CE - 110010315000202204575011SENTENCIA20230217091704

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04575-01

Actor: James Perea Peña Demandado: Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de

Cundinamarca

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de inmediatez

Acción de tutela por mora judicial/procedencia

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela de 1° de diciembre de 2022 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio del cual i) declaró improcedente el amparo por no superar el requisito general de la relevancia constitucional, y ii) negar las pretensiones del amparo al no haberse configurado una mora judicial.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04575-01

Actor: James Perea Peña

I. ANTECEDENTES

La solicitud

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04575-01

Actor: James Perea Peña

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1.El actor , obrando en nombre propio , presentó solicitud de tutela contra la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , porque, a su juicio, al prof erir la providencia de 3 de marzo de 20 21 dentro del incidente de desacato identificado con el número único de radicación 25000-23-41000-2018-01134-00; y al haber incurrido en mora judicial, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que por medio de la Ley 373 de 6 de junio de 19971 se estableció el programa para el uso eficiente y de ahorro del agua en todo el territorio nacional.

4. Afirmó que a través del Decreto 3102 de 30 de diciembre de 19972 se reglamentó el artículo 15 de la Ley 373 con relación a la instalación de equipos y sistemas de bajo consumo de agua.

5. Señaló que m ediante escrito de 9 de noviembre de 2018 solicitó al Procurador General de la Nación que diera cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 3102, toda vez que han pasado más de 20 años y no s e han implantado los dispositivos ahorradores de agua, solicitud que no fue atendida por la demandada.

Decreto 3102, toda vez que han pasado más de 20 años y no s e han implantado los dispositivos ahorradores de agua, solicitud que no fue atendida por la demandada.

1 “por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua”. 2 “por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en relación con la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua”.3

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Actor: James Perea Peña

6. Indicó que presentó demanda contra la Nación – Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos, con el fin de obtener la observancia de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 3102.

7. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia de primera instancia el 21 de enero de 2019, por medio del cual negó las pretensiones de la demanda.

8. La Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia de segunda instancia

el 7 de marzo de 2019, resolviendo lo siguiente:

“[…] PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 21 de enero de 2019, de la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó la presente acción de cumplimiento para, en su lugar, ACCEDER a las pretensiones de la presente acción y, en consecuencia:

SEGUNDO. ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación el cumplimiento del

presente acción de cumplimiento para, en su lugar, ACCEDER a las pretensiones de la presente acción y, en consecuencia:

SEGUNDO. ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación el cumplimiento del artículo 6º del Decreto 3102 de 1997, de conformidad con lo expuesto en esta providencia.

TERCERO. En virtud de la orden anteriormente impartida, OTORGAR a la Procuraduría General de la Nación el término de un (1) año, para que la concluya el proceso de reemplazo de los equipos, sistemas e implementos de alto consumo de agua, por los de bajo consumo, en todas las instalaciones del país de su propiedad en donde desarrolla sus labores, tiempo que empezará a contarse a partir de la ejecutoria de esta providencia […]”.

9. Manifestó que, mediante escrito del 11 de marzo de 2020, presentó incidente de desacato contra la Procuraduría General de la Nación al considerar que no se había cumplido con lo ordenado por la Sección Quinta en el Consejo de Estado en la sentencia del 7 de marzo de 2019.

10. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió la providencia de 3 de marzo de 2 021, resolviendo lo

siguiente:

“[…] 1º) Abstiénese de abrir incidente de desacato contra la Procuradora General de la Nación por las razones expuestas.

2º) Ínstase a la Procuradora General de la Nación para que en el menor tiempo posible culmine la ejecución y materialización de las gestiones, contrataciones, obras y trabajos adelantados para dar estricto cumplimiento a la sentencia proferida en el proceso de la referencia.4

posible culmine la ejecución y materialización de las gestiones, contrataciones, obras y trabajos adelantados para dar estricto cumplimiento a la sentencia proferida en el proceso de la referencia.4

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Actor: James Perea Peña

3º) Ejecutoriada esta decisión, previas las constancias secretariales de rigor archívese el expediente […]”.

