CE - 110010315000202204489011SENTENCIA20230208180412

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04489-01

Referencia: Acción de tutela

ACTORES: YEIMY ESPERANZA ÁNGEL MORENO Y OTROS.

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ

EL AMPARO SOLICITADO. LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA

NO INCURRIÓ EN EL DEFECTO FÁCTICO ALEGADO, EN LA MEDIDA

QUE ANALIZÓ LAS PRUEBAS OBRANTES EN EL EXPEDIENTE DE FORMA INTEGRAL, ENTRE OTRAS, LAS PRUEBAS QUE LA PARTE ACTORA ECHA DE MENOS, DE L AS CUALES CONCLUYÓ QUE NO SE

LOGRÓ PROBAR LA FALLA EN EL SERVICIO MÉDICO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de 13 de octubre de 2022, proferida por la SECCIÓN2

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SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1 que denegó la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

Los señores YEIMY ESPERANZA ÁNGEL MORENO, quien actúa en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad J.F.J.2, RAFAEL ALBERTO JIMÉNEZ ALBA , RAÚL, YOMAIRA ALEXANDRA, LILIANA, LUZ MARLENY y LUIS ALEJANDRO ÁNGEL MORENO , actuando a través de apoderado judicial , en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicit aron la protección de su s derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C” - DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 3 al proferir la providencia de 2 de febrero de 2022, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación

1 En adelante la Sección Segunda. 2 La Sala se reserva el nombre por protección al menor de edad. 3 En adelante el Tribunal.3

reparación directa identificado con el número único de radicación

1 En adelante la Sección Segunda. 2 La Sala se reserva el nombre por protección al menor de edad. 3 En adelante el Tribunal.3

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11001-33-31-720-2012-00025-01.

I.2.- Hechos

Refirieron que promovieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra el Hospital El Tunal E.S.E. – hoy Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., y el Hospital La Victoria – hoy subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., con el fin de que se les declarara responsable a tales entidades por los perjuicios causados con motivo de la falla en el servicio médico brindado a la señora YEIMY ESPERANZA ÁNGEL MORENO, que causó la muerte de su hija, quien contaba con 37 semanas de gestación, así como la práctica del procedimiento denominado “histerectomía”.

Indicaron que a la demanda le fue asignado el número único de radicación 2012-00025-00 y correspondió por reparto al Juzgado 66 Administrativo de Bogotá que, e n sentencia de 7 de noviembre de 2019, declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del Hospital La Victoria E.S.E. y declaró administrativamente

Administrativo de Bogotá que, e n sentencia de 7 de noviembre de 2019, declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del Hospital La Victoria E.S.E. y declaró administrativamente responsable al Hospital El Tunal por los daños causados.4

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Señalaron que el Hospital El Tunal E.S.E. interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, el cual fue desatado por el Tribunal que, en sentencia de 2 de febrero de 2022 , revocó la providencia del a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda al considerar que no se allegó prueba suficiente que permitiera inferir que la causa del deceso de la hija por nacer era atribuible al Hospital; además, no se configuró una demora o negligencia en la atención médica brindada.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico, comoquiera que del dictamen rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal, era dable colegir la falla en el servicio médico, lo cual llevó a que a la señora YEIMY ESPERANZA ÁNGEL MORENO se le practicara una histerectomía total.

Refirieron que del mencionado dictamen se evidenciaba que el

médico, lo cual llevó a que a la señora YEIMY ESPERANZA ÁNGEL MORENO se le practicara una histerectomía total.

Refirieron que del mencionado dictamen se evidenciaba que el desprendimiento de la placenta tuvo lugar entre la 1:00 p.m. y las 3:00 p.m. del 13 de marzo de 2009, esto es, mientras la señora YEIMY ESPERANZA ÁNGEL MORENO se encontraba en el Hospital El Tunal E.S.E. y se había realizado imagen diagnóstica que5

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confirmaba sospecha de la muerte del feto y se había ordenado suministro de oxitocina para proceder a la inducción del parto.

Señalaron que se pasó por alto que para las 3:00 p.m., ante el hallazgo del sangrado vaginal, no se tomó ninguna conducta clínica, terapéutica, quirúrgica o farmacológica, así como tampoco fue vigilada por el cuerpo médico ni el servicio de ginecología y obstetricia, lo que demuestra que no recibió la atención médica necesaria.

Añadieron que la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta el informe pericial por medio del cual se explica que no siempre la ecografía permite evidenciar el desprendimiento (aun habiéndolo), lo

necesaria.

