Demandante: María Clemencia Toro de Posada

Demandado: Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

7 Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales causales, así:

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e. Error induc ido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un

en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e. Error induc ido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución.

Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar la causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sus tentan la violación de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de instancia, sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia cuestionada ha incurrido en alguna de las causales específicas para la procedencia de la acciónRadicación: 11001-03-15-000-2022-04331-00

Demandante: María Clemencia Toro de Posada

Demandado: Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección

Segunda, Subsección B y otro

Demandante: María Clemencia Toro de Posada

Demandado: Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

8 de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario, la tutela carecería de relevancia constitucional.

Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los argumentos que dejaron de proponer oportunamente.

Por último, cabe anotar que, en diversos pronunciamientos 4, la Corte Constitucional ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de tutela, las providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los requisitos generales y la configuración de una de las causales específicas antes mencionados, la acción de tutela contra providencias proferidas por los denominados órganos de cierre, « sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional».

Es de esa manera que podría abordarse el estudio de una providencia judicial mediante el valioso y excepcional mecanismo de la acción de tutela.

entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional».

Es de esa manera que podría abordarse el estudio de una providencia judicial mediante el valioso y excepcional mecanismo de la acción de tutela.

2. Problema Jurídico

En primer lugar, la Sala deberá analizar si la presente solicitud de amparo cumplió con los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial. Solo en el evento de superar los, se descenderá al análisis de fondo, a fin de establecer si se configuraron o no los defectos endilgados a la actuación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en el trámite de

4 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.Radicación: 11001-03-15-000-2022-04331-00

Demandante: María Clemencia Toro de Posada

Demandado: Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

9 notificación del auto admisorio de la demanda en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad, instaurado por la UGPP contra María Clemencia Toro de Posada.

3. Análisis de la Sala

3.1. Requisitos generales de procedibilidad

3.1.1 De la subsidiariedad5

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el

que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremedi able y, de concurrir, concederá el amparo impetrado.

La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

No en vano los artículos 866 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 7 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la

5 En este acápite, la Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta Corporación, expuestas, entre otras, en las siguientes providencias de tutela: (i) sentencia del 1º de junio de 2016 (expediente 2015-03373-00), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y (ii) sentencia del 1º de junio de 2017 (expediente 2017-00150-00), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (e). 6 «Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la pr otección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos

y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la pr otección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)». (se destaca). 7 «Artículo 6. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:Radicación: 11001-03-15-000-2022-04331-00

Demandante: María Clemencia Toro de Posada

Demandado: Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

10 existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. De manera que el amparo sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos ordinarios de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte Constitucional manifestó8:

La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del

invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complement ario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacío s que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente.

Ahora bien, en punto de la noción de perjuicio irremediable, es claro que este se puede definir como un riesgo cierto y real de daños provenientes de la amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la mera indemnización del perjuicio. Por ende, es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela, pero siempre que ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que provenga de acciones manifiestamente contrarias a la ley, al punto de ser atentados a los derechos fundamentales.

tutela, pero siempre que ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que provenga de acciones manifiestamente contrarias a la ley, al punto de ser atentados a los derechos fundamentales.

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante (…)». 8 Sentencia C-543 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.Radicación: 11001-03-15-000-2022-04331-00

Demandante: María Clemencia Toro de Posada

Demandado: Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

11 La Corte Constitucional ha trazado una serie de criterios para identificar el perjuicio irremediable, así9: «es aquel (i) que se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales».

• Análisis de la subsidiariedad en el caso concreto

La señora María Clemencia Toro de Posada cuestiona la sentencia de primera

de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales».

• Análisis de la subsidiariedad en el caso concreto

La señora María Clemencia Toro de Posada cuestiona la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativ o de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la UGPP.

En rigor, la censura de la parte actora, más que con el contenido de la sentencia, se contrae al acto de notificación de la demanda , pues, en su sentir, la notificación no se hizo en debida forma, porque el acto de emplazamiento y el nombramiento del curador ad-litem que la representó en el proceso ordinario estuvo precedido de una actuación irregular y de un error, dado que la UGPP reportó una dirección que no corresponde con la correcta y de la cual tenía conocimiento.

Quiere decir lo anterior, que la inconformidad de la señora Toro de Posada no se circunscribe a la providencia que definió el litigio, sino a la ausencia o indebida notificación del auto admisorio de la demanda , como aspecto que , en su criterio, impedía dictar aquella decisión judicial.

Bajo ese entendimiento, se advierte que el artículo 133 del Código General del Proceso consagra en el numeral 8 que el proceso es nulo, en todo o en parte

9 Corte Constitucional, sentencia T -695 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Citando a: Corte Constitucional, sentencias T-225 de 1993, SU-086 de 1999, entre otras.Radicación: 11001-03-15-000-2022-04331-00

Demandante: María Clemencia Toro de Posada

Corte Constitucional, sentencias T-225 de 1993, SU-086 de 1999, entre otras.Radicación: 11001-03-15-000-2022-04331-00

Demandante: María Clemencia Toro de Posada

Demandado: Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

12 «[c]uando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas d eterminadas…». En este caso, la señora Toro de Posada es una persona determinada en cuanto a que se tuvo como demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, de suerte que se ordenó su notificación del auto admisorio de la demanda.

En tal sentido, la Sala advierte que, si la accionante considera que la notificación no se hizo en forma legal, cuenta con varias vías procesales, principalmente, la solicitud de nulidad en el respectivo proceso o, de otra parte, el recurso extraordinario de revisión. Veamos.

El artículo 134 10 del Código General del Proceso, establece las oportunidades con las que cuenta el interesado para alegar una nulidad procesal. El escenario ideal, es que la causal se discuta antes de que se dicte sentencia de primera instancia, salvo que el hecho que la origina se configure en esta –como los casos de falta de integración del litisconsorcio necesario –, evento en el cual debe alegarse posteriormente.

Concretamente, en lo atinente a la indebida notificación, el mencionado artículo 134 señala varias oportunidades