CE - 110010315000202204673011SENTENCIASENTENCIA20230216151434

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04673-01

Demandante: Asociación de Municipios de la Subregión Ciénaga Grande del Magdalena, Asociénaga y otro

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2022-04673-01

Demandante ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN CIÉNAGA

GRANDE DEL MAGDALENA, ASOCIÉNAGA Y OTRO Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA Y OTRO Temas Acción de tutela. Tutela contra providencia judicial . Defecto sustantivo y por desconocimiento del precedente. Proceso ejecutivo. Embargo cuentas del municipio como medida cautelar. Legitimación en la causa por activa. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación interpuesta por EJSP1 en nombre propio y como apoderado de la Asociación de Municipios de la Subregión Ciénaga Grande del Magdalena, Asociénaga contra la sentencia del 3 de noviembre de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que resolvió: “PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por el señor

por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que resolvió: “PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por el señor EJSP, en nombre propio, y negar la solicitud de amparo de la Asociación de Municipios de la Subregión Ciénaga Grande del Magdalena (ASOCIENAGA), en contra del Tribunal Administrativo del Magdalena y del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, por las razones aquí expuestas”.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 26 de agosto de 2022 2, el señor EJSP en nombre propio y como apoderado de la Asociación de Municipios de la Subregión Ciénaga Grande del Magdalena, Asociénaga, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Magdalena y el Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, al trabajo, a los principios de buena fe y confianza legítima.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: “1. Amparar los derechos fundamentales, los der echos fundamentales y convencionales al debido proceso, buena fe, confianza legítima, dignidad humana, mínimo vital, trabajo valor jurídico de la seguridad jurídica, garantías judiciales y protección judicial.

2. Como consecuencia de lo anterior, dejar si n efectos jurídicos las decisiones del Tribunal Administrativo del Magdalena del 20 de abril de 2022 notificada el 12 de julio de 2022 por

1 Se mencionan las siglas del nombre de la persona que actúa en tal calidad, en atención a la solicitud por él presentada ante el juez de tutela de primera instancia, en el que pidió mantener en reserva su nombre e identidad por una situación especial de salud.

1 Se mencionan las siglas del nombre de la persona que actúa en tal calidad, en atención a la solicitud por él presentada ante el juez de tutela de primera instancia, en el que pidió mantener en reserva su nombre e identidad por una situación especial de salud. 2 Fecha de radicación al correo de tutelas y habeas corpus en línea.Radicado: 11001-03-15-000-2022-04673-01

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2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co medio del cual revoca la medida cautelar en contra del municipio de Ariguaní y del 21 de abril de 2021 emitida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta en el proceso ejecutivo 47-001-3333-004-2018-00388-00.

3. En virtud de lo anterior, se le ordene a las accionadas en el término de 48 horas, emitir una nueva decisión teniendo en cuenta las excepciones al princ ipio de inembargabilidad decretando las medidas cautelares de embargo y retención de las sumas de dinero depositadas en cuentas corrientes, de ahorros o que a cualquier otro título bancario o financiero posea en los establecimientos bancarios que adelante se indican , el MUNICIPIO DE ARIGUANI, representada legalmente por su Alcalde el Sr. DAVID FERNANDO FARELO DAZA , en los siguientes establecimientos bancarios: BANCO

DE OCCIDENTE, CORP BANCA, AV VILLAS, BANCO CAJA SOCIAL, CSC,

DAVIVIENDA, COLPATRIA, BBVA, BANCOLOMBIA, BANCO POPULAR, BANCO DE

DE OCCIDENTE, CORP BANCA, AV VILLAS, BANCO CAJA SOCIAL, CSC,

DAVIVIENDA, COLPATRIA, BBVA, BANCOLOMBIA, BANCO POPULAR, BANCO DE

BOGOTÁ .BANCO SUPERIOR, BANCO DE SANTANDER, MEGABANCO, BANCO

AGRARIO, BANCOOMEVA, GNB SUDAMERIS, HELMBANK, BANCO FALABELA,

JURISCOOP. CITIBANK, BNP PARIBAS, FINANDINA, FIDUCIARIA DE OCCIDENTE,

SCOTIABANK COLOMBIA S.A.

4. En la nueva decisión que decrete las medidas cauteles se le debe indicar y exhortar a las entidades financieras arriba señaladas que en el presente asunto aplica la excepción de inembargabilidad por constituir una sentencia judicial y que en lo sucesivo procedan de inmediato a su aplicación sin exteriorizar y preguntar a los despachos judiciales si se trata de una excepción a la inembargabilidad”.

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. Entre el Municipio de Ariguaní, Magdalena y el representante legal de la Asociación de Municipios de la Subregión Ciénaga Grande de Santa Marta, Asociénaga, señor Millar Adolfo Martínez González, se celebró el Convenio Interadministrativo de Cooperación y Cofinanciación Nro. 002 del 25 de febrero de 2011, cuyo objeto consistió en “la construcción de la unidad de apoyo educativo de la institución educativa departamental liceo Ariguaní del difícil, cabecera municipal de Ariguaní (Magdalena)”. Este convenio fue producto de diversas prórrogas y algunas interrupciones.

de la institución educativa departamental liceo Ariguaní del difícil, cabecera municipal de Ariguaní (Magdalena)”. Este convenio fue producto de diversas prórrogas y algunas interrupciones. 2.2. El 22 de noviembre de 2013 se firmó el acta de liquidación entre las partes de mutuo acuerdo al haberse ejecutado la totalidad de las obras contratadas, verificadas por el interventor y recibidas a satisfacción por parte del municipio. En el acta mencionada se indicó que existía un saldo a favor del contratista de $588.358.573,20 que debían ser cancelados en días posteriores. 2.3. El 12 de septiembre de 2016 la parte accionante presentó ante el municipio la respectiva cuenta de cobro con certificación bancaria a fin de que se efectuara el pago en las cuentas oficiales de Asociénaga del valor descrito en el acta de liquidación del contrato, lo que no se cumplió. 2.4. Por lo anterior, la Asociac ión de Municipios de la Subregión Ciénaga Grande de Santa Marta, Asociénaga, presentó demanda ejecutiva en contra del municipio de Ariguaní, Magdalena, con el fin de que se librara mandamiento de pago a su favor por el capital adeudado junto con los intere ses moratorios y corrientes. 2.5. Correspondió conocer el asunto al Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta el proceso ejecutivo con la radicación Nro. 47001-33-33-004-2018-00388-00Radicado: 11001-03-15-000-2022-04673-01

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3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que, en providencia del 11 de julio de 2019, ordenó librar mandamiento de pago en contra del municipio demandado. 2.6. En providencia del 11 de marzo de 2020 se ordenó seguir adelante con la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el mandamiento de pago ejecutivo. 2.7. Posteriormente mediante auto del 5 de noviem bre de 2021 se modificó la liquidación del crédito y se aprobó la liquidación efectuada por el juzgado. Actuaciones llevadas a cabo en relación con las medidas cautelares 2.8. La parte ejecutante solicitó el decreto y práctica de medidas cautelares de embargo y retención de dineros depositadas en las cuentas corrientes, de ahorros y demás entidades financieras que tuviera el ente territorial. 2.9. En providencia del 26 de abril de 2021 el Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta, decretó las medidas cautelares solicitadas por la parte actora, no obstante, advirtió a las entidades financieras observar lo dispuesto en el artículo 564 del Código General del Proceso respecto a la inembargabilidad de recursos públicos y limitó el monto a $882.597.859,5 equivalente al valor del crédito estipulado en el mandamiento de pago más la mitad de este. 2.10. Contra la anterior decisión las partes ejecutante y ejecutada presentaron recurso de apelación. Correspondió conocer al Tribunal Administrativo del

del crédito estipulado en el mandamiento de pago más la mitad de este. 2.10. Contra la anterior decisión las partes ejecutante y ejecutada presentaron recurso de apelación. Correspondió conocer al Tribunal Administrativo del Magdalena que, en providencia del 20 de abril de 2022 <<notificada el 12 de julio de 2022>> , revocó la decisión del juzgado y en su lugar, negó la medida cautelar solicitada por la parte ejecutante. Hizo un extenso recuento en relación con la inembargabilidad de los recursos públicos y explicó que, si bien la jurisprudencia tenía tres excepciones a esta regla, con ocasión de la Ley 1437 de 2011 se había introducido nuevamente en el ordenamiento jurídico una disposición sobre el carácter inembargable de dichos recursos. En ese orden, consideró que debía revocarse la decisión que ordenó el embargo de los recursos públicos del municipio, aun cuando se hubiera hecho la precisión en la decisión con respecto a la inembargabilidad, pues al final se había accedido a la medida cautelar, lo que para el tribunal no era acertado.

3. Fundamentos de la acción La parte actora manifestó que las providencias del 26 de abril de 2021 y del 20 de abril de 2022 proferidas tanto por el Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta como por el Tribunal Administrativo del Magdalena, respectivamente en el proceso ejecutivo identificado con el Nro. de radicación 47001-33-33-004-2018-0038800/01, incurrieron en los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente jurisprudencial, por las siguientes razones: 3.1. Defecto sustantivo. Dijo que se dio una errada interpretación del artículo 45 de

00/01, incurrieron en los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente jurisprudencial, por las siguientes razones: 3.1. Defecto sustantivo. Dijo que se dio una errada interpretación del artículo 45 de la Ley 1551 de 2012 al negar de manera rotunda que frente a los munici pios no aplicaba la excepción de inembargabilidad en ningún momento y desconociendo que posterior a la expedición de dicha norma tanto el ConsejoRadicado: 11001-03-15-000-2022-04673-01

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de Estado como la Corte Constitucional habían decretado órdenes de embargo y declarado la excepción a la inemb argabilidad cuando el titulo provenía de una sentencia judicial como el caso concreto proponía. 3.2. Defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial. Indicó que se desconoció el precedente horizontal del mismo tribunal que en otros casos ha accedido al decreto de medidas cautelares contra otros municipios en medidas cautelares. Citó las siguientes sentencias: ● Proceso ejecutivo Nro. 47001 -33-33-002-2016-00379-01, actor: Atala de Jesús Padilla Cantillo, demandado: Municipio de Tenerife. Providenci a del 23 de noviembre de 2021. ● Proceso ejecutivo Nro. 47001-33-33-003-2016-00475-02, actor: José Magdaleno Algarín Pérez. Providencia del 7 de julio de 2022.

noviembre de 2021. ● Proceso ejecutivo Nro. 47001-33-33-003-2016-00475-02, actor: José Magdaleno Algarín Pérez. Providencia del 7 de julio de 2022. Así mismo señaló la existencia de un desconocimiento del precedente vertical y para el efecto, citó las siguientes sentencias de tutela: ● Expediente Nro. 11001-03-15-000-2022-02297-00, actores: José Magdaleno Algarín Pérez, Virginia Edith González Chaverra y Harold Wilson Campo Henríquez. Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena. Providencia del 16 de junio de 2022. ● Expediente Nro. 11001-03-15-000-2020-00510-01, actor: Pedro Alberto Peña Dimare y otros. Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena. Providencia del 17 de septiembre de 2020. También mencionó los siguientes radicados de provi dencias que dijo, se han referido a la embargabilidad de recursos públicos: “A) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, Sala Unitaria, Auto de 21 de julio de 2017, Expediente 08001 -23-31-000-200700112-02 (3679 -2014), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. B) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, Auto de 23 de noviembre de 2017, Expediente 88001 -23-31-000-2001-0002801(58870), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. C) Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 15 de diciembre de 2017, Expediente

Expediente 88001 -23-31-000-2001-0002801(58870), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. C) Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 15 de diciembre de 2017, Expediente 05001-23-33-000-2017-01532-01, C.P. María Elizabeth García González. D) Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia de 3 de mayo de 2018, Expediente 1100103-15-000-2017-02007-01, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. E) Consejo de Estado, S ección Primera, Sentencia de 21 de junio de 2018, Expediente 17001-23-33-000-2018-00163-01, C.P. María Elizabeth García González. F) Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia 1 de agosto de 2018, Expediente 1100103-15-000-2018-00958-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. G) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, Sala Unitaria, Auto de 14 de marzo de 2019, Expediente59.802, C.P. María Adriana Marín. H) Auto de 9 de abril de 2019, Expediente 60.616, C.P. María Adriana Marín y Auto de 3 de julio de 2019, Expediente 63.790, C.P.

1. Marta Nubia Velásquez Rico. Consejo de Estado, Sección Segunda (sic), Subsección “B”, Sentencia de 11 de marzo de 2019, Expediente 110010315000201900569 -00, C.P.

(sic). J) Consejo de Estado, Sección Segund a, Subsección “B”, Sentencia de 11 de marzo de

“B”, Sentencia de 11 de marzo de 2019, Expediente 110010315000201900569 -00, C.P. (sic). J) Consejo de Estado, Sección Segund a, Subsección “B”, Sentencia de 11 de marzo de 2019, Expediente 110010315000201900569-00, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.Radicado: 11001-03-15-000-2022-04673-01

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co K) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, Sentencia de 10 de mayo de 2019, Expediente 11001031500020190130300, C.P. Ramiro Pazos Guerrero”. Consideró el apoderado de la Asociénaga que, en su momento la asociación cumplió con el objeto contractual y benefició a la comunidad educativa del Municipio de Ariguaní que recibió la obra, pero que pese a ello no canceló el valor respect ivo y que, en lo personal, se le vulneraban sus derechos fundamentales al trabajo y al mínimo vital al haber pactado un contrato de prestación de servicios como abogado a cuota Litis y que tal situación ha afectado sus ingresos al no recibir honorarios y s er una persona que vive del litigio.

4. Trámite impartido 4.1. Inicialmente el juez de tutela de primera instancia inadmitió el escrito de tutela mediante auto del 31 de agosto de 2022, con el fin de que el apoderado que representaba a Asociénaga, allegara el poder que lo facultara para actuar en el presente trámite.

mediante auto del 31 de agosto de 2022, con el fin de que el apoderado que representaba a Asociénaga, allegara el poder que lo facultara para actuar en el presente trámite. 4.2. Posteriormente, en providencia del 19 de septiembre de 2022, se ordenó requerir a la parte accionante, con el fin de que se acreditara la calidad de representante legal de Asociénaga de la persona que otorgó poder al apoderado para actuar dentro del asunto de la referencia. 4.3. Finalmente, por auto del 5 de octubre de 2022, el a quo admitió la demanda de tutela, ordenó notificar a las partes accionante, accionadas y, ordenó la vinculación como tercero con interés al Municipio de Ariguaní, Magdalena y a los señores Millar Adolfo Martínez González y Carlos Hugues Daza Labarces.

5. Intervenciones 5.1. El señor Millar Adolfo Martínez González , vinculado como tercero con interés, rindió informe en el que manifestó que fue representante legal de Asociénaga para la época en que otorgó poder y celebró contrato de prestación de servicios con los señores Carlos Hugues Daza Labarces y EJSP, aclarando que en relación con este último profesional del derecho, se trataba de un sujeto de especial protección por tener una enfermedad catastrófica, que la comunicación era vía telefónica ya que no podía salir.

Aclaró que la entidad que representaba no contaba con los recursos porque ejecutaban los contratos pero que no les pagaban y que contaba con la esperanza de que judicialmente se obtuviera el pago de los contratos que celebró desde el año 2013.

Aclaró que la entidad que representaba no contaba con los recursos porque ejecutaban los contratos pero que no les pagaban y que contaba con la esperanza de que judicialmente se obtuviera el pago de los contratos que celebró desde el año 2013. 5.2. El municipio de Ariguaní, Magdalena, el Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta 3 y el Tribunal Administrativo del Magdalena, no se pronunciaron en esta oportunidad.

6. Providencia impugnada En sentencia del 3 de noviembre de 2022, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, declaró improcedente el amparo constitucional.

3 El juzgado allegó el enlace de consulta del expediente ejecutivo. Dejó constancia que el expediente había sido remitido al Tribunal Administrativo del Magdalena “para apelación en el efecto devolutivo y hasta el momento no han notificado decisión de segunda instancia, ni han realizado la devolución del expediente”.Radicado: 11001-03-15-000-2022-04673-01

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Un primer problema jurídico a resolver tuvo que ver con la legitimación en la causa por activa del señor EJSP que dijo actuar en nombre propio para la protección de sus derechos fundamentales que estimó conculcados por la negativa de la autoridad judicial accionada de decretar la medida cautelar solicitada en el trámite ejecutivo promovido por la asociación Asociénaga y que, a su juicio, le generaba un perjuicio

sus derechos fundamentales que estimó conculcados por la negativa de la autoridad judicial accionada de decretar la medida cautelar solicitada en el trámite ejecutivo promovido por la asociación Asociénaga y que, a su juicio, le generaba un perjuicio al fungir como apoderado judicial de la ejecutante, aspecto frente al que consideró el juez de tutela de primer grado, no le asistía legitimación por activa para proponer la demanda de tutela, al no ser el titular de los derechos fundamentales que pretendía fueran amparados. Adicionalmente, advirtió que su intervención dentro del trámite ejecutivo obedeció al poder que el allí demandante le confirió para que representara sus intereses en esa instancia judicial y, del posible perjuicio por el no pago de sus honorarios como consecuencia de la imposibilidad de ejecutar la obligación reclamada, sostuvo el a quo que la afectación por la falta de ejecución de la obligación afectaba únicamente a Asociénaga, quien era el titular de los derechos reclamados. Establecido lo anterior, pasó a resolver un segundo problema jurídico, que tuvo que ver con la presunta configuración de los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente. Del precedente jurisprudencial manifestó que, las decisiones emitidas por el mismo tribunal que dice, contrarían la posición adoptada en la providencia cuestionada, en realidad no eran precedentes horizontales que debieran ser observados, en la medida que se trató de salas de decisión diferentes que bien podían tener un criterio distinto siempre que este fuera razonado y apoyado en las normas y la jurisprudencia y, frente al precedente del Consejo de Estado, indicó que las sentencias que se mencionaron como desconocidas eran decisiones de tutela y por tanto sus efectos

distinto siempre que este fuera razonado y apoyado en las normas y la jurisprudencia y, frente al precedente del Consejo de Estado, indicó que las sentencias que se mencionaron como desconocidas eran decisiones de tutela y por tanto sus efectos eran Inter partes. Por lo demás, explicó que la decisión del tribunal fue motivada y tuvo razones para negar la embargabilidad de recursos públicos en el marco del decreto de medidas cautelares. Del defecto sustantivo, explicó que el artículo 145 de la Ley 1551 de 2012, dotó a los municipios de un régimen normativo especial para el decreto y práctica de medidas cautelares y prevé que no procede el embargo sobre los recursos del Sistema General de Participaciones, el Sistema General de Regalías y las rentas propias de destinación específica para el gasto social de esas entidades territoriales, en los procesos contenciosos adelantados en su contra. En ese orden de ideas, sostuvo que el tribunal en su providencia determinó que, en el caso concreto, no era posible decretar la medida solicitada por la ejecutante, de manera que, en su sentir, no hubo una interpretación irrazonable o arbitraria de la norma citada y acorde con los antecedentes jurisprudenciales.

7. Impugnación La parte actora impugnó la decisión.

En relación con la falta de legitimación por activa del señor EJSP quien dice actuar en nombre propio y como apoderado de la Asociación de Municipios de la Subregión Ciénaga Grande del Magdalena, Asociénaga, advirtió que contrario a lo afirmado en la sentencia de primera instancia, él sí era directo afectado en la medida que de la

en nombre propio y como apoderado de la Asociación de Municipios de la Subregión Ciénaga Grande del Magdalena, Asociénaga, advirtió que contrario a lo afirmado en la sentencia de primera instancia, él sí era directo afectado en la medida que de la decisión del proceso ejecutivo y el decreto de medidas cautelares, dependía el pagoRadicado: 11001-03-15-000-2022-04673-01

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de sus honorarios profesionales qu e habían sido pactados a cuota litis, que tenía una familia que dependía de su trabajo como litigante para su sostenimiento y que adicionalmente, tenía enfermedades catastróficas, situaciones que lo hacían sujeto de especial protección. De otra parte, disc repó del estudio que se hizo en relación con el defecto por desconocimiento del precedente vertical , pues sostuvo que, de las providencias citadas como desconocidas, había unas en las que de manera recurrente participaron dos magistradas que también participaron en la decisión cuestionada y que la posición era contraria a la que habían manifestado en oportunidad anterior.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 4, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las

reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 4, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales.

Así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Por esto, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales 5 y especiales6 que deben cumplirse de forma estricta. Si no se cumplen todos los requisitos generales y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales la acción no será procedente. De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 7 ha indicado q ue cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

4 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”. 5 Consejo de Estado. Sección Cu arta. Sentencia del 23 de abril de 2014. Expediente No. 11001 -03-15-0002013-02625-00. C.P. Jorge Octavio Ramírez. 6 Corte Constitucional. Sentencia T-760 de 2010 7 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2022-04673-01

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8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3. Delimitación y planteamiento del problema jurídico

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3. Delimitación y planteamiento del problema jurídico Teniendo en cuenta los antecedentes del caso, los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y la precisión hecha en el fallo de primera instancia relativa al análisis únicamente la providencia de segunda instancia emitida frente a las medidas cautelares dentro del proceso ejecutivo q ue se tramita con la radicación 47001-33-33-004-2018-00388-00/018, corresponde a la Sala analizar dos aspectos:

(i) El primero, tiene que ver con la legitimación en la causa por activa del señor EJSP para proponer, en su propio nombre, la presente acción de tutela contra la providencia del 20 de abril de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena. Pues, recuérdese que el señor EJSP interpuso la acción de tutela de la referencia en nombre propio y como apoderado de la Asociación de Municipios de la Subregión Ciénaga Grande del Magdalena, Asociénaga. (ii) El segundo, relativo al presunto defecto por desconocimiento del precedente horizontal en la providencia del 20 de abril de 2022 emitida por el Tribunal Administrativo del Magdalena en el citado proceso ejecutivo, que es sobre el que centró su argumento la parte actora en el recurso de impugnación presentado contra la decisión del a quo.

4. Legitimación en la causa por parte activa en relación con el señor EJSP, para cuestionar, en sede de tutela la providencia del 20 de abril de 2022 4.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, la acción

para cuestionar, en sede de tutela la providencia del 20 de abril de 2022 4.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, la acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial al que puede acudir cualquier persona para pedir la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que resulten vulnerados o amenazados como consecuencia de acciones u omisiones de autoridades o de particulares, en los eventos delineados por la Constitución y la Ley. El artículo 10 del Decreto 2591 de 19919 señala que la acción de tutela puede ejercerse de las siguientes maneras: (i) en forma directa, (ii) por intermedio de un representante legal (caso de los menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jurídicas), (iii) mediante apo derado judicial (abogado titulado con poder judicial o mandato expreso), o (iv) a través de agente oficioso (cuando el titular del derecho no está en condiciones de promover su propia defensa). Asimismo, dicha norma señala que tanto el Defensor del Pueblo como los personeros municipales estarán legitimados para ejercer la acción de tutela. Cuando la acción de tutela es interpuesta por intermedio de agente oficioso, la Corte Constitucional ha señ