11. Consideró que:

[…] 1) En caso sub examine el señor James Pere (sic) Peña en calidad de parte actora del proceso de la referencia co nsidera que la Procuraduría General de la Nación no ha dado cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de segunda instancia de 7 de marzo de 2019 proferida por el Consejo de Estado en el sentido de que se adelanten las gestiones, trámites y decisiones administrativos necesarios y ejecutar el reemplazo en todas las instalaciones del país de su propiedad en donde desarrollan las labores la entidad los equipos, sistemas e implementos de alto consumo de agua por los de bajo consumo, en el término de un (1) año contados a partir de la ejecutoria de la providencia.

1. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación manifestó que ha desplegado actuaciones administrativas para dar cumplimiento con lo ordenado en la referida sentencia, actuaciones que consisten en la celebración de contratos para el mantenimiento int egral locativo que incluyen el mantenimiento y reparación de baños, suministro e instalación de aparatos y equipos sanitarios e implementos de bajo consumo de agua en las diferentes sedes en las que funcionaba la entidad.

1. Del informe transcrito en los antecedentes de esta providencia se advierte que la

baños, suministro e instalación de aparatos y equipos sanitarios e implementos de bajo consumo de agua en las diferentes sedes en las que funcionaba la entidad.

1. Del informe transcrito en los antecedentes de esta providencia se advierte que la entidad demandada efectivamente ha celebrado contratos cuyo objeto ha sido el mantenimiento integral locativo de las distintas sedes donde funcionaba la Procuraduría General de la Nación, incluyéndose la s áreas sanitarias (equipos e implementos sanitarios) y, si bien la entidad reconoce que el cumplimiento de lo ordenado en el fallo proferido en el proceso de la referencia no ha sido del 100% el despacho destaca que las gestiones desplegadas han sido idóneas pues se advierte que ha sido un trabajo continuo y permanente pues se han suscrito contratos sucesivos para dar continuidad al cumplimiento de la Ley 373 de 1997 y del Decreto Reglamentario 3102 del mismo año y es así que para la presente vigencia se e stá estructurando el proceso contractual para continuar y culminar con el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes hidrosanitarias de la sedes faltantes.

1. En este orden de ideas encuentra el despacho que no es procedente ordenar la apertura del incidente de desacato de que trata el artículo 29 de la Ley 393 de 1997 en el presente asunto en contra de la Procuradora General de la Nación por cuanto se encuentra acreditado que ha dado cumplimiento de lo ordenado en sentencia de segunda instancia 7 de marzo de 2019 proferida por el Consejo de Estado, en el sentido de que realice todas las actuaciones para concluir el proceso de reemplazo de los equipos, sistemas e implementos de alto consumo de agua, por los de bajo consumo en todas las instalacion es del país de su propiedad en donde desarrolla

sentido de que realice todas las actuaciones para concluir el proceso de reemplazo de los equipos, sistemas e implementos de alto consumo de agua, por los de bajo consumo en todas las instalacion es del país de su propiedad en donde desarrolla sus labores y a pesar de que no las ha adoptado en el 100% de las referidas sedes se destaca que no ha sido renuente a dar cumplimiento a lo ordenado por el Consejo de Estado.

Sin perjuicio de lo anterior s e instará a la autoridad demandada para que culmine en el menor tiempo posible la ejecución y materialización de las gestiones, contrataciones, obras y trabajos adelantados […]”.5

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Actor: James Perea Peña

La solicitud de tutela

Pretensiones

12. El actor solicitó en su escrito de tutela3:

“[…] Como el auto del 3 de marzo de 2021 promulgado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y con ponencia del Señor Magistrado CESAR GIOVANNI CHAPARRO RINCON se encuentra incurso en el causal de nulidad expresado en el artículo 133 del C.G.P y qué además el vicio es insanable conforme a lo expresado en el articulo136 del CGP, le solicito al Magistrado Ponente PEDRO PABLO VANEGAS GIL, DECLARAR LA NULIDAD DE LO ACTUADO DENTRO DE ESTE PROCESO A PARTIR DE LA PROMULGACION DEL AUTO DE FECHA 3 de Marzo de 2021 en donde el magistrado ponente resolvió ABSTENERSE de abrir el incidente de desacato violando flagrantemente el debido proceso […]”.

