CE - 110010315000202204872011SENTENCIA20230224181645

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04872-01

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestion Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Proteccion Social -UGPP-.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-04872-01

Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA

PROTECCION SOCIAL -UGPPDemandado: RIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATL ÁNTICO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho . Requisitos generales de procedibilidad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la providencia del 11 de noviembre de 202 2, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que resolvió:

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la providencia del 11 de noviembre de 202 2, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por las razones ut supra.

(…)”.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, Despacho 003 - Sala de Decisión Oral, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y el principio de sostenibilidad financiera . En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRINCIPALES

Primero. Sean AMPARADOS los derechos fundamentales deprecados por la UGPP, vulnerados por el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO DESPACHO 003 - SALA DE DECISIÓN ORAL - SECCIÓN B al ordenar reconocer y pagar la mesada catorce a la señora VIRGINIA CONCEPCION MAR TINEZ BLANCO, quien no acredita los requisitos legales de acceso a esta prerrogativa.

Segundo. Consecuentemente a lo anterior:Radicado: 11001-03-15-000-2022-04872-01

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestion Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Proteccion Social -UGPP-.

2

Segundo. Consecuentemente a lo anterior:Radicado: 11001-03-15-000-2022-04872-01

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestion Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Proteccion Social -UGPP-.

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador a.- DEJAR sin efectos la sentencia del 3 de diciembre de 2021 emitida por el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATL ÁNTICO DESPACHO 003 - SALA DE DECISIÓN ORAL - SECCIÓN B, en el proceso contencioso administrativo No. 08-001-33-33002-2013-00154-00 por la flagrante vía de hecho y el abuso palmario del derecho en razón al reconocimiento de la mesada catorce y/o adicion al de junio a favor de la señora VIRGINIA CONCEPCION MARTINEZ BLANCO, quien no cumplió la totalidad de los requisitos exigidos en el Acto Legislativo 001 de 2005.

b.- ORDENAR al TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATL ÁNTICO DESPACHO 003 - SALA DE DECISIÓN ORAL - SECCIÓN B dictar nueva sentencia ajustada a derecho, en la cual se CONFIRME la decisión de primera instancia dictada en proceso

DESPACHO 003 - SALA DE DECISIÓN ORAL - SECCIÓN B dictar nueva sentencia ajustada a derecho, en la cual se CONFIRME la decisión de primera instancia dictada en proceso contencioso adm inistrativo No.08 -001-33-33-002-2013-00154-00 por el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DE BARRANQUILLA de fecha 22 de noviembre de 2016, por encontrar demostrado que la señora VIRGINIA CONCEPCION MARTINEZ BLANCO, no reunió la totalidad de los requisitos señalados el Acto Legislativo 01 del 2005 para ser acreedora de la mesada catorce.

SUBSIDIARIAS

En caso de que esa H. Magistratura no acceda a lo anterior en razón a no estar superado el requisito de subsidiariedad solicitamos:

Primero. Sean amparados TRANSITORIAMENTE los derechos fundamentales deprecados por la UGPP, vulnerados por el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO DESPACHO 003 - SALA DE DECISIÓN ORAL - SECCIÓN B.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior se SUSPENDA de manera transitoria la sentencia del 3 de diciembre de 2021 proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisión que se iniciaría en virtud de su orden tutelar”.

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

La señora Virginia Concepción Martínez Blanco nació el 1 de enero de 1944, prestó sus servicios a la Rama Judicial desde el 28 de abril de 1989 hasta el 30 de junio

La señora Virginia Concepción Martínez Blanco nació el 1 de enero de 1944, prestó sus servicios a la Rama Judicial desde el 28 de abril de 1989 hasta el 30 de junio de 2009 y, mediante la Resolución 23948 de fecha 19 de agosto de 2005, la extinta CAJANAL le reconoció una pensión de jubilación por aportes, en cuantía de $ 964,923.77, efectiva a partir del 1 de septiembre de 2003, condicionada a demostrar el retiro definitivo del servicio, decisión conf irmada por Resolución 6902 del 21 de octubre de 2005.

Mediante la Resolución 09827 del 2 de marzo de 2009, se reliquidó la pensión de jubilación, en cuantía de $ 1,225,272.38, efectiva a partir del 1 de mayo de 2008, condicionada a demostrar retiro defini tivo del servicio y se definió como fecha de estatus jurídico el 21 de febrero de 2002 .

