CE - 110010315000202204536001SENTENCIA20230704164728
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- Título
- CE - 110010315000202204536001SENTENCIA20230704164728
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-15-000-2022-04536-00 (7247) 1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN Nro. 13
CONSEJERO PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO Bogotá, veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023) Referencia Recurso extraordinario de revisión Radicación 11001-03-15-000-2022-04536-00 (7247)
Demandante COSME CASTRO MARÍN SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA Procede la Sala Especial de Decisión Nro. 13 a decidir el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Cosme Castro Marín contra la sentencia del 22 de julio de 2021, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso de radicado Nro. 17001-23-33-000-2016-00966-01 (4485-2019), promovido en contra de la Nación-Ministerio de Educación Nacional y el Municipio de Manizales.
ANTECEDENTES
1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 1.1. Demanda Cosme Castro Marín , a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda para obtener la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio SEM -UAF-2063 del 18 de
Cosme Castro Marín , a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda para obtener la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio SEM -UAF-2063 del 18 de julio de 2016, expedido por la Secretaría de Educación del Municipio de Manizales, mediante el cual se le negó el reconocimiento y pago de intereses moratorios reclamados como consecuencia de un pago tardío del retroactivo dentro de un proceso de nivelación y homologación salarial. En consecuencia, solicitó (i) el reconocimiento y pago de los intereses moratorios causados1; (ii) la liquidación y pago de los intereses reclamados con base en el capital neto cancelado y sin incluir el valor que se reconoció por concepto de indexación salarial; (iii) el cumplimiento de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 del C.P.A.C.A.; y, (iv) la condena en costas de la parte accionada. Para ello, luego de relacionar las diferentes etapas del proceso de homologación y nivelación salarial que tuvo lugar en el ente territorial, señaló que: • Respecto del empleo que ocupaba en la Secretaría de Educación del Municipio de Manizales se adelantó el proceso de homologación y nivelación salarial correspondiente ; actuación con ocasión de la cual se expidió la Resolución Nro. 610 del 11 de abril de 2014, que reconoció un retroactivo por los conceptos mencionados desde el 1 ° de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2011.
1 Los cuales, en su sentir, debían ser liquidados a la tasa del interés bancario corriente a partir del vencimiento
los conceptos mencionados desde el 1 ° de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2011.
1 Los cuales, en su sentir, debían ser liquidados a la tasa del interés bancario corriente a partir del vencimiento de los 30 días siguientes a su causación -1° de enero de 2003hasta el día en que se efectuó el pago total del retroactivo por homologación salarial -mayo de 2014-.Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-15-000-2022-04536-00 (7247) 2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co • En dicho acto administrativo no se dispuso el reconocimiento de los intereses moratorios causados por el retardo en el pago de la diferencia salarial producto del proceso de homologación y nivelación salarial, de acuerdo con lo previsto en los artículos 1608, 1617, y 1649 del Código Civil y demás normas concordantes. Cuestión irregular puesto que, en su sentir, esa obligación nació desde el momento en el que se produjo su traslado a la planta de cargos de la entidad territorial. Pese a ello, el pago de la diferencia salarial sólo se produjo hasta el mes de mayo de 2014 , cuando se dio cumplimiento a lo dispuesto en la resolución mencionada. 1.2. Sentencia de primera instancia El 31 de mayo de 2019 , el Tribunal Administrativo de Caldas declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa del Municipio de Manizales, negó las pretensiones de la demanda y, por “razones de equidad y justicia”, reconoció un periodo de indexación.
