CE - 110010315000202204457011SENTENCIA20230824212939

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., catorce (14) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2022 04457 01

Demandante: Óscar Humberto Mariño Valbuena

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación directa.

Error jurisdiccional en la sentencia que decidió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso contra los actos de supresión y retiro del servicio de la gobernación de Boyacá.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandante contra la sentencia del 23 de septiembre de 2022, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, negó el amparo deprecado.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud de tutela

El señor Óscar Humberto Mariño Valbuena , por medio de apoderado,1 promueve acción de tutela contra la providencia del 1.º de diciembre de 20 21, que dictó el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante la que confirmó el fallo

acción de tutela contra la providencia del 1.º de diciembre de 20 21, que dictó el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante la que confirmó el fallo del 3 de marzo de 2015, proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

1.2. Pretensiones

El accionante formula las siguientes súplicas:

PRIMERA: Se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, y acceso a la administración de justicia (Constitución Política, artículos 29, 13 y 229) del señor Óscar Humberto Mariño Valbuena, los cuales han sido infringidos por el Tribunal Administrativo de Boyacá y el Consejo de Estado al haber estos incurrido en una vía de hecho (defectos sustantivo y fáctico y violación directa de la Constitución) en las siguientes providencias. Sentencia de 3 de marzo de 2015 del Tribunal Administrativo de Boyacá y sentencia de 1 de diciembre de 2021 del

1 Abogado Rubén Ruiz Guevara.2

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Demandante: Óscar Humberto Mariño Valbuena

Consejo de Estado.

SEGUNDA: Se declare que queda sin efectos la sentencia de 1 de diciembre de 2021 del Consejo de Estado. Ello por ser esta sentencia violatoria, al configurar una vía de hecho y desconocer el derecho de igualdad y acceso a la administración de justicia previstos en la Constitución y la [l]ey.

TERCERA: Como consecuencia de la invalidez de la sentencia del Consejo de Estado, se solicita que dicte sentencia de reemplazo revocando la sentencia del

de justicia previstos en la Constitución y la [l]ey.

TERCERA: Como consecuencia de la invalidez de la sentencia del Consejo de Estado, se solicita que dicte sentencia de reemplazo revocando la sentencia del Consejo de Estado y concediendo las pretensiones presentadas en la demanda de reparación directa o en su defect o, ordenar a la Sección Tercera del Consejo de Estado, que dicte la sentencia que en derecho corresponde, sin la vulneración del debido proceso y derechos de igualdad y de acceso a la administración de justicia.

1.3. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, el apoderado del accionante señaló los siguientes:

1. El 15 de septiembre de 1978, se posesionó en su calidad de ingeniero agrónomo en la Secretaría de Desarrollo de la Gobernación de Boyacá. Estuvo vinculado durante más de veinticuatro años a esa entidad, ocupando de manera sucesiva diversos empleos y responsabilidades como profesional en su campo.

1. De acuerdo con sus competencias legales, por medio del Decreto 500 del 1.º de abril de 2003 , el gobernador de Boyacá de cretó la incorporación de los empleados

inscritos en la carrera administrativa a la planta de personal establecida mediante los decretos 188 y 493 del 17 de febrero y 31 de marzo de 2003, acto en el que no fue incluido.

1. Mediante el Decreto 501 del 1.º de abril de 2003, en aplicación de un aju ste organizacional se ordenó su retiro del servicio , para esa época ocupaba el cargo de profesional universitario 340-11.

1. Al momento de su desvinculación no se tuvo en cuenta que su pun taje en la

organizacional se ordenó su retiro del servicio , para esa época ocupaba el cargo de profesional universitario 340-11.

1. Al momento de su desvinculación no se tuvo en cuenta que su pun taje en la evaluación de desempeño era de 863.215, un resultado superior al que obtuvieron varios funcionarios que sí fueron reincorporados a la nueva planta de personal , esto es, los señores Álvaro Pulido Jiménez , Blanca Estela Castro García, Carlos Hernán Pineda Jiménez, Luis Alberto Rojas González, Luis Demofilo Niño Porras, María Cristina Merchán González . El 22 de marzo de 2008, se le reconoció pensión de jubilación.3

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Demandante: Óscar Humberto Mariño Valbuena

1. En uso de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso demanda para que se declararan nulos los decretos 500 y 501 del 1.º de abril de 2003 , se ordenara el pago de los salarios, prestaciones sociales, primas, bonificación e intereses desde su retiro y hasta cuando se produjera su reintegro. El Tribunal Administrativo de Boyacá profirió sentencia de única instancia el 28 de febrero de 2008, negando las súplicas de la demanda.

1. El 30 de julio de 2010, inició proceso de reparación directa en contra de la Nación

(Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial), por los daños que le causó la decisión de negatoria de sus pretensiones, toda vez que el Tribunal resolvió casos idénticos de forma diferente y con exigencias probatorias disímiles, por tanto, se

(Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial), por los daños que le causó la decisión de negatoria de sus pretensiones, toda vez que el Tribunal resolvió casos idénticos de forma diferente y con exigencias probatorias disímiles, por tanto, se configuró en el fallo del 28 de febrero de 2008, una vía de hecho y un error judicial.

1. Por medio de providencia del 3 de marzo de 2015, el Tribunal Administrativo de Boyacá declaró probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima; en consecuencia, negó las súplicas de la demanda.

1. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado emitió sentencia el 1.º de diciembre de 2021, confirmando el fallo del a quo en cuanto no accedió a las pretensiones, pero con base en razones diferentes a las que expresó la primera instancia y, lo revocó en lo referente al medio exceptivo que formuló la entidad accionada.

1.4. Fundamentos jurídicos

El accionante alega que con las sentencias acusadas se vulneraron sus derechos al debido proceso y a la igualdad y s e incurrió en los defectos fáctico , sustantivo y violación directa de la Constitución, por las siguientes razones:

1. La estructura del fallo del 3 de marzo de 2015, que deniega las pretensiones planteadas respecto de la existencia de un error judicial y de un daño provocado por este, es totalmente escueta en la medida en que no eval uó la existencia de los elementos constitutivos de la responsabilidad del Estado, sino que se limitó a estudiar la presencia de un eximente de responsabilidad y a señalar que ello bastaba para no

este, es totalmente escueta en la medida en que no eval uó la existencia de los elementos constitutivos de la responsabilidad del Estado, sino que se limitó a estudiar la presencia de un eximente de responsabilidad y a señalar que ello bastaba para no acceder a lo pedido, descartando el análisis de las demás materias de fondo.4

Radicado: 11001 03 15 000 2022 04457 01

Demandante: Óscar Humberto Mariño Valbuena

1. Así mismo, es equivocada la determinación que adoptó el Tribunal Administrativo de Boyacá que lo llevó a abstenerse de realizar cualquier examen adicional de los argumentos y pr uebas allegadas con la demanda y obrantes en el expediente, ignorando las demás evidencias que imponían declarar probadas las súplicas de nulidad y restablecimiento del derecho, situación que config ura también un defecto fáctico.

1. En el libelo de reparación directa, como uno de los razonamientos principales de la ocurrencia del error judicial en la sentencia de 28 de febrero de 2008, se alegó y demostró el trato desigual de la autoridad accionada al decidir de manera diametralmente distinta iguales pretensiones impetradas en juicios de idéntica naturaleza —nulidad y restablecimiento del derecho — por compañeros que se encontraban en semejante situación a la suya.

1. Con tales asuntos hay completa comunidad fáctica, pues se trata de funcionarios de la gobernación de Boyacá, pertenecientes a la planta de personal que fue objeto de reforma, todos ubicados en el mismo rango —profesional universitario código 340 grado 11 — que produc to del proceso de re estructuración fueron desvinculados ,

de la gobernación de Boyacá, pertenecientes a la planta de personal que fue objeto de reforma, todos ubicados en el mismo rango —profesional universitario código 340 grado 11 — que produc to del proceso de re estructuración fueron desvinculados , representados por el mismo abogado, todos acudieron a la jurisdicción —Tribunal Administrativo de Boyacá— mediante acción de nulidad y restablecimiento del derecho con iguales pretensiones de nulidad respecto a los decretos 500 y 501 de 1.º de abril de 2003 y persiguiendo, entre otros, el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir; sin embargo, recibió un trato diferenciado, como ya se expuso.

1. Por su parte, la sentencia del 1.º de diciembre de 2021, constituye una violación directa de los artículos 13 y 229 de la Constitución e igualmente incurre en un defecto fáctico al haber omitido todas las pruebas —en particular los fallos de nulidad y restablecimiento del Tribunal Administrativo de Boyacá — que acreditan el vicio contenido en la providencia del 28 de febrero de 2008 y, por tanto, la efectiva estructuración del error judicial, cimiento de la acción de reparación directa incoada, lo que impone la procedencia de fondo de la acción de tutela.

1.5. Actuación procesal

La acción de tutela se admitió mediante auto del 18 de agosto de 2022, que se ordenó notificar a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, y5

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Demandante: Óscar Humberto Mariño Valbuena

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Demandante: Óscar Humberto Mariño Valbuena

del Tribunal Administrativo de Boyacá, como demandados. Así mismo, se dispuso la notificación a la Nación (Rama Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja) como tercero interesado en las resultas de esta acción, para que dentro del término de dos días, y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. El consejero de Estado, doctor Jaime Enrique Rodríguez Navas solicita se declare improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional, dado que las razones esgrimidas por el señor Óscar Humberto Mariño Valbuena están dirigidas a reabrir el debate sustantivo y probatorio, lo que demuestra que el mecanismo constitucional se emplea como una instancia adicional al proceso ordinario.

1.6.2. Del Tribunal Administrativo de Boyacá. El magistrado José Ascención Fernández Osorio pide se niegue la tutela instaurada, porque el actuar de esa corporación se enmarcó dentro de los parámetros constitucionales y legales y la decisión fue debidamente argumentada y se dictó respetando el precedente judicial trazado por el Consejo de Estado.

1.6.3. El Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, por medio de apoderada, solicita s u desvinculación del presente trámite, en razón a que opera como un ente administrativo;

1.6.3. El Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, por medio de apoderada, solicita s u desvinculación del presente trámite, en razón a que opera como un ente administrativo; por consiguiente, no tiene facultades para inmiscuirse en las decisiones adoptadas por los jueces y magistrados de la república.

1.7. La sentencia que se impugna

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A , mediante fallo de l 23 de septiembre de 2022, negó el amparo deprecado, por los siguientes motivos:

1. La parte actora pretende se dejen sin efectos las sentencias dictadas por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 3 de marzo de 2015 y por la Subsección C de la6

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Sección Tercera de esta corporación el 1.º de diciembre de 2021; sin embargo, el estudio se debe limitar a los cargos elevados en contra de la providencia de segunda instancia, por cuanto esa decisión resolvió de forma definitiva el proceso de reparación directa que promovió el señor Óscar Humberto Mariño Valbuena.

1. Una vez revisad o el fallo objeto de censura, se establece que el razonamiento efectuado por la autoridad judicial en modo alguno se torna en arbitrario o abrupto, por el contrario, se realizó con fundamento en las pruebas recaudadas, a partir de la s cuales se consideró que el Tribunal Administrativo de Boyacá no incurrió en un error

efectuado por la autoridad judicial en modo alguno se torna en arbitrario o abrupto, por el contrario, se realizó con fundamento en las pruebas recaudadas, a partir de la s cuales se consideró que el Tribunal Administrativo de Boyacá no incurrió en un error judicial en la expedición de la sentencia del 28 de febrero de 2008, ya que si bien el accionante probó el puntaje que obtuvo en la evaluación de dese mpeño no acreditó que las personas incorporadas a la nueva planta de personal no se hallaran en casos de protección laboral especial, situación prevista en el estudio técnico que se elaboró para tal fin; en consecuencia , no logró desvirtuar la legalidad de los actos cuestionados.

1. Así mismo, la Corte en la Sentencia SU-573 de 2017 precisó que cuando se trata de providencias dictadas por las altas cortes se debe evidenciar «la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional». E n ese sentido, se tiene que , no obstante , la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado no se pronunció respecto de los casos que el accionante alega resolvieron situaciones similares , al analizar la providencia emitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho junto con las pruebas allegadas, así como el sustento normativo, se determina que en ejercicio de su autonomía funcional, estimó de forma razonada que no se configuró un error judicial.

1. En cuanto al defecto fáctico que el accionante hace consistir en que se omitió valorar el Oficio del 2 de febrero de 2012 , expedido por la Dirección de Gestión de Talento Humano de la Gobernación de Boyacá, documento con el que perseguía

valorar el Oficio del 2 de febrero de 2012 , expedido por la Dirección de Gestión de Talento Humano de la Gobernación de Boyacá, documento con el que perseguía demostrar los perjuicios sufridos como consecuencia del error judicial aducido; dado que no se probó la configuración del aludido yerro, en el ámbito del juez constitucional, no resulta relevante la no apreciación de esa pieza procesal , porque no tiene la virtualidad de modificar la providencia acusada, como lo señala la Corte en la Sentencia SU-198 de 2013.7

Radicado: 11001 03 15 000 2022 04457 01

Demandante: Óscar Humberto Mariño Valbuena

1.8. Impugnación

El accionante a través de apoderad o impugna la providencia anterior, para que se revoque y, en su lugar, se protejan sus derechos fundamentales . Como motivos de inconformidad alega lo siguiente:

1. El a quo descarta la configuración de un defecto fáctico en los fallos materia de la acción de tutela, en la medida en que considera razonable la valoración probatoria efectuada en relación con la negación de la existencia de un error judicial que se derive del desplazamiento del criterio rector para la selección del personal de la nueva planta en la gobernación de Boyacá, esto es, el mérito, que se funda en el puntaje que obtuvo en la evaluación de desempeño y, por tanto, le otorgaba el derecho a ser incorporado, dando preminencia a lo que se denomina otros factores de favorabilidad.

1. Como uno de los hechos primordiales de la violación de los derechos fundamentales se demostró en la solicitud de amparo , de manera sumamente

dando preminencia a lo que se denomina otros factores de favorabilidad.

1. Como uno de los hechos primordiales de la violación de los derechos fundamentales se demostró en la solicitud de amparo , de manera sumamente detallada y concienzuda, que el error judicial alegado tuvo origen en que el Tribunal Administrativo de Boyacá falló las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho de forma totalmente opuesta a lo resuelto en asuntos fáctica y jurídicamente idénticos.

1. Se formularon en el escrito de tutela, como referencia inicial, los elementos del derecho a la igualdad en su faceta de acceso a la administración de justicia, a partir de lo cual se probó que esa garantía se rompió con la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, ratificad a por el Consejo de Estado, al decidir su caso de manera distinta a lo decidido en procesos iguales.

1. No obstante, de manera inexplicable, la primera instancia sin justificación alguna en similar práctica a la reprochada como violatoria del debido proceso evade completamente referirse sobre los argumentos y demostraciones probatorias, no aborda el estudio de la irregularidad planteada; por el contrario, se limita a afirmar que «si bien la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado no se pronunció respecto de los casos que la parte actora consideró que tenían situaciones

[semejantes], lo ci erto es que al analizar la providencia proferida por el Tribunal8

Radicado: 11001 03 15 000 2022 04457 01

Demandante: Óscar Humberto Mariño Valbuena

Administrativo de Boyacá en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho junto

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Demandante: Óscar Humberto Mariño Valbuena

Administrativo de Boyacá en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho junto con las pruebas recaudadas, así como su sustento normativo, se tiene que, en ejercicio de su autonomía funcional, estimó de forma razonada que no se configuró un error judicial».

1. La anterior afirmación es inaceptable. Primero, porque la autonomía funcional no equivale a la discrecionalidad ni a la arbitrariedad, entonces para que esa facultad no sea sinónimo de a gravio, los fallos deben ser debidamente motivados, esa garantía impide que el juez contencioso ignor e sin más la demostración fáctica y jurídica presentada sobre la violación al derecho de igualdad y el acceso a la administración de justicia que configura el error judicial. Segundo, el a quo replicó la irregularidad que se denuncia como vulnerante respecto de la decisión del juez contencioso.

1. Así mismo, en la solicitud de tutela se acreditó la configuración del requisito especial autónomo de violación directa a la Constitución ; sin embargo , el fallo impugnado simplemente se limita a efectuar la a severación ya citada , es decir, la relativa a la autonomía funcional del juez , cuando d ebió analizar los argumentos planteados respecto al quebrantamiento del derecho a la igualdad y también examinar y desvirtuar o dar le la razón en lo concerniente a esa situación. En cambio, «se satisfizo con avalar sin ningún razonamiento de respaldo lo efectuado en el [proveído] cuestionado, con base en la vana y equivocada referencia a la autonomía funcional

[del fallador]».

satisfizo con avalar sin ningún razonamiento de respaldo lo efectuado en el [proveído] cuestionado, con base en la vana y equivocada referencia a la autonomía funcional [del fallador]».

1. Aunque la primera instancia reconoce que la prueba relativa al daño provocado , esto es, e l Oficio del 2 de febrero de 2012 emitido por la Dirección de Gestión de Talento Humano de la Gobernación de Boyacá , sí fue efectivamente omitida en la decisión atacada, no reconoce la existencia del defecto fáctico alegado, pues estima que dado «que con dicho documento la parte actora pretendía acreditar los perjuicios sufridos como consecuencia del error judicial […] como no se probó la configuración del aludido error, en el ámbito del juez constitucional, no resulta relevante la omisión de dicha prueba, toda vez que no tiene la virtualidad de modificar la decisión cuestionada».

1. De esta manera, se debe considerar que tal como lo indica el a quo, dicho vicio9

Radicado: 11001 03 15 000 2022 04457 01

Demandante: Óscar Humberto Mariño Valbuena

sería irrelevante si no está acompañado de la demostración de un error judicial, situación que sí se debate y que como se acreditó en el escrito de tutela, sí tuvo lugar. Bajo ese entendido, debe tenerse por evidenciado el defecto fáctico y su incidencia en el sentido del fallo al tener un impacto directo en la existencia de un daño, elemento necesario para establecer l a responsabilidad del Estado en juicios de re paración directa.

1.9. Manifestación de impedimento

el sentido del fallo al tener un impacto directo en la existencia de un daño, elemento necesario para establecer l a responsabilidad del Estado en juicios de re paración directa.

1.9. Manifestación de impedimento

El consejero de Estado, Jorge Iván Duque Gutiérrez, considera estar incurso en la causal contemplada en el numeral 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, que atribuye al hecho de sostener una relación de amistad cercana con la consejera Marta Nubia Velásquez Rico, quien suscribió la sentencia de primera instancia, lo que le impide conocer sobre el asunto de la referencia.

Por auto del 22 de mayo de 2023, se declaró fundado el impedimento manifestado por el doctor Duque Gutiérrez; en consecuencia, se dispuso separarlo del conocimiento del asunto, en procura de garantizar los principios de independencia e imparcialidad de la administración de justicia, establecidos en el artículo 5.º de la Ley 270 de 1996.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,2 según el cual «l as tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto », esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferido por la Sección Tercera, Subsección A, de esta corporación.

magistrado a quien le haya correspondido el reparto », esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferido por la Sección Tercera, Subsección A, de esta corporación.

2 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.10

Radicado: 11001 03 15 000 2022 04457 01

Demandante: Óscar Humberto Mariño Valbuena

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso , se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para efecto de estudiar por « vía de excepción» los cuestionamientos que plantea el señor Óscar Humberto Mariño Valbuena contra la providencia del 1.º de diciembre de 2021, que profirió el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, dentro del proceso de reparación directa con radicación 15001 23 31 000 2010 01366 01.

2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40,

resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40, estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.

No obstante lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable».11

Radicado: 11001 03 15 000 2022 04457 01

Demandante: Óscar Humberto Mariño Valbuena

Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional 3 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente, convergieron en la Sentencia C-590 de 2005,4 donde la Corte concentró y diferenció las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la oportunidad del amparo.

Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión

las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la oportunidad del amparo.

Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tie ne en la sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente, violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que , para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.

El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,5 unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido

judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.

3T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T -382 de 2001, T -1031 de 2001, T -441 de 2003, T -462 de 2003, T -589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. 4Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009. 5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).12

Radicado: 11001 03 15 000 2022 04457 01

Demandante: Óscar Humberto Mariño Valbuena

Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de agosto de 2014,6 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir, con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los

ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir, con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.4. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede establecer lo siguiente:

2.4.1. El 30 de julio de 2010, el señor Óscar Humberto Mariño Valbuena, por medio de apoderado, interpuso demanda contra la Nación (Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial) para que se declarara administrativa y patrimonial