CE - 110010315000202204739001SENTENCIA20220927101426

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04739-00

Accionante: INGENIO LA CABAÑA S.A.

Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN CUARTA Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. SE DECLARA IMPROCEDENTE. No cumple requisito de relevancia constitucional

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la sociedad Ingenio La Cabaña S.A., en contra de la sentencia de 16 de junio de 2022, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La sociedad Ingenio La Cabaña S.A., a través de apoderado judicial, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia , cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 16 de junio de 2022, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho número 19001-23-33-000-2015-00391-01.

II. HECHOS

dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho número 19001-23-33-000-2015-00391-01.

II. HECHOS

2. De conformidad con lo planteado por la parte accionante, los hechos que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que la Dirección de Impuesto y Aduana Nacionales – DIAN, mediante la Resolución N° 172412014000004 de 13 de febrero de 2014, realizó liquidación oficial del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2010 -presentada por la accionantey, en consecuencia, eliminó el saldo a favor que ascendía a $4.001.742.000 y determinó como valor a pagar la suma de $4.780.298.000.

2.2. Señaló que el acto administrativo referido fue recurrido y que, mediante la Resolución N° 900.202 de 11 de marzo de 2015, la DIAN confirmó la liquidación oficial del impuesto de renta y complementarios.2

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04739-01

Accionante: Ingenio La Cabaña S.A.

Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta

2.3. Comentó que, con ocasión a lo anterior, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con el objeto de que se declarara la nulidad de las resoluciones referidas.

2.4. Indicó que el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia de 29 de agosto de 2019, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y modificó las liquidaciones oficiales del impuesto de renta realizadas por la DIAN.

de agosto de 2019, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y modificó las liquidaciones oficiales del impuesto de renta realizadas por la DIAN.

2.5. Señaló que, en contra de la decisión judicial anterior, se interpuso recurso de apelación.

2.6. Relató que, mediante sentencia de 16 de junio de 2022, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró la nulidad de los actos demandados y, a título de restablecimiento del derecho, se liquidó el impuesto de renta del año gravable 2010 correspondiente a la sociedad Ingenio La Cabaña S.A.

2.7. Afirmó que la decisión judicial proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado incurrió en violación directa de la Constitución, porque la entidad remitió una respuesta al requerimiento especial efectuado por la DIAN, el cual no fue valorado dentro del procedimiento administrativo por haber sido radicado extemporáneamente, debido a la situación de orden público que se vivía en el norte del departamento del Cauca.

2.8. En un defecto procedimental absoluto porque se incurrió en un exceso ritual manifiesto en la valoración del dictamen pericial elaborado por estudiantes de la Universidad Cooperativa.

2.9. En un defecto sustantivo porque se desconocieron las normas que regulan la normatividad contable y tributaria sobre clasificación de activos en las cuentas contables.

2.10. En un desconocimiento del precedente contenido en las sentencias de 24 de octubre de 2013 y de 29 de septiembre de 2011, proferidas por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

octubre de 2013 y de 29 de septiembre de 2011, proferidas por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] PRIMERO: Que se amparen los derechos fundamentales del INGENIO

LA CABAÑA S.A.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, que se deje sin valor y efecto la sentencia del 16 de junio de 2022 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo, dentro del proceso radicado con el número 19001-23-33-000-2015-00391-01 (25085), por desconocer los derechos fundamentales de la sociedad que represento y, en su lugar, dejar sin efecto los actos administrativos demandados como son la Liquidación Oficial de Revisión número 172412014000004 de fecha 13 de3

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04739-01

Accionante: Ingenio La Cabaña S.A.

Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta

Febrero de 2014 y la Resolución número 900202 de fecha 11 de marzo de 2015 expedidos por la DIAN, por los motivos expuestos en este escrito […].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. El consejero a cargo de la sustanciación del proceso , mediante auto de 5 de septiembre de 2022, admitió la presente acción de tutela. En la misma providencia fueron vinculados, como terceros con interés directo en los resultados del proceso, «la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIANy (e)l Tribunal

septiembre de 2022, admitió la presente acción de tutela. En la misma providencia fueron vinculados, como terceros con interés directo en los resultados del proceso, «la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIANy (e)l Tribunal Administrativo del Cauca». Asimismo, solicitó remitir en calidad de préstamo el expediente contentivo del medio de control.

