CE - 110010315000202204339001SENTENCIA20221003120823

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04339-00

Demandante: MARTA ELENA ARBELAEZ MARQUEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-04339-00

Demandante: MARTA ELENA ARBELAEZ MÁRQUEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA QUINTA

DE DECISIÓN

Temas: Tutela contra providencia judicial . Nulidad y restablecimiento del derecho con la pretensión de que se reconociera la mesada adicional de docente, prevista en la Ley 91 de 1989 . Falta del requisito de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por la señora Marta Ele na Arbeláez Márquez quien actúa por intermedio de apoderada judicial, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia , Sala Quinta de Decisión, en la que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso, a la i gualdad y de acceso a la

intermedio de apoderada judicial, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia , Sala Quinta de Decisión, en la que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso, a la i gualdad y de acceso a la administración de justicia , vulnerados, supuestamente, por l a sentencia de 9 de febrero de 20 22, mediante la cual la autoridad judicial accionada confirmó la decisión desfavorable de primera instancia que negó las pretensiones, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante Fomag), con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto mediante el que le fue negado el reconocimiento de la prima adicional de junio, establecida en el artículo 15 la Ley 91 de 1989.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La accionante afirmó que fue vinculada por primera vez como docente oficial con posterioridad al 1º de enero de 1981, “razón por la cual en condición de pensionada por el fondo de prestaciones sociales del magisterio (FOMAG), no tiene derecho a que CAJANAL, hoy unidad de gestión pensional y parafiscales "UGPP" reconozca a su favor la pensión de gracia”.

Indicó que mediante R esolución N° 201500300049 de 9 de octubre de 2015, expedida por la Secretar ía de E ducación de Antioquia “con fundamento en la Ley 91 de 1989 ”, le fue reconocida a su favor pensión de jubilación. Agregó que mediante reclamación administrativa radicada el 21 de junio de 2019 ante el

91 de 1989 ”, le fue reconocida a su favor pensión de jubilación. Agregó que mediante reclamación administrativa radicada el 21 de junio de 2019 ante el Fomag, solicitó el reconocimiento de la prima de junio establecida en el artículo 15, numeral 2, literal b de la Ley 91 de 1989, “por causa de no haber alcanzado elRadicación: 11001-03-15-000-2022-04339-00

Demandante: MARTA ELENA ARBELAEZ MARQUEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 derecho al reconocimiento de la pensión gracia”, petición frente a la que no obtuvo respuesta de la entidad.

Aseveró que, en tal razón, promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Fomag , con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto mediante el que le fue negado el reconocimiento de la prima de junio prevista en el artículo 15 la Ley 91 de 1989 , de la que conoció en primera instancia el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito de Medellín, que mediante sentencia de 16 de julio de 2021, denegó las súplicas de la demanda.

En la sentencia de primera instancia, el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito de Medellín denegó las pretensiones bajo la consideración de que la demandante no cumplía con los requisitos para hacerse a la prestación reclamada dado que había adquirido la calidad de pensionada con posterioridad a la entrada

Circuito de Medellín denegó las pretensiones bajo la consideración de que la demandante no cumplía con los requisitos para hacerse a la prestación reclamada dado que había adquirido la calidad de pensionada con posterioridad a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, mismo que, señaló, en todo caso estableció un límite de 13 mesadas pensionales al año para los docentes.

Finalmente, agregó que, luego de apelar dicha decisión, el Tribunal Administrativo de Antioquia , Sala Quinta de Decisión, mediante sentencia de 9 de febrero de 2022, la confirmó bajo los mismos argumentos.

2. Fundamentos de la acción

La accionante interpuso acción de tutela con el fin de que se protejan los derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, los cuales considera vulnerados por la sentencia de 9 de febrero de 2022 , mediante la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, confirmó la decisión desfavorable de primera instancia , en el marco de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el Fomag, con el fin de que se declarara la nulidad del acto admini strativo ficto mediante el que le fue negado el reconocimiento de la prima de junio consagrada en el artículo 15 la Ley 91 de 1989.

Luego de hacer referencia al cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, adujo que, en su criterio, la providencia objetada incurre en defecto sustantivo, en tanto, señaló, la decisión del tribunal se basó únicamente en el análisis del inciso 8 del artículo

criterio, la providencia objetada incurre en defecto sustantivo, en tanto, señaló, la decisión del tribunal se basó únicamente en el análisis del inciso 8 del artículo primero del Acto Legislativo 01 del 2005, que modifica el artíc ulo 48 de la Constitución Política, que establece que “Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas pensionales al año. Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento”.

En su criterio, el Acto Legislativo 01 de 2005 protegió el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que establece la prima de medio año equivalente a una mesada pensional a los pensionados del magisterio, “destinada de manera especial para los profesores afiliados al FOMAG que por el haber ingresado por primera vez al servicio de la docencia oficial no tienen derecho a la pensión gracia” , prestación que, alega, no puede confundirse con la mesada adicional de junio o mesada catorce , establecida en el artículo 142 Ley 100 de 1993 , por lo que, alega, el tribunal “realizó una equívoca argumentación jurídica y por ende el análisis final del fallo termina denegando las pretensiones de la demanda”.Radicación: 11001-03-15-000-2022-04339-00

Demandante: MARTA ELENA ARBELAEZ MARQUEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3 Sobre el particular, indicó que “al centrar los despachos judiciales su atención solo al contenido de este inciso de 8 del artículo 1° del Acto Legislativo, sin estudiar en contexto la normatividad compl eta, est án cayendo en el error de negar reconocimientos de derechos a los docentes de la educación pública. Siendo que sistemáticamente hacen un ejercicio de análisis básico, donde se contraen a verificar la fecha de status pensional y conversión de la mes ada pens ional a salarios mínimos. Aduciendo, que esta normatividad elimina la posibilidad de percibir más de 13 mesadas pensionales durante un año, como está contenido en el inciso 8 del mencionado artículo, sin realizar un análisis completo de la norma constitucional”.

Agregó que el numeral 2º del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, “nada tiene que ver con la mesada pensional causada con posterioridad al año 2005 (artículo 42 de la Ley 100 de 1993) , pues el régimen especial que contiene la misma identifica una prima que ‘equivale’ a una mesada pensional, situación diferente a la prestación acontecida como mesada adicional a los docentes en el mes de junio de cada año”.

Por último, sostuvo que dicha interpretación encuentra respaldo en la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado de 25 de abril de 2019, SUJ-014-CE-S2-2019 1 , en la que se estableció : i) que el derecho a la pensión

unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado de 25 de abril de 2019, SUJ-014-CE-S2-2019 1 , en la que se estableció : i) que el derecho a la pensión gracia es compatible con la pensión ordinaria de jubilación para los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 y ii) que el derecho a una pensión de jubilación y a una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se exponen las siguientes:

“1. Se declare que el Tribunal Administrativo de ANTIOQUIA - Sala Primera de Decisión, integrada por los magistrados (…) transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, MINIMO VITAL, IGUALDAD Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de la accionante, con la decisión contenida en la sentencia del 9 DE FEBRERO DE 2022, proferida dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho incoada por la Docente MARTA ELENA ARBELAEZ MARQUEZ contra la NACIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, bajo radicado Nº 05001-33-33-019-2021-00251-01.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, integrada por los Magistrados (…); dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo al precedente judicial que sobre el tema edificó el Consejo de Estado mediante Sentencia Unificación SUJ-014-CE-S2-2019 de 25

Magistrados (…); dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo al precedente judicial que sobre el tema edificó el Consejo de Estado mediante Sentencia Unificación SUJ-014-CE-S2-2019 de 25 de abril de 2019 proferida por la Sección Segunda, es decir reconociendo la prima de junio establecida en el artículo 15 numeral 12 literal b de la ley 91 de 1989”.

4. Pruebas relevantes

Al trámite de tutela se allegó copia digitalizada de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho radicada con el Nº 2021-00251-01, actora: Marta Elena Arbeláez Márquez.

1 M.P. César Palomino Cortés.Radicación: 11001-03-15-000-2022-04339-00

Demandante: MARTA ELENA ARBELAEZ MARQUEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4

5. Trámite procesal

Por auto de 11 de agosto de 2022, el despacho de la magistrada sustanciadora admitió la demanda y ordenó notificar a la accionante y a la autoridad judicial accionada. Igualmente, al Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito d e Medellín, al Ministerio de Educación Nacional, al Fomag y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como terceros interesados en el resultado del proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 88009 a 80014, todos

de Defensa Jurídica del Estado, como terceros interesados en el resultado del proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 88009 a 80014, todos de 17 de agosto de 2022, con el fin de darle cumplimiento a la referida decisión 2 .

6. Oposición

6.1. Respuesta del Ministerio de Educación Nacional

A través de apoderado judicial, la cartera ministerial solicitó que se declarará la falta de legitimación en l a causa por pasiva a su favor y se le desvinculara del presente trámite, por cuanto, adujo, no tiene competencia para pronunciarse sobre los hechos y las pretensiones de la solicitud, mismos que versan sobre las actuaciones de despachos judiciales por lo q ue no tiene injerencia en la decisión que se adopte.

6.2. A pesar de haber sido notificad os en debida forma del auto admisorio de la acción de tutela , los demás vinculados guardaron silencio en este trámite constitucional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el presente asunto.

2. Planteamiento del problema jurídico

Previo al estudio de fondo de la controversia planteada , la Sala debe establecer si la solicitud de amparo cumple con el requisito general de proced encia que deben observar las acciones de tutela contra provi dencias judiciales, consistente en la relevancia constitucional.

la solicitud de amparo cumple con el requisito general de proced encia que deben observar las acciones de tutela contra provi dencias judiciales, consistente en la relevancia constitucional.

En caso de que la respuesta a este interrogante sea afirmativa, corresponde a la Sala determinar si la sentencia de 9 de febrero de 2022, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, confirmó la decisión desfavorable de primera instancia, en el marco de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el Fomag, incurre en i) defecto

2 El auto admisorio fue notificado a los correos electrónicos : carolina@lopezquinteroabogados.com, sectribant@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadminanq@notificacionesrj.gov.co; des 14taanq@cendjo.ramajudicial.gov.co; recepcionmstadmant@cendoj.ramajudicial.gov.co procesosnacionales@defensajuridica.gov.co; tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, adm19med@cendoj.ramajudicial.gov.co; jadmin19mdl@notificacionesrj.gov.co Tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co.Radicación: 11001-03-15-000-2022-04339-00

Demandante: MARTA ELENA ARBELAEZ MARQUEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5 sustantivo, en tanto, la decisión del tribunal n o tuvo en cuenta que el Acto Legislativo 01 de 2005 protegió el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que establece

5 sustantivo, en tanto, la decisión del tribunal n o tuvo en cuenta que el Acto Legislativo 01 de 2005 protegió el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que establece la prima de medio año equivalente a una mesada pensional a los pensionados del magisterio, “destinada de manera especial para los profesores afi liados al FOMAG que por haber ingresado por primera vez al servicio de la docencia oficial no tienen derecho a la pensión gracia”, por lo que el tribunal “realizó una equívoca argumentación jurídica y por ende el análisis final del fallo termina denegando las pretensiones de las demanda” , prima que, alega, no puede confundirse con la mesada adicional de junio o mesada catorce, establecida en el artículo 142 Ley 100 de 1993.

De igual forma, corresponde establecer si la sentencia objetada incurre en ii) desconocimiento del precedente ju dicial obligatorio, contenido en la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado de 25 de abril de 2019, SUJ -014-CE-S2-2019 3 , en la que, afirma, se estableció: i) el derecho a la pensión gracia e s compatible con la pensión ordinaria de jubilación para los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 y ii) el derecho a una pensión de jubilación y a una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar q ue el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones4.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, p artiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de 20055, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo cons titucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C -590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional6.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio de selección en sede d e revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

3

criterio de selección en sede d e revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

3 M.P. César Palomino Cortés. 4 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017 -01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 5 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa. 6 la Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.Radicación: 11001-03-15-000-2022-04339-00

Demandante: MARTA ELENA ARBELAEZ MARQUEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6 Esta Sala 7, de conformidad con lo anterior ha precisado que este r equisito de procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

1. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situacio nes inexi stentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

1. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales .

asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

1. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales .

Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» . Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

1. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutel a. La dis cusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

1. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o m odificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

1. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutel a, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las

más informal que sea la tutel a, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrec ieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. En el presente caso, la parte actora alega que la sentencia de 9 de febrero de 2022, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia , Sala Quinta de Decisión, confirmó la decisión desfavorable de primera instancia, en el marco de

7 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicación: 11001-03-15-000-2022-04339-00

Demandante: MARTA ELENA ARBELAEZ MARQUEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

7 la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el Fomag,

www.consejodeestado.gov.co

7 la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el Fomag, incurre en i) defecto sustantivo, en tanto no t uvo en cu enta que el Acto Legislativo 01 de 2005 protegió el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que establece la prima de medio año equivalente a una mesada pensional a los pensionados del Magisterio, “destinada de manera especial para los profesores afilia dos al FOMAG que por haber ingresado por primera vez al servicio de la docencia oficial no tienen derecho a la pensión gracia”, por lo que el tribunal “realizó una equívoca argumentación jurídica y por ende el análisis final del fallo termina denegando la s pretensiones de las demanda” , prima que, alega, no puede confundirse con la mesada adicional de junio o mesada catorce prevista en el artículo 142 Ley 100 de 1993, y en ii) desconocimiento del precedente judicial obligatorio, contenido en la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado de 25 de abril de 2019, SUJ-014-CE-S2-2019 8 .

Del estudio del expediente ordinario, la Sala anticipa que los argumentos que soportan la presunta vulneración ius fundamental en la presente acc ión de tutela se limitan a extender el debate legal propuesto por la accionante en el recurso de apelación presentado contra el fallo de primera instancia del proceso ordinario que originó la controversia, discusión que ya fue considerada y resuelta por el juez ordinario de la causa, lo que implica la falta de relevancia constitucional de la solicitud de amparo, en tanto se trata de una reiteración de aspectos puramente

originó la controversia, discusión que ya fue considerada y resuelta por el juez ordinario de la causa, lo que implica la falta de relevancia constitucional de la solicitud de amparo, en tanto se trata de una reiteración de aspectos puramente legales que ya fueron sometidos a estudio y sobre los que ya se profirió una decisión de fondo.

4.2. En efecto, del expediente ordinario se puede evidenciar que luego de que e n primera instancia el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito de Medellín, en sentencia de 16 de julio de 2021, denegara las súplicas de la demanda luego de considerar que la demandante no cumplía con los requisitos para hacerse a la prestación reclamada dado que había adquirido la calidad de pensionada con posterioridad a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, mismo que, indicó, en todo caso estableció un límite de 13 mesadas pensionales al año para los docentes, la accionante elevó r ecurso de apelación contra dicha decisión en el que sostuvo lo siguiente:

“La Ley 91 de 1989, estableció en el artículo 15 numeral 2, que los docentes vinculados con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 inclusive, tendrían derecho a una pensión de jubilación compatible con una pensión gracia y que los vinculados con posterioridad al 1º de enero de 1981, inclusive, tendrían derecho solo a una pensión de jubilación, sin establecer en su favor el beneficio de la pensión gracia, sino un beneficio adicional consistente en una prima de mitad de año equivalente a una mesada pensional.

De este modo, se tiene que la prima de medio año es un beneficio que se le

sino un beneficio adicional consistente en una prima de mitad de año equivalente a una mesada pensional.

De este modo, se tiene que la prima de medio año es un beneficio que se le otorga a los docentes que no tienen derecho a la pensión de gracia, incluso se considera como un beneficio compensatorio al no poder acceder a dicha prestación y, al cual tienen derecho únicamente los docentes beneficiarios de la Ley 91 de 1989, en virtud de lo precept uado en el numeral 2, literal b) del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

En este sentido, no puede equipararse la prima de mitad de año establecida en el numeral 2° literal b) del artículo 15 con una mesada adicional, pues su naturaleza fue expresamente establecida por el legislador como una prima, no como una mesada pensional adicional; así que el hecho de que para su monto se

8 M.P. César Palomino Cortés.Radicación: 11001-03-15-000-2022-04339-00

Demandante: MARTA ELENA ARBELAEZ MARQUEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 haya establecido que equivale a una mesada pensiona l, no varía su naturaleza de prima.

Por otro lado, la Ley 100 de 1993 en su art ículo 1 42, esta bleció la denominada mesada pensional adicional o mesada catorce, en los siguientes términos: (…)

De lo anterior, es dable colegir que si bien existen similitudes entre la mesada

mesada pensional adicional o mesada catorce, en los siguientes términos: (…)

De lo anterior, es dable colegir que si bien existen similitudes entre la mesada adicional o mesada catorce establecida en el artículo 142 de la Ley 100 de 1993 y en la prima de mitad de año consagrada en el numeral 2, literal b) del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, en cuanto a su monto y forma de pago, pues ambas equivalen a una mesada pensional que se cancela en el mes de junio de cada anualidad; lo cierto es que ambas son diferentes en cuanto a su consagración normativa, su naturaleza y su temporalidad, pues la una tiene su origen en el numeral 2, literal b) del artículo 15 de la Ley 81 de 1989 como un beneficio o compensación solo para aquel los pensionados vinculados con posterioridad al 1º de enero de 1981 que no tenían derecho a la pensión gracia, además que se concibe en la ley como una prima, no como una mesada adicional ; mientras que la otra tiene su origen en el artículo 142 de la Ley 1 00 de 1 993 como un beneficio que compensa la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones que luego de la expedición de la sentencia C -409 de 1994 no está condicionada por aspectos temporales y solo viene a restringirse su alcance a partir de lo estableci do en e l parágrafo transitorio 6º del Acto Legislativo 01 de 2005 que establece que recibirán 14 mesadas pensionales al año aquellas personas que perciban una pensión igual o inferior a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si la misma se causa antes del 31 de julio de 2011. En consecuencia, todos los docentes sin excepción,

14 mesadas pensionales al año aquellas personas que perciban una pensión igual o inferior a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si la misma se causa antes del 31 de julio de 2011. En consecuencia, todos los docentes sin excepción, adquirieron el derecho a la mesada adicional. Ello, en virtud de la aplicación del principio de igualdad expuesto por la Corte Constitucional en la referida providencia y el cu mplimiento de los requisitos establecidos en el Acto Legislativo 01 de 2005 que determinó su alcance. (…)

En estas condiciones, es claro que el numeral 2 del artículo 15 de la ley 91 de 1989, nada tiene que ver con la mesada pensional causada con posterioridad al año 2005, pues el régimen especial, que contiene la misma, identifica una prima, que "equivale" a una mesada pensiona l, situación diferente a la prestación acontecida como mesada adicional a los docentes en el mes de junio de cada año. (…)

Regulación que fue confirmada en la Sentencia de Unificación de la Sección Segunda del Honorable Consejo de Estado de 25 de abril de 2019, identificada como SUJ - 014 -CES2-2019, Consejero Ponente César Palomino Cortés ”. (Resaltado de la Sala).

De igua l modo, en el e xpediente ordinario se evidencia que luego de hacer referencia al marco normativo y jurisprudencial que regula las prestaci ones sociales del magisterio, frente a l debate propuesto por la demandante en el recurso de apelación el Tribunal Admi nis