excepción de falta de legitimación en la causa del Municipio de Manizales, negó las pretensiones de la demanda y, por “razones de equidad y justicia”, reconoció un periodo de indexación. Lo primero , porque la entidad llamada a responder por las pretensiones de la demanda era la Nación -Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con lo previsto en concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y de la Directiva Ministerial Nro. 10 del 30 de junio de 2005. Lo segundo, por la ausencia de previsión expresa del régimen prestacional que consagrara el reconocimiento de intereses moratorios por el pago tardío del retroactivo por homologación y nivelación salarial. Adicionalmente, por la incompatibilidad entre el reconocimiento de intereses moratorios e indexación, actuación esta última que fue la que tuvo lugar en el caso concreto. Lo tercero, porque las sumas de la Resolución Nro. 610 del 11 de abril de 2014 se cancelaron en una fecha posterior a su reconocimiento. Por lo tanto, procedía la actualización desde el 1° de enero de 2012 hasta el 30 de abril de 2014. 1.3. Recursos de apelación 1.3.1. Parte demandante La parte actora presentó recurso de apelación con el fin de obtener el reconocimiento y pago de los intereses moratorios. Primero, porque tales intereses se causaron debido a la mora en la que se incurrió al incumplir con su obligación de realizar el pago completo del salario; retardo que se presentó porque el derecho nació en la fecha en la que se produjo el traslado del empleado a la planta de personal de la entidad territorial, y sólo hasta el 2014 se produjo su reconocimiento y cancelación adecuada con el pago del retroactivo reconocido.
se presentó porque el derecho nació en la fecha en la que se produjo el traslado del empleado a la planta de personal de la entidad territorial, y sólo hasta el 2014 se produjo su reconocimiento y cancelación adecuada con el pago del retroactivo reconocido. Segundo, porque mal podía exigirse la existencia de una norma expresa que regulara el pago de dichos intereses en el caso concreto. Tercero, porque el reconocimiento de la indexación no excluía el reconocimiento de los intereses moratorios causados, puesto que lo primero se orienta a la conservación del poder adquisitivo de la moneda mientras que lo segundo se refiereRecurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-15-000-2022-04536-00 (7247) 3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a la sanción procedente ante el incumplimiento obligacional. Por ello, se trata de figuras diferentes con objetivos a su vez disímiles. Y, en caso de considerarse incompatibles ambos elementos sostuvo que, en virtud del principio de favorabilidad, debían reconocerse los intereses moratorios, pues ellos comprenden tanto el componente inflacionario como el indemnizatorio. 1.3.2. Nación-Ministerio de Educación Nacional El Ministerio recurrió la decisión de primera instancia al considerar que no era la entidad llamada a responder por las pretensiones de la demanda, ya que (i) no participó en los hechos que las sustentaron, ni en los trámites administrativos para el reconocimiento y pago de obligaciones, ni en la atención de reclamaciones posteriores; y, (ii) no era el obligado a realizar el pago, pues tal obligación se
participó en los hechos que las sustentaron, ni en los trámites administrativos para el reconocimiento y pago de obligaciones, ni en la atención de reclamaciones posteriores; y, (ii) no era el obligado a realizar el pago, pues tal obligación se encontraba a cargo del ente territorial accionado, responsable de la administración, distribución y manejo de los recursos del sistema general de participación. Señaló, ademá s, la improcedencia de la indexación reconocida. De una parte, porque esa solicitud no se formuló en la vía administrativa. De otra, porque solo aplica para aquellos casos en los que la legislación laboral no haya realizado ninguna determinación específica respecto al monto sobre el que se pretende ejecutar dicho ajuste 1.4. Sentencia de segunda instancia. Decisión objeto de revisión El 22 de julio de 2021 , la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la sentencia recurrida, salvo lo dispuesto en su ordinal 3°, en el que, por “razones de equidad y justicia”, se reconoció un periodo de indexación. En primer lugar, advirtió la inexistencia de dilación injustificada en el pago del retroactivo del señor Castro Marín, ya que los valores reconocidos en la Resolución Nro. 610 del 11 de abril de 2014 le fueron cancelados e n el mes de mayo de la misma anualidad; plazo razonable atendiendo los “trámites económicos y administrativos para culminar el proceso de homologación y nivelación salarial”. Posteriormente, señaló que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Segunda, la naturaleza sancionatoria de los intereses moratorios impedía recurrir a normas civiles o comerciales al tratarse de previsiones aplicables a materias o
Posteriormente, señaló que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Segunda, la naturaleza sancionatoria de los intereses moratorios impedía recurrir a normas civiles o comerciales al tratarse de previsiones aplicables a materias o asuntos negociales, máxime cuando no existía norma expresa que consagrara la procedencia de dichos intereses para asuntos como el sub examine, a más de que en la Resolución Nro. 610 tampoco se efectuó su reconocimiento expreso. Por último, revocó la orden de indexación impartida por el juez de primera instancia ya que desconocía el principio de congruencia pues esa pretensión no fue formulada ni en la reclamación administrativa ni en la demanda lo que impidió que parte accionada ejerciera su derecho de defensa y contradicción.
2. Recurso extraordinario de revisión
2.1. Demanda2 El señor Cosme Castro Marín3 solicitó la infirmación de la sentencia del 22 de julio de 2021, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
2 Índice 2 del SAMAI. 3 Inicialmente la demanda se interpuso por el abogado Jairo Iván Lizarazo como agente oficioso del señor Cosme Castro Marín. Sin embargo, el 9 de febrero de 2023 dicho profesional adjuntó el poder otorgado porRecurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-15-000-2022-04536-00 (7247) 4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Estado dentro del proceso de radicado Nro. 17001 -23-33-000-2016-00966-01
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Estado dentro del proceso de radicado Nro. 17001 -23-33-000-2016-00966-01 (4485-2019), por la configuración de la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del C.P.A.C.A. , esto es, por “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”. Para el efecto adujo la existencia de una falta de moti vación ya que, en su sentir, no se indicaron las razones -de hecho y de derecho - que sustentaron la determinación de no reconocer la existencia de la mora reclamada4. Adicionalmente, señaló la incongruencia de la sentencia cuestionada, porque en ella se resolvió sobre un periodo de causación de intereses moratorios diferente a aquel relacionado en la demanda. Ello, por cuanto se solicitó el reconocimiento de los intereses por el periodo comprendido entre los años 2003 a 2014, pese a lo cual el ad-quem solo examinó el periodo comprendido entre el 11 de abril y el mes de mayo de 2014 . En esa medida, estima que la providencia es citra petita, a más de que en ella tampoco se consignaron las razones que sustentaron la reducción del tiempo de análisis. En sus palabras: En suma, el(a) demandante solicitó el reconocimiento de intereses de mora desde el año 2003, cuando pasó a pertenecer a la planta territorial, y hasta el año 2014, fecha en la cual se concretó el pago del retroactivo salarial de que se trata, en tanto que en la sentencia enjuiciada
cuando pasó a pertenecer a la planta territorial, y hasta el año 2014, fecha en la cual se concretó el pago del retroactivo salarial de que se trata, en tanto que en la sentencia enjuiciada se evidencia, que se entendió erróneamente que la reclamación de dichos intereses se refirió a los que se causaron desde el acto de reconocimiento del retroactivo, dictado el 11 de abril de 2014, y hasta el año 2014 cuando se efectuó el pago. Traducido lo anterior, el sentido que le han dado al periodo a reclamar, difiere con el pedido en la demanda; la parte actora no se refirió a una mora causada entre la resolución que reconoci ó y ordenó la homologación y, la fecha de su pago; la parte demandante lo que reclamó en vía administrativa y luego judicial, fueron unos intereses desde el momento del traslado del personal de una planta a otra, hasta la fecha que la entidad efectuó el pago, de allí que, lo resuelto por el despacho nunca guardó relación con el objeto de la demanda, por tal razón en la sentencia hay desarmonía entre lo resuelto y lo debidamente pedido” (Resalto del original) Finalmente, expuso los siguientes argumentos para cuestionar lo decidido por el ad quem: • Existencia de mora porque la obligación de pago completo del salario, una vez nivelado, surgió desde el momento del traslado del empleado a la nueva planta de personal, esto es, desde el año 2003 para el caso bajo examen. • Desconocimiento de las normas aplicables al caso concreto , porque (i) el reconocimiento de intereses moratorios no requiere de una norma especial y expresa que contemple su procedencia, ya que dentro del ordenamiento jurídico exi sten otras previsiones que los contemplan ante un retardo
reconocimiento de intereses moratorios no requiere de una norma especial y expresa que contemple su procedencia, ya que dentro del ordenamiento jurídico exi sten otras previsiones que los contemplan ante un retardo injustificado en el cumplimiento de la obligación correspondiente, razón por la que el juzgador debió acudir a ellas, vía analogía, para resolver el asunto; (ii)
el señor Castro Marín para la presentación del mecanismo extraordinario de la referencia (índice 17 del SAMAI del presente proceso). 4 Fue por ello que en la demanda de revisión se afirmó lo siguiente: “Si se revisa con detenimiento su parte considerativa, el Juez no indica las razones de hecho y de derecho, por las cuales no hay lugar a intereses de mora, en su lugar, el escenario es una mera interpretación argumentativa, que no se encuentra soportada en la ley, por lo tanto, es válido reconocer que mi representado(a) no fue juzgada, conforme a las normas preexistentes; única y exclusivamente se dijo que en el proceso de homologación se agotaron las etapas necesarias, sin embargo, al tratarse de los intereses de mora, la decisión no tuvo un análisis normativo concreto al caso”.Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-15-000-2022-04536-00 (7247) 5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co no era viable negar los intereses moratorios ante la inexistencia de su pacto o acuerdo entre el trabajador y la entidad pública, precisamente, porque aquel, en razón de su calidad, carece de capacidad negocial sobre tales elementos;
www.consejodeestado.gov.co no era viable negar los intereses moratorios ante la inexistencia de su pacto o acuerdo entre el trabajador y la entidad pública, precisamente, porque aquel, en razón de su calidad, carece de capacidad negocial sobre tales elementos; y, (iii) la finalidad de la indexación y los intereses moratorios es diferente, por lo que no resultaba viable considerar la indexación ordenada en la Resolución Nro. 610 como prueba de la ausencia de mora o de retardo injustificado en el cumplimiento de la obligación. 2.2. Nación-Ministerio de Educación Nacional5 Mediante apoderado judicial, el Ministerio de Educación Nacional concurrió al proceso y se opuso a las pretensiones de la demanda, porque no se estructuró la causal de revisión invocada: no se vulneró el principio de congruencia, pues se respetó el marco establecido en el proceso; cuestión diferente es que el hoy actor no comparta la decisión y vía el mecanismo extraordinario pretenda reabrir el debate jurídico, lo que desconoce la finalidad del mecanismo extraordinario. Además, expuso argumentos relativos a la improcedencia del reconocimiento de intereses moratorios en el caso concreto y formuló la excepción de mérito denominada “Legalidad de la s entencia dictada el veintidós (22) de julio de dos mil veintidós (2022), dentro del proceso de radicado con el Nro. 17 -001-23-33-000-2016-00966-01 (4485-2019). Proferida por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B”. 2.3. Municipio de Manizales6 La entidad territorial se opuso a las pretensiones de la demanda al considerar que no se estructura la causal de revisión invocada pues no existió inconsistencia
Proferida por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B”. 2.3. Municipio de Manizales6 La entidad territorial se opuso a las pretensiones de la demanda al considerar que no se estructura la causal de revisión invocada pues no existió inconsistencia alguna entre lo pedido, lo desarrollado durante el trámite procesal y lo decidido. Además, señaló la improcedencia de los intereses reclamados. En sus palabras, el accionante “no tiene derecho al reconocimiento de estos intereses, en la medida que se pagó lo correspondiente a su proceso de homologación, luego de cumplir con las etapas señaladas en la ley, e igualmente, los intereses que reclama, no estaban incluidos en el documento que reconoció el derecho ni existe norma que consagre este índice porcentual expresamente, porque se insiste, el proceso de homologación no debe toma rse como un asunto negocial para los educadores en detrimento del presupuesto público”. 2.4. Intervención del Ministerio Público El agente del Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES
1. Competencia De acuerdo con los artículos 111 y 249 del C .P.A.C.A., la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado tiene competencia para conocer de los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones y subsecciones de esta Corporación7.
5 Índice 19 del SAMAI. 6 Índice 16 del SAMAI. 7 “Artículo 111 CPACA. Funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: “(…).2. Resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones y los demás que
Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: “(…).2. Resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones y los demás que sean de su competencia”.Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-15-000-2022-04536-00 (7247) 6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Se agrega que, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 107 del C.P.A.C.A.8, mediante el Acuerdo 80 de 20199, que compiló, entre otros, el Acuerdo 321 de 2014, emanado de la Sala Plena del Consejo de Estado, se reglamentó la creación de salas especiales de decisión, encargadas de resolver los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las secciones o subsecciones de la Corporación10. Luego, la Sala Especial de Decisión Nro. 13 de este Pleno es competente para conocer el presente recurso extraordinario de revisión.
2. Oportunidad de la acción De acuerdo con lo previsto en el inciso primero del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, en casos como el de la referencia, el recurso extraordinario de revisión “podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia”.
En el presente asunto, la sentencia cuya infirmación se pretende fue notificada el 20 de agosto de 202111. Luego, como la demanda se presentó el 19 de agosto de 202212, se concluye que se presentó de manera oportuna.
3. Problema jurídico Le corresponde a esta Sala Especial de Decisión establecer si se configura la
20 de agosto de 202111. Luego, como la demanda se presentó el 19 de agosto de 202212, se concluye que se presentó de manera oportuna.
3. Problema jurídico Le corresponde a esta Sala Especial de Decisión establecer si se configura la causal de revisión alegada por la parte actora, esto es, si existe una nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede el recurso de apelación.
Para el efecto, se procederá, inicialmente, con la exposición de algunos aspectos generales del recurso extraordinario de revisión ; posteriormente, se efectuarán algunas anotaciones frente a la causal de revisión invocada en la demanda ; y, finalmente, se examinará el caso concreto a la luz de esas premisas.
4. Recurso extraordinario de revisión. Objeto y procedencia El recurso extraordinario de revisión es, al tenor de lo previsto en el artículo 248 del C.P.A.CA.13, un medio extraordinario de impugnación de sentencias , que tiene
“Artículo 248 CPACA. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos”. “Artículo 249 CPACA. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión”. 8 “Artículo 107 C.P.A.C.A. Integración y composición. (…)”. “Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este
sin exclusión de la sección que profirió la decisión”. 8 “Artículo 107 C.P.A.C.A. Integración y composición. (…)”. “Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso. “La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto establezca el reglamento interno”. 9 Publicado en el diario oficial, edición 50.913 de 1º de abril de 2019. 10 “Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019. Artículo 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado”. 11 Índice 21 del SAMAI. Proceso de radicado Nro. 17001-23-33-000-2016-00966-01. 12 Índice 2 del SAMAI del proceso de la referencia. 13 Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las seccion es y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos.Recurso extraordinario de revisión
dictadas por las seccion es y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos.Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-15-000-2022-04536-00 (7247) 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co lugar, únicamente, por la configuración de alguna de las causales especiales contempladas en el artículo 250 de la misma codificación. Dado que su objeto es “el rompimiento de la cosa juzgada” 14, en caso de prosperar “hay lugar a que el sentenciador extraordinario sustituya la decisión adoptada en la sentencia que por tal razón resulte infirmada” 15. Por tanto, su finalidad, como lo ha precisado la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación, es “conciliar nociones esenciales del ordenamiento legal, como lo son la seguridad jurídica que representa el principio de inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas, o la cosa juzgada material y el principio de restablecimiento de la justicia material que persigue asegurar la vigencia de un orden justo, propues to por el Preámbulo de la Constitución Política” 16. En otras palabras, el objetivo de este mecanismo excepcional es procurar el restablecimiento de la justicia material de la decisión, cuando quiera que ésta ha sido afectada por situaciones exógenas que no pudieron plantearse en el proceso correspondiente, pero que, a juicio del legislador, revisten tal gravedad que autorizan romper el principio de la cosa juzgada 17. En palabras de la Corte Constitucional18:
correspondiente, pero que, a juicio del legislador, revisten tal gravedad que autorizan romper el principio de la cosa juzgada 17. En palabras de la Corte Constitucional18: “… la revisión, más que un recurso , es un medio para conseguir la realización de la justicia, pero no de la justicia formal propia de las sentencias en firme contrarias a derecho, sino de aquella verdadera que demandan el Preámbulo y los artículos 1º, 228 y 230 del estatuto superior”. En a tención a su carácter extraordinario, este mecanismo judicial no es, en consecuencia, una “tercera instancia”19 en la que puedan plantearse, nuevamente, argumentos de fondo en relación con la sentencia que se pretende revisar: no es una oportunidad para reabrir un debate propio de las instancias, ni para suplir la deficiencia probatoria; tampoco es un medio para cu estionar los fundamentos jurídicos de las providencias. En ese orden de ideas, las pretensiones deben limitarse a demostrar la configuración de alguno de los supuestos contemplados en las causales para su procedencia. De ahí que los vicios o errores en qu e se deban fundamentar los recursos extraordinarios de revisión, conforme con las causales taxativas previstas por el legislador en el artículo 250 del C.P.A.C.A., sean eminentemente procedimentales20, pues ninguna cuestiona la labor intelectual de juzgami ento21,
14 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de abril 27 de 2004. Radicado: 11001-03-15-000-1999-0194-01(REV). C.P. María Inés Ortiz Barbosa. En igual sentido, Sentencia de junio
14 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de abril 27 de 2004. Radicado: 11001-03-15-000-1999-0194-01(REV). C.P. María Inés Ortiz Barbosa. En igual sentido, Sentencia de junio 1 de 2005. Radicado: 11001-03-15-000-2002-01259-01. C.P. Ligia López Díaz. 15 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sente ncia de abril febrero 26 de 2013.
Radicado: 11001-03-15-000-2009-00050-00(REV). C.P. Mauricio Fajardo Gómez. 16 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de julio 12 de 2005. Expediente REV-00143. C.P. María Claudia Rojas Lasso. 17 Cfr. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 20 de octubre de 2009.
Radicado 11001-03-15-000-2003-00133-00 (REV). C.P. Enrique Gil Botero. Sección Tercera. Subsección
B. Sentencia del 29 de agosto de 2014. Expediente 34016. C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Sección Tercera.
Subsección B. Sentencia del 29 de abril de 2015. Radicado 25000 -23-26-000-1999-00319-01(26239). C.P. Danilo Rojas Betancourth. 18 Sentencia C-739 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis. 19 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de diciembre 1 de 1997.
Danilo Rojas Betancourth. 18 Sentencia C-739 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis. 19 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de diciembre 1 de 1997.
Radicado: REV-117. M.P. Libardo Rodríguez. En igual sentido, Sentencia marzo 30 de 2004. Radicado: 11001-03-15-000-1997-0145-01(REV). C.P. Darío Quiñones Pinilla. 20 Los errores “in procedendo” hacen referencia a vicios en el procedimiento. Nacen de la "inejecución de la ley procesal, en cuanto alguno de los sujetos del proceso no ejecuta lo que esta ley le impone (inejecución in omittendo), o ejecuta lo que esta ley prohíbe (injecución in faciendo), o se comporta de un modo diverso del que la ley prescribe”. Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-998 de 2004 y C-252 de 2001. 21 Los errores “in iudicando” o “vicios de juicio”, son errores de derecho que se producen por falta de aplicación o aplicación indebida de una norma sustancial o por interpretación errónea. Son, entonces, errores ocurridosRecurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-15-000-2022-04536-00 (7247)
8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sino que involucran irregularidades procesales (numeral 5, referido a la existencia de causal originada en la sentencia, y numeral 8, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien aspectos relativos a la validez intrínseca o insuficiencia de
de causal originada en la sentencia, y numeral 8, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien aspectos relativos a la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron el sentido de la decisión (numerales 1, 2, 3, 6 y 7), a excepción de la causal del numeral 4, referida a la violencia o cohecho en qu
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