CE - 110010315000202204699001SENTENCIA20221031125812

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04699-00

Demandante: Juan Gustavo Coronado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-04699-00

Demandante: JUAN GUSTAVO CORONADO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE C UNDINAMARCA,

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “A”

Temas: Tutela contra autoridad judicial. Tardanza en resolver solicitud de liquidación de costas procesales y agen cias en derecho y expedición de copias de sentencias de primera y segunda instancia con constancia de ejecutoria

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por el señor Juan Gustavo Coronado1 contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, en la que pide el amparo constitucional de sus derechos fundamentales de petición y al debido proceso que considera vulnerados con la tardanza en resolver la so licitud de 30 de junio de 2022, en la que pidió que se efectuara la liqui dación de costas y agencias en

constitucional de sus derechos fundamentales de petición y al debido proceso que considera vulnerados con la tardanza en resolver la so licitud de 30 de junio de 2022, en la que pidió que se efectuara la liqui dación de costas y agencias en derecho, así como la expedición de copias de la sentencia de primera y segunda instancia con constancia de ejecutoria en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el No. 25000234200020150239900/01.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El demandante manifestó que promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se declarara la nulidad del oficio No. DNAG 001120-20146000009051 de 2 de octubre de 2014 , suscrito por la Directora Nacional de Apoyo a la Gestión de la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de los salarios que dejó de percibir durante el tiempo que estuvo privado injustamente de la libertad (23 de agosto de 2010 al 1 de febrero de 2012).

Indicó que el proceso correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A” , que en sentencia de 20 de septiembre de 2018 resolvió declarar la nulidad parcial del acto administrativo demandado.

Refirió que contra esa decisión la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación , el cual fue resuelto por la Sección Segunda, Sub sección “A” del Consejo de Estado en providencia de 27 de enero de 2022 , en el sentido de

de apelación , el cual fue resuelto por la Sección Segunda, Sub sección “A” del Consejo de Estado en providencia de 27 de enero de 2022 , en el sentido de

1 La solicitud de amparo se radicó el 30 de agosto de 2022.Radicado: 11001-03-15-000-2022-04699-00

Demandante: Juan Gustavo Coronado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 adicionar el numeral tercero de la parte resolutiva de primera instancia de la siguiente manera:

“TERCERO: Como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del derecho CONDENAR a la Fiscalía General de la Nación, en su calidad de empleador del demandante realizar el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social del señor Juan Gustavo Coronado Ricardo, por el periodo transcurrido entre el 23 de agosto de 2010 y el 1.° de febrero de 2012, trasladando al respectivo fondo de pensiones y a la EPS, el porcentaje que legalmente corresponda, en el evento en que no se hayan efectuado durante dicho lapso. El señor Coronado Ricardo, también realizará los aportes por el mencionado periodo en el porcentaje que por ley le incumba. Igualmente, deberá cancelar al libelista, por el lapso señalado las sumas de dinero que debieron ser sufragadas a la Caja de Compensación Familiar e n razón de la relación laboral”.

Afirmó que una vez se realizó la devolución d el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el secretario procedió a realizar el archivo del

razón de la relación laboral”.

Afirmó que una vez se realizó la devolución d el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el secretario procedió a realizar el archivo del proceso, sin que se hubiese efectuado la liquidación de las costas procesales y agencias en derecho como lo establece al artículo 366 del Código General del Proceso (CGP).

Por último, aseveró que el 30 de junio de 2022 , mediante apoderada judicial , solicitó la liquidación en costas y agencias en derecho y la expedición de copia de las sentencias de primera y segunda instancia proferidas en el proceso ordinario, con la constancia de ejecutoria, sin embargo, a la fecha de presentación de la acción de tutela dicha solicitud no había sido resuelta.

2. Fundamentos de la acción

El demandante presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A” , al considerar que vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de petición, con la tardanza en resolver la solicitud presentada el 30 de ju nio de 2022, en la que pidió que se efectuara l a liquidación en costas y agencias de derecho y se expidieran las copias de las sentencias de primera y segunda instancia emanadas dentro del proceso ordinario, junto con la constancia de ejecutoria.

3. Pretensiones

El accionante formuló la siguiente:

“Pretendo que se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección “A”, que en el término de 48 horas proceda cumplir el fallo de segunda instancia, liquidar las costas y agencias e n derecho ordenadas en la sentencia. Y,

“Pretendo que se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección “A”, que en el término de 48 horas proceda cumplir el fallo de segunda instancia, liquidar las costas y agencias e n derecho ordenadas en la sentencia. Y, además expedir copia de las sentencias de primera y segunda instancia con constancia de ejecutoria”.