Añadieron que la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta el informe pericial por medio del cual se explica que no siempre la ecografía permite evidenciar el desprendimiento (aun habiéndolo), lo que significa que no era posible afirmar que solo hasta las 5:15 p.m. se manifestó el desprendimiento de placenta, pues desde su ingreso ya contaba con síntomas propios del cuadro clínico.

Señalaron que el Tribunal tampoco tuvo en cuenta que desde las 3:00 pm hasta el momento de la cesárea a las 5:12 p.m. se coleccionaron cerca de 1000 cc de sangre detrás de la placenta, lo que demuestra que, a pesar de la urgencia y la manifestación sintomática del desprendimiento, la paciente únicamente fue6

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atendida cuando el sangrado resultó alarmante y abundante, razón suficiente para atribuir una atención negligente y tardía al hospital, toda vez que para el momento de la intervención la señora YEIMY ESPERANZA ÁNGEL MORENO ya contaba con útero perforado y útero “couvelaire”, condición que es consecuencia de la progresión del desprendimiento de placenta.

Finalmente, aseveraron que el Tribunal desacreditó lo especificado por el testigo técnico, el galeno CARLOS ALBERTO DÍAZ

útero “couvelaire”, condición que es consecuencia de la progresión del desprendimiento de placenta.

Finalmente, aseveraron que el Tribunal desacreditó lo especificado por el testigo técnico, el galeno CARLOS ALBERTO DÍAZ RODRÍGUEZ, en cuanto a la lex artis por tratarse de una aseveración genérica.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, dejar sin efecto la sentencia de 2 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2012-00025-01 para, en su lugar, ordenar proferir una decisión de reemplazo, en la que se tengan en cuenta todas las pruebas obrantes en el expediente.7

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I.5.- Defensa

I.5.1.- El Tribunal, luego de hacer un recuento del trámite surtido dentro del proceso ordinario, refirió que en cuanto al tiempo que la parte actora estima determinante para demostrar la falla en el servicio médico, no representa un interregno considerable del cual se pueda desplegar directamente el daño, dado que de los medios probatorios aportados y lo dicho por los testigos, no era posible inferir

parte actora estima determinante para demostrar la falla en el servicio médico, no representa un interregno considerable del cual se pueda desplegar directamente el daño, dado que de los medios probatorios aportados y lo dicho por los testigos, no era posible inferir que el solo transcurso del tiempo sin que se practicara la cesárea fue lo que originó el daño, además el hecho de que la paciente permaneció bajo monitoreo y observación del personal médico.

Así las cosas, sostuvo que la s entencia cuestionada fue dictada de forma íntegra con base en los medios probatorios presentados, de los cuales, a su juicio, realizó un análisis objetivo, razonable y ponderado para el caso concreto, conforme lo expuesto por los galenos en la historia clínica aportada y los testimonios recibidos.

Finalmente, estimó que deben despacharse desfavorablemente las súplicas de la acción de tutela, por no existir vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados.8

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I.6. Intervinientes

I.6.1.- La Secretaría Distrital de Salud adujo que no ha incurrido en violación alguna de los derechos fundamentales invocados y que no es la entidad competente para atender las pretensiones de la solicitud de amparo.

Por lo anterior , solicitó ser desvinculada de la presente acción de

en violación alguna de los derechos fundamentales invocados y que no es la entidad competente para atender las pretensiones de la solicitud de amparo.

Por lo anterior , solicitó ser desvinculada de la presente acción de tutela, pues carece de legitimación en la causa por pasiva en el asunto.

I.6.2.- La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. refirió que el Tribunal tuvo en cuenta todo el material probatorio obrante en el expediente, po r lo que no es de tal acierto que se hubiese vulnerado los derechos fundamentales invocados, máxime cuando lo pretendido por la parte actora es reabrir el debate surtido dentro del proceso ordinario.

Indicó que los accionantes omitieron señalar la irregularidad procesal en la que presuntamente incurrió el Tribunal, pues no se estableció en que consistió el yerro en la valoración de las pruebas.9

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Así las cosas, solicitó denegar el amparo solicitado, pues no se observa vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora, además, no se observa la ocurrencia de un perjuicio irremediable en el asunto.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Sección Segunda mediante sentencia de 13 de octubre de 2022,

actora, además, no se observa la ocurrencia de un perjuicio irremediable en el asunto.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Sección Segunda mediante sentencia de 13 de octubre de 2022, denegó el amparo solicitado al considerar que la autoridad judicial accionada no vulneró los derechos fundamentales invocados, comoquiera que mediante una valoración prolija de todos los medios probatorios, se ajustó a las reglas de la sana crítica, lo que descarta el defecto fáctico alegado.

Destacó que las inconformidades expuestas por la parte actora no se acompasan con la realidad procesal respecto de la supuesta omisión de valoración, pues el Tribunal analizó las pruebas, incluido el testimonio rendido por el galeno CARLOS ALBERTO DÍAZ RODRÍGUEZ, lo que le permitió arribar a la convicción de que no se encontraba probada la falla del servicio.10

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III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia proferida por la Sección Segunda, en los siguientes términos:

Reiteraron los fundamentos de derecho expuestos respecto de la sentencia acusada, esto es, que el Tribunal incurrió en defecto fáctico pues desestimó abiertamente los elem entos probatorios que

Segunda, en los siguientes términos:

Reiteraron los fundamentos de derecho expuestos respecto de la sentencia acusada, esto es, que el Tribunal incurrió en defecto fáctico pues desestimó abiertamente los elem entos probatorios que analizados en forma integral permitían constatar la falla en el servicio y, en ese sentido, atribuyó de forma arbitraria valor probatorio a ciertos elementos y a otros no, arribándose de forma injustificada a considerar que la atenció n fue oportuna y célere, pues la histerectomía era una consecuencia necesaria.

Destacaron que en relación con la histerectomía - lo cual le dejó a la señora YEIMY ESPERANZA ÁNGEL MORENO consecuencias permanentes en la vida, cuerpo y salud -, el Tribunal r ealizó una interpretación errada y arbitraria de los elementos probatorios, así como un error lógico y técnico en la interpretación de la continuidad de la atención médica.11

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Insistieron en que de conformidad con el dictamen rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y el cual el juez de segunda instancia revistió de plena validez, el desprendimiento de placenta tuvo lugar entre la 1:00 p.m. y las 3:00 p.m. del 13 de marzo de 2009, lo que demuestra que el evento ocurrió mientras se encontraba

instancia revistió de plena validez, el desprendimiento de placenta tuvo lugar entre la 1:00 p.m. y las 3:00 p.m. del 13 de marzo de 2009, lo que demuestra que el evento ocurrió mientras se encontraba dentro del hospital, una vez se había realizado imagen diagnóstica que confirmaba la sospecha de óbito fetal y había ordenado suministro de oxitocina para proceder a la inducción del parto.

Resaltaron que de las pruebas obrantes era dable colegir que aun cuando se trataba de un embarazo de alto riesgo y se encontraba confirmado mediante imagen diagnóstica el óbito fetal, así como el sangrado por parte de la paciente, la atención médica no fue oportuna ni diligente, interpretación compartida por el perito.

Sumado a lo anterior, sostuv ieron que el Tribunal pasó por alto el testimonio rendido por el galeno CARLOS ALBERTO DIAZ RODRÍGUEZ, por medio del cual se planteó que la lex artis o los niveles de calidad exigibles a los servicios de salud, contempla como característica propia del desprendimiento de placenta el sangrado vaginal, el cual no sólo se presenta en el trabajo de parto y se trata12

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de una condición médica de máxima urgencia , lo que e videnciaba que la demora en la atención si fue determinante en el asunto.

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de una condición médica de máxima urgencia , lo que e videnciaba que la demora en la atención si fue determinante en el asunto.

Añadieron que, contrario a lo referido por el a quo, la histerectomía no es consecuencia necesaria de la condición de ingreso de la señora YEIMY ESPERANZA ÁNGEL MORENO al hospital, sino el resultado de la progresión del desprendimiento de placenta, lo cual no es producto de otra cosa sino de la atención e intervención tardía de la misma.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Polí tica, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.13

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Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

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Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que la Secretaría Distrital de Salud solicitó su desvinculación en la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).14

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La legitimación pas iva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los tercer os, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite

el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que la Secretaría Distrital de Salud no fue parte demandada ni intervino de forma alguna dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2012-00025-01, objeto del presente estudio, no le asiste interés en las resultas del proceso, por lo que la Sala aceptará su solicitud de15

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desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamen tales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso16

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Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan a gotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un

del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desbord e institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta17

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incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales

institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la af ectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias pr oferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala

pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias pr oferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos genera les mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señala do la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.18

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c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la