Que, por medio de la Resolución UGM 4890 del 19 de agosto de 2011, se res olvió el recurso de reposición y se revoc ó la Resolución 09827 del 2 de marzo de 2009 , en cons ecuencia, se dispuso reliquidar la pensión de vejez en cuantía de $ 2.040.411,07, efectiva a partir del 1 de julio de 2009 , para lo cual se aplicaron las disposiciones contenidas en el Decreto 546 de 1971, es decir, únicamente se tuvieron en cuenta los tiempos de servicios prestados en el sector público y se omitieron los tiempos privados, lo cual generó el cambio de fecha de estatus

disposiciones contenidas en el Decreto 546 de 1971, es decir, únicamente se tuvieron en cuenta los tiempos de servicios prestados en el sector público y se omitieron los tiempos privados, lo cual generó el cambio de fecha de estatus jurídico, al 27 de abril de 2009, esto es, cuando cumplió 20 años de servicio.Radicado: 11001-03-15-000-2022-04872-01

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestion Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Proteccion Social -UGPP-.

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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La señora Virginia Concepción Martínez Blanco solicitó a la UGPP el pago de la mesada 14, sin embargo, las solicitudes fueron negadas, por lo que ejerció medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que le fuera reconocida y pagada la citada mesada.

El Juzgado Se gundo Administrativo Oral de Barranquilla, en sentencia del 22 de noviembre de 2016, n egó las pretensiones de la demanda, por considerar que no acreditó los presupuestos fácticos ni jurídicos para acceder al reconocimiento de la mesada 14.

El Tribunal Adm inistrativo del Atlántico Despacho 003 - Sala de Decisión OralSección B, mediante sentencia del 3 de diciembre de 2021 1, revocó el fallo del 22

mesada 14.

El Tribunal Adm inistrativo del Atlántico Despacho 003 - Sala de Decisión OralSección B, mediante sentencia del 3 de diciembre de 2021 1, revocó el fallo del 22 de noviembre de 2016 y, en su lugar, ordenó el reconocimiento y pago de la mesada 14, a favor de la señora Virginia Concepción Martínez Blanco, por considerar que el derecho prestacional se causó el 21 de febrero de 2002, esto es, con anterioridad a la entrada en vigor del Acto Legislativo 001 de 2005 y porque, además, era inferior a 3 smlmv.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora , el Tribunal Administrativo del Atlántico Despacho 003Sala de Decisión Oral - Sección B vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y el principio de soste nibilidad financiera, con fundamento en los argumentos que se pasan a resumir.

Alegó que existió abuso del derecho porque se otorgó la mesada 14 a quien no reunía los requisitos para su reconocimiento, lo que hace que ese actuar sea contrario a la ley.

Igualmente, invocó un grave perjuicio al erario, porque, si bien la señora Virginia Concepción Martínez Blanco falleció el 24 de octubre de 2021, la orden contenida en la sentencia del 3 de diciembre de 2021 señala que el pago de la mesada 14 se debe efectuar a partir del 10 de octubre de 2009, por lo cual existen valores por concepto de retroactivo cuyo derecho está llamado a ser reclamado por los herederos de la causante; asimismo, en el caso de que exista una persona con la

debe efectuar a partir del 10 de octubre de 2009, por lo cual existen valores por concepto de retroactivo cuyo derecho está llamado a ser reclamado por los herederos de la causante; asimismo, en el caso de que exista una persona con la vocación para reclamar la pens ión de sobrevivientes, la entidad deberá asumir la mesada 14 hasta la vida probable del beneficiario .

En ese sentido, el perjuicio irremediable se genera al tener que asumir los siguiente valores: (i) a los herederos de la causante, hoy indeterminados, la suma de $ 28.417.805, por concepto de retroactivo, en virtud del cumplimiento del fallo acá controvertido y, (ii) en caso de que se efectúe el reconocimiento de una sustitución pensional en favor de algún beneficiario, se deberá pagar cada año, a partir d el 2022, una mesada adicional de forma vitalicia, la cual para el año 2021 ascendía a la suma de $ 3.083.679.

En cuanto a los requisitos generales de procedencia , indicó qu e l a presente acción de tutela adquiere relevancia constitucional porque se discute la vulneración

1 Notificada el 3 de mayo de 2022 vía correo electrónicoRadicado: 11001-03-15-000-2022-04872-01

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador de los derechos fundamentales y porque se ha generado una ostensible vía de hecho, a su juicio, se “está rompiendo el principio de legalidad estructural del debido proceso al conceder un derecho sin el lleno de los requisitos que para el efecto determinó el Acto Legislativo 01 de 2005 ”, situación que requiere la intervención urgente del juez de tutela para poner fin a un detrimento del erario.