4. Pruebas relevantes

Con el escrito de tutela el accionante aportó copia de l memorial de 30 de junio de 2022, c on el asunto “DEMANDA MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (Art. 138 C.P.A.C.A) SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN DE COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO” remitida a los correos electrónicos scs02sb01tadmincdm@notificacionesrj.gov.co y rmemorialessec02tadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co.

5. Trámite procesal

Por auto de 1 de septiembre de 2022, el despacho admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada, así como al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, la Nación, Fiscalía General de la Nación y a laRadicado: 11001-03-15-000-2022-04699-00

Demandante: Juan Gustavo Coronado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, así como a los terceros interesados en el resultado del proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 95916 a 95920 y

www.consejodeestado.gov.co 3 Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, así como a los terceros interesados en el resultado del proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 95916 a 95920 y 95880 a 95889 de 6 de septiembre de 2022, con el fin de darle cumplimiento a la referida decisión2.

Mediante auto de 16 de septie mbre de 2022 , el despacho orden ó vincular en calidad de demandada a la Secretar ía de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La referida providencia se notificó mediante los oficios Nos. 100733 a 100737 de 21 de septiembre de 20223.

6. Oposición

6.1. Respuesta d el Tribunal Administrativo de C undinamarca, Subsección Segunda, Sección “A”

6.1.1. En memorial allegado el 7 de septiembre de 2022, el magistrado ponente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho manifestó que una vez revisado el proceso en el aplicativo SAMAI, el expediente regresó proveniente del Consejo de Estado el 22 de marzo de l año en curso y entró al despacho el día 22 de abril de 2022, y se dispuso su archivo el 20 de mayo del mismo año . Agregó que el 30 de junio siguiente se recibió la solicitud de liquidación de costas y agencias en derecho.

Refirió que cuando el mencionado memorial fue radicado el expediente ya se encontraba archivado, por lo que no fue ingresado al despacho para resolverlo en derecho. Debido a lo anterior, la Secretaría de la Subsección solicitó el desarchivo del expediente el 9 de septiembre de 2022.

encontraba archivado, por lo que no fue ingresado al despacho para resolverlo en derecho. Debido a lo anterior, la Secretaría de la Subsección solicitó el desarchivo del expediente el 9 de septiembre de 2022.

Finalmente indicó que una vez s ea desarchivado el expediente e ingrese al despacho se resolverá la solicitud a la mayor brevedad pos ible. Respecto a la petición de expedición de copias de las sentencias de primera y segunda instancia dictadas en el proceso ordinario, informó que el trámite debe ser realizado a través de la Secretaría de la Subsección , previo al pago de las expensas a q ue haya lugar.

6.1.2. Por medio de escrito de 26 de septiembre de 2022, el mismo funcionario judicial dio alcance a la respuesta enviada el 7 de septiembre de 2022 , con el fin de solicitar al juez de tutela que se declare la carencia actual de objeto por configurarse un hecho superado.

Indicó que revisado el Sistema de Gestión Judicial SAMAI se observa que el 8 de septiembre de 2022, se dictó providencia en la que se fijaron agencias en derecho, cuya notificación se surtió por estado en la misma fecha, y el 24 del mismo mes y año se fijó en lista lo relativo a la liquidación de costas (expensas).

Por lo anterior, aseveró que los argumentos presentados por el demandante en los que sostuvo que se vulneró su derecho fundamental al debido proceso por haberse archivado el ex pediente y no realizar la liquidación de las costas

2 La actora , la autoridad judicial demandada y los terceros con interés fueron notificadas en las siguientes direcciones de correo elect rónico: gustavocoronadoricardo@gmail.com

haberse archivado el ex pediente y no realizar la liquidación de las costas

2 La actora , la autoridad judicial demandada y los terceros con interés fueron notificadas en las siguientes direcciones de correo elect rónico: gustavocoronadoricardo@gmail.com scs02sb01tadmincdm@notificacionesrj.gov.co scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co procesosnacionales@defensajuridica.gov.co notifwhernandez@consejodeestado.gov.co mcastillol@consejodeestado.gov.co jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co jur.novedades@fiscalia.gov.co gustavocoronadoricardo@gmail.com. 3 La Secretaría de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se notificó al correo electrónico scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co.Radicado: 11001-03-15-000-2022-04699-00

Demandante: Juan Gustavo Coronado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 procesales y agencias en derecho , se encuentran satisfechos p orque no existe duda de que el objeto de la acción de tutela se encuentra cumplid o, por lo que pidió que se declare la carencia actual de objeto por hecho superado.