13. El actor afirmó que la autoridad judicial accionada al proferir la providencia de 3

Marzo de 2021 en donde el magistrado ponente resolvió ABSTENERSE de abrir el incidente de desacato violando flagrantemente el debido proceso […]”.

13. El actor afirmó que la autoridad judicial accionada al proferir la providencia de 3 de marzo de 2021, desconoció sus derechos fundamentales indicados supra.

14. De igual manera, el actor señaló que la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de no abrir el incidente de desacato que promovió contra la Procuraduría General de la Nación vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. En ese orden de ideas, expresó

lo siguiente:

“[…] En síntesis encontramos que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no ha tenido en cuenta la observancia de la ley, ni lo preceptuado en los artículos 7º y 13º C.G.P, convirtiendo el proceso en una novela sin fin, donde los beneficiados con la dilación son los encartados quienes saldrán de sus cargos impunes, cuando lo que se les ordeno en la sent encia fue EN VIRTUD DE LA ORDEN IMPARTIDA,OTORGAR A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EL TERMINO DE UN 1 AÑO,PARA QUE CONCLUYA EL PROCESO DE REEMPLAZO

DE LOS EQUIPOS,SISTEMAS E IMPLEMENTOS DE ALTO CONSUMO DE AGUA.

Pero el Tribunal administrativo de Cund inamarca y el Uspec, entendieron que la orden es indefinida en el tiempo, y que el Incidente de desacato sigue siendo un escenario para seguir presentando todo tipo de exculpaciones, mientras que la ley y su respectivo decreto terminaran carentes de ejecutabilidad y el fin propuesto por estos como un convidado de piedra en la protección del preciado líquido […]”.

escenario para seguir presentando todo tipo de exculpaciones, mientras que la ley y su respectivo decreto terminaran carentes de ejecutabilidad y el fin propuesto por estos como un convidado de piedra en la protección del preciado líquido […]”.

Actuación

15. La Sección Quinta del Consejo de Estado, por auto de 4 de noviembre de 2022; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; y iii) vinculó

3 Transcripción literal del texto de la solicitud de amparo.6

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Actor: James Perea Peña

a la Procuraduría General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

16. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de

Cundinamarca consideró que:

“[…] En ese orden de ideas, dada la carencia absoluta de mérito de la acción de tutela, respetuosamente solicito que se deniegue el amparo solicitado, toda vez que las decisiones adoptadas en el proceso han sido respetuosas en todo momento de la normatividad que regula la materia y especialmente, de los derechos fundamentales de las partes. De esta forma, es claro que este despacho y la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

la normatividad que regula la materia y especialmente, de los derechos fundamentales de las partes. De esta forma, es claro que este despacho y la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no han quebrantado, ni desconocido derecho fundamental alguno que le asista a la parte actora de la acción de tutela de la referencia […]”.

17. La Procuraduría General de la Nación solicitó que se le desvinculara del presente trámite de tutela, por haberse configura do la falta de legitimación en la causa por pasiva.

18. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio en esta oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

19. La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia de 1° de

diciembre de 2022, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por el señor James Perea Peña por no superar el requisito general de la relevancia constitucional respecto del cargo tutela contra providencia judicial.

SEGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia porque no se presenta el fenómeno de la mora judicial

[…]”.