En relación con la existencia otro medio de defensa eficaz e inmediato que permita precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable dijo que “si bien procede el recurso extraordinario de revisión, en este momento este no es el mecanismo pertinente y eficaz para impedir la grave irregularidad que se da en este caso relacionado con el reconocimiento y pago de la mesada 14 sin el cumplimiento de los requisitos determinados en el Acto Legislativo 01 de 2005”.

En ese contexto, dijo que con fundamento en las sentencias SU 427 de 2016 y T 494 de 2018 de la Corte Constitucional, acude a la acción de tutela como medio principal para lograr que se deje sin efecto las decisiones judiciales irregulares ante la búsqueda de la protección del erario, así exista otro medio de defensa. Agregó que el recurso extraordinario de revisión no resultarí a eficaz en el presente asunto, toda vez que no evita la consumación del perjuicio irremediable ya que no admite medidas provisionales.

que el recurso extraordinario de revisión no resultarí a eficaz en el presente asunto, toda vez que no evita la consumación del perjuicio irremediable ya que no admite medidas provisionales.

Insistió en la configuración de un perjuicio irremediable , con fundamento en la protección del erario y del sistema pensional, para lo cual reiteró los argumentos señalados en precedencia y catalogó el perjuicio como cierto, inminente y continuo.

En punto a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, alegó la configuración de los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente judicial .

Frente al defecto sustantivo insistió en que el Tribunal Administrativo del Atlántico aplicó de indebida forma el inciso 8 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 y el parágrafo transitorio 6º y desconoció lo establecido en el artículo 142 de la Ley 100 de 1993, que creó la mesada adicional o la mesada catorce, la cual recibirán los pensionados por jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, en monto de 30 días de la pensión, para ser pagada con la mesada de junio de cada año, así como lo dispuesto en al Acto Legislativo 001 del 22 de julio de 2005, que modificó la Ley 100 de 1993 y estableció que las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la v igencia de ese Acto Legislativo no podrían recibir más de trece (13) mesadas pensionales al año, salvo aquellas pensiones que se causaran antes del 31 de julio de 2011 y tuvieran monto inferior a tres salarios mínimos.

partir de la v igencia de ese Acto Legislativo no podrían recibir más de trece (13) mesadas pensionales al año, salvo aquellas pensiones que se causaran antes del 31 de julio de 2011 y tuvieran monto inferior a tres salarios mínimos.

En ese sentido, aduce que el tribuna l pasó por alto que la señora Virginia Concepción Martínez Blanco adquirió el estatus pensional con posterioridad a la entrada en vigor del Acto Legislativo 001 de 2005, esto es, el 27 de abril de 2009 y, adicionalmente, que la pensión de vejez de la señor a Martínez Blanco, para el 27 de abril de 2009, correspondía a la suma de $2.040.411,87, es decir, superaba los tres salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Califica como un error que se reconozca como la fecha en que la señora Martínez Blanco adquirió el estatus pensional el 21 de febrero de 2002 , por considerar que no se ajusta a la realidad, porque, con posterioridad al primer reconocimiento pensional, el cual se efectuó teniendo en cuenta tiempos públicos y privados, laRadicado: 11001-03-15-000-2022-04872-01

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador interesada solicitó la reli quidación de la pensión de vejez de conformidad con el régimen consagrado en el Decreto 546 de 1971, el cual no permite calcular tiempos privados, en consecuencia, al tener únicamente en cuenta los tiempos públicos, la fecha en la que adquirió el estatus p ensional se postergó hasta el 27 de abril de 2009, esto es, cuando se reliquidó la pensión con el Decreto 546 de 1971.

Alega que la señora Martínez Blanco no cumplió los requisitos exigidos por el Acto Legislativo 01 de 2005 para ser beneficiaria de la mesada 14, porque no adquirió el estatus pensional antes del 25 de julio de 2005 y, si fuera posterior a esta fecha y antes del 31 de julio de 2011, era necesario que percibiera una mesada pensional igual o inferior a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo cual no ocurrió.

Sobre el defecto por desconocimiento del precedente judicial indicó que el tribunal demand ado se apartó indebida e injustificadamente de las sentencias C596 de 1997, C -242 de 2009 y SU 555 de 2014 y desconoció la sentencia de constitucionalidad C -179 de 2016, sobre la obligatoriedad de las sentencias de unificación de la Corte Constitucional.

4. Trámite Previo

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en auto del 14 de

constitucionalidad C -179 de 2016, sobre la obligatoriedad de las sentencias de unificación de la Corte Constitucional.

4. Trámite Previo

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en auto del 14 de septiembre de 2022, admitió la acción de tutela, ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico y vinculó a la señora Virginia Concepción Martínez Blanco, que fungió como demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado No. 08001 -33-33-002-2013-00154-01 y al Juzgado Segundo Administrativo de Barranquilla.

