CE - 110010315000202204758001SENTENCIA20221021111106

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04758-00

Demandantes: José Humberto Nariño Sastoque y otro

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-04758-00

Demandantes: JOSÉ HUMBERTO NARIÑO SASTOQUE Y OTRO

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO Y JUZGADO 43

ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ

Temas: Contra providencias que denegaron pretensiones de demanda de reparación directa . Responsabilidad por servicio médico asistencial. Falta de r elevancia constitucional por instancia adicional. Defecto factico en cuanto a valoración de consentimiento informado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por José Humberto Nariño Sastoque y Jhon Mario Nariño Sastoque contra el Tribunal Administrativo del Quindío y el Juzgado 43 Administrativo de Bogotá.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

1.1. El 1° de septiembre de 2022, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto

43 Administrativo de Bogotá.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

1.1. El 1° de septiembre de 2022, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado judicial, José Humberto Nariño Sastoque y Jhon Mario Nariño Sastoque pidieron la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, que estimaron vulnerados por las sentencias del 5 de julio de 2018 y del 17 de febrero de 2022, dictadas, en su orden, por el Juzgado 43 Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo del Quindío . En consecuencia, la parte actora propuso, textualmente, las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Que se tutelen los derechos fundamentales invocados por los señores JOSÉ HUMBERTO y JOHN MARIO NARIÑO SASTOQUE, dejando sin efecto legal alguno las providencias judiciales proferidas por el Juzgado Cuarenta y Tres (43) Administrativo de oralidad de la ciudad de Bogotá el día 5 de julio de 2018; como también la emanada del Tribunal Administrativo del Quindío de fecha 17 de febrero del presente año 2022, dentro del proceso de reparación directa instaurado por los ahora tutelantes en contra de la Universidad de Antioquia y la Institución Prestadora de Servicios de Salud de la Universidad de Antioquia IPS Universitaria.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior decisión, se ordene proferir un nuevo fallo en dicho proceso de reparación directa, en el cual se debe dar una debida valoración legal a la prueba allegada al expediente, con la cual se establece palmariamente la presencia de la Falla

dicho proceso de reparación directa, en el cual se debe dar una debida valoración legal a la prueba allegada al expediente, con la cual se establece palmariamente la presencia de la Falla en el Servicio de salud pregonada en la demanda.Radicado: 11001-03-15-000-2022-04758-00

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2. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2.1. A l a señora Margarita María Sastoque le fue programada una cirugía de columna, con el fin de tratar una patología denominada «espondilolistesis T5.S1 grado 11».

2.2. La cirugía fue realizada el 25 de septiembre de 2007 en la Clínica León XIII de Medellín y transcurrió sin complicaciones. Sin embargo, posteriormente, la paciente presentó complicaciones y tuvo que ser intervenida nuevamente, por razón de lesiones en las venas cava e iliaca.

2.3. El 26 de octubre de 20 07, la señora Margarita María Sastoque falleció, por causa de una infección masiva secundaria a un cuadro de peritonitis.

2.4. Los demandantes promovieron proceso de reparación directa contra la Universidad de Antioquia y la Institución Prestadora de Servicios de Salud de la Universidad de Antioquia (IPS Universitaria), por estimarlas patrimonialmente responsables de la muerte de la señora Margarita María Sastoque. A juicio de los

Universidad de Antioquia y la Institución Prestadora de Servicios de Salud de la Universidad de Antioquia (IPS Universitaria), por estimarlas patrimonialmente responsables de la muerte de la señora Margarita María Sastoque. A juicio de los actores, la muerte fue producto de una falla en el servicio médico asistencial.

2.5. Alianza Cooperativa en Salud y La Previsora Compañía de Seguros S.A. fueron llamados en garantía.

2.6. Por sentencia del 5 de julio de 2018, el Juzgado 43 Administrativo de Bogotá 1 denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa, toda vez que las complicaciones padecidas por la paciente que derivaron en su muerte no fueron consecuencia de una falla en el servicio, sino de la materialización de los riesgos inherentes a la cirugía.