20. La Sección Quinta del Consejo de Estado, frente a la falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por la Procuraduría General de la Nación, señaló lo siguiente:7

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Actor: James Perea Peña

“[…] La Sala negará esta solicitud porque el ente de control fue vinculado al proceso

siguiente:7

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04575-01

Actor: James Perea Peña

“[…] La Sala negará esta solicitud porque el ente de control fue vinculado al proceso como tercero con interés dado que es la parte demandada en el proceso de cumplimiento en el que adoptaron las decisiones que se cuestionan en esta acción de tutela […]”.

21. Ahora bien, frente al fondo del asunto consideró que:

“[…] Así las cosas, para la Sala la solicitud de tutela no contiene la carga mínima requerida para superar el requisito general de la relevancia constitucional, pues no basta con que se aduzca la vulneración de algún derecho fundamental para que se habilite el estudio de fondo contra una decisión judicial que se presume conforme a derecho. Como lo ha reiterado la Corte Constitucional en la Sentencia SU -215 de 2002, para superar este requisito se deben explicar los motivos que dieron lugar a la vulneración del de recho y los defectos en que incurrieron las providencias judiciales reprochadas.

60. El actor sostiene que las providencias censuradas incurrieron en las causales de nulidad establecidas en los artículos 133 y 136 del CGP. Este argumento, de mera legalidad, no es acompañado de ningún reproche en clave constitucional que permita superar el requisito de la relevancia constitucional […]”.

[…]

22. La Sección Quinta del Consejo de Estado frente a la presunta mora judicial en la que posiblemente incurrió la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, adujo lo siguiente:

“[…] Una vez analizado el escrito que contiene la demanda de tutela y su corrección,

la que posiblemente incurrió la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, adujo lo siguiente:

“[…] Una vez analizado el escrito que contiene la demanda de tutela y su corrección, la Sala advierte que, aunque expresamente el actor no lo s eñaló, mediante el presente mecanismo constitucional se cuestionan las diferentes providencias que ha proferido la accionada en el año 2022 4.Estas, no abrieron formalmente el segundo incidente de desacato formulado por el señor Perea Peña y, en su lugar, requirieron a la Procuraduría General de la Nación la remisión de informes en torno al cumplimiento de la sentencia proferida por esta Sección 07 de marzo de 2019. En efecto, la presunta dilación de no abrir formalmente el incidente de desacato fue dictada mediante diferentes providencias judiciales en las que se solicitó más información a la Procuraduría sobre el cumplimiento de lo establecido en la sentencia de cumplimiento de segunda instancia […]”.

[…]

“[…] Para la Sala el hecho de que no se haya abier to formalmente el incidente de desacato formulado por la parte actora no da lugar a que se configure el fenómeno de la mora judicial. En efecto, el primer incidente fue promovido por el señor Perea Peña, mediante memorial del 11 de marzo de 2020 y este fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B mediante auto del 3 de marzo de 2021. En esa providencia, la mencionada corporación judicial determinó que la Procuraduría General de la Nación venía adelantado las gestiones contractuales necesarias para adecuar en todas sus instalaciones el sistema de bajo

3 de marzo de 2021. En esa providencia, la mencionada corporación judicial determinó que la Procuraduría General de la Nación venía adelantado las gestiones contractuales necesarias para adecuar en todas sus instalaciones el sistema de bajo consumo de agua. Por ende, consideró que en ese momento no se configuraban los elementos para abrir el incidente, pues existían pruebas de las actuaciones adelantadas por el ente de control para cumplir el fallo.

4 Providencias de 31 de enero, 20 de mayo y 28 de septiembre de 2022.8

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Actor: James Perea Peña

72. Se reitera que la mora judicial se constituye cuando las autoridades judiciales no dan trámite a las actuaciones promovidas por los ciudadanos en ejercicio de los mecanismos dispuestos para la defensa y salvaguarda de sus intereses. Por ende, respecto de la primera solicitud de abrir incidente de desacato es evidente que no se presenta este fenómeno porque la misma fue resuelta por la autoridad judicial accionada mediante auto del 3 de marzo de 2021. Cos a diferente, es que esa corporación judicial no haya accedido a las pretensiones del demandante.

