CE - 110010315000202204797001SENTENCIA20221020171633

Demandante: Andrés Eduardo Dewdney Montero Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda - Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2022-04797-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-04797-00

Demandante: ANDRÉS EDUARDO DEWDNEY MONTERO

Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –

SUBSECCIÓN A

Tema: Tutela de fondo –mora judicial justificada.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a pronunciarse sobre la acción de tutela presentada por el señor Andrés Eduardo Dewdney Montero, por la presunta mora judicial injustificada en el trámite del proceso de simple nulidad que se adelanta en el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito presentado el 5 de septiembre de 2022 , el señor Andrés Eduardo Dewney Montero, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela en contra

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito presentado el 5 de septiembre de 2022 , el señor Andrés Eduardo Dewney Montero, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela en contra del Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, con el fin de que le sea amparado el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.

2. El accionante consideró vulnerada la re ferida garantía constitucional con ocasión de la mora judicial derivada de la falta de fijación de la audiencia que trata el artículo 239 de l a Ley 1437 de 2011. Esto, dentro del proceso de nulidad simple con radicado N.º 11001 -03-25-000-2014-01431-00 (4668 -2014), en el cual se dictó el auto del 7 de abril de 2022, que ordenó la suspensión de los efectos del Acuerdo N.º 1 del 23 de noviembre de 2021 y estableció la celebración de dicha audiencia sin indicar la fecha de su realización.Demandante: Andrés Eduardo Dewdney Montero Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda - Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2022-04797-00

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3. Como fundamento de su petición solicitó el amparo de los derechos fundamentales mencionados y, en consecuencia, requirió:

“(…) SE TUTELE MI DERECHO FUNDAMENTA L, AL ACCESO A LA JUSTICIA

ORDENANDO MEDIANTE SENTENCIA DE TUTELA A FIN DE

fundamentales mencionados y, en consecuencia, requirió:

“(…) SE TUTELE MI DERECHO FUNDAMENTA L, AL ACCESO A LA JUSTICIA

ORDENANDO MEDIANTE SENTENCIA DE TUTELA A FIN DE SALVAGUARDAR EL DERECHO FUNDAMENTAL TRANSGREDIDO, QUE SE FIJE FECHA DE AUDIENCIA COMO LO ORDENA EL ARTICULO 239 DEL

CPACA.”

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El señor Pedro Leonardo Reyes Vega demandó en ejercicio de l medio de control de simple nulidad a la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho con el fin que se declarara nulo el Decreto 2054 del 16 de octubre de 2014 1 proferido por el Gobierno Nacional, “por el cual se reglamenta el numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970”, relacionado con el derecho de prefe rencia para ocupar una notaría de igual categoría que se encuentre vacante.

5. El Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A a través de sentencia del 13 de mayo de 2021, accedió a las pretensiones de la demanda al considerar que el referido decre to vulneraba la reserva legal conforme al artículo 131 de la Constitución Política, en cuanto este no podía reglamentar ni modificar ningún aspecto concerniente al nombramiento de los notarios en propiedad ni asunto alguno

derivado de la carrera notarial, “como son las obligaciones y derecho derivadas de este sistema, por cuanto, como lo ha sostenido esta Sala, de tiempo atrás, sobre estas materias,

aspecto concerniente al nombramiento de los notarios en propiedad ni asunto alguno derivado de la carrera notarial, “como son las obligaciones y derecho derivadas de este sistema, por cuanto, como lo ha sostenido esta Sala, de tiempo atrás, sobre estas materias, por mandato constitucional, existe reserva legal.”

6. Agregó que, los asuntos del servicio público que prest an los notarios, entre ellos

los aspectos de la carrera notarial, no pueden ser regulados mediante decretos reglamentarios ni resoluciones , únicamente mediante leyes expedidas por el

1 El decreto fue expedido por el presidente de la República, en ejercicio de la facultad reglamentaria (numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política). Tuvo como objeto y ámbito de aplicación (artículo 1) reglamentar el derecho de preferencia del numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970, prev isto para los notarios que han ingresado a la carrera notarial. En las disposiciones generales del capítulo II (artículos 2 a 4) se precisó que: -Los notarios beneficiados con el derecho de preferencia son los posesionados y nombrados en propiedad, es decir, lo que hubiesen superado todas las etapas del concurso; -Para efectos del ejercicio del derecho de preferencia, la circunscripción político -administrativa, que menciona la norma reglamentada, «corresponde al departamento o al Distrito Capital de Bogotá en el cual se encuentre la notaría de la cual es titular el notario que ejerce el derecho»; y -El derecho de preferencia se puede ejercer cuando exista una vacancia absoluta de un empleo de notario, por cualquiera de las causales establecidas en la ley.Demandante: Andrés Eduardo Dewdney Montero

Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda - Subsección A

-El derecho de preferencia se puede ejercer cuando exista una vacancia absoluta de un empleo de notario, por cualquiera de las causales establecidas en la ley.Demandante: Andrés Eduardo Dewdney Montero Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda - Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2022-04797-00

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3 Congreso o por medio de decretos con fuerza de ley, expedidos por el ejec utivo, “En consecuencia, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, es necesario que las prescripciones normativas que regulen materias reservadas a la ley, consten en disposiciones que pertenezcan a cuerpos normativos de rango legal, de lo contrario vulnerarían la Constitución.”

7. Posteriormente, los señor es Andrés Eduardo Dewdney Montero y Ana María Rojas, invocaron el artículo 239 del CPACA2 y solicitaron la suspensión provisional y la nulidad del Acuerdo 1 º del 23 de noviembre de 2021, expedido por el Consejo

Superior de la Carrera Notarial, “por el cual se establece el procedimiento operativo para implementar el derecho de preferencia consagrado en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970”, bajo la consideración de que el citado acuerdo reprodujo, en esencia, el contenido del Decreto 2054 del 16 de octubre de 2014.

8. Así, el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A mediante providencia del 7 de abril de 2022 dispuso lo siguiente:

esencia, el contenido del Decreto 2054 del 16 de octubre de 2014.

8. Así, el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A mediante providencia del 7 de abril de 2022 dispuso lo siguiente:

“Primero. Suspender de manera inmediata los efectos del Acuerdo 1 del 23 de noviembre de 2021, expedido por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, «[p]or el cual se establece el procedimiento operativo para implementar el derecho de preferencia consagrado en el numeral 3 del artículo 178 de l Decreto Ley 960 de 1970», por las razones expuestas en esta providencia.

Segundo. Previo a convocar la audiencia de que trata el artículo 239 del CPACA, por Secretaría, notificar personalmente el presente auto al jefe de la Oficina Asesora Jurídica de l a Superintendencia de Notariado y Registro (quien ejerce las funciones de la Secretaría Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial), con copia del fallo del 13 de mayo de 2021 y de las solicitudes presentadas por los señores Andrés Eduardo Dewdney Montero y Ana María Rojas.

Tercero. Correr traslado de la presente actuación al Consejo Superior de la Carrera Notarial, por el término de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la respectiva notificación, para que se pronuncie sob re lo que estime pertinente.” (Negritas propias).

9. Como fundamento de su decisión acotó que, una vez verificado que los artículos 1, 4, 5, 6, 10 y 11 del Acuerdo 1 de 2021, aunque utilizando otros términos,

pertinente.” (Negritas propias).

9. Como fundamento de su decisión acotó que, una vez verificado que los artículos 1, 4, 5, 6, 10 y 11 del Acuerdo 1 de 2021, aunque utilizando otros términos, reprodujeron el contenido del Decreto 2054 de 2014, y que actualmente se mantenían vigentes los fundamentos constitucionales que dieron lugar a la anulación de este último, con lo cual consideró que “existe mérito suficiente para decretar la suspensión de los efectos de los artículos citados.”

2 “ARTÍCULO 237. PROHIBICIÓN DE REPR ODUCCIÓN DEL ACTO SU SPENDIDO O ANULADO . Ningún acto anulado o suspendido podrá ser reproducido si conserva en esencia las mismas disposiciones anuladas o suspendidas, a menos que con posterioridad a la sentencia o al aut o, hayan desaparecido los fundamentos legales de la anulación o suspensión.”Demandante: Andrés Eduardo Dewdney Montero Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda - Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2022-04797-00

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10. El expediente retornó al despacho el 7 de julio de 2022 , como consta en SAMAI , para decidir acerca de la convocatoria de la audiencia de que trata el artículo 239 del

CPACA.

1.3. Fundamentos de la vulneración

11. El actor adujo que se vulneraron sus derech os fundamentales porque a la fecha

para decidir acerca de la convocatoria de la audiencia de que trata el artículo 239 del CPACA.

1.3. Fundamentos de la vulneración

11. El actor adujo que se vulneraron sus derech os fundamentales porque a la fecha no se ha fijado la audiencia de que trata el artículo 239 de la Ley 1437 de 2011 , habiéndose presentado más de 6 impulsos procesales, por lo que “estamos en presencia de una mora judicial para decidir definitivamente sobr e la nulidad del Acuerdo Número 01 del 23 de noviembre de 2.021,” lo que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia.

12. Concluyó que “ ha visto defraudada las expectativas legitima de un proceso judicial rápido y eficaz, frustrante tener que accionar para exigir vía tutela, que se den cumplimiento a las normas procesales”.

1.4. Trámite de la acción de tutela

1.4.1. Auto admisorio

13. Mediante auto del 23 de septiembre de 2022, la magistrada ponente admitió la acción de tutela y ordenó su notificación al Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, como autoridad judicial accionada. De otra parte, vinculó como terceros con interés a los señores Pedro Leonardo Reyes Vega, Blanca Elvira Herrera Castro, a la Nac ión – Ministerio de Justicia y del Derecho, Consejo Superior

de la Carrera Notarial, Superintendencia de Notariado y Registro y a la Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado, quienes participaron en el proceso ordinario.

14. Por último, se aceptó la coadyuvancia de la señora Ana María Rojas en el

Segunda Delegada ante el Consejo de Estado, quienes participaron en el proceso ordinario.

14. Por último, se aceptó la coadyuvancia de la señora Ana María Rojas en el presente trámite constitucional al considerar que cumplía con las exigencias previstas en el Decreto 2591 de 1991 y lo establecido jurisprudencialmente por la

Corte Constitucional.

1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las siguientes intervenciones:Demandante: Andrés Eduardo Dewdney Montero Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda - Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2022-04797-00

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5 1.5.1. Superintendencia de Notariado y Registro

15. Solicitó negar las pretensiones de la demanda porque a su juicio, no se cumple ninguno de los supuestos establecidos por la jurisprudencia, debido a que el accionante no es un sujeto de especial protección constitucional, aunado a que los plazos transcurridos desde el momento de radicación de la solicitud de suspensión provisional y nulidad hasta la fecha no han sido excesivos.

16. Agregó que, de ninguna manera se encuentra latente la ocurrencia de un perjuicio irremediable, “ya que no fue probado con las pruebas aportadas al presente trámite constitucional.”

17. Concluyó el Consejo Sup erior de la Carrera Notarial a través del Acuerdo 1 de 2021 diseñó un procedimiento estrictamente operativo para el ejercicio del derecho

trámite constitucional.”

17. Concluyó el Consejo Sup erior de la Carrera Notarial a través del Acuerdo 1 de 2021 diseñó un procedimiento estrictamente operativo para el ejercicio del derecho de preferencia, “sin que reglamentara elementos estructurales de este derecho. Agregó que en efecto, al analizar el al cance del acuerdo, este no pretendía atribuirse las facultades de reserva legal del Congreso de la República, sino generar un simple procedimiento en el cual se reflejara transparencia, objetividad y la garantía del ejercicio del derecho de preferencia,

entendido como uno de los derechos de los notarios de carrera.”

1.5.2. Ministerio de Justicia y del Derecho

18. Requirió declarar su desvinculación por carecer de legitimación en la c ausa por pasiva. Adujo que la tutela no está relacionado con actuación alguna por parte de dicha cartera ministerial, “ sino en la mora judicial que se afirma se ha generado dentro de un proceso en el cual interviniente este Ministerio durante el trámite propio de una reproducción de acto declarado nulo, en el cual se decretó la suspensión del Acuerdo 1 de

2021 del Consejo Superior de la Carrera Notarial sobre derecho de preferencia en la carrera notarial y se dispuso que antes de convocar a la audiencia de que trata la respectiva norma procesal se notificara a las partes involucradas.” (Sic)

19. En cuanto al fondo del asunto adujo que , “el auto que decretó la suspensión del Acuerdo 1 de 2021 y dispuso notificar la decisión antes de convocar a la audiencia respectiva, fue proferido el 7 de abril de 2022 y notificado a las partes el 9 de mayo de 2022,

Acuerdo 1 de 2021 y dispuso notificar la decisión antes de convocar a la audiencia respectiva, fue proferido el 7 de abril de 2022 y notificado a las partes el 9 de mayo de 2022, de manera que habiendo pasado hasta ahora largos cuatro meses de haberse proferido la decisión, no se advierte con fundamento en el precedente jurisprudencial citado, que se haya generado una mora injustificada por incumplimiento de un término razonable, por lo cual la tutela tampoco resulta procedente.”

1.5.3. Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A

20. Luego de hacer un recuento de las actuaciones procesales surtidas al interior del proceso ordinario, aclaró que en la providencia del 7 de abril de 2022 no se convocó a la audiencia prevista en el artículo 239 del CPACA, razón por la cual no se definióDemandante: Andrés Eduardo Dewdney Montero Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda - Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2022-04797-00

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6 la fecha y la hora para su realización. Agregó que lo que se dispuso , como trámite previo antes de convocar a la audiencia, fue notificar a la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro para que se pronunciara sobre el trámite de reproducción del acto anulado.

21. Refirió que se debía tener en cuenta que el citado artículo 239 del CPACA no

la Superintendencia de Notariado y Registro para que se pronunciara sobre el trámite de reproducción del acto anulado.

21. Refirió que se debía tener en cuenta que el citado artículo 239 del CPACA no prevé un término en el que se deba convocar y realizar la audiencia correspondiente, ni establece que en el auto en virtud del cual se corre el traslado también se tenga que realizar la convocatoria a la referida diligencia.

22. Adicionalmente, puso de presente que de las actuaciones procesales registradas en la plataforma S AMAI, el expediente retornó al despacho el 7 de julio de 2022, luego de que venciera el término de traslado de 10 días hábiles concedido a la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro, mientras que la acción de tutela fue radicada el 5 de septiembre de 2022. Así las cosas, concluyó que “los tiempos que se han observado dentro del trámite previsto en el artículo 239 del CPACA no resultan injustificados ni desproporcionados.”

23. Aclaró qu e, sin descuidar que en el país existe un grado importante de congestión judicial y el cúmulo de procesos que se tramitan ante dicha corporación ocasiona que las controversias deban observar un término prudencial para su análisis y definición, lo cual, por sí solo, no comporta una negligencia de la administración de justicia ni un desconocimiento del derecho fundamental invocado por el accionante, sino que es el reflejo de una situación estructural ocasionada por distintos factores.

24. Acotó que el art ículo 18 de la Ley 446 de 1998 3 establece una regla para definir el orden en que se deciden los procesos judiciales, comúnmente conocida como

distintos factores.

24. Acotó que el art ículo 18 de la Ley 446 de 1998 3 establece una regla para definir el orden en que se deciden los procesos judiciales, comúnmente conocida como sistema de la cola o la fila, que consiste en evacuar los procesos de acuerdo con el orden de ingreso a los despachos judiciales; dicho parámetro, de acuerdo con la Corte Constitucional, garantiza el derecho de acceso a la administración de justicia en condiciones de igualdad y con apego al debido proceso.

25. Los demás sujetos vinculados, pes e a haber sido debidamente notificados no rindieron informe alguno.

3 “es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda altera rse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal…”.Demandante: Andrés Eduardo Dewdney Montero Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda - Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2022-04797-00

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

26. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por el señor Dewdney Montero , de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, el numeral 7° del

26. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por el señor Dewdney Montero , de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, el numeral 7° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 , modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirig e contra el

Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A.

2.2. Solicitud de desvinculación

27. Se tiene que el Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional pues, a su juicio, carece de legitima ción en la causa. No obstante, dicha petición será negada ya que su vinculación al proceso se hizo en calidad de tercero, en atención al interés que le asiste en las resultas del presente trámite , dado que fungió como parte pasiva en el proceso de simple nulidad, respecto del cual se adujo la mora judicial injustificada

2.3. Problema jurídico

28. Corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con los argumentos de la demanda de tutela el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A incurrió en mora judicial injustificada derivada de la falta de fijación de la audiencia que trata el artículo 239 de la Ley 1437 de 2011. Esto, dentro del proceso de nulidad simple con radicado N.º 11001-03-25-000-2014-01431-00.

2.4. Razones jurídicas de la decisión

29. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)

con radicado N.º 11001-03-25-000-2014-01431-00.

2.4. Razones jurídicas de la decisión

29. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) las generalidades de la acción de tutela; (ii) mora judicial injustificada ; (iii) derecho de acceso a la administración de justicia y (iv) el caso concreto.

2.5. Generalidades de la acción de tutela

30. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenaza dos por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

31. La jurisprudencia constitucional, de manera enfática y uniforme, ha señalado queDemandante: Andrés Eduardo Dewdney Montero Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda - Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2022-04797-00

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8 la acción de amparo fue instit uida como un instrumento de defensa judicial de los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de de fensa, salvo que se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable4.

2.6. La mora judicial injustificada

sea posible acudir a otro medio de de fensa, salvo que se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable4.

2.6. La mora judicial injustificada

32. La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, si no en la falta de diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes por parte de los mismos5.

33. Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que “atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos p rocesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales”6.

34. Continuando con el criterio de esa Corporación frente al particular se tiene que:

“… por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un mayor tiempo del esta blecido en las normas y en la Constitución para su estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T -803 de 2012, luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra

administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T -803 de 2012, luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente ex isten problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones”.

35. Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición

4 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010. 5 Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla. 6 Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.Demandante: Andrés Eduardo Dewdney Montero Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda - Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2022-04797-00

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9 reiterada en relación con la existencia de mora judicial7, según la cual sólo se predica si hay dilación injustificada al resolver los asunt os sometidos a la competencia del juez, que de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a la administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes en un proceso.

2.7. Derecho de acceso a la administración de justicia

36. Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación armónica de los artículos 229 de la Constitución 8, del derecho fundamental al debido proceso9 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter de fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia10.

37. El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez para que resuelva “[…] las controversias que surjan con otros individuos u organizaciones y con el mismo E stado, ante un juez, con miras a obtener una resolución motivada, ajustada a derecho, y dictada de conformidad con el procedimiento y las garantías constitucionales previstas en la Constitución y en la ley […]”11.

38. Sobre el punto, la Corte Constituciona l ha señalado que esta garantía “[…] no puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender las demandas de los asociados, puesto que su e sencia reside en la certidumbre de que, ante los estrados

puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender las demandas de los asociados, puesto que su e sencia reside en la certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos materia de su decisión […]”12.

7 Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10 de agosto de 2012, Rad. No: 11001 -03-15-000-201201093-00(AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado : Tribunal Administrativo de Antioquia. Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19 de junio 2014, Rad. No.: 25000 -23-41-000-2014-00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal Muñoz. Demandado: Procuraduría General de la Nación. 8 “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado”. 9 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posteri or, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posteri or, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de o ficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. 10 Sentencia T-006 de 1992. 11 Sentencia T-476 de 1998. 12 Corte Constitucional. Sentencia C -1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas

Hernández.Demandante: Andrés Eduardo Dewdney Montero Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda - Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2022-04797-00

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39. Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se desprende que el derecho a tutela judicial efectiva impl ica de una parte, que cuando el “[…] ciudadano acude a la juri