V. INTERVENCIONES

5. Efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a las vinculadas,

se produjo la siguiente intervención:

5.1. La Sección Cuarta de esta Corporación, por conducto de la consejera ponente de la decisión objeto de la presente acción constitucional, solicitó que se declare la improcedencia de la presente acción de amparo por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, en tanto que la acción de tutela estaba siendo utilizada como una instancia adicional. Como fundamento de lo anterior indicó:

[…] La acción de tutela se soporta en que i) existió vulneración al debido proceso porque la DIAN no tuvo en cuenta l a respuesta al requerimiento especial dentro del proceso de determinación del tributo; ii) el dictamen pericial aportado debía valorarse por cumplir los requisitos del artículo 226 del CGP; iii) se debía acceder a la prueba solicitada en segunda instancia o decretarla de oficio; iv) las deducciones por inversión en activos fijos reales productivos adquiridos mediante leasing financiero eran procedentes y; v) debía levantarse la sanción por inexactitud al existir diferencia de criterios en cuanto al derecho aplicable […].

5.2. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, a través de

debía levantarse la sanción por inexactitud al existir diferencia de criterios en cuanto al derecho aplicable […].

5.2. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, a través de apoderado judicial y mediante escrito de 9 de septiembre de 2022 , solicitó que se declarara improcedente la presente acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, por las siguientes razones:

[…] Como se observa en el escrito de tutela, los cargos formulados en esta acción constitucional son los mismos que se formularon en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 19001 -23-33-000-2015-0039101, lo que permite concluir que existe una inconformidad caprichosa por parte del accionante con la argumentación y valoración efectuada por la autoridad judicial accionada, teniendo como única intención utilizar esta acción como una tercera instancia para reabrir discusiones jurídicas que ya fueron resueltas de manera concreta e inmiscuirse en la competencia e independencia de la autoridad judicial […].

5.3. Adicionalmente, expuso que no era cierto que se hubiesen configurado los defectos denunciados en el escrito de tutela.4

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04739-01

Accionante: Ingenio La Cabaña S.A.

Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer la acción de tutela presentada por la parte actora, en virtud de lo previsto en el Decreto Ley 2591 de

VI.1. Competencia de la Sala

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer la acción de tutela presentada por la parte actora, en virtud de lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991 1, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 2 y en armonía con el Acuerdo 80 de 2019 , respecto de la distribución de negocios al interior de las secciones del Consejo de Estado.

VI.2. Problemas jurídicos

7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

b) Si ello es así, determinar si la sentencia de 16 de junio de 2022, proferida por el Consejo de Estado – Sección Cuarta , vulneró los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia de la sociedad accionante, por haberse incurrido, presuntamente, en violación directa de la Constitución, en defecto procedimental absoluto, en defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente.

8. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos planteamientos respecto de: (i) los requisi tos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a (ii) resolver el c aso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

9. En sentencia de 31 de julio de 2012 3, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

1 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». 2 “Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Re glamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 3 Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.5

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04739-01

Accionante: Ingenio La Cabaña S.A.

Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta

10. Ahora bien, la sentencia C -590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia

Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial 4, la senten cia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la

Constitución5.

13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados , permitiéndole

providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados , permitiéndole de esta manera “[…] dejar sin efect o o modular la decisión 6” que se encaje en dichos parámetros.

14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una m anera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

4 Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 5 «Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico , que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.

o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente , que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política» 6 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.6

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04739-01

Accionante: Ingenio La Cabaña S.A.

Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta

15. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sal a Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

16. La sociedad Ingenio La Cabaña S.A., a través de apoderado judicial, solicitó el amparo a sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia , cuya vulneración atribuy ó a la

16. La sociedad Ingenio La Cabaña S.A., a través de apoderado judicial, solicitó el amparo a sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia , cuya vulneración atribuy ó a la sentencia de 16 de junio de 2022, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho número 19001-23-33-000-2015-00391-01.

VIII.4.1. Incumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

17. Cabe recordar que la relevancia constitucional se entiende satisfecha cuando se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental7 y se descarta el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces8.

18. Así, en punto a la relevancia constitucional de la controversia, como uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación d e 5

agosto de 2014, sostuvo que:

[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad d e la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia. (…)

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso que de la

tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia. (…)

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamenta les. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional […]9. (Subrayado fuera del texto)

19. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir

7 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño. 8 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18. 9 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012 -02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.7

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04739-01

Accionante: Ingenio La Cabaña S.A.

Ramírez Ramírez.7

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04739-01

Accionante: Ingenio La Cabaña S.A.

Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta

que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera legalidad de la d ecisión atacada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no involucre derechos fundamentales10.

20. Frente a los presupuestos que deben concurrir para tener por cumplido el requisito general de procedibilidad de tutela contra providencia judicial atinente a la relevancia constitucional, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU-439

del 13 de julio de 2017, precisó lo siguiente:

[…] la Corporación ha precisado que, tratándose de acciones de tutela promovidas contra actos administrativos, debe tenerse en cuenta que la relevancia constitucional concurre siempre y cuando la controversia no sea meramente legal y/o de carácter económico, ya que al juez de tutela no le corresponde zanjar tales aspectos11.

(…)

60. Al igual que los anteriores presupuestos, la Sala observa que el asunto examinado también carece de relevancia constitucional, pues, en esencia, la discusión gira en torno a aspectos legales y económicos, los cuales no son de competencia del juez de tutela sino del juez or dinario […]12. (Negrillas de la

Sala)

21. En otra oportunidad, mediante sentencia T – 447 de 10 de diciembre de 2021, la Corte Constitucional reiteró los presupuestos que se deben cumplir para que un

Sala)

21. En otra oportunidad, mediante sentencia T – 447 de 10 de diciembre de 2021, la Corte Constitucional reiteró los presupuestos que se deben cumplir para que un asunto realmente tenga relevancia constitucional, en los siguientes términos:

[…] La jurisprudencia constitucional ha detallado con suficiencia los tres criterios de análisis antes referidos para establecer si una tutela contra providencias judiciales tiene relevancia constitucional. En primer lugar, la controversia debe versar sobre un asunto constitucional y no meramente legal y/o económico, ya que estas discusiones deben ser resueltas a través de los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite. En segundo lugar, el objeto de la acción tutela debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional. Por tal razón, los asu ntos en los que se invoca la protección de derechos fundamentales pero cuya solución se limita a la interpretación y aplicación de normas de rango legal, no tienen, en principio, relevancia constitucional. En tercer lugar , la tutela no es una tercera insta ncia o recurso adicional para reabrir debates propios del ámbito legal. Esta exigencia conlleva valorar si la decisión cuestionada se fundamentó en una actuación ostensiblemente arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, pues solo así se garantiza “la órbita de acción tanto de los

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 8 de octubre de 2015 (C.P.

Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2015 -00283-01); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 3 de noviembre de 2016, (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016 -002244-00); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016 -01063-00); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016 -02862-00); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 9 de febrero de 2017 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Rad. núm.: 2016-03249-00). 11 Ver sentencia SU-498 de 2016. 12 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Unificación SU-439 del 13 de julio de 2017, exp. No. T-4.770.440, M.P. Dr. Alberto Rojas Ríos.8

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04739-01

Accionante: Ingenio La Cabaña S.A.

Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta

jueces constitucionales como de los de las demás jurisdicciones ” […]13. (negrillas fuera del texto)

22. De acuerdo con las anteriores citas jurisprudenciales, no basta con que el actor invoque el texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de

(negrillas fuera del texto)

22. De acuerdo con las anteriores citas jurisprudenciales, no basta con que el actor invoque el texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada, en tanto dicho a tentado debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.

23. De esta manera se concilia la necesidad de proteger los derechos fundamentales con el deber de protección de los principios constitucionales relacionados con la seguridad jurídica, la cosa juzgada y la autonomía judicial, los cuales podrían comprometerse en el evento en que se generalice la práctica de utilizar la acción de tutela como una tercera instancia judicial14.

24. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 2022 15 precisó, en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional,

cuáles eran los deberes del juez constitucional:

[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…)

fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…) a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarroll ar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

(…) b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto

Tributario. (…)

13 Corte Constitucional, sentencia T-447 de 2021, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de septiembre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación No. 11001-03-15-000-2019-01575-01(AC). 15 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.9

C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación No. 11001-03-15-000-2019-01575-01(AC). 15 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.9

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04739-01

Accionante: Ingenio La Cabaña S.A.

Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno estrictamente privado o particular . Esto no significa, c laro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

(…) d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios. (…) d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional […]».

[negrillas de la Sala]

25. Descendiendo al sub examine