2.7. La parte actora apeló la sentencia de primera instancia, pues, a su juicio, el agravamiento de la condición de salud de la paciente se debió a un error durante la cirugía de columna. Dijo que la historia clínica y los testimonios técnicos rendidos en el pr oceso de reparación directa demuestran que durante la ciru gía resultaron lesionadas las venas cava e iliaca y que, por razón de esa lesión, debieron realizarse cirugías adicionales, que derivaron en un cuadro infeccioso fatal.

2.8. Mediante sentencia del 17 de febrero de 2022 2, el Tribunal Administrativo del Quindío3 confirmó la sentencia de primera instancia , toda vez que la lesión vascular ocurrida en la cirugía de columna es propia de dicho procedimiento y ese riesgo fu e asumido por la paciente al suscribir el consentimiento informado.

Quindío3 confirmó la sentencia de primera instancia , toda vez que la lesión vascular ocurrida en la cirugía de columna es propia de dicho procedimiento y ese riesgo fu e asumido por la paciente al suscribir el consentimiento informado.

1 El juzgado demandado asumió conocimiento en cumplimiento del acuerdo de descongestión PSAA16 -10535 del 27 de junio de 2016, que dispuso el envío de expediente para fallo del Circuito de Medellín al juzgado de sección cuarta del Circuito de Bogotá. 2 Notificada mediante edicto desfijado el 2 de marzo de 2022. 3 El Tribunal Administrativo del Quindío asumió conocimiento del asunto de conformidad con lo previsto en los acuerdos de descongestión PCSJA21 -11814 del 16 de julio de 2021 y PCSJA21 -11889 del 30 de noviembre de 2021, que dispusieron medidas de descongestión para los procesos tramitados bajo el sistema procesal anterior a la Ley 1437 de 2011.Radicado: 11001-03-15-000-2022-04758-00

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3. Argumentos de la acción de tutela

3.1. La parte actora adujo que las sentencias del 5 de julio de 2018 y del 17 de febrero de 2022, dictadas, en su orden, por el Juzgado 43 Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo del Quindío, incurrieron en defecto fáctico, por indebida valoración probatoria.

febrero de 2022, dictadas, en su orden, por el Juzgado 43 Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo del Quindío, incurrieron en defecto fáctico, por indebida valoración probatoria.

3.2. Que no fue tenida en cuenta la confesión del médico Ignacio González, toda vez que aceptó que en el consentimiento informado suscrito por la paciente no daba cuenta del riesgo de lesión vascular derivado de la cirugía del 25 de septiembre de 2007. Que la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sido clara en declarar la responsabilidad del Estado frente a casos en que el paciente no es debidamente informado de los riesgos derivados de un procedimiento médico.

3.3. Que el médico Ignacio González acepta textualmente que no dejó constancia en la historia clínica del riesgo de lesión vascular, por tratarse de un evento de ocurrencia muy poco frecuente.

3.4. Que la falla en el servicio médico asistencial también demuestra que la infección que derivó en el fallecimiento fue prod ucto de las cirugías realizadas para corregir la lesión vascular derivada de la cirugía del 25 de septiembre de 2007.

3.5. Que, además, el manejo de la paciente no fue adecuado, puesto que no había cama y respirador disponibles en la unidad de cuidados intensivos.

4. Trámite

4.1. Por auto del 7 de septiembre de 2022, el Despacho Sustanciador admitió la demanda de tutela y ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados del Tribunal Administrativo del Quindío y al juez 43 administrativo de Bogotá . Asimismo, en calidad de terceros con interés, se dispuso la notificación al rector de la

demanda de tutela y ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados del Tribunal Administrativo del Quindío y al juez 43 administrativo de Bogotá . Asimismo, en calidad de terceros con interés, se dispuso la notificación al rector de la Universidad de Antioquia, al director de la Institución Prestadora de Servicios de Salud de la Universidad de Antioquia (IPS Universitaria), al representante legal de Alianza Cooperativa en Salud, al gerente de La Previsora Compañía de Seguros S.A. y a José de Jesús Nariño Uribe y Enelda María Nariño Sastoque, que intervinieron en el proceso de reparación directa con radicado 05001-33-31-020-2009-00329.

4.2. La Secretaría General de la Corporación realizó las notificaciones ordenadas en el auto admisorio, por correos electrónicos del 12 y 20 de septiembre de 20224.