73. Ahora bien, el actor, por segunda vez, solicitó iniciar incidente de desacato mediante memorial del 6 de octubre de 2021. Al respecto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, previo a decidir sobre la solicitud, profirió varios autos en los que solicitó informes a la Procuraduría sobre los contratos de obra pública celebrados para cumplir la orden impartida en el fallo de cumplimiento. La última de est as providencias fue proferida el 28 de septiembre de 2022 y en este se solicitó lo

solicitó informes a la Procuraduría sobre los contratos de obra pública celebrados para cumplir la orden impartida en el fallo de cumplimiento. La última de est as providencias fue proferida el 28 de septiembre de 2022 y en este se solicitó lo siguiente:

En tal sentido, dado que en el informe del 02 de junio de 2022 se señala que “para llegar al 100% de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo en las sedes propias, se adelantarán bajo la prórroga del contrato No. 190 de 2021, cuyo plazo vence el 30 de julio de 2022”, el Despacho considera necesario, previo a decidir sobre la aplicación del artículo 25 de la Ley 393 de 1997, de acuerdo a lo solicitado por la parte actora mediante memorial del 16 de marzo de 2022, requerir por última vez a la demandada con el fin de que en el término improrrogable de tres (3) días proceda a informar sobre el cumplimiento total del fallo se segunda instancia proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

74. Para la Sala la autoridad judicial accionada no ha incurrido en mora judicial respecto de la segunda solicitud del actor, pues dicha petición ha sido tramitada conforme con la complejidad del asunto y las dificultades materiales que implica verificar e l cumplimiento de una orden de adecuar varios edificios en los que funciona el ente de control. En este sentido, previo a establecer si hay lugar a abrir el incidente de desacato, la autoridad accionada ha proferido varios autos en lo que ha ordenado se le remita los contratos de obra pública –y el informe de su ejecución– que ha celebrado la Procuraduría para adecuar en sus instalaciones los sistemas de bajo consumo de agua.

ha ordenado se le remita los contratos de obra pública –y el informe de su ejecución– que ha celebrado la Procuraduría para adecuar en sus instalaciones los sistemas de bajo consumo de agua.

75. En esa medida, el hecho de que no se haya decidido definitivamente sobre la solicitud de abrir formalmente incidente de desacato no implica la configuración del fenómeno de la mora, pues no se está ante una dilación injustificada ya que el Tribunal accionado ha adelantado varias actuaciones, en razón a la complejidad del asunto, tendientes a contar con la información suficiente para resolver el asunto.

Dicho de otro modo, se observa que la autoridad judicial accionada ha desplegado las acciones correspondientes para contar con los elementos de convicción suficientes para determinar si se presenta, o no, el cumplimiento de las órdenes que la parte accionante considera desatendidas […]”.

La impugnación

23. El actor impugnó la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado. En ese orden de ideas, expresó lo siguiente:

“[…] Han transcurrido desde entonces 3 años desde que fue impartida la orden a través de la sentencia sin que la entidad encartada haya cumplido, argumentando en ese lapso de tiempo que “ha realizado distintas gestiones para dar cumplimiento a la orden del Consejo de Estado”9

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04575-01

Actor: James Perea Peña

4. La sentencia le ordenó a la entidad “que otorgaba 1 año para el cumplimiento de la misma y que dentro de ese plazo debía realizar las acciones y gestiones administrativas necesarias para que concluido este plazo, estuviera culminado el

4. La sentencia le ordenó a la entidad “que otorgaba 1 año para el cumplimiento de la misma y que dentro de ese plazo debía realizar las acciones y gestiones administrativas necesarias para que concluido este plazo, estuviera culminado el proceso de remplazo de los sistemas e implementos de alto consumo de agua por los de bajo consumo, para así dar cumplimiento estricto del artículo 6 del Decreto 3102 de 1.997, reglamentario del artículo 15 de la Ley 373 de 1.997 […]”.

