CE - 110010315000202204473011SENTENCIA20230317100328

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04473-01

Referencia: Acción de tutela

Actora: ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE AMPARÓ LOS

DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO, A LA DEFENSA Y

CONTRADICCIÓN. EL TRIBUNAL INCURRIÓ EN LOS DEFECTOS

PROCEDIMENTAL ABSOLUTO Y DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE

JURISPRUDENCIAL AL SANCIONAR A LA ACTORA CON MULTA, POR INCURRIR

PRESUNTAMENTE EN CONDUCTAS DILATORIAS, SIN DARLE LA

OPORTUNIDAD DE EJERCER SU DERECHO DE DEFENSA, PUES OMITIÓ

ESCUCHAR SUS RAZONES Y EXPLICACIONES POR LAS CUALES SOLICITÓ LA

REVISIÓN OFICIOSA DE LEGALIDAD.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA DEFENSA Y

CONTRADICCIÓN.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO 1 contra la sentencia de 2 2 de

1 En adelante el Tribunal.2

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ADMINISTRATIVO DE NARIÑO 1 contra la sentencia de 2 2 de

1 En adelante el Tribunal.2

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septiembre de 202 2, mediante la cual la SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN “B” - DEL CONSEJO DE ESTADO 2 amparó los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y contradicción de la actora.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO, actuando a través de su apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa y contradicción, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el TRIBUNAL, en audiencia inicial de 11 de julio de 2022, dentro del medio de control de nuli dad electoral identificado con el número único de radicación 52001-23-33-000-2022-00010-00, promovido contra el acto de elección de la señora IRMA JANETH MALLAMA NARVÁEZ, como Contralora del Departamento de Nariño para el período 2022 a 2025.

2 En adelante sección Segunda.3

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período 2022 a 2025.

2 En adelante sección Segunda.3

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I.2.- Hechos

Adujo que en el Tribunal cursa el medio de control de nulidad electoral identificado con el número único de radicación 2022-0001000, promovido por los señores FRANCISCO FAJARDO ANGARITA y MARÍA VICENTA BRAVO CAICEDO contra el acto de elección de la Contr alora Departamental de Nariño, la señora JANETH MALLAMA NARVÁEZ, en el que funge como parte demandada.

Precisó que, luego de radicada la demanda, el Tribunal expidió auto de 14 de enero de 2022, por medio del cual inadmitió la demanda por inobservancia del artículo 353 de la Ley 2080 de 20214 y, a pesar de ser un juicio de nulidad electoral, otorgó el término de 10 días para su corrección.

3 ARTÍCULO 35. Modifíquese el numeral 7 y adiciónese un numeral al artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:

7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital.

8. El demandante, al pres entar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio

7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital.

8. El demandante, al pres entar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado. Del mismo modo d eberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación se inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital de la parte demandada , se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos.

En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda, la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado.

4 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.4

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Refirió que mediante proveído de 2 de febrero de 2022, el magistrado

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Refirió que mediante proveído de 2 de febrero de 2022, el magistrado sustanciador admitió la demanda frente a las pretensiones de nulidad electoral e inadmitió en cuanto a las de nulidad ordinaria, por lo que irregularmente volvió a otorgar un nuevo término de corrección de la demanda por tres (3) días.

Destacó que, de forma errada, el Tribunal dio trámite a una solicitud de aclaración, mientras corría el término para corregir la demanda y, en auto de 14 de febrero de 2022, la resolvió de forma negativa, por lo que volvió a otorgar, por tercera vez, el término de subsanación de demanda.

Explicó que, mediante memorial de 18 de febrero de 2022, esto es, por fuera de la oportunidad procesal para el efecto, el apoderado de la parte demandante presentó escrito de subsanación, a través del cual se reafirmó en sus pretensiones de nulidad de los actos ordinarios.

Refirió que en auto de 23 de febrero de 2022 el Tribunal por cuarta vez, se adentró en el estudio de admisibilidad de la demanda y, por fuera de la oportunidad procesal idónea, admitió la demanda y corrió traslado a los demandantes.5

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traslado a los demandantes.5

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Sostuvo que el 29 de abril de 2022, el Tribunal instaló la audiencia inicial y dentro de la etapa de saneamiento del proceso suspendió la diligencia y ordenó la vinculación de la Universidad de la Costa, como parte demandada.

Indicó que la audiencia inicial se reanudó el 8 de julio de 2022, por lo que presentó “solicitud de ejercicio de funciones oficiosas ” con el fin de que el magistrado sustanciador abordara el tema de omisión de subsanación de la demanda, para lo cual la autoridad judicial decidió suspender la audien cia para analizar los planteamientos realizados.

Advirtió que el 11 de julio de 2022 se reanudó la audiencia inicial y, a pesar de que el Tribunal reconoció que la etapa de saneamiento del proceso era el momento adecuado para revisar la legalidad de las actuaciones, procedió a denegar la petición de revisión oficiosa de nulidad por considerarla impertinente, por lo que le impuso multa a la parte demandada al calificarlo como una maniobra dilatoria.

Adujo que el Tribunal no corrió traslado a las partes de la sanción impuesta, ni tampoco explicó de qué forma dicha petición podría ser considerada como dilatoria, ya que el proceso cumplía más de cinco6

Adujo que el Tribunal no corrió traslado a las partes de la sanción impuesta, ni tampoco explicó de qué forma dicha petición podría ser considerada como dilatoria, ya que el proceso cumplía más de cinco6

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meses en trámite por cuenta de cuatro revisiones de admisibilidad, una petición de aclaración y una suspensión para conformación del litisconsorcio necesario por pasiva.

Finalmente, puso de presente que aun cuando la petición presentada fue en ejercicio de funciones oficiosas y no un incidente de nulidad, el magistrado sustanciador decidió abrir espacio a la concesión de recursos, para lo cual interpuso recurso de apelación, siendo adecuado al de reposición, que en esa misma audiencia fue desatado desfavorablemente.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto procedimental absoluto al imponer la sanción, en la medida que no se agotaron las etapas obligatorias que permiten la defensa técnica, ni se indicaron los motivos y circunstancias en el que estableció la responsabilidad individual de los demandados en las conductas imputadas, así como tampoco se señalaron los criterios de dosimetría, ni los recursos que procedían y la autoridad ante quien debían dirigirse.7

estableció la responsabilidad individual de los demandados en las conductas imputadas, así como tampoco se señalaron los criterios de dosimetría, ni los recursos que procedían y la autoridad ante quien debían dirigirse.7

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Sostuvo que el Tribunal derivó de forma automática la responsabilidad de los demandados por la interposición de una petición de actuación oficiosa, en cumplimiento del artículo 207 del CPACA, sobre circunstancias que podrían llevar al rechazo de la demanda y que no habían sido tratadas hasta ese momento, máxime cuando la petición no se formuló como una nulidad o con propósito de dilatar o distraer, sino como un punto que requería precisión para continuar con el procedimiento.

Resaltó que la imposición de l a sanción desconoció los lineamientos legales y jurisprudenciales que el Consejo de Estado ha establecido para el ejercicio de los poderes correccionales del juez, en el que ha advertido que el artículo 59 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, establece que los actos sancionatorios deben contener los motivos y las circunstancias, así como los elementos utilizados para la dosimetría sancionatoria. Sumado a ello, se deben señalar los medios de impugnación y de defensa que proceden contra los mismos, el término que se dispone para ello y la autoridad ante quien deben intentarse.

para la dosimetría sancionatoria. Sumado a ello, se deben señalar los medios de impugnación y de defensa que proceden contra los mismos, el término que se dispone para ello y la autoridad ante quien deben intentarse.

Por lo anterior, explicó que también se incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial dispuesto, entre otros, en sentencia8

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de 10 de marzo de 2016 5, en la cu al se explicó que aun cuando la norma no prevé procedimiento especial para la imposición de la multa, ello no significa que opere de pleno derecho, pues deben observarse las garantías que componen los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa y contradicción, posición ratificada por la Corte Constitucional 6, la Corte Suprema de Justicia 7 y el Consejo de Estado8.

En esa medida, refirió que la línea jurisprudencial de los tres altos tribunales es coincidente en exigir que los poderes correccionales del juez se ejerzan en forma racional, con indicación individual de los hechos y circunstancias que causan la responsabilidad, valoración de la culpabilidad, del daño al bien jurídico tutelado y con atención a los criterios de dosificación, comoquiera que al tratarse de una expresión del derecho sancionatorio, la imposición de una multa por parte de un juez debe atender a las exigencias de respeto por el debido

criterios de dosificación, comoquiera que al tratarse de una expresión del derecho sancionatorio, la imposición de una multa por parte de un juez debe atender a las exigencias de respeto por el debido

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 10 de marzo de 2016, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, identificada con número único de radicación 8500123-33-000-2015-00171-01. 6 Sentencias C-037 de 1996 y T-015 de 2007. 7 Sentencia de 5 de junio de 2019, AP 2177-2019 identificada con número único de radicación 54504. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 20 de noviembre de 2019, C.P. Luis Alberto Álvarez Parra, identificada con el número único de radicación 63001-23-33-000-2019-00080-01.9

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proceso y el derecho de defensa y contradicción.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados y, en consecuencia:

“[…] Segundo: Que se declare la configuración de una vía de hecho por Defecto Procesal y Defecto Sustancial por Desconocimiento del Precedente, en la imposición de una multa

invocados y, en consecuencia:

“[…] Segundo: Que se declare la configuración de una vía de hecho por Defecto Procesal y Defecto Sustancial por Desconocimiento del Precedente, en la imposición de una multa dineraria en contra de la Asamblea Departamental de Nariño por el Tribunal Administrativo de Nariño -Sala Primera Unitaria de Decisión, dentro del proceso 520012333000-2022-00010-00.

Tercero: En consecuencia, de lo anterior, que se anule el auto dictado en audiencia inicial el 11 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Nariño -Sala Primera Unitaria de Decisión, dentro del proceso 520012333000-2022-00010-00, mediante el cual se sancionó con multa a mi poderdante […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL expresó que no ha vulnerado derecho fundamental alguno, dado que todas las actuaciones realizadas dentro del trámite del proceso ordinario han garantizado el debido proceso de las partes.

En efecto, sustentó que en audiencia inicial celebrada el 8 de julio de10

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2022, en la etapa de saneamiento del proceso, la actora manifestó que se encontró un vicio procedimental que afecta el derecho al debido proceso, solicitando fuera abordado de forma oficiosa, toda

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2022, en la etapa de saneamiento del proceso, la actora manifestó que se encontró un vicio procedimental que afecta el derecho al debido proceso, solicitando fuera abordado de forma oficiosa, toda vez que se le dio a las pretensiones de nulidad de actos ordinarios el trámite especial de nulidad electoral, sumado a que la demanda original no fue subsanada, ante lo cual l a apoderada de la parte demandante esbozó que no había causal de nulidad, razón por la que al percatarse que se habían formulado observaciones respecto a los trámites procedimentales encaminados a manifestar un reparo atinente a que no se subsanó la demand a en debida forma, decidió revisar toda la actuación desde la presentación de la demanda.

Manifestó que, por lo anterior, suspendió la audiencia para entrar a resolver de fondo las solicitudes formuladas y, en reanudación de la audiencia inicial del 11 de julio de 2022, revisó lo pertinente a efectos de verificar si existía alguna irregularidad, para lo cual adujo que en cuanto a las pretensiones de nulidad de actos ordinarios en el trámite especial de nulidad electoral ya se había resuelto en oportunidades anteriores y en trámites previos a la audiencia inicial.

Así las cosas, sostuvo que el tema de la indebida acumulación de pretensiones fue tratado en el momento procesal de estudio para la11

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admisión y/o inadmisión de la demanda, por lo que era un asunto ya decantado; además, en la mencionada audiencia la Asamblea del Departamento de Nariño no fue específica en señalar la causal de nulidad que trataba de invocar, remitiéndose de cierta manera al artículo 207 del CPACA, para lo cual se advirtió que el proceso apenas había iniciado y, por tal razón, no había lugar a adelantar control de legalidad.

En ese orden de ideas, consideró que no se estructuraba ningún vicio que afectara el trámite normal del proceso, sin embargo, el apoderado de la Asamblea del Departamento de Nariño volvió a abordar un tema de una posible nulidad cuando la misma no se había estructurado y sobre la indebida acumu lación de pretensiones ya estaba resuelto en debida forma por el despacho.

Por lo anterior, concluyó que no se invocó de manera clara y concreta la causal de nulidad y que el asunto puesto en conocimiento ya estaba decantado, por lo que al considerar que se trataba de formas de dilatar el proceso, sancionó a las demandadas con multa de 5 a 10 SMLMV, decisión que fue notificada en estrados, frente a la cual la Asamblea Departamental de Nariño interpuso recurso de apelación, siendo procedente el de reposición.12

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la Asamblea Departamental de Nariño interpuso recurso de apelación, siendo procedente el de reposición.12

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I.6. Intervinientes

I.6.1.- La Sección Quinta del Consejo de Estado puso de presente que el amparo invocado no cuestiona, ni censura ninguna de las determinaciones adoptadas por esa autoridad, toda vez que las alegaciones se centran en una decisión del resorte propio del Tribunal, la cual, por demás, no fue reprochada por las partes.

Por lo anterior, afirmó que la transgresión de los derechos fundamentales ventilada por la actora no tiene origen en actuaciones atribuibles a esa sala de decisión.

I.6.2.- La señora IRMA JANETH MELLAMA luego de informar sobre el trámite surtido dentro del proceso, precisó que en el transcurso de la audiencia inicial, en la cual resultaron sancionados con multa los demandados, el magistrado sustanciador omitió dar traslado a las partes respecto del recurso de reposición que era procedente, existiendo así una indebida interpretación en la conducción y manejo de la diligencia, pues aun cuando se dio la oportunidad para apelar la decisión frente al rechazo de la solicitud de actuación oficiosa, no se dio espacio para el recurso respecto de la sanción, la cual se fundamentó en una presunta comisión de dilación del proceso, nada13

la decisión frente al rechazo de la solicitud de actuación oficiosa, no se dio espacio para el recurso respecto de la sanción, la cual se fundamentó en una presunta comisión de dilación del proceso, nada13

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mas alejado de la realidad, pues la solicitud no presentó traumatismos ni se perpetuo en el tiempo.

Por lo anterior, recalcó que la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa y contradicción alegados dentro de la audiencia inicial del 11 de julio de 2022, por lo que solicitó que se a cceda al amparo deprecado, máxime cuando se cumplen los requisitos generales y específicos para el efecto.

I.6.3.- La señora MARÍA VICENTA BRAVO CAICEDO indicó que la parte actora confunde dos escenarios completamente diferentes, comoquiera que, olvida que para el medio de control de nulidad electoral, el artículo 295 del CPACA, dispuso que la presentación de peticiones impertinentes e improcedentes, son consideradas como formas de dilatar el proceso, susceptible de sanción consistente en multa, por lo que fue en aplicación directa de esta norma que el Tribunal consideró que todas las peticiones de nulidad resultaron improcedentes y a su vez impertinentes, en razón a que contenían propósitos dilatorios.14

multa, por lo que fue en aplicación directa de esta norma que el Tribunal consideró que todas las peticiones de nulidad resultaron improcedentes y a su vez impertinentes, en razón a que contenían propósitos dilatorios.14

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En ese mismo orden, afirmó que lo que discute la parte actora con este trámite constitucional es dejar sin efectos la imposición de la multa dentro del proceso de nulidad electoral, lo cual es un asunto de pleno derecho a partir de una discusión de tipo procedimental donde, no se ha evidenciado violación alguna de los derechos fundamentales.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 2 2 de septiembre de 2022, la SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación accedió al amparo solicitado, por lo que amparó los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa y contradicción de la parte actora y, en consecuencia, ordenó lo siguiente:

“[…] SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTO el numeral segundo de la decisión adoptada en audiencia inicial celebrada el 22 de julio de 2022, y su confirmatoria proferida en la misma fecha, adelantada en el medio de control de nulidad electoral identificado con el radicado 52001233300020220001000, En consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Nariño,

de 2022, y su confirmatoria proferida en la misma fecha, adelantada en el medio de control de nulidad electoral identificado con el radicado 52001233300020220001000, En consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Nariño, en sala unitaria, que decida, nuevamente, acerca de la imposición de la sanción a los presuntos infractores, en los términos descritos en la parte considerativa de esta providencia.

Posteriormente, por solicitud de corrección presentada por el Tribunal, el a quo mediante proveído de 22 de noviembre de 202215

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corrigió el ordinal segundo de la sentencia de primera instancia, en el sentido que se dejaba sin efecto el numeral segundo de la decisión adoptada en audiencia inicial del 11 de julio de 2022, no así de 22 de julio de 2022, como erradamente se plasmó en la sentencia.

Para el efecto, el a quo precisó que las jurisdicciones constitucional, ordinaria y contenciosa administrativa, de manera unísona propenden para que los jueces como directores del proceso, en uso de las facultades correccionales que les asist e, garanticen una verdadera administración de justicia, por lo cual, entre otros, podrán sancionar a los sujetos procesales ante la presencia de conductas dilatorias o temerarias.

Arguyó que lo anterior siempre bajo las garantías del debido proceso,

verdadera administración de justicia, por lo cual, entre otros, podrán sancionar a los sujetos procesales ante la presencia de conductas dilatorias o temerarias.

Arguyó que lo anterior siempre bajo las garantías del debido proceso, permitiéndosele al presunto infractor tener conocimiento de que su conducta puede acarrear una sanción, que sea escuchada su defensa frente a los cargos que le reprochan y, una vez ejercido su derecho de defensa y contradicción, el juez proceda a tomar la decis ión que en derecho corresponda.

Destacó que, en el caso particular, el Tribunal sancionó a la Asamblea Departamental de Nariño, a la Universidad de la Costa y a la señora16

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IRMA JANETH MALLAMA NARVÁEZ , por incurrir presuntamente en conductas dilatorias, sin embargo, el a quo echó de menos que previo a la imposición de la sanción, a los infractores se les hubiera informado acerca de la connotación de sus conductas, las implicaciones que las mismas tendrían y que se le escuchara al respecto.

Así las cosas, sustentó que, sin perjuicio de la decisión sancionatoria adoptada, lo cierto es que el Tribunal no garantizó los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y contradicción de la Asamblea Departamental de Nariño; por lo q ue, aun cuando la

adoptada, lo cierto es que el Tribunal no garantizó los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y contradicción de la Asamblea Departamental de Nariño; por lo q ue, aun cuando la mencionada recurrió en apelación la decisión sancionatoria, a la cual se le otorgó el trámite del recurso de reposición y fue desatado de manera desfavorable, ello no subsana la falta de garantías procesales a la parte pasiva del proceso de nulidad electoral previo a la sanción que fue impuesta, de conformidad con el material probatorio obrante en el expediente.

Ahora, sostuvo que, con fundamento en las consideraciones ya expuestas, hizo extensiva la orden de amparo a la señora IRMA JANETH MALLAMA NARVÁEZ , teniendo en cuenta su escrito de contestación en el que solicitó, bajo presupuestos similares a los de17

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la actora, la intervención del juez de tutela en el asunto.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El Tribunal impugnó la decisión proferida en primera instancia señalando que, contrario a lo advertido por el a quo, no ha existido vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por la parte actora.

Insistió en que al momento de ordenar la sanción a los demandantes, en ningún momento se vulnero los derechos fundamentales al debido proceso, de contradicción y defensa, pues contrario a lo establecido

parte actora.

Insistió en que al momento de ordenar la sanción a los demandantes, en ningún momento se vulnero los derechos fundamentales al debido proceso, de contradicción y defensa, pues contrario a lo establecido por la Sección Segunda, en la audiencia de 11 de julio de 2022 se respetó todas las garantías constitucionales, se les informó a los demandados la connotación de sus conductas, se brindó la oportunidad para que cada una de las partes se refiera a la sanción impuesta, se explicó el fundamento legal de la sanción que se iba a imponer, y se dio a conocer que las actuaciones se tornaba n dilatorias, lo que llevaba a la imposición de la sanción respectiva al tenor de lo dispuesto en el artículo 295 del CPACA.

Alegó que antes de imponer la sanción, se explicó que el tema de la18

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indebida acumulación de pretensiones ya se había decantado con anterioridad, razón por la cual consideró conforme lo había señalado la parte demandante, que las peticiones formuladas en conjunto por los apoderados judiciales de la parte demandada, se identificaban como unas peticiones impertinentes, se dio a conocer la normativa aplicable, esto es, el artículo 295 del CPACA y, sumado a ello, se informó que la configuración de dichas actuaciones acarreaba una

como unas peticiones impertinentes, se dio a conocer la normativa aplicable, esto es, el artículo 295 del CPACA y, sumado a ello, se informó que la configuración de dichas actuaciones acarreaba una sanción con multa de 5 a 10 SMLMV, se enfatizó en que los punto s tratados ya habían sido resueltos, explicándose que no se podía dar paso a edificar una nulidad de carácter procesal, porque en el fondo lo pretendido con ello era que se rechazara la demanda, lo cual no se podía contemplar.

Arguyó que, explicado lo anterior, procedió a denegar por impertinente las peticiones y a sancionar a las demandadas, preguntó a los sujetos procesales si tenían alguna observación al respecto y los apoderados de la parte demandada interpusieron recurso de apelación, que sustentaron en cuanto al procedimiento adelantado desde la admisión de la demanda, las conductas dilatorias en el proceso y su manifestación de no estar de acuerdo con la sanción impuesta.19

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04473-01

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Refirió que se manifestó a las partes que las conductas asumidas resultaban dilatorias, pues los temas abordados ya habían si do decantados con anterioridad y, finalmente, adecuó el recurso de apelación al de reposición, el cual decidió de forma desfavorable.

Así las cosas, recalcó que no ha incurrido en vulneración alguna de

decantados con anterioridad y, finalmente, adecuó el recurso de apelación al de reposición, el cual decidió de forma desfavorable.

Así las cosas, recalcó que no ha