5. Intervenciones

5.1. El Juzgado 43 Administrativo de Bogotá explicó que el conocimiento del expediente con radicado 05001-33-31-020-2009-00329 fue asumido en cumplimiento de medidas de descongestión e informó que, actualmente, el expediente se encuentra archivado en el Juzgado 32 Administrativo de Medellín.

4 Ver índice 7 de Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2022-04758-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5.2. La Universidad de Antioquia alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, «en atención a que la decisión adoptada por los jueces tanto de primera, como de segunda instancia, son absolutamente autónomas y, por ende, ninguna injerencia puede predicarse de la Universidad de Antioquia». Que, en todo caso, las sentencias cuestionadas no incurrieron en defecto fáctico, pues las pruebas fueron razonablemente valoradas.

5.3. La Previsora Compañía de Seguros S.A. manifestó que las sentencias cuestionadas están debidamente justificadas y que en el proceso de reparación directa no se acreditó que el servicio médico asistencia l fuera contrario a la denominada lex artis.

5.3.1. Que los demandantes pretenden imponer su propio criterio en cuanto a la valoración probatoria y no dan cuenta de la existencia de una decisión caprichosa o contraevidente. Que el simple desacuerdo no demuestra la vulneración de derechos fundamentales.

5.3.2. Que los actores proponen un análisis sesgado de los testimonios rendidos en el proceso de reparación directa y pretenden que el consentimiento informado dé cuenta detallada de cada uno de los riesgos propios de una intervención quirúrgica. Que «resultaría desproporcionado exigirle a los prestadores del servicio de salud y específicamente al equipo médico describir todos y cada uno de los factores de riesgo que puede tener una intervención quirúrgica, pues sería supremamente inmanejable

«resultaría desproporcionado exigirle a los prestadores del servicio de salud y específicamente al equipo médico describir todos y cada uno de los factores de riesgo que puede tener una intervención quirúrgica, pues sería supremamente inmanejable dicho requisito dado que durante el acto pueden surgir múltiples eventualidades».

5.4. El Hospital Alma Máter de Antioquia (antes IPS UNIVERSITARIA) adujo que la tutela no cumple el requisito de subsidiariedad, toda vez que la parte actora cuenta con el recurso extraordinario de revisión. Que « la parte demandante no agotó el recurso extraordinario de revisión, que contempla el ordenamiento jurídico, precisamente para el análisis y estudio de yerros jurídicos presentados durante los procesos judiciales y que eventualmente pudieren afectar derechos fundamentale s, como los que hoy pretende se protejan mediante esta acción de tutela».

5.4.1. Que la tutela tampoco cumple el requisito de inmediatez. Que el apoderado judicial de la parte actora interpone « esta acción de tutela más de seis (6) meses después de notificada la sentencia que hoy pretende anular, es decir, como se desprende del escrito de tutela, el 02 de marzo de 2022, fue notificado de la Decisión del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, que resolvió el recurso de apelación y solo hasta corridos varios días del mes de septiembre del mismo año, decidió interponer esta acción constitucional».

5.5. La Cooperativa Alianza manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva, habida cuenta de que no le constan ni tiene injerencia frente a los hechos narrados en la demanda de tutela.

interponer esta acción constitucional».

5.5. La Cooperativa Alianza manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva, habida cuenta de que no le constan ni tiene injerencia frente a los hechos narrados en la demanda de tutela.

5.6. El Tribunal Administrativo del Quindío , José de Jesús Nariño Uribe y Enelda María Nariño Sastoque no intervinieron, pese a que fueron notificados de la admisión de la tutela de la referencia.Radicado: 11001-03-15-000-2022-04758-00

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CONSIDERACIONES

1. Cuestión previa – de la legitimación de Cooperativa Alianza y de la

Universidad de Antioquia

1.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y, excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).

1.2. En el presente asunto, la parte actora endilga la presunta vulneración de derechos fundamentales por parte de las sentencias del 5 de julio de 2018 y del 17 de febrero de 2022, dictadas, en su orden, por el Juzgado 43 Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo del Quindío, que decidieron el proceso de reparación directa promovido por José Humberto Nariño Sastoque y otro s contra la Universidad de

de 2022, dictadas, en su orden, por el Juzgado 43 Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo del Quindío, que decidieron el proceso de reparación directa promovido por José Humberto Nariño Sastoque y otro s contra la Universidad de Antioquia y la Institución Prestadora de Servicios de Salud de la Universidad de Antioquia (IPS Universitaria).

1.3. La Cooperativa Alianza adujo que carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no tuvo injerencia ni tiene conocimiento de los hechos que derivaron en la tutela de la referencia.

1.3.1. Al respecto, conviene advertir que el auto admisorio del 7 de septiembre de 2022 dispuso la notificación, en calidad de tercero con interés, a Alianza Cooperativa en Salud, toda vez que fue llamada en garantía en el proceso de reparación directa con radicado 05001-33-31-020-2009-00329. Sin embargo, la Secretaría General de la Corporación notificó el auto admisorio a la Cooperativa Alianza.

1.3.2. Siendo así, le asiste razón a la Cooperativa Alianza para alegar la falta de legitimación en la causa por pasiva. Sin embargo, como en este proceso no ha sido formalmente vinculada ni como parte ni como tercero con interés, no hay lugar a la desvinculación solicitada. Se trata simplemente de un error de la Secretaría General al incluirlo en la notificación, pero que de ni nguna manera l a vincula como parte en este proceso.

1.3.3. La Sala también considera innecesario ordenar la notificación del auto admisorio a Alianza Cooperativa en Salud, toda vez que, de conformidad con la verificación

este proceso.

1.3.3. La Sala también considera innecesario ordenar la notificación del auto admisorio a Alianza Cooperativa en Salud, toda vez que, de conformidad con la verificación realizada en la página web de la S uperintendencia de Economía Solidaria 5, dicha cooperativa fue liquidada y actualmente su matrícula mercantil se encuentra cancelada.

1.4. La Universidad de Antioquia, por su parte, sustentó la falta de legitimación en la causa por pasiva en que no tuvo injerencia alguna en las decisiones objeto de tutela. La universidad sostuvo que las decisiones cuestionadas «son absolutamente autónomas y, por ende, ninguna injerencia puede predicarse de la Universidad de Antioquia».

5https://supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/liquidaciones_y_finiquito_asociativa_30-92021_para_publicar.xlsx.Radicado: 11001-03-15-000-2022-04758-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.4.1. La Sala advierte que la Universidad de Antioquia fue vinculada como tercera con interés dentro de la acción de tutela, habida cuenta de que intervino como demandada en el proceso de reparación directa que dio origen a las sentencias objeto de tutela. El interés y la legitimación por pasiva de la Universidad de Antioquia se derivan del hecho de que podría resultar afectada por cualquier decisión que se adopte frente a las providencias atacadas. Debe r ecordarse que las providencias cuestionadas

interés y la legitimación por pasiva de la Universidad de Antioquia se derivan del hecho de que podría resultar afectada por cualquier decisión que se adopte frente a las providencias atacadas. Debe r ecordarse que las providencias cuestionadas desestimaron la responsabilidad justamente de la Universidad de Antioquia frente al fallecimiento de la señora Margaría María Sastoque.

1.4.2. Por consiguiente, no resulta procedente desvincular a la Universidad de Antioquia del trámite de tutela de la referencia.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

2.1. A partir del año 2012 6, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 7, se precisó que la acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por el Consejo de Estado, pues, de conformidad co n el artículo 86 de la Constitución Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad.

2.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una sentencia de tutela.

2.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de algu no de los

sentencia de tutela.

2.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de algu no de los siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa de la Constitución.

2.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.

2.5. Ahora, tratándose de tu tela contra providencias judiciales proferidas por el Consejo de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de órganos de cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido un requisito adicional, cons istente en « la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional»8.

6 Ver sentencia del 31 de julio de 2012. 7 Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01. 8 SU-573 de 2017.Radicado: 11001-03-15-000-2022-04758-00

6 Ver sentencia del 31 de julio de 2012. 7 Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01. 8 SU-573 de 2017.Radicado: 11001-03-15-000-2022-04758-00

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3. Planteamiento del problema jurídico

3.1. En primer lugar, previo a cualquier consideración sobre el fondo del asunto, la Sala estima procedente estudiar si la tutela de la referencia cumple los requisitos de subsidiariedad, inmediatez y relevancia constitucional , pues así lo alegaron los intervinientes.

3.2. La Sala estima cumplido el requisito de subsidiariedad, habida cuenta de que el proceso de reparación directa culmin ó con sentencia de segunda instancia y esta no es pasible de recursos. Si bien el Hospital Alma Máter de Antioquia (antes IPS Universitaria) alegó que los demandantes contaban con el recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que no identificó la causal . La Sala tampoco advierte que los alegatos expuestos en la demanda de tutela encajen en las causales de procedencia del recurso extraordinario de revisión, previstas taxativamente en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

3.3. También está cumplido el requisito de inmediatez, toda vez que la sentencia del 17 de febrero de 2022 fue notificada mediante edicto desfijado el 2 de marzo de 2022 y la demanda de tutela fue radicada por correo electrónico del 1° de septiembre de

17 de febrero de 2022 fue notificada mediante edicto desfijado el 2 de marzo de 2022 y la demanda de tutela fue radicada por correo electrónico del 1° de septiembre de

2022. Es decir, la tutela fue interpuesta en los 6 meses siguientes a la notificación de la sentencia que culminó el proceso de reparación directa. Como se sabe, la Sala Plena de esta Corporación estableció que 6 meses, contados a partir de la notificación de la providencia judicial cuestionada, es un término r azonable para ejercer la acción de tutela, en consideración a «la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efect iva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad»9.

3.4. El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

3.4.1. En ese sentido, la Corte Constitucional 10 ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

3.4.2. De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 201411, para que un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

9 Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014. Exp. Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01, demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A., C P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 10 Al respecto, ver sentencias C-590 de 2005, T-335 de 2000, T-102 de 2006, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T505 de 2009, T -610 de 2009, T -896 de 2010, T -040 de 2011, T -338 de 2012, T -512 de 2012, T -543 de 2012, T1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014. 11 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicado: 11001-03-15-000-2022-04758-00

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Ramírez.Radicado: 11001-03-15-000-2022-04758-00

Demandantes: José Humberto Nariño Sastoque y otro

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales . En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe teners e en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales»12. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está

estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar, mejorar o modificar los argumentos propuestos ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

3.4.3. Como se vio en los antecedentes, la demanda de tutela se centra en la supuesta existencia de defecto fáctico, por los siguientes aspectos: (i) la indebida valoración probatoria frente a la atención m édico asistencial suministrada a la señora Margarita María Sastoque y la equivalencia de los conceptos de « accidente quirúrgico» y «falla en el servicio », y (ii) la ausencia de un adecuado consentimiento informado, por no haberse especificado a la paciente el riesgo vascular asociado a la cirugía realizada el 25 de septiembre de 2007.

en el servicio », y (ii) la ausencia de un adecuado consentimiento informado, por no haberse especificado a la paciente el riesgo vascular asociado a la cirugía realizada el 25 de septiembre de 2007.

3.4.4. La Sala considera que la tutela no cumple el requisito de relevancia constitucional frente al primer aspecto, toda vez que la parte actora se limita a reiterar los argumentos que expuso en el proceso de reparación directa y que fueron resueltos

12 Ibidem.Radicado: 11001-03-15-000-2022-04758-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por la autoridad judicial demandada. Si bien el demandante alegó la indebida valoración probatoria frente a las pruebas testimoniales y documentales (historia clínica) que daban cuenta de la atención médica suministrada a la señora Margarita María Sastoque, lo cierto es que, en últimas, pretende que se reabra el debate sobre la supuesta existencia de una mala praxis.

3.4.5. En efecto, en el recurso de apelación formulado contra la sentencia del 5 de julio de 2018, dictada por el Juzgado 43 Administrativo de Bogotá, se lee:

Los motivos de inconformidad para con la sentencia recurrida apuntan no solo a la indebida valoración de la prueba allegada al proceso; sino también a la falta de apreciación de la prueba indiciaria que ob