[…]

“[…] En la acci ón de tutela incoada en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera Subsección B podemos encontrar sin duda alguna 2 vicios que afectan el debido proceso:

1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha dilatado indebidamente el proceso, puesto que lo ha modificado, ya que el plazo concedido por la sentencia fue claro al advertirle a la Procuraduría General de la Nación que el plazo que se le concedió fue de 1 año dentro del cual debió realizar las acciones para que terminado el plazo se encontraran instalados los sistemas de bajo consumo de agua en todas las dependencias a su cargo en el País y no como lo asegura el Magistrado Ponente del Consejo de Estado en la tutela de la referencia Pedro Pablo Vanegas Gil quien asegura que 3 años para dar cumplimiento a la sentencia se encuentra dentro de un “plazo razonable”, cuando lo cierto es que la acción de cumplimiento solo está por debajo de la acción de tutela ( 20 días) y además el plazo concedido a todos los usuarios del sector oficial fue hasta el 1 de julio de 1.999, es decir que lleva 23 años de incumplimiento.

2. Es claro, y ante eso no existe ninguna duda que el Tribunal Administrativo de

usuarios del sector oficial fue hasta el 1 de julio de 1.999, es decir que lleva 23 años de incumplimiento.

2. Es claro, y ante eso no existe ninguna duda que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha violado el debido proceso ya que la ley es expresa cuando dijo:

ARTICULO 25. CUMPLIMIENTO DEL FALLO. En firme el fallo que ordena el cumplimiento del deber omitido, la autoridad renuente deberá cumplirlo sin demora. Si no lo hiciere dentro del plazo con cedido en la sentencia, el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimientodisciplinario contra aquel. Pasados cinco 5 días ordenara abrir proceso contra elsuperior que no hubiera procedido conforme a lo ordenado y adoptara directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrásancionar por desacato al responsable y al superior hasta que estos cumplan su sentencia. Lo anterior conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la presente ley.

De todas maneras, el Juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que cese el incumplimiento.

3. Al respecto el artículo 133 del Código General del Proceso dijo:

CAUSALES DE LA NULIDAD Numeral 2. Artículo 133 C.G.P El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

Cuando el Juez procede contra providencia ejecutoriada del Superior, revive un proceso legalmente concluido o PRETERMITE INTEGRAMENTE LA RESPECTIVA

INSTANCIA

Al no tramitar el incidente de desacato en el caso que nos ocupa, el Magistrado del

Cuando el Juez procede contra providencia ejecutoriada del Superior, revive un proceso legalmente concluido o PRETERMITE INTEGRAMENTE LA RESPECTIVA

INSTANCIA

Al no tramitar el incidente de desacato en el caso que nos ocupa, el Magistrado del Tribunal, pretermitió si o no, la respectiva instancia? Desde luego que sí, y no solo se mantuvo en su posición equivocada en 3 ocasione s, es decir que ni siquiera aceptó el recurso de reposición incoado […]

[…]10

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Actor: James Perea Peña

“[…] Como está claramente demostrada la violación al debido proceso por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al igual que la incoherencia del Magistrado Ponente Pedro Pablo Vanegas Gil, (quien ha fallado en contra de la Ley y cuyo nombre es PREVARICATO), no le queda otro camino al Magistrado de 2 instancia que REVOCAR la sentencia de 1 instancia y en su lugar, NULITAR lo actuado en esta sentencia, y ORDENAR a la PROCU RADURIA GENERAL DE LA NACION cumplir con el remplazo de los equipos, sistemas e implementos de alto consumo de agua por los de bajo consumo en toda las dependencias de la entidad mencionada […]”5.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

24.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución

los artículos 1.º y 32 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20216 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 2018 7 y con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

25. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

26. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió

5 Transcripción literal del texto de la impugnación. 6 “Por la cual se modifican l os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único

Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 7 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado