CE - 110010315000202204386001SENTENCIA20220921135856

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04386-00

Referencia: Acción de tutela

Actora: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFIS CALES DE LA

PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-.

TESIS: DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR

CARECER DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD, TODA VEZ QUE

LA ACTOR A CUENTA CON EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE

REVISIÓN.

DERECHO FUNDAMENTAL: AL DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora contra el JUZGADO VEINTICINCO ADMINISTRATIVO

DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ 1 y la SECCIÓN SEGUNDA,

1 En adelante el Juzgado2

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SUBSECCIÓN “D” DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

CUNDINAMARCA2.

I. ANTECEDENTES

I.1 La solicitud

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -en adelante UGPP-, actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su derecho fundamental al debido proceso y al principio de sostenibilidad financiera , los cuales, a su juicio, le fue ron vulnerados por el JUZGADO y el TRIBUNAL, al haber proferido las providencias de 30 de octubre de 2020 y 3 de marzo de 2022, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 11001-33-35-025-2015-00829-01.

I.2 Hechos

2 En adelante el Tribunal3

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Refirió que el señor NÉSTOR JULIO GONZÁLEZ ASCENCIO laboró en el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas –DANE-, desde el 1o. de enero de 1971 hasta el 3 de enero de 1991.

Sostuvo que el señor NÉSTOR JULIO GONZÁLEZ ASCENCIO al estimar que era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues contaba con más de 40 años de edad y más de 15 años de servicio al momento de entrar en vigencia dicha norma, el 20 de noviembre de 2014 le solicitó el reconocimiento y pago de su pensión de vejez.

Indicó que la anterior petición fue denegada mediante Resolución núm. RDP 009793 de 12 de marzo de 2015 , al considerar que el solicitante no cumplía con el requisito de tiempo de servicio, decisión que fue confirmada a través de las resoluciones núm s. RDP017214 de 30 de abril y RDP 23024 de 5 de junio de 2015.

Relató que el citado señor como consecuencia de lo anterior, promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en su contra, a fin de que se le4

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reconociera y pagara la pensión de vejez y se le pagaran las mesadas atrasadas y causadas.

Relató que el proceso fue identificado con el número único de radicación 2015-00829-00 y le correspondió en primera instancia al Juzgado que, en sentencia de 30 de octubre de 2020, accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que el solicitante reunió el requisito de semanas requeridas por el Decreto 758 de 1990, toda vez que llegó a la edad de 60 años el 1o. de abril de 2011 y, por ende, tenía derecho al reconocimiento de una pensión de vejez con una tasa de reemplazo igual al 75% del ingreso base de liquidación.

Adujo que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación que fue desatado por el Tribunal que, en sentencia de 3 de marzo de 2022, confirmó la decisión del a quo.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la parte actora, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto sustantivo en la medida que el señor NÉSTOR JULIO GONZÁLEZ ASCENCIO no tiene derecho al5

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incurrieron en defecto sustantivo en la medida que el señor NÉSTOR JULIO GONZÁLEZ ASCENCIO no tiene derecho al5

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reconocimiento de la p ensión de vejez amparado en el A cuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, pues dicha norma no le es aplicable a su situació n pensional por tratarse de un reglamento interno de uso exclusivo del Seguro Social, hoy Colpensiones, respecto de sus afiliados, por lo que se le está imponiendo a la entidad una carga prestacional que no le corresponde.

Resaltó que se incurrió en viola ción directa de la Constitución al darle un alcance ilegítimo e ilegal al Decreto 758 de 1990, lo que traduce en el desconocimiento del artículo 29 de la Carta Política.

Finalmente, refirió que se configuró un abuso palmario del derecho con ocasión de la errada interpretación de las normas dada por el Juzgado y el Tribunal que llevó al reconocimiento de una pensión de vejez, amparado en una norma que no le es aplicable, pues la misma regula únicamente a Colpensiones, de cara a sus afiliados, generando de esta forma una afectación al erario.

I.4. Pretensiones

de vejez, amparado en una norma que no le es aplicable, pues la misma regula únicamente a Colpensiones, de cara a sus afiliados, generando de esta forma una afectación al erario.

I.4. Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de su derecho fundamental al debido proceso y, en consecuencia:6

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“[…] a.- DEJAR sin efectos los fallos del 30 de octubre de 2020 y 03 de marzo de 2022, emitidos por el JUZGADO

VEINTICINCO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ SECCIÓN SEGUNDA ORAL y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN D, en el proceso de Nulidad y Restablecimiento No. 11001 -33-35025-2015-00829-00, que ordenaron el reconocimiento de la pensión de vejez amparados bajo el artículo 12 de acuerdo 049 de 1990 aprobado por del decreto 758 de 1990, acuerdo este que no regula la situación prestacional del solicitante, ni le es posible aplicar a la UGPP en los términos suficientemente expuestos en esta demanda.

b.- Se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

no regula la situación prestacional del solicitante, ni le es posible aplicar a la UGPP en los términos suficientemente expuestos en esta demanda.

b.- Se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN D dictar nueva sentencia ajustada a derecho, esto es, revocando el fallo del 30 de octubre de 2020 dictado por el JUZGADO VEINTICINCO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SECCIÓN SEGUNDA ORAL, por ordenar un reconocimiento pensional con fundamento en una norma que no le es aplicable a la UGPP.

 SUBSIDIARIAS

En caso de que esa H. Magistratura no acceda a lo anterior en razón al no estar superado el requisito de subsidiariedad solicitamos:

Primero. Sean amparados TRANSITORIAMENTE los derechos fundamentales deprecados por la UGPP y vulnerados por el por el JUZGADO VEINTICINCO

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SECCIÓN SEGUNDA ORAL y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN D en sus providencias del 30 de octubre de 2020 y 03 de marzo de 2022 respectivamente.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior se SUSPENDA de manera transitoria los fallos del 30 de octubre de 2020 y 03 de marzo de 2022 emitidos dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 2015 -00829 hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisión que se iniciaría en virtud de su orden tutelar.

y 03 de marzo de 2022 emitidos dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 2015 -00829 hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisión que se iniciaría en virtud de su orden tutelar.

[…]”.7

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I.5. Defensa

I.5.1.- El Tribunal solicitó denegar la acción de tutela de la referencia, toda vez que realizó un análisis del marco normativo aplicable al caso, para lo cual se concluyó que para efectos de reconocimiento de la pensión de vejez de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, era posible acumular los tiempos de servicios públicos y privados, siendo viable también acumular cotizaciones a las cajas o fondos de previsión social, con las semanas de cotización efectuadas al Instituto de Seguros Sociales, en la medida que la exclusividad de aportes a esta entidad no es un evento previsto en esa normativa.

Refirió que la anterior interpretación se fundamentó en la sentencia SU-769 de 2014 proferida por la Corte Constitucional, por medio de la cual señaló que la aplicación del decreto mencionado es viable.

Refirió que la anterior interpretación se fundamentó en la sentencia SU-769 de 2014 proferida por la Corte Constitucional, por medio de la cual señaló que la aplicación del decreto mencionado es viable.

I.5.2.- El Juzgado pese a ser notificado en debida forma, guardó silencio.

I.6. Intervinientes8

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I.6.1.- El señor NÉSTOR JULIO GONZÁLEZ ASCENCIO , vinculado como tercero con in terés directo en las resultas del proceso, pese a ser notificado en debida forma, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 20123, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, número de radicación: 2009-01328.9

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con miras a unificar la jurisprudencia, luego de analizar la evolución jurisprudencial de la acción de tutela contra providencias judiciales tanto en la Corte Constitucional como en esta Corporación, concluyó que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala había sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que a partir de tal pronunciamiento se

las distintas Secciones que la componen han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que a partir de tal pronunciamiento se modificó ese criterio radical y se declaró la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella, elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia10

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de unificación de 5 de agos to de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo4.

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así: “[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de

Contencioso Administrativo4.

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así: “[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar u n desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar u n desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 0111

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c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se t rate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta

legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se t rate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas

los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia12

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judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sent ido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profi rió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o t ribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamen tos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho f undamental vulnerado[11].

1. Violación directa de la Constitución. […]”13

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Caso concreto

En el presente asunto , la Sala advierte que la parte actora pretende que se deje n sin efecto las providencias de 3 0 de octubre de 2020 y 3 de marzo de 2022 , proferidas por el Juzgado y el Tribunal, respectivamente, a través de las cuales se accedió a las pretensiones de la demanda, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2015-00829-01.

A las citadas providencias se les atribuye la vulneración del derecho fundamental al debido proceso y al principio de sostenibilidad financiera, habida cuenta que, a juicio de la parte actora, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos sustantivo y violación directa de la Constitución.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero , ii) determinar si el Juzgado y el Tribunal vulneraron los derechos fundamentales invocados.14

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04386-00

determinar si el Juzgado y el Tribunal vulneraron los derechos fundamentales invocados.14

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De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial el requisito de la subsidiariedad.

La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los artículos 86 superior y 6º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 5, sostiene que la solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario para obtener la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo que impone su procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.

Asimismo, esta Sección 6 respecto de este requisito de subsidiariedad ha señalado:

5 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política" 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia

subsidiariedad ha señalado:

5 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política" 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 1100103150002017030060015

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“[….] La misma Corte Constitucional, de manera reiterada, ha señalado que la acción de tutela contra una providencia judicial es improcedente por no cumplir con el requisito de subsidiariedad cuando: “(i) el asunto está en trámite 7; (ii) no se han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios8; y (iii) se usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico”9”.10

Lo anterior atiende a que, en primer lugar, es el juez ordinario quien debe corregir las irregularidades que llegaren a presentarse en el curso del proceso, de manera oficiosa o a solicitud de parte, a efecto de dictar una sentencia que materialice el derecho a la tutela judicial efectiva y sea el resultado de una actuación conforme a las garantías procesales […]”.

presentarse en el curso del proceso, de manera oficiosa o a solicitud de parte, a efecto de dictar una sentencia que materialice el derecho a la tutela judicial efectiva y sea el resultado de una actuación conforme a las garantías procesales […]”.

De lo anterior s e colige la competencia subsidiaria y residual del juez de tutela para la protección de los derechos constitucionales, salvo que no exista otro medio de defensa judicial de comprobada eficacia para lograr que cese inmediatamente la vulneración. Al respecto la Corte Constitucional ha considerado11:

7 La subregla mencionada ha sido aplicada en las sent encias SU-1299 de 2001, T -886 de 2001, T-212 de 2006, T-113 de 2013, T-103 de 2014, entre otras. 8 Al respecto, la sentencia C-590 de 2005 afirmó que es “un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última”. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. La subregla jurisprudencial expuesta previamente fue aplicada en la sentencia SU-858 de 2001, SU1299 de 2001, entre otras. 9 Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

jurisprudencial expuesta previamente fue aplicada en la sentencia SU-858 de 2001, SU1299 de 2001, entre otras. 9 Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 10 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 2017 11 Sentencia T-030 26 de enero de 201516

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04386-00

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“[…] La regla general es que el mecanismo constitucional de protección no puede superponerse a los mecanismos ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico de forma que los suplante o que se actúe como una instancia adicional para debatir lo que ya se ha discutido en sede ordinaria. En particular, la Sala insiste en que esta regla general conduce a que en los procedimientos administrativos, la tutela no procede contra actos expedidos por una autoridad admini strativa, pues para ello se han previsto otros instrumentos judiciales, sin embargo, sólo de manera excepcional esta acción procede transitoriamente cuando se compruebe la existencia de un perjuicio irremediable […]”.

Así las cosas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, la tutela resulta improcedente cuando es utilizada como mecanismo que desplaza los medios de defensa previstos por la ley. Sin

perjuicio irremediable […]”.

Así las cosas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, la tutela resulta improcedente cuando es utilizada como mecanismo qu