6.2. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” , la Secretaría de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Fiscalía General de la Nación , guardaron silencio aun cuando fueron debidamente notificados del auto admisorio de la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Fiscalía General de la Nación , guardaron silencio aun cuando fueron debidamente notificados del auto admisorio de la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuer do 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para deci dir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, S ubsección “ A”, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de petición, al no resolver la solicitud formulada por el actor el 30 de junio de 2022 , mediante apoderad a judicial, en la que pretendía que se efectuara la liquidación en costas y agenc ias de derecho y se expidieran las copias de las sentencias de primera y segunda instancia junto con la constancia de ejecutoria , proferidas en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 25000234200020150239900/01.

3. Petición ante autoridades judiciales

El artículo 23 de la Constitución Política, establece que “toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolu ción. E l le gislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.

Respecto a las peticiones frente a autoridades judiciales, la jurisprudencia ha

interés general o particular y a obtener pronta resolu ción. E l le gislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.

Respecto a las peticiones frente a autoridades judiciales, la jurisprudencia ha establecido que cualquier persona tiene el derecho a presentar peticiones ante los jueces de la República y a que estas sean resueltas, siempre y cuando el objeto de la solicitud no recaiga sobre los procesos que un funcionario judicial adelanta4.

En efecto, la Corte Constitucional distingue entre peticiones judiciales y peticiones administrativas. Las primeras son las que se refieren a “actuaciones estrictamente judiciales, que por tales se encuentran reguladas en el procedimiento respectivo, debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos y etap as proc esales previstos para el efecto; y [las segundas son] aquellas que por ser ajenas al contenido mismo de la litis e impulsos procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial en su condición, bajo las normas generales del derecho de petición que rig en l a administración, esto es, el [Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo]”5.

4 Sentencia C-951 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. Esta regla ha sido reiterada en las sentencias T -192 de 2007, M. P. Álvaro Tafur Gal vis y T - 412 de 2006 M.P. Rodrigo Escobar Gil, entre otras. 5 Corte Constitucional, sentencia T311 de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.Radicado: 11001-03-15-000-2022-04699-00

Demandante: Juan Gustavo Coronado

Gil, entre otras. 5 Corte Constitucional, sentencia T311 de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.Radicado: 11001-03-15-000-2022-04699-00

Demandante: Juan Gustavo Coronado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 De igual manera, esa Corporación judicial acogió el anterior criterio en la sentencia C-951 de 2014 6, que hizo el estudio de constituci onalidad al proyecto de ley estatutaria que regula el derecho fundamental de petición, en la que agregó que “el juez tendrá que responder la petición de una persona que no verse sobre materias del proceso sometido a su competencia”.

Por esta razón, la Cor te Constitucional precisó, en la sentencia T -172 de 2016 7, que cuando los ciudadanos presenten una solicitud orientada a obtener la definición de aspectos del proceso no es dado afirmar que los jueces vulneran el derecho de petición. Por el contrario, “en tales casos, se puede invocar el derecho al debido proceso, y demostrar que el operador judicial se ha salido de los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico al respecto, desconociendo las reglas correspondientes al trámite de un determinado proceso judicial” 8.

Esta Sección, igualmente, ha acogido como criterio que en lo que hace relación con las peticiones de contenido judicial, lo que se debe valorar es la posible vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Así, ha considerado que no es posible dar la connotación de derecho de petición a solicitudes que tengan sus propios

vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Así, ha considerado que no es posible dar la connotación de derecho de petición a solicitudes que tengan sus propios instrumentos de definición en los procesos judiciales 9, no siendo viable pretender “el reemplazo de trámites y de pro cedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico para la consecución de pretensiones objetivas o específicas respecto de los cuales se ha previsto un camino procesal distinto”10.

Así las cosas, toda petición que se refiera estrictamente a trámites jud iciales que adelanten los funcionarios judiciales, se encuentran fuera del ámbito de protección del derecho de petición stricto sensu y, por esta razón, deben tramitarse a través de los cauces del procedimiento judicial establecidos por el legislador, supuesto en el que examen constitucional debe efectuarse respecto de la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, si se demuestra que el funcionario judicial ha actuado fuera de los parámetros establecidos por las reglas de un determinado proceso judicial11.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que el debido proceso “ se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, reconociendo así el principio de legalida d como pilar fundamental en el ejercicio de las funciones por parte de las autoridades judiciales y administrativas” 12. La materialización de este derecho y principio constitucional implica que todos los trámites judiciales y administrativos deben adelantar se de conformidad con las prescripciones legales, lo que no es más que una manifestación del principio de legalidad al que se deben ceñir todas las actuaciones en un Estado constitucional de derecho (arts. 121 y 230 de la Constitución Política).

administrativos deben adelantar se de conformidad con las prescripciones legales, lo que no es más que una manifestación del principio de legalidad al que se deben ceñir todas las actuaciones en un Estado constitucional de derecho (arts. 121 y 230 de la Constitución Política).

En el ám bito de l Si stema Interamericano de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), dedica varios de sus artículos a desarrollar el derecho al debido proceso, cuya finalidad última es proteger a los ciudad anos frente al poder del Estado (interdicción de la arbitrariedad), derecho que se encuentra contemplado fundamentalmente en el

6 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. 7 M. P. Alberto Rojas Ríos. 8 Corte Constitucional, M.P. Alberto Rojas Ríos. 9 Ver: Cons ejo de Estado, Sección Cuarta, Expediente Nº 2017 -00091-01, sentencia de 25 de mayo de 2017, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. 10 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Expediente Nº 2016 -01101-01, sentencia de 9 de marzo de 2017, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. 11 Corte Constitucional, sentencia T-172 de 2016, M. P. Alberto Rojas Ríos. 12 Corte Constitucional, sentencia C-641 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.Radicado: 11001-03-15-000-2022-04699-00

Demandante: Juan Gustavo Coronado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

Demandante: Juan Gustavo Coronado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 artículo 8 y se relaciona con los incisos 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 7.5, así como con los artículos 9.6, 10.7, 24.8, 259 y 27.10.

El derecho de acceso a la administración de justicia, por su parte, se define por el artículo 229 de la Constitución Política como la posibilidad que tienen las personas de acudir ante las autoridades judiciales para buscar “ la protección o el restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y la ley del orden jurídico y la protección o restablecimiento de sus derechos ”13. Dicha garantía se encuentra consagrada, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)14, en los artícu los 8.1 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica, que lo considera como uno “ de los pilares básicos, no solo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática”15.

En conclusión, en lo que hace relación con la supuest a vulne ración de los derechos fundamentales en razón de peticiones presentadas ante autoridades judiciales, es necesario tener en consideración que (i) si se trata de solicitudes que versen sobre asuntos relacionados con el proceso judicial que se adelanta en el despacho peticionado, los derechos que pueden resultar vulnerados son el debido proceso y de acceso a la administración de justicia, mientras que (ii) cuando el objeto de la solicitud no recaiga sobre dichos procesos, es posible alegar la afectación del derecho de petición.

proceso y de acceso a la administración de justicia, mientras que (ii) cuando el objeto de la solicitud no recaiga sobre dichos procesos, es posible alegar la afectación del derecho de petición.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El actor interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A” , al considerar que vulneró sus derechos fundamentales de petición y al debido proceso, con la tardanza en emitir el auto de liquidación de costas procesales y agencias de derecho y en expedir copias de las sentencias de primera y segunda instancia con constancia de ejecutoria en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 25000234200020150239900/01

4.2. La autoridad judicial demandada en informe complementario de 26 de septiembre de 2022, solicitó al juez constitucional que se declare la carencia actual de objeto por hecho superado , teniendo en cuenta que revisado el Sistema de Gestión Judicial SAMAI se observa que el 8 de l m ismo mes y año , se dictó providencia en la que se fijaron agencias en derecho, cuya notificación se surtió por estado en la misma fecha, y el 24 de septiembre de 2022 se fijó en lista lo relativo a la liquidación de costas (expensas).

En efecto, consultado el Sistema de Gestión Judicial SAMAI , la Sala observa que el auto de 8 de septiembre de 2022 fue proferido en los siguientes términos:

“A través de providencia de fecha veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2.022) la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, confirmó la

“A través de providencia de fecha veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2.022) la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, confirmó la sentencia suscrita el veinte (20) de septiembre de dos mil dieciocho (2018) por esta Sala que accedió a las pre tensiones de la demanda y condenó en costas en segunda instancia a la entidad demandada.

Ahora bien, corresponde al fallador de primera instancia fija r agencias en derecho atendiendo lo dispuesto en el numeral 3.1 del artículo sexto del Acuerdo No. 1887 de junio 26 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, por el cual se establecen las tarifas de agencias de derecho, de la siguiente forma:

13 Corte Constitucional, sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 14 Corte I.D.H., Caso Cantos Vs Argentina, sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C No. 97, párr. 52. 15 Ibídem.Radicado: 11001-03-15-000-2022-04699-00

Demandante: Juan Gustavo Coronado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 “III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 3.1 ASUNTOS. (…) 3.1.3 Segunda instancia (….) Con cuantía: hasta d el c inco po r ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. (…)”.

Ahora, las pretensiones de la demanda que fueron reconocidas en la sentencia de

(….) Con cuantía: hasta d el c inco po r ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. (…)”.

Ahora, las pretensiones de la demanda que fueron reconocidas en la sentencia de primera instancia y confirmadas por la corporación referida, se estiman en este momento en la suma $42.413.609 para efectos de la liquidación de las agencias en derecho.

Teniendo en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado de la parte demandante, y las prestaciones reconocidas en la dema nda se fijan como agencias en derecho de segunda instancia la suma de ochocientos cuarenta y ocho mil doscientos setenta y dos mil pesos con dieciocho centavos ($848.272,18) que corresponde al 2% del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia.

Finalmente, se dispone que por Secretaría de la Subsección se proceda a la liquidación de las costas en los términos del artículo 366 del C. G. del P. Se advierte que en los términos del artículo 2 del Decreto Legislativo 1287 del 24 de septiembre de 2020, el presente auto se suscribe mediante firma escaneada”.

La referida providencia fue notificada el 23 de septiembre de 2022, como se observa a continuación:

De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que la pretensión formulada por el actor, consistente en q ue se ordenara a la autoridad judicial demandada cumplir con lo ordenado en la sentencia de 27 de enero de 2022 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” , en el sentido de disponer la liquidación de las costas procesales y las agencias en derecho se encuentra

con lo ordenado en la sentencia de 27 de enero de 2022 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” , en el sentido de disponer la liquidación de las costas procesales y las agencias en derecho se encuentra satisfecha, por lo que se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado.

En efecto, la autoridad judicial demandada finalizó el trámite relativo a liquidación de las agencias en derecho y dispuso que po r la Secretaría de la Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se procediera a realizar la liquidación de las costas en los términos que precisa el artículo 366 del Código General del Proceso.

Cabe resaltar que en sentencia SU -274 de 20 1916, la Corte Constitucional reiteró que “ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde su eficacia y sustento, así como su razón de se r como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial” . Ello se justifica en que al desaparecer el supuesto de hecho que motivó la presentación de la solicitud, cualquier determinación por el juez constitucional sería inocua y no atendería el objetivo de esta acción consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política.

16 M. P. José Fernando Reyes Cuartas.Radicado: 11001-03-15-000-2022-04699-00

Demandante: Juan Gustavo Coronado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

Demandante: Juan Gustavo Coronado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

En términos concretos dijo la Corte, “la materia o amenaza cesa porque ha tenido lugar un evento que conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción del derecho o la inocuidad de las pretensiones”.

Con base en lo previsto en el artículo 86 de la Carta Política, la Corte Constitucional ha desarrollado el concepto de la carencia actual de objeto , que permite evidenciar la imposibilidad material del juez constitucional para dictar alguna orden para salvaguardar los intereses jurídicos cuya garantía ha sido solicitada. Este fenómeno se materializa a través de tres figuras: (i) hecho superado; (ii) daño consumado y (iii) el acaecimiento de una situación sobreviniente.

El hecho superado está previsto en el inciso primero del artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, el cual se configura cuando entre el momento de la presentación de la acción de tutela y el fallo desaparece la situación que presuntamente generaba la afectación ius fu ndamental. La Corte ha dicho que tiene lugar cuando “(i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer”17.

De otra parte, el daño consumado consagrado en el numeral 4º del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, consiste en que “a partir de la vulneración que venía

la accionada ha dejado de desconocer”17.

De otra parte, el daño consumado consagrado en el numeral 4º del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, consiste en que “a partir de la vulneración que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela se pret endía evita r, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela, dé en principio, una orden al respecto”18.

Por último, la jurisprudencia constitucional ha desarrolla do una tercera modalidad que comprende supuestos de hecho que no se encajan en un hecho superado o un daño consumado, la cual ha denominado acaecimiento de una situación sobreviniente, “que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada la vulneración predicada (…), ya sea porque el actor mismo asumió la carga que no le correspondía, o porque a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis”19.

En consecuencia, la Sala declarará la carencia actual de objeto