5. Oposición

El Tribunal Administrativo del Atlántico Despacho 003 - Sala de Decisión Oral - Sección B explicó que la decisión censurada no transgredió algún precedente constitucional ni incurrió en los defectos invocados, reiteró los argumentos contenidos en la sentencia del 3 de diciembre de 2021 y solicitó declarar la improcedencia de la acción o, en su defecto, negarla por no existir transgresión de los derechos fundamentales de la actora.

6. Intervención del tercero interesado

El Juzgado Segundo Administrativo Oral De Barranquilla informó que profirió sentencia el 22 de noviembre de 2016 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Virginia Concepción Martínez Blanco, en contra de la Unidad administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP, con el radicado número 08-00133-33-002-2013-00154-00, en la cual se resolvió negar las

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP, con el radicado número 08-00133-33-002-2013-00154-00, en la cual se resolvió negar las pretensiones de la demanda, por las razones relacionadas en la mencionada sentencia, por lo que, indicó no tener otras razones que señalar.

Los herederos de la señora Virginia Concepción Martínez Blanco guardaron silencio.Radicado: 11001-03-15-000-2022-04872-01

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7. Sentencia de primera instancia

La Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, en sentencia del 1 1 de noviembre de 2022, declaró improcedente la solicitud de amparo porque no cumple con el requisito general de subsidiariedad, toda vez que, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la UGPP cuenta con un mecanismo de defensa que no es otro que el recurso extraordinario de revisión contenido en el artículo 248 del CPACA, el que es el procedente para cuestionar o revisar la decisión reprochada.

8. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión de tutela de primera instancia para lo cual

artículo 248 del CPACA, el que es el procedente para cuestionar o revisar la decisión reprochada.

8. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión de tutela de primera instancia para lo cual reiteró los mismos argumentos que expuso en el escrito de tutela y frente al fallo de tutela de primera instancia, sostuvo, en primer lugar , que la tutela s í es el mecanismo idóneo para garantizar la protección de los derechos fundamentales vulnerados a la UGPP, aun ante la existencia del recurso extraordinario de revisión, el cual no se ha desconocido y, en segundo lugar, que dicho medio no es el eficaz para evitar un grave perjuicio al erario, pues debido a sus ritualidades procesales no evita la configuración de la grave afectación al sistema pensional por el pago de la mesada 14, a la cual no se tiene derecho.

Igualmente, insistió en que ocurrió un abuso del derecho, en la existencia de un perjuicio irremediable y en la procedencia de la acción de tute la como mecanismo de defensa.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como me canismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la proc edencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutelaRadicado: 11001-03-15-000-2022-04872-01

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestion Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Proteccion Social -UGPP-.

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 2 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el

contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 2 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 3 y específicas 4 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

Mediante el ejercicio de la presente acción la parte actora cuestiona la sentencia del 3 de diciembre de 2021, mediante el que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Despacho 003 - Sala de Decisión Oral - Sección B revocó la decisión de l 22 de noviembre de 2016 del Juzgado Segundo Administrativo Oral de Barranquilla y, en su lugar, accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó el reconocimiento y pago de la mesada 14, a favor de la señora Virginia Concepción Martínez Blanco, por cons iderar que el derecho prestacional se causó el 21 de febrero de 2002, esto es, con anterioridad a la entrada en vig or del Acto Legislativo 001 de 2005 y porque además era inferior a 3 smlmv.

Al efecto, la parte actora invoca los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente judicial, en el entendido que se otorgó la mesada 14, a quien no reunió los requisitos para su reconocimiento.

En ese orden, corresponde a la Sala determinar, en los términos de la impugnación, si la acción de tutela cumple los requisitos generales de procedibilidad, especialmente, el de subsidiariedad y, en caso afirmativo, determinar si se configuran o no los defectos alegados por la UGPP .

si la acción de tutela cumple los requisitos generales de procedibilidad, especialmente, el de subsidiariedad y, en caso afirmativo, determinar si se configuran o no los defectos alegados por la UGPP .

Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales – requisito general de subsidiariedad

Como se indicó, dentro de los requisitos generales de procedencia se encuentra el de subsidiariedad, consistente en “(…) (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (…)”.

En cuanto al requisito de subsidiariedad, se tiene que dicho requisito consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la ley estipulan una

2 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)

admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca) 3 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional ; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perj uicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 4 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2022-04872-01

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestion Pensional y

directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2022-04872-01

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestion Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Proteccion Social -UGPP-.

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador serie de mecanismos judicial es igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

No en vano los artículos 865 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 6